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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06213-00

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06213-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DESVINCULAR a la Unidad de Administración de Carrera Judicial de la presente acción de tutela. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por María Camila Díaz López contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por no cumplir con el requisito de subsidiaridad. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06213-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de diciembre de 2024

Demandantes: María Camila Díaz López
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06213-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06213-00
Demandante: MARÍA CAMILA DÍAZ LÓPEZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, ESCUELA
JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

Temas: Tutela contra acto administrativo. Declara la improcedencia de
la solicitud de amparo, dado que la accionante cuenta con
otros mecanismos judiciales de defensa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de
1991, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

La ciudadana María Camila Díaz López, obrando en nombre propio, presentó acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en lo sucesivo EJRLB, con
la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo y «[…] al principio constitucional del mérito como principio rector del
acceso al empleo público.»

Para la accionante, la trasgresión de sus garantías constitucionales se materializó
con ocasión de la conducta desplegada por parte de la EJRLB, según la cual, omitió
realizar la corrección del puntaje final establecido en la Resolución EJR24-1202,

1
Índice 2 de Samai. Inicialmente, el asunto fue repartido al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial Bucaramanga, autoridad que por auto del 15 de noviembre de 2024, en aplicación de las
reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015, remitió el asunto a esta Corporación para su
conocimiento.

1
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Demandantes: María Camila Díaz López
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
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pues, desde su punto de vista, se deben incluir 77.44 puntos a la calificación
definitiva y, como consecuencia de lo anterior, debe permitírsele seguir a la Subfase
Especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados.

1.2. Pretensiones

Conforme lo anterior, la parte actora planteó las siguientes pretensiones:

[…]

2. Se ordene a la EJRLB que en forma INMEDIATA proceda a realizar la corrección
del puntaje asignado en la Resolución 1202 de 2024 a las 39 preguntas citadas en la
siguiente tabla, y en consecuencia sume los 77.44 puntos pendientes al total que en
el referido acto administrativo se me asignó, así como que cambie mi estado de
reprobrado a admitido.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora María Camila Díaz López se encuentra participando en la Convocatoria
27 del proceso de selección para jueces y magistrados de la República, en el que,
luego de haber superado la prueba de aptitudes y conocimientos, ingresó al IX
Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados3.

Dicho curso, a su turno, se encuentra dividido en dos etapas, la primera denominada
Subfase General4 y la siguiente llamada Subfase Especial5, por lo que el primero es
prerrequisito del segundo, los cuales son de carácter eliminatorio.

Indicó que la EJRLB profirió la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 20246,
«Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso

2
Transcripción original del texto con posibles errores.
3
El IX Curso de Formación Judicial inicial para Jueces y Magistrados hace parte del programa de
ingreso del Plan de Formación de la Rama Judicial y fue diseñado a partir del modelo pedagógico y
conforme al enfoque curricular de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
4
Dirigida a todos los aspirantes, está integrada por ejes temáticos y módulos de aplicación práctica,
transversales a todas las especialidades, que pretenden fortalecer el desarrollo de las competencias
del Saber, Saber hacer, y Saber ser, dentro del perfil de un servidor judicial idóneo, capaz de trabajar
en equipo, dirigir el talento humano con liderazgo asertivo, administrar los recursos físicos y
tecnológicos de un despacho judicial, así como los procesos judiciales que le sean asignados
mediante la aplicación de técnicas de trabajo colaborativo, que le permitan decidir con eficiencia y
eficacia los litigios puestos a su consideración bajo los principios de transparencia, probidad y altos
estándares de ética judicial.
5
Dirigida a los aspirantes que aprueben la subfase general como prerrequisito para cursar la subfase
especializada. Esta subfase se fundamenta en el desarrollo de ejes temáticos concretos, acorde con
la especialidad del cargo para el cual haya optado el concursante, encamindada a fortalecer las
competencias del Saber, Saber hacer, y Saber ser, y de los conocimientos en las áreas específicas
del derecho
6
Corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024

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de Formación Judicial Inicial», en la que se determinó que la señora Díaz López
había obtenido un puntaje final de 752.10 y, en consecuencia, quedaba reprobada.

Contra la anterior decisión, se interpuso recurso de reposición el cual fue decidido
por la EJRLB mediante Resolución EJR24-1202 del 5 de noviembre de 2024, en el
que se accedió parcialmente al reclamo realizado, dado que se modificó el puntaje
pasando de 752.10 a 763 y, por ende, conservando el estado de reprobado.

Por último, informó que, con base en el calendario establecido, la subfase
especializada tendría inicio el 16 de noviembre de 2024, por lo que considera
inminente el perjuicio irremediable en cabeza suyo.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

En criterio de la accionante existen múltiples irregularidades en el método de
evaluación aplicado por la EJRLB, al punto que el 11 de noviembre de 2024 radicó
una solicitud de corrección.

Aunado lo anterior, evidenció que dada la premura de los tiempos y los aspectos
técnicos que implica la promoción del medio de control correspondiente, se
encuentra inmersa en una situación que hace evidente la trasgresión de sus
derechos fundamentales.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 25 de noviembre de 2024, la magistrada ponente avocó el conocimiento
de la solicitud de amparo, ordenó la notificación de la accionada y vinculó como
tercero con interés a la Unión Temporal de Formación Judicial 20197.

La anterior decisión se notificó por conducto de la Secretaría General mediante
Oficios 297339 al 297342 del 27 de noviembre de 20248

1.6. Intervenciones

1.6.1. Unidad de Administración de Carrera Judicial

Como argumento de defensa explicó que la autoridad no goza de legitimación en la
causa por pasiva, pues el reparo formulado por la parte accionante recae única y
exclusivamente frente a la decisión que adoptó la EJRLB.

7
Integrada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC y la empresa E.
Distribution S.A.S.
8
Remitidos a los siguientes correos electrónicos: kmidl03@gmail.com;
carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co; convocatorias@cendoj.ramajudicial.gov.co;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co;
soporte@ixcursoformacionjudicial.com; ixcursoformacionji@cendoj.ramajudicial.gov.co;
convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co; y utixcurso@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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En ese sentido, trajo a colación los artículos 1769 y 17710 de la Ley 270 de 1996,
según los cuales se puede inferir que la Unidad de Administración de Carrera
Judicial no tiene incidencia alguna en el IX Curso de Formación Judicial Inicial para
Jueces y Magistrados.

1.6.2. EJRLB

De manera anticipada explicó que la acción constitucional es abiertamente
improcedente por cuanto la parte actora cuenta con un mecanismo judicial idóneo y
eficaz.

En ese sentido, acotó que la Resolución EJR24-1202 del 5 de noviembre de 2024
desató el recurso de reposición interpuesto por la señora Díaz López, el cual, a su
turno, es un acto administrativo de carácter definitivo susceptible de ser demandado
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Asimismo, enfatizó que no se esta en presencia de un perjuicio irremediable, lo que
imposibilita la concesión de un amparo transitorio, pues a la accionante se le han
brindado todas las garantías constitucionales como concursante.

Respecto a la Unión Temporal de Formación Judicial 2019, pese a haber sido
debidamente vinculada al presente asunto, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
constitucional promovida por la accionante, de conformidad con lo dispuesto por los

9
El Consejo Superior de la Judicatura promoverá la capacitación y actualización de los funcionarios
y empleados de la Rama Judicial.
La persona que sea nombrada por primera vez para desempeñar cualquier cargo de la Rama Judicial
deberá adelantar hasta por tres meses un curso de inducción en administración judicial, el cual
conllevará la práctica que se adelantará en un despacho judicial bajo la supervisión del funcionario
o empleado de mayor jerarquía en el despacho.
Los funcionarios judiciales que no hayan tomado cursos de especialización, maestría o doctorado,
deberán cuando menos, cada dos años tomar un curso de actualización judicial cuya intensidad no
sea inferior a 50 horas y presentar las pruebas pertinentes en la Escuela Judicial.
Los empleados deberán tomar cursos de capacitación y actualización en técnicas de administración
y gestión judicial cuando menos cada tres años.
10
La Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», hará parte del Consejo Superior de la Judicatura, junto
con su planta de personal, a partir del primero de enero de 1998 y se constituirá en el centro de
formación inicial y continuada de funcionarios y empleados al servicio de la Administración de
Justicia.
El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará su funcionamiento.
Durante el período de transición, el Director de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», será
designado por el Ministro de Justicia y del Derecho y actuará con sujeción a los planes y programas
que se establezcan en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura y con el concurso de
los jueces y empleados de la Rama Judicial.

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artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 201511, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

2.2. Cuestión Previa

La Unidad de Administración de Carrera Judicial con su escrito de intervención
indicó que no goza de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el amparo
constitucional se contrae a reprochar la decisión que adoptó la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla.

Al respecto, la Sala estima que le asiste la razón a dicha dependencia del Consejo
Superior de la Judicatura y, en consecuencia, dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia su desvinculación.

2.3. Problema jurídico

Con base en los hechos expuestos en la solicitud de amparo, los medios de prueba
aportados al proceso y las intervenciones presentadas, le corresponde a la Sala
dirimir el siguiente problema jurídico:

• ¿La EJRLB vulneró los derechos fundamentales de la señora María Camila
Díaz López, con ocasión de la Resolución EJR24-1202 del 5 de noviembre
de 2024, que decidió el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, por cuanto reprobó a la
persona y, como consecuencia de ello, no pudo pasar a la Subfase
especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y
Magistrados?

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario del mecanismo
constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos
susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo, y (iii) el análisis del
caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

11
8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte
Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o
Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2
.2.3.1.2.4 del presente decreto.

5
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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable12.

2.5. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del
Decreto Ley 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia13.

El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de
donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores
judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad,
de constitucionalidad y de legalidad.

12
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
13
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”

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Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a
la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de
los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201114.

Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el
núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de
amparo se torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la
afectación de las garantías superiores.

No obstante, la Corte Constitucional, vía jurisprudencia, ha establecido escenarios
en los que el amparo constitucional tiene cabida respecto a los actos administrativos
proferidos en el marco de una convocatoria pública para la provisión de cargos, tales
casos son los siguientes:

i) El empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley15

ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la
lista de elegibles16

iii) el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia constitucional17
y, por último,

iv) cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de salud,
condición social, entre otras), al demandante le resulta desproporcionado acudir al
mecanismo ordinario

14
La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias
del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-
23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-
000-2016-00293-01.
15
Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de
2015, T-551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019
16
Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de
2005, T-521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras
17
Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras

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2.6. Caso concreto18

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo promovida por
la señora María Camila Díaz López, por cuanto, conforme quedó expuesto en
precedencia, se advierte que la persona cuenta con un mecanismo judicial idóneo
a través del cual puede ventilar sus reparos contra la Resolución EJR24-1202 del 5
de noviembre de 2024. En ese sentido, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
dispone lo siguiente:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el
inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante
o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando
la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

Asimismo, al interior del mencionado proceso es factible que el actor solicite ante el
juez natural del asunto la suspensión provisional del acto administrativo objeto de la
demanda, atendiendo los parámetros que para tal efecto dispone el artículo 231 que
indica lo siguiente:

Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional
de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda
o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas
como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

[…]

Ahora bien, se advierte que la accionante formula reparos no solo contra el acto
administrativo mencionado, sino contra el proceso formativo y evaluativo de la fase
general del curso. Así las cosas, estos cuestionamientos presentados, tales como

18
La Sección Quinta del Consejo de Estado ha proferido múltiples decisiones en las que se ha
indicado que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para cuestionar los actos administrativos
que se profieren en el marco de la Convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de la
Rama Judicial. En ese sentido, se tienen, entre otras, las siguientes: i) sentencia del 31 de octubre
de 2024, 11001-03-15-000-2024-02350-01, MP Omar Joaquín Barreto Suárez; ii) sentencia del 24
de octubre de 2024, 11001-03-15-000-2024-03547-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil; iii) sentencia
del 10 de octubre de 2024, 11001-03-15-000-2024-04988-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra; iv)
sentencia del 12 de septiembre de 2024, 11001-03-15-000-2024-02725-01, MP Luis Alberto Álvarez
Parra; v) sentencia del 12 de septiembre de 2024, 11001-03-15-000-2024-03697-00, MP Gloria
María Gómez Montoya; v) sentencia del 4 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-
02307-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil; y vi) sentencia del 18 de enero de 2024, expediente 11001-
03-15-000-2023-07159-00, MP Omar Joaquín Barreto Suárez.

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las fallas en la plataforma utilizada para las evaluaciones, la ausencia de espacios
adecuados de retroalimentación y solución de dudas, la virtualidad como
metodología para el desarrollo del curso y la confusión generada por la falta de
claridad en las lecturas obligatorias, suscitan, en esencia, una controversia que
también termina vinculada con el acto administrativo que definió su calificación en
la fase general.

Esto se debe a que dichas circunstancias relatadas en el escrito tutelar afectan
directamente el proceso formativo y evaluativo que dio lugar a la calificación y, por
ende, son aspectos conexos con los reparos que se dirigen contra la Resolución
No. EJR24-746 que definió la situación particular del accionante en relación con el
concurso de méritos.

En este sentido, el eje central de la controversia continúa girando en torno a la
legalidad y los efectos del acto administrativo en cuestión, lo que reafirma la
existencia de un mecanismo judicial idóneo para debatir estas problemáticas, el cual
es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Así, corresponde
al juez natural de lo contencioso administrativo analizar, de manera integral, las
inconformidades del accionante en cuanto al proceso formativo y evaluativo que
derivó en la decisión administrativa objeto de reproche

Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó ninguna de
las circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas
para superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es así porque:

a) Los cargos ofertados en la convocatoria No 27 no son aquellos de periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley.

b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el
primer lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa etapa
de la convocatoria cuestionada, además que no es el objeto de esta acción.

c) No se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos fundamentales
del concursante y no hay evidencia de que los fundamentos de las pretensiones y
la afectación puedan escapar del control del juez de lo contencioso administrativo.
Por tanto, no se acreditó que este asunto contenga “una marcada relevancia
constitucional”.

d) La parte actora no demostró ni en el proceso constitucional se observó que esta
se encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de salud, condición
social u otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al
mecanismo ordinario ante los jueces administrativos.

En conclusión, se tiene que la pretensión elevada por la señora María Camila Díaz
López no es procedente vía acción de tutela, ante la existencia de un mecanismo
judicial idóneo y eficaz.

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Demandantes: María Camila Díaz López
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06213-00

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DESVINCULAR a la Unidad de Administración de Carrera Judicial
de la presente acción de tutela.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por María
Camila Díaz López contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por no cumplir
con el requisito de subsidiaridad.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted pued2e consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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