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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06219-00

Fecha
17 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06219-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la acción de tutela interpuesta por Miguel Ángel Muñoz Gómez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06219-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-06219-001
Demandante : Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandado : Consejo de Estado, Sección Quinta y el Tribunal
Administrativo de Nariño,
Acción : Tutela
Derecho : Debido proceso, elegir y ser elegido, estabilidad laboral e
presuntamente igualdad
vulnerado
Decisión : Niega

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por
Miguel Ángel Muñoz Gómez, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, elegir y ser elegido, estabilidad laboral e
igualdad.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la providencia cuestionada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la
acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de
este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

El accionante, quien actúa mediante apoderado judicial, interpuso el presente recurso de
amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, elegir y ser elegido, estabilidad laboral e igualdad vulnerados por el Consejo de
Estado, Sección Quinta y el Tribunal Administrativo de Nariño.

Por consiguiente, requirió:

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06219-00
Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

“[…] Se decrete la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el
H. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
QUINTA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA PRIMERA DE DECISIÓN, de
fechas 7 de junio de 2024 (primera instancia) y, del 17 y 31 de octubre de 2024 (segunda
instancia) respectivamente, dentro del medio de control de NULIDAD ELECTORAL, en donde
mi defendido, señor Miguel Ángel Muñoz Gómez, actúo como demandado, bajo el radicado
No. 52 001 23 33 000 2023 – 00407- 01 […] [y] EN SU LUGAR, solicito, comedida y
respetuosamente al H. Juez Constitucional, ordene al Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, se pronuncie nuevamente, resolviendo el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, Sala Primera de decisión, revocando del 7 de junio de 2024 y en su lugar se
denieguen las pretensiones de la demanda, atendiendo la aplicación de los precedentes
jurisprudenciales y doctrinales desconocidos”.

1.3 Hechos.2

Indica el accionante que, fue elegido como Alcalde del municipio de Puerto Guzmán –
Putumayo, para el periodo comprendido entre los años 2024 a 2027, dicha elección fue
demandada por July Tatiana Fonseca Laguna, pues la ciudadana consideró que, durante
el periodo de campaña electoral incurrió en la figura de doble militancia en la modalidad
de apoyo, pues fue candidato a la alcaldía por el partido Movimiento Alternativo Indígena
y Social (MAIS), y prestó apoyo al señor Nolver Jair Figueroa Delgado, quien aspiraba a
la Asamblea Departamental del Putumayo integrando las listas del partido Gente en
Movimiento.

A Dicho proceso le correspondió el radicado 52001-23-33-000-2023–00407-00, cuyo
conocimiento le concernió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión, quien, en sentencia del 7 de junio del 2024 accedió a las
pretensiones de la demanda, ordenando la cancelación de la credencial que acreditaba
al señor Miguel Ángel Muñoz Gómez como alcalde del municipio de Puerto Guzmán.

Esa decisión fue apelada, y la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió la sentencia
del 17 de octubre del 2024 en la cual, confirmó la sentencia de primera instancia, hecho
que según el actor vulnera sus derechos fundamentales.

1.4 Argumentos de la tutela.

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06219-00
Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

El accionante indicó que, la actuación del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo
son irregulares en la medida en que desconocieron sus derechos fundamentales al no
haber valorado en debida forma las pruebas allegadas al proceso, por ello argumenta
que se falló “[…] dejando de lado analizar argumentos sustanciales plasmados en el
escrito de alegatos de conclusión que no fueron analizados, valorados o tenidos en
cuenta y que permiten afirmar que en el presente caso a mi representado se le vulneró
flagrantemente sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, estabilidad
laboral, a ser elegido, entre otros, lo que a todas luces constituye defecto sustancial”3.

Pretende el accionante demostrar en este trámite que, la conducta sancionada no existió,
argumentando que la interpretación hecha a las publicaciones de su perfil de Facebook
fue errada, pues, se desprende que entre el actor y el aspirante a diputado existía respeto
o admiración, más no apoyo electoral.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 19 de
noviembre del 20244, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó
notificar al Consejo de Estado, Sección Quinta y el Tribunal Administrativo de Nariño
como accionados y se vinculó al Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del
Estado Civil, Movimiento Alternativo y Social “MAIS”, July Tatiana Fonseca Laguna, y
Ramiro Basili Colmenares Sayago, como terceros interesados.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El Consejo Nacional Electoral5 solicita que se declare la falta de legitimación en
la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad que decidió anular la credencial del
actor de acuerdo con el relato de los hechos y las pretensiones allegadas en el escrito de
tutela.

2.1.2 El Consejo de Estado, Sección Quinta6 realizó un resumen sobre el trámite
surtido en el proceso y refirió que la acción es improcedente por incumplir con el requisito
de relevancia constitucional, dado que el actor hizo alusión a los mismos argumentos que

3
Se transcribe la cita desde el texto original, incluyendo los errores gramaticales y de sintaxis.
4
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 4.
5
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 8.
6
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 10.
3

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Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

presentó dentro del proceso ordinario, por lo que, al haber sido analizados por la primera
y la segunda instancia, carecen entonces de los defectos alegados en el escrito tutelar.

2.1.3 El Tribunal Administrativo de Nariño7 pide que, se desestimen las pretensiones,
toda vez que la actuación surtida por dicha autoridad judicial fue acorde con el marco
normativo y jurisprudencial vigente, de modo que no se desprende de las mismas la
configuración del defecto sustantivo o del desconocimiento del precedente.

2.1.4 La Registraduría Nacional del Estado Civil8 requirió ser desvinculada del proceso
por carecer de legitimación en la causa por pasiva; sin embargo, indicó que el actor ha
acudido a la acción de tutela de manera arbitraria, pues lo que pretende es que su
proceso sea revisado por una tercera instancia.

2.1.5 Ramiro Basili Colmenares Sayago9 manifestó que en el presente caso, las
autoridades judiciales carecían de competencia para pronunciarse sobre la doble
militancia en que incurrió el actor, pues dicha posibilidad solo estaba en cabeza del
Consejo Nacional Electoral, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1475 del 2011;
que de allí se desprende, según el interviniente, una serie de consecuencias que derivan
en la falta de agotamiento de actos prejudiciales violando así el derecho al debido proceso
del actor; por lo que, solicitó que se accedan a las pretensiones invocadas por el actor.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.

3.2 Cuestión preliminar.

En el asunto sub examine el demandante solicitó que se deje sin efectos las providencias
proferidas por el Tribunal Administrativo de Nariño y la Sección Quinta del Consejo de

7
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 12.
8
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 14.
9
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 18.
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Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
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Estado; sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la sentencia
del 17 de octubre de 2024, por ser la que, al desatar el recurso de apelación interpuesto,
resolvió de manera definitiva ese asunto.

3.3 Problema jurídico.

Se debe determinar si la acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos de
procedibilidad; de ser procedente, se analizará si las autoridades accionadas vulneraron
los derechos fundamentales del actor al no brindar una adecuada interpretación a las
pruebas remitidas al proceso, lo que violentó el derecho al debido proceso del candidato
electo.

3.4 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017
y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales.

Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que
no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.

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Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, teniendo en cuenta que, el reconocimiento al principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de
tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional;(ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
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Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible;(vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente si tiene indudable relevancia
constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
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Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales10, rectificó su posición mediante sentencia de 31
de julio de 201211, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente
contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al
fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos12.

3.6 El debido proceso.

El artículo 29 de la norma Superior, establece que este derecho se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica que tanto las
autoridades administrativas como los jueces, se encuentran compelidos a ceñirse a las
normas constitucionales y legales, con lo cual se garantizan a su turno, la protección y
realización de los derechos de las personas.

Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso comprende
plurales órbitas de incidencia:

a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.

b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o

10
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
11
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
12
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
8

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actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.

c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la
lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.

d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a
dilaciones injustificadas o inexplicables.

e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo
reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la
Constitución la tarea de administrar justicia ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.

f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilícitas.13

Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros derechos
como el de la igualdad ante la Ley o la dignidad humana, mientras que desarrolla una
serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de las actuaciones
judiciales y el acceso a la administración de justicia, por lo que, su quebrantamiento afecta
uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de Derecho y en consecuencia
tiene la capacidad de justificar la intervención del juez de tutela.

3.7 Solución al caso concreto

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

13
Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
9

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providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, elegir y ser elegido, estabilidad laboral e igualdad del
tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, dado que
fue emitida en sentencia de segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la providencia
atacada fue proferida el 17 de octubre del 202414 y la solicitud de amparo se presentó el
15 de noviembre del 2024, es decir, dentro de un término prudencial (28 días desde la
notificación de la providencia); y (v) el fallo acusado no se profirió dentro de una acción
de tutela.

Sea lo primero indicar, que el actor presentó varios argumentos dentro de su acción de
tutela, pues en la misma manifestó (i) que en la sentencia de segunda instancia no fue
analizado el precedente sobre la doble militancia en la modalidad de apoyo, (ii)
inconformidades sobre la apreciación de las pruebas allegadas al proceso,
argumentando que en realidad existió una malinterpretación de la voluntad real del actor,
teniendo en cuenta que él, no presentaba apoyo para el otro candidato sino muestras de
afecto, admiración o respeto, y (iii) que las publicaciones hechas en el perfil de Facebook
del actor eran privadas.

Ante ello, el primer argumento no será analizado, ya que, no fue expuesto en el recurso
de apelación elevado contra el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño 15, de modo que
al no ser puesto en conocimiento oportunamente en el trámite del proceso electoral, no
existió un adecuado agotamiento de los mecanismos judiciales de defensa, por lo que,
dicha omisión no puede ser subsanada en esta instancia judicial, dado que, se
quebrantaría el principio de subsidiariedad de la acción de tutela.

Ahora, si bien el actor alegó que los siguientes dos argumentos demostraban la
configuración de un defecto sustantivo, lo cierto es que las supuestas carencias
expresadas en la práctica probatoria determinan la existencia de un defecto fáctico, luego
entonces, se analizarán los argumentos bajo esa causal específica de procedibilidad de
la acción de tutela.

14
Notificada el 31 de octubre según se evidencia en el expediente digital del proceso 52001-23-33-000-2023-00407-01, visible en el
siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000202300407011100103
15
Ible en el expediente digital en SAMAI, índice 9, documento 94.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06219-00
Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

3.6.1 Defecto fáctico.

Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, “surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”16.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra17.

Como ya se indicó, en el caso a estudio el accionante aduce que la providencia
cuestionada incurre en defecto fáctico, porque a su parecer:

“[…] [mientras el] A quo acogió los planteamientos esbozados en la demanda, la segunda
instancia se limitó a reiterar esas mismas consideraciones desconociendo su propia línea
jurisprudencial en ese tema y dejando de lado analizar argumentos sustanciales plasmados
en el escrito de alegatos de conclusión que no fueron analizados, valorados o tenidos en
cuenta y que permiten afirmar que en el presente caso a mi representado se le vulneró (sic)
flagrantemente sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, estabilidad
laboral, a ser elegido, entre otros, lo que a todas luces constituye defecto sustancial.

[…]

[…] las decisiones de instancias ordinarias proferidas en la demanda de NULIDAD
ELECTORAL en contra de mi representado señor Miguel Angel (sic) Muñoz Gómez, en
calidad de Alcalde de Puerto Guzmán (Putumayo), para el periodo 2024 - 2027, obedecen al
capricho de los funcionarios que intervinieron en las mismas, toda vez que desconocieron los
derechos fundamentales del demandado y actuaron al margen del ordenamiento jurídico
establecido, ya que desconocieron precedentes jurisprudenciales de la misma Corporación y
valoraron pruebas que no son aptas para demostrar la figurad (sic) de la “doble militancia” en
la modalidad de apoyo, (sic) y que por su desconocimientos adoptaron decisiones contrarias
a los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso (defecto sustantivo)”

Frente a ello, vale la pena destacar que, la jurisprudencia constitucional18, ha sido
enfática en afirmar que la acción de tutela es un mecanismo excepcional, y las que van
dirigidas contra providencias judiciales son incluso más excepcionales, ello, se traduce

16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
17
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
18
Sentencia SU-573 de 2019.
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Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

en exigencias más estrictas en favor de la estabilidad jurídica del Estado, pero, incluso
en ese contexto, aquellas que van encaminadas a cuestionar las sentencias de las altas
cortes deben cumplir con una carga argumentativa suficiente aunque mínima, de modo
que según la Corte Constitucional se debe cumplir con lo siguiente:

“[…] la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por una
alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que
en la providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito no se traduce en
la demostración efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se
aporten elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista
especialmente, cuando se trata de una tutela contra una sentencia de una alta corte”19.

Lo primero a indicar, es que las alegaciones vertidas en la acción de tutela corresponden
a las mismas presentadas en la solicitud de adición elevada ante el Consejo de Estado20,
así como las alegaciones finales rendidas ante el Consejo de Estado en segunda
instancia21, por lo que inicialmente esta Sala deberá identificar si tales argumentos fueron
analizados en la providencia cuestionada.

En efecto, de acuerdo con el análisis hecho en la sentencia de segunda instancia, frente
a los argumentos desarrollados en la apelación se tiene que estaban encaminados a
atacar los mismos puntos expuesto en esta acción de tutela, tal y como lo sintetizó la
Sección quinta en el auto que resolvió la solicitud de adición de la sentencia elevado por
el apoderado del actor22:

“21. Se reitera que, el demandado alegó que el fallo de esta Sala no analizó los argumentos
expuestos en los alegatos de conclusión radicados en segunda instancia, particularmente lo
relacionado con:

I. El desconocimiento del precedente jurisprudencial en cuanto a la doble militancia en la
modalidad de apoyo.
II. La descripción de la primera publicación en la que, según la defensa, el acusado solo
mostró su admiración respecto de Nolver Jair Figueroa Delgado.
III. Los logos de campaña política de ambos candidatos en un video, que, a su juicio, no
configura la prohibición endilgada.
IV. El aprecio expresado por la líder social hacia el demandado y Nolver Jair Figueroa
Delgado.
V. La fotografía en la que se observa a una persona enseñando a votar por este último y,
VI. El hecho de que las publicaciones en la red social del demandado obedecen a su esfera
de privada”.

19
Corte Constitucional, sentencia SU 2015 del 2022.
20
Visible en el índice 30 del expediente judicial de segunda instancia surtido ante la sección quinta, visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000202300407011100103.
21
Índice 22 ibidem.
22
Índice 34 Ibidem.
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Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

Por lo anterior, puede afirmar esta Sala que no existe una carga argumentativa suficiente
para justificar la configuración del defecto fáctico, pues, no solo trajo la misma discusión
planteada en el proceso ordinario, sino que no adicionó algún elemento que permita
entrever las implicaciones que supone el actor le generan afectaciones injustificadas o
arbitrarias a sus derechos fundamentales.

En el fallo cuestionado, se valoraron las siguientes pruebas:

“1. Siete (7) links de Facebook.
2. Formulario E- 26 ALC del 1 de noviembre de 2023, que declaró la elección del demandado
como alcalde del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo).
3. Formulario E-24 ALC.
4. Credencial E-27 de 1 de noviembre de 2023.
5. Formularios E-26 ASA49, que da cuenta de la elección de los diputados del Putumayo.
6. Acta general de escrutinio de elecciones autoridades territoriales de Putumayo.
7. Catorce (14) imágenes.
8. Tres (3) videos en formato mp4.
9. Formulario E-6 AL, en donde se evidencia la solicitud de inscripción de Miguel Ángel Muñoz
Gómez como candidato a la Alcaldía del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo), por el
MAIS.
10.Acuerdo de coalición denominado «de la mano con las comunidades», el cual tuvo como
finalidad avalar, respaldar y apoyar la candidatura de Miguel Ángel Muñoz Gómez.
11.Acta de Gestión firma del demandado como candidato del MAIS.
12.Formularios E-6 AS, que da cuenta de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
a la Asamblea Departamental de Putumayo, avalados por el partido Gente en Movimiento y
MAIS.
13.Certificación del 21 de marzo de 2024 por el secretario general del partido Gente en
Movimiento, quien indicó que Miguel Ángel Muñoz Gómez no aparece en la base de datos
como militante activo y tampoco como candidato propio o coaligado para las elecciones
territoriales de 2023.
14.Oficio suscrito el 2 de abril de 2024 por la secretaria general del movimiento MAIS, quien
señaló que Miguel Ángel Muñoz Gómez fue avalado por dicha colectividad para las elecciones
territoriales de 2023 y precisó que el apoyo no solo es susceptible de darse por acuerdo de
coalición, sino también por adición o apoyo del movimiento que no tenga candidato”.

En efecto, se tiene que la Sección Quinta analizó de manera adecuada y suficiente las
pruebas aportadas al proceso y al realizar la práctica probatoria se ciñó a las reglas de la
sana crítica, tal y como se pasa a evidenciar en distintos acápites extraídos del fallo de
segunda instancia, agotó los argumentos elevados por el apoderado del actor de la
siguiente manera:

“87. Bajo ese entendido y del análisis conjunto de los videos, la Sala concluye que el
demandado, perteneciente al movimiento MAIS sí desplegó actos positivos y concretos de
apoyo en favor de Nolver Jair Figueroa Delgado, candidato a la Asamblea Departamental de
Putumayo por el partido Gente en Movimiento, toda vez que, a través de videos de carácter
político, publicados en la red social de Facebook, difundió publicidad política del aspirante a
la referida corporación, particularmente su número en la tarjeta electoral y la forma en que
debía marcarse al momento de ejercer el derecho al voto.

88. Así las cosas, se tiene acreditado el elemento objetivo de la conducta reprochada en el

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Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
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caso que nos ocupa, pues el demandado compartió los videos previamente relacionados en
la red social de Facebook, mostrando su respaldo a Nolver Jair Figueroa Delgado como
candidato a la Asamblea Departamental de Putumayo por una colectividad distinta a la suya,
al insertar en dichas publicaciones, de índole proselitista, la indicación de cómo marcar la
tarjeta para la referida corporación, particularmente por el número 55 correspondiente al
partido Gente en Movimiento.
[…]

90. En el video señalado se observa al demandado haciendo alusión a sus propuestas
relacionadas con la educación, el transporte escolar, beneficios para los docentes, gestión en
temas de tecnología, servicio de agua en instituciones educativas y subsidios educativos. Por
su parte, Nolver Jair Figueroa Delgado menciona que conoce la gestión de Miguel Ángel
Muñoz, en atención al cargo de concejal que ejerció con anterioridad, por lo que respaldó su
candidatura a la alcaldía del municipio.

91. En adición a lo que antecede, se observa que, en la descripción de la publicación del
tercer video, al igual que en el primero, el demandado se refiere a Nolver Jair Figueroa
Delgado como «nuestro próximo diputado» y alude a su proyecto de forma conjunta con este
último, dando a entender que ambos candidatos comparten ideales políticos

94. Teniendo en cuenta el análisis conjunto, en los tres videos se evidencia la ejecución de
actos positivos y concretos de apoyo por parte del demandado hacia Nolver Jair Figueroa
Delgado, candidato a la Asamblea Departamental de Putumayo por el partido Gente en
Movimiento, pues cada una de las publicaciones da cuenta del respaldo que Miguel Ángel
Muñoz Gómez le brinda al aspirante, mediante expresiones que dan a entender el trabajo
conjunto que realizaron en aras de desarrollar la correspondiente campaña política,
particularmente el despliegue del logo representativo de ambos.

95. En suma, de la valoración integral de las pruebas citadas la Sala encuentra configurada
la prohibición endilgada al demandado, pues en los videos se observa publicidad política de
Miguel Ángel Muñoz Gómez y Nolver Jair Figueroa Delgado, pese a que ambos pertenecen
a colectividades distintas.

[…]

97. En conclusión, del análisis en conjunto del material probatorio aportado al expediente,
para Sala es evidente que el demandado, con su actuar, procuró por apoyar la candidatura
de Nolver Jair Figueroa Delgado, con claras manifestaciones de apoyo, como lo es la continua
publicidad en sus redes sociales, a su logo y número en la tarjeta electoral, su apariciones
públicas y de su expresión «nuestro candidato», todo con destino a los votantes y lo cual lleva
a la certeza de la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo

107. Pues bien, del acervo probatorio previamente referido y, contrario a lo alegado por el
recurrente, la Sala encuentra acreditado el elemento temporal de la prohibición alegada, toda
vez que, de las documentales aportadas se desprende que los actos presuntamente
ejecutados por el demandado a favor del candidato a la Asamblea Departamental de
Putumayo se desarrollaron en época de campaña electoral, pues se observa el uso del logo
y afiches alusivos a la candidatura de Miguel Ángel Muñoz Gómez, y el despliegue de
abundante publicidad de otros aspirantes en los que se observa nombre y número de
candidatura en los distintos eventos de carácter proselitista.”.

Con todo lo anterior, no se observa un yerro o arbitrariedad en la valoración de los
elementos de prueba aportados al proceso ordinario, no existe justificación a una
eventual intervención por cuenta del juez constitucional, como lo solicita el accionante,
por cuanto, no se evidencia con certeza la vulneración a los derechos fundamentales
alegados, dado que, la queja traída a esta acción constitucional fue resuelta de manera
lógica y adecuada por los jueces de instancia, así que, no habría lugar para que esta Sala
intervenga en el proceso acusado.
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Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
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Por lo demás, lo único que se evidencia es que el actor acudió a esta acción de tutela
como una tercera instancia en su proceso electoral, es evidente que los reparos
presentados no se circunscriben a una discusión netamente constitucional sino a la
inconformidad con los fallos de primera y segunda instancia.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor acreditó
el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, pero no logró
demostrar la configuración del defecto alegado, por lo que se negará la protección
deprecada, de acuerdo con los lineamientos que se expusieron en esta sentencia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la acción de tutela interpuesta por Miguel Ángel Muñoz Gómez, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como
lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Demandante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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