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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06218-01

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06218-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 12 de diciembre de 2024 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06218-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de abril de 2025

Demandantes: Mario Hernández Contreras y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06218-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06218-01
Demandantes: MARIO HERNÁNDEZ CONTRERAS Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA Y
OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante
en contra de la providencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de amparo

El señor Mario Hernández Contreras y otros1 mediante apoderado judicial,
formularon acción de tutela2 contra la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado 2
Administrativo del Circuito de Neiva con el fin de que les fueran amparados
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la dignidad humana.

Consideraron vulneradas dichas garantías con ocasión de las providencias
proferidas el 29 de enero de 2016 por parte del Juzgado 2 Administrativo de
Neiva, el 21 de noviembre de 2018 del Tribunal Administrativo del Huila
dentro del medio de control de reparación directa instaurado en contra de la
Nación – Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial- en adelante Rama Judicial, identificado con el
radicado 41001-33-33-002-2013-00042-00/01.

De igual manera, por la providencia dictada por la Sala Plena de la Sección

1 Elvira Liney Peña Rodríguez, Mayra Juliette Hernández Peña, Angie Lorena Hernández
Peña, Camila Alejandra Hernández Peña, Mario Andrés Hernández, María Elizabeth
Romero, Diego Mauricio Tique Peña, Juan Carlos Contreras, Cristian Andrés Contreras
León, Daniela Contreras León y Stefany Andrea Contreras.
2 Presentada el 15 de noviembre de 2024 en el aplicativo
tutelaenlínea2@deaj.ramajudicial.gov.co remitida al correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado.
1

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Tercera del Consejo de Estado el 11 de abril de 2024 en el recurso
extraordinario de unificación de Jurisprudencia con radicado 11001-03-26-
000-2019-00048-00.

1.2 Pretensiones

En concreto, solicitaron lo siguiente:

1) Solicito que deje sin efecto y valor la sentencia proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia de
fecha 21 de noviembre de 2018, con ponencia del H. Magistrado ENRIQUE
DUSSAN CABRERA, dentro del radicado 41 001 33 33 002 2013 00042 01,
tras el medio de control de reparación directa promovido por los suscritos
MARIO HERNÁNDEZ CONTRERAS, SU ESPOSA ELVIRA LINEY PEÑA
RODRÍGUEZ, SUS HIJOS MAYRA JULIETTE HERNÁNDEZ PEÑA, ANGIE
LORENA HERNÁNDEZ PEÑA, CAMILA ALEJANDRA HERNÁNDEZ PEÑA
Y MARIO ANDRÉS HERNÁNDEZ PEÑA, SUS HIJOS DE CRIANZA,
MARÍA ELIZABETH ROMERO Y DIEGO MAURICIO TIQUE PEÑA; Y SUS
HERMANOS JUAN CARLOS CONTRERAS Y ABSALÓN CONTRERAS
(Q.E.D.P) EN REPRESENTACIÓN SUS HIJOS CRISTIAN ANDRÉS
CONTRERAS LEÓN, DANIELA CONTRERAS LEÓN Y STEFANY
ANDREA CONTRERAS LEÓN contra JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA, TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL HUILA, CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN
TERCERA; VINCULADOS: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, tras incurrir en VÍA DE HECHO POR DEFECTO
FÁCTICO, DEFECTO SUSTANTIVO, DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE y POR VIOLACION DIRECTA CONTRA LA
CONSTITUCION, como más adelante se sustentará.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que:

1) Se ORDENE A LA CORPORACIÓN JUDICIAL ACCIONADA, proceda a
dictar una nueva Sentencia, en la cual se estudien todos los elementos de
hecho, de derecho, legales, constitucionales, jurisprudenciales y los soportes
probatorios que se decretaron y allegaron oportunamente, en aras de
adoptar una decisión acorde con los pedimentos solicitados en la DEMANDA
INICIAL.
2) Que como corolario de lo precedente, SE ACCEDAN A LAS SÚPLICAS
DE LA DEMANDA, ordenándose el reconocimiento, liquidación y pago de las
acreencias laborales solicitadas.
3) SE ORDENE dar cumplimiento al fallo de tutela en los términos legales3

1.3 Hechos

El señor Mario Hernández Contreras fue privado de la libertad el día 28 de
septiembre de 2008 por orden de la Fiscalía 9 de Bogotá, adscrita a la
Unidad Especializada Nacional ante el Juzgado 2 Penal del Circuito de
Neiva, como presunto responsable del punible de rebelión.

Mediante sentencia del 14 de diciembre de 2009, el señor Hernández
Contreras fue condenado por el delito investigado imponiéndole como pena

3 Transcripción literal con posibles errores.

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la privación de la libertad por el término de 78 meses; decisión que revocó el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva Sala Penal en providencia del
16 de noviembre de 2010, para ordenar su libertad inmediata, la que se
realizó el 17 de diciembre del mismo año.

Los accionantes instauraron demanda de reparación directa en contra de la
Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de
obtener el pago integral de los perjuicios sufridos con ocasión de la presunta
privación injusta de la libertad padecida por el señor Mario Hernández
Contreras desde el 28 de septiembre de 2008 hasta el 16 de diciembre de
2010, proceso que correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Neiva.

La autoridad judicial en sentencia del 29 de enero de 2016 accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para cual declaró solidaria y
patrimonialmente responsables a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de
la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Mario Hernández
Contreras, y las condenó al pago de los perjuicios materiales e inmateriales
causados a los demandantes, conforme a las cuantías fijadas en la misma.

La parte demandante y demandadas formularon recurso de apelación en
contra de la providencia, impugnación que fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Huila en sentencia del 21 de noviembre de 2018 que
revocó la proferida el 29 de enero de 2016, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.

El ad-quem expuso que, conforme a los motivos de inconformidad plasmados
en el recurso de apelación interpuestos por las partes, se debía determinar si
los daños padecidos por los demandantes con ocasión de la privación de la
libertad del señor Mario Hernández Contreras eran o no responsabilidad de
los demandadas por ser injusta su privación o por la existencia de eximentes
de responsabilidad, o si por el contrario, al acreditarse la responsabilidad de
las entidades, la cuantificación fijada había sido conforme a lo pedido y
demostrado en el proceso.

Indicó que la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 15 de agosto de 2018, modificó la jurisprudencia para
aquellos casos en los que la controversia sobre la responsabilidad del Estado
consiste en daños ocasionados como consecuencia de la privación de la
libertad de una persona, a la que posteriormente se le revoca la medida que
le había sido impuesta.

Señaló que, en esta providencia, se dispuso que en lo sucesivo se debía
verificar, (i) si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz
del artículo 90 de la Constitución Política, (ii) si quien fue privado de la
libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil
o si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y la imposición de la
medida de aseguramiento y (iii) cuál es la autoridad llamada a reparar el
daño.

3

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Así mismo, otorgó al juez de la causa para que, en ejercicio del principio iura
novit curia, realizara el estudio del título de imputación que, conforme al
acervo probatorio, considerara pertinente o que mejor se adecuara al caso
concreto.

En ese orden, expresó que la medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario se ordenó con fundamento en las declaraciones de los
exguerrilleros Luz Nabia Garzón y Gildardo Forero, versiones, que, por duda
razonable en el juicio, no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del
actor.

Ahora, relató que la absolución se dispuso en aplicación del principio in dubio
pro reo, por lo que conforme a sentencias del Consejo de Estado4 cuando se
analiza la responsabilidad del Estado bajo el régimen objetivo, debe
analizarse las causales de exoneración de responsabilidad, dentro de las
cuales se indica la producida por actuación de terceros como fueron las
declaraciones de los testigos, los que inicialmente incriminaron de manera
determinante al señor Mario Hernández Contreras, lo que conllevó a que de
manera categórica se impusiera la medida de aseguramiento de privación de
la libertad, relatos que en la etapa del juicio resultaron insuficientes y
carentes de plena convicción para llegar a la certeza de responsabilidad del
investigado.

Concluyó que, desde el inicio de la investigación los elementos probatorios
recaudados dieron cuenta de la presunta responsabilidad del procesado, lo
que se descartó por aplicación del principio in dubio pro reo, sin que pueda
recaer en las demandadas, por cuanto actuaron conforme a los parámetros
legales no sólo al momento de ordenar la medida de aseguramiento, sino
también en la actuación procesal con la cual se logró desatender en gran
medida los hechos relatados por los testigos a la Fiscalía General de la
Nación.

Por lo tanto, revocó la sentencia recurrida para en su lugar denegar las
pretensiones de la demanda.

En contra de la sentencia proferida, los hoy accionantes presentaron recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, resuelto por la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 11 de abril de
2024.

Refirió la alta Corporación que, para dilucidar los cargos expuestos por los
recurrentes, era indispensable establecer si la sentencia de unificación del 15
de agosto de 2018 aún conservaba sus efectos para que pudiera ser
contrastada con el fallo del Tribunal Administrativo del Huila del 21 de
noviembre de 2018, y sólo si se comprueba su vigencia, se procedería a
resolver el fondo del asunto.

4 Sentencia de Unificación Sala Plena Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, radicado

68001-23-31-000-2022-02548 y Sentencia del 19 de abril de 2018, magistrada ponente
Marta Nubia Velásquez Rico radicado 68001-23-31-000-2009-10640-01.
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Para tal efecto, refirió que la sentencia invocada si bien para la fecha de
presentación del recurso se encontraba vigente, quedó sin efectos como
consecuencia de la dictada el 15 de noviembre de 20195, providencia que fue
confirmada por la Corte Constitucional en sentencia SU-363 de 2021.

En cumplimiento a lo dispuesto en la providencia referida, la Sección Tercera
de la Corporación profirió el 6 de agosto de 2020 sin el rótulo de unificación,
sentencia de reemplazo en la que reiteró que el carácter injusto de la
privación de la libertad se examinaría a partir de los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y legalidad de la medida de
aseguramiento con fundamento en los diferentes pronunciamientos de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado6.

En consecuencia, señaló que la circunstancia expuesta altera la esencia
jurídica del recurso extraordinario de unificación, tanto en lo sustancial como
en lo procesal, ya que la sentencia que se adujo como desconocida, fue
retirada del conjunto de criterios auxiliares del ordenamiento jurídico, como
se ha expuesto en varias sentencias proferidas por esta Sala en asuntos
similares al aquí estudiado7.

Por lo tanto, la autoridad judicial desestimó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte actora en contra de la
sentencia del 21 de noviembre de 2018 dictada por el Tribunal Administrativo
del Huila.

1.4 Sustento de la vulneración

La parte actora afirmó que las accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales como consecuencia de los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la
Constitución en los que incurrieron las decisiones cuestionadas.

Después de transcribir apartes de providencias relacionadas con los defectos
invocados sin individualización alguna, indicó que el Tribunal Administrativo
del Huila no analizó las demás pruebas que obraban en el proceso penal, a
excepto de los testimonios de los excombatientes, con los cuales decretó la
medida de aseguramiento.

Por otra parte, a pesar de invocar un defecto sustantivo, lo argumentó a partir
del presunto desconocimiento del precedente plasmado en las sentencias
SU- 363 de 2021 y SU-072 de 2018, que en su criterio fueron omitidas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, radicado 11001-03-15-000-2019-

00169-01.
6 Sentencias SU – 072, C- 037 de 1996, C-469 de 2016, y las dictadas el 3 de agosto de

2008 y 6 de junio de 2012 dictadas bajo radicación interna 16516 y 24633 respectivamente.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 2022, radicado interno

65707 y de fecha 11 de septiembre de 2023, radicado interno 65752.
5

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1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 22 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de la
primera instancia admitió la solicitud de amparo y dispuso tener como
accionados al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, al
Tribunal Administrativo del Huila y a la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

Así mismo, ordenó vincular como terceros con interés en el resultado del
proceso a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.

Efectuadas las notificaciones respectivas8, se presentaron las siguientes:

1.6. Intervenciones

1.6.1. La Nación- Rama Judicial

En escrito remitido a la Secretaría General de la Corporación, el abogado de
la división de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, manifestó que los argumentos
contenidos en la demanda de tutela no cumplen los requisitos tanto
generales como especiales de procedibilidad requeridos por la Corte
Constitucional para proceder la acción constitucional en contra de
providencias judiciales.

Afirmó, que los fundamentos expuestos por los accionantes en la acción de
amparo en realidad denotan el no estar de acuerdo con el fallo proferido por
el Tribunal en el proceso de reparación directa, ni con el dictado en el recurso
extraordinario interpuesto, para ahora pretender, por vía constitucional,
reabrir el debate que el juez natural ya dirimió.

No obstante, consideró que en el proceso penal se deben distinguir dos
momentos muy diferentes como son, cuando el juez de garantías legaliza la
captura e impone la medida de aseguramiento para lo que requiere serios
indicios de responsabilidad en el ilícito sin que pueda considerarse injusta,
ilegal o arbitraria, requisitos a los que se apegó la autoridad judicial para su
pronunciamiento.

El segundo momento lo constituye la etapa de juzgamiento en la que el
imputado puede resultar absuelto, sin que por ello pueda tildarse de injusta la
medida de aseguramiento impuesta, la cual no es otra cosa que una medida
cautelar y no una condena en sí misma.

Además, señaló que no se encontraba acreditado un perjuicio irremediable,
ya que los accionantes no probaron, siquiera sumariamente, las
circunstancias fácticas que acreditan el hecho; por el contrario, indicó que la
parte tutelante pretende convertir el amparo en una tercera instancia, lo que
es improcedente a la luz del ordenamiento jurídico vigente.

8 Mediante comunicaciones del 28 de noviembre de 2024 a los correos electrónicos de las

accionadas y de los terceros con interés. Índice 7 primera instancia. Samai
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1.6.2. Fiscalía General de la Nación

La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
entidad, expuso que la entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva
por no existir relación de causalidad entre las actuaciones del ente acusador
y la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes
con las decisiones judiciales cuestionadas en el escrito de tutela.

De igual manera, indicó que no se cumple con el requisito de inmediatez, ya
que la acción no se presentó en el término de 6 meses contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia de segunda instancia del medio de
control de reparación directa dictada el 21 de noviembre de 2018, cuya
ejecutoria operó hace más de 12 meses.

Así mismo, con fundamento en la sentencia SU 215 de 2022, expresó la falta
de relevancia constitucional ya que no se evidencia vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales, por el contrario, se vislumbra que se
está utilizando la acción de tutela como mecanismo para reabrir el debate
legal ya definido, terminado y ejecutoriado, lo que no procede dado que el
juez constitucional no puede usurpar la función del juez natural del asunto.

En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela y
considerar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
Fiscalía General de la Nación.

1.6.3. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C

En escrito suscrito por el magistrado(e) expresó en cuanto a la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila del 21 de noviembre de
2018 que la misma tuvo su respaldo en el análisis que sobre el régimen de
responsabilidad por privación de la libertad hizo la Corte Constitucional en la
sentencia SU-072 de 2018 y la dictada por el Consejo de Estado el 15 de
agosto de 2018 (exp. 46.947), al considerar que la privación de la libertad no
implicaba automáticamente una condena al Estado y que, en el caso
concreto, las autoridades penales se plegaron a su deber de investigar en
función de las pruebas que componían el acervo.

Con relación a la sentencia dictada el 11 de abril de 2024 en el trámite del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, indicó que se
desestimó en razón a que la providencia de unificación que invocó el señor
Hernández como sustento de sus pretensiones había perdido efectos por
virtud de una decisión del juez constitucional, de ahí que, por sustracción de
materia, se declaró improcedente.

Consideró que la tutela no se dirige contra la decisión adoptada por la
Sección Tercera del Consejo de Estado con ocasión de la sentencia dictada
el 11 de abril de 2024 en el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, ya que solamente fue convocada por los accionantes desde
un punto de vista meramente nominal, sin atribuir ningún reproche

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iusfundamental específico contra dicho proveído.

Afirmó que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez sobre
la sentencia dictada el 21 de noviembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Huila sino también de la proferida por la Sección Tercera
del Consejo de estado del 11 de abril de 2024, ya que, en ambos casos, el
término semestral para la interposición se encuentra más que superado.

Indicó que los accionantes pretenden reabrir un debate judicial que se
encuentra más que agotado, ya que el asunto se falló en derecho y de
acuerdo con los lineamientos normativos y jurisprudenciales vigentes al
momento de la solución del caso, sin que pueda constituir la acción de
amparo una cuarta instancia para la revisión de lo decidido por no compartir
la decisión adoptada.

Concluyó que no se advierte vulneración a los derechos fundamentales
invocados por los accionantes.

1.6.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

El mandatario judicial de la autoridad expresó que la procedencia de la
acción de tutela contra providencias juridiciales ha sido admitida de manera
excepcional siempre que se cumplan con los requisitos generales de
procedibilidad y causales específicas como se estableció en la sentencia C-
590 de 2005 de la Corte Constitucional.

En ese orden, indicó que a pesar de que en el escrito de tutela se invocó el
defecto fáctico, no se cumplió con la carga argumentativa mínima en señalar
las pruebas que a su juicio no fueron valoradas ni muchos los argumentos
mediante los cuales han debido valorarse que vulneró o afectó sus derechos
fundamentales.

Aseguró que, en cuanto al defecto sustantivo, la parte actora no planteó
ningún fundamento, por el contrario, se limitó a afirmar que la autoridad
judicial demandada no sustentó en debida forma su decisión de revocar la
providencia de primera instancia; además, recalcó que los tutelantes
tampoco precisaron las razones por las cuales la interpretación del juzgador
de segunda instancia era irrazonable o regresiva.

Concluyó que la acción de tutela carece del requisito de la relevancia
constitucional ya que lo expuesto constituye una inconformidad formal de los
accionantes con la sentencia proferida, lo que ya fue resuelto en las dos
instancias judiciales dentro del proceso de reparación directa.

Así mismo, manifestó que el amparo constitucional carece del presupuesto
de la inmediatez en la medida que fue presentada con posterioridad al plazo
razonable de 6 meses establecido por la jurisprudencia, toda vez que la
providencia del 11 de abril de 2024 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, Sección Tercera quedó ejecutoriada al no ser objeto de ningún
recurso, y la tutela fue radicada en el mes de noviembre del mismo año.

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Por todo lo anterior, solicitó rechazar por improcedente la solicitud de tutela.

1.6.5. Tribunal Contencioso Administrativo del Huila

El magistrado ponente del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del
Huila el 21 de noviembre de 2018 manifestó que no vulneró derecho
fundamental alguno a los accionantes como quiera que la providencia objeto
de la acción de amparo contiene las razones puntuales fácticas y jurídicas
que conllevaron a tomar la decisión adoptada en segunda instancia.

1.7 Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia del 12 de diciembre de
2024, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de la relevancia constitucional.

Refirió que la parte accionante afirmó que las autoridades accionadas
incurrieron presuntamente en un defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento
del precedente, en violación directa de la Constitución y en una vía de hecho
que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana.

Indicó que la argumentación de la parte accionante para acreditar la
vulneración de sus derechos fundamentales adolece de la carga
argumentativa mínima lo que hace imposible que el juez constitucional
efectúe un estudio de fondo de la solicitud de amparo.

Resaltó que la controversia propuesta carece de relevancia constitucional por
que (i) el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal y ii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con
lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.

Con relación al desconocimiento del precedente, destacó que para su
estudio es necesario indicar la regla que la decisión objeto de la tutela
desconoció, sin que la simple enunciación autorice al juez de tutela estudiar
el fondo del asunto por cuanto su intervención se encuentra limitada por los
argumentos que el accionante haya planteado en el mecanismo de amparo.

Así mismo, estableció que los argumentos expuestos en el escrito de tutela
fueron debidamente analizados en las sentencias dictadas en el medio de
control de reparación directa y en el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, lo cual evidencia que lo pretendido es convertir la acción en
una tercera instancia, con lo que se concluye lo improcedente del amparo,
por no cumplir con el requisito general de la relevancia constitucional.

1.8. Impugnación

En el escrito de impugnación presentado de manera oportuna, el mandatario
judicial de los accionantes reiteró los argumentos de la tutela y precisó que

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no se tuvo en cuenta ni se analizó las demás responsabilidades o títulos de
imputación, contrariando las sentencias SU 072 de 2018 y SU 363 de 2021.

Expresó que las accionadas no podían predicar como regla general una
responsabilidad objetiva por el hecho de privar de la libertad de manera
preventiva a una persona para luego ordenar su libertad; por el contrario,
aseguró que era necesario revisar si la medida fue manifiestamente
irrazonable y desproporcionada no con base en el estudio de testimonios
inefables de dos excombatientes, sino a través de las pruebas que tiene a su
disposición junto con las del ente acusador, las cuales debía ser utilizadas
para demostrar que un hecho punible fue cometido y se demostrara la
culpabilidad de una persona.

Indicó que más grave resultó que tanto el Ministerio Público como la fiscalía
en la etapa del juicio, se hayan retractado de la imputación inicial para
solicitar la declaración de inocencia del señor Hernández y el Juez Tercero
Penal del Circuito de Neiva haya hecho caso omiso, para condenarlo sin
fundamento.

Afirmó que se vulneró el derecho fundamento del debido proceso establecido
en el artículo 29 de la Constitución Política al no analizarse los hechos con
los cuales se impuso la medida de aseguramiento para aplicar el eximente
de responsabilidad de culpa exclusiva de un tercero, cuando la autoridad
judicial debe acudir a todo su poder discrecional para corroborar o desvirtuar
los testimonios y de la misma forma alterar la presunción de inocencia del
imputado.

En consecuencia, solicitó revocar el fallo de primera instancia y en su lugar
amparar los derechos fundamentales de los accionantes.

1.9. Trámite en segunda instancia

Manifestado impedimento por el magistrado ponente de esta decisión, la
Sala en providencia del 20 de febrero de 2025, lo declaró infundado.

Así mismo, mediante auto del 4 de marzo del presente año se requirió a la
parte actora para que allegara los poderes especiales otorgados en los
términos del artículo 5º de la Ley 2213 de 2022 en concordancia con el
artículo 74 de la Ley 1564 de 2012, orden que cumplió en escrito del 10 de
marzo de esta anualidad9.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Competencia

Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte accionante en contra de la providencia del 12 de diciembre de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley

9 Índice 21 Samai segunda instancia.

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2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo adoptado en primera instancia, que declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por falta de relevancia constitucional.

Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema11.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales12.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 13,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.4. Del requisito de inmediatez

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe

10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
12 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de

agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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ejercerse en un plazo razonable14, el cual debe ser ponderado por el juez en
cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por
el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo15.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección16 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses, contados desde la ocurrencia del hecho
generador, cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da
lugar a la solicitud de protección y la consecuencia de su presentación
cuando se sobrepasa este límite es que se declara su improcedencia.

Ahora bien, en relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo
para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256
de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente:

“[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que
generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la
inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados;
o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”17.

2.5. Del requisito de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la

14 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
de fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente:
Alberto Yepes Barreiro.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
16 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01,

Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-
000-2012-01891-01, 12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00,
Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No.
11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-
2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016,
Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate entre
otras.
17 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T-

1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de
2010.
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tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)
(Énfasis de la Sala)

La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 202218, modificó la postura
que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren
a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración
de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo
constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la
vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se aporten
elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista,
especialmente cuando se ejerce este mecanismo constitucional contra una

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del

29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
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sentencia de un órgano de cierre19.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.6. Caso concreto

A pesar de cuestionar los accionantes la providencia del 29 de enero de
2016 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Neiva, el juzgador de primera instancia se abstuvo de analizarla ya que el
proceso ordinario culminó con la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, motivo por el cual el estudio se realizará respecto
de ésta y la proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

En ese orden, se tiene que la parte actora controvirtió la sentencia del 21 de
noviembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que
revocó la dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Neiva de fecha 29 de enero de 2016, para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación
directa instaurado en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación y la
Nación – Rama Judicial con radicado 41001-33-33-002-2013-00042-00/01.

En este punto, se advierte que, aunque las accionadas aseguraron que no se
cumple el requisito de inmediatez frente a esta providencia, lo cierto es que
contra ella la parte actora interpuso recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, mecanismo judicial idóneo al cual podía acudir para plantear
las inconformidades con la decisión judicial de segunda instancia.

Por ende, el análisis sobre la oportunidad de la solicitud de amparo
constitucional debe realizarse a partir de la ejecutoria de la providencia que
resolvió el mencionado recurso, por ser la decisión definitiva frente a esa
controversia.

Así las cosas, se precisa que la providencia dictada el 11 de abril de 2024
por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, fue notificada
el 17 de mayo siguiente y quedó ejecutoriada el 22 del mismo mes y año,
mientras que la acción de tutela fue radicada el 15 de noviembre de 2024.

En consecuencia y, contrario a lo alegado por las accionadas, la solicitud de
amparo sí cumple con el requisito de inmediatez por cuanto fue presentada
de forma oportuna.

Sin embargo, tal y como se resolvió en primera instancia, el presente asunto
carece de relevancia constitucional.

Este requisito, como presupuesto general de la acción de tutela, tiene tres
finalidades, a saber:

19 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional20 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad21; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales22 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces23”.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario,
el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan
su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial
de la solicitud de amparo.

En tal ejercicio, se establece que la parte actora invocó como cargos los
defectos fácticos, sustantivo, desconocimiento del precedente jurisprudencial
y violación directa de la Constitución que desarrolló en la indebida aplicación
de las sentencias SU- 072 de 2018 y SU- 363 de 2021 dictadas por la Corte
Constitucional y en la falta de análisis de las demás pruebas obrantes al
proceso penal, a excepción de los testimonios de los excombatientes, con los
cuales se decretó la medida de aseguramiento en contra del señor
Hernández Contreras, descociéndose así el artículo 29 de la Constitución
Política.

La Sala considera, de las argumentaciones expuestas en la acción de tutela
que la controversia planteada por la parte actora no impacta la garantía de
derechos fundamentales, por cuanto el debate ya fue estudiado y definido en
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con fundamento en
la normativa y el precedente aplicable al caso, sin que sea permitido reabrir
ese debate ya zanjado por el juez natural, so pretexto de la interpretación
que de dichas providencia de unificación realizan los accionantes.

Así mismo, se aprecia que los fundamentos planteados por la parte actora en
el escrito de impugnación coinciden no solo con los expuestos en el escrito
de tutela sino también en el presentado para sustentar el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia del
21 de noviembre de 2018 dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, las
que fueron estudiadas en su totalidad por la accionada.

Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera
instancia por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

20 “Sentencia C-590 de 2005.”
21 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
22 “Sentencia C-590 de 2005.”
23 “Sentencia T-102 de 2006.”

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III.FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 12 de diciembre de 2024 dictada
por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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