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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06219-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06219-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida por la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado del 17 de enero de 2025 que negó la acción de la tutela promovida por el señor Miguel Ángel Muñoz Gómez bajo el entendido de que no se configuran los defectos alegados por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06219-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01
Accionante: Miguel Ángel Muñoz Gómez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

Tema: Tutela contra la providencia judicial.

Decisión: Confirma la decisión de primera instancia por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 17 de
enero de 2025, proferida por la Sección Segunda - Subsección B - del Consejo
de Estado que negó el amparo solicitado por no configurarse un defecto fáctico.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1

La señora July Tatiana Fonseca Laguna presentó demanda a través del medio
de control de nulidad electoral2 contra el señor Miguel Ángel Muñoz Gómez,
alcalde electo del municipio de Puerto Guzmán - Putumayo, para el periodo
(2024-2027), por presunta doble militancia. Según la demandante, el accionante
apoyó al candidato Nolver Jair Figueroa Delgado del partido Gente en
Movimiento, lo cual contravino los estatutos del partido MAIS que lo avaló,
configurando la causal de nulidad electoral establecida en el artículo 2° de la Ley
1475 de 2011.

El proceso fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Nariño - Sala Primera de Decisión, autoridad judicial que declaró la nulidad de la
elección de Miguel Ángel Muñoz Gómez, canceló su credencial como alcalde y
ordenó suplir la vacancia del cargo. Su decisión se fundamentó en la Ley 1475
de 2011, la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia aplicable, destacando la
importancia de respetar las directrices partidistas y la integridad del proceso
electoral. La decisión fue apelada tanto por la señora July Tatiana Fonseca
Laguna como por el señor Muñoz Gómez.

1 Índice 2 del aplicativo SAMAI.
2Seguida ante el Tribunal Administrativo de Nariño, exp. 5200- 23-33-000-2023 -00407- 01, aplicativo
SAMAI

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01
Accionante: Miguel Ángel Muñoz Gómez

El recurso de apelación fue desatado por la Sección Quinta de esta Corporación
autoridad judicial que, mediante sentencia del 17 de octubre de 2024, confirmó
la sentencia proferida por el a quo.

El 22 de octubre de 2024, el actor presentó solicitud de adición de la sentencia
porque presuntamente la autoridad judicial no se había pronunciado sobre sus
alegatos de conclusión, pero esta le fue negada mediante auto del 31 de octubre
de 2024.

2.2. Fundamento jurídico

El actor alegó que las decisiones de primera y segunda instancia vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, a ser elegido y a la
estabilidad laboral, al desconocer sus argumentos y no realizar un análisis
completo de las pruebas aportadas, que, en su sentir, no era aptas para probar
la figura de la doble militancia.

El accionante reprochó la existencia de los siguientes defectos contra providencia
judicial en las decisiones cuestionadas:

Endilgó la existencia de un presunto defecto sustantivo, al considerar que se
dio una interpretación caprichosa de la Ley 1621 de 2013 por lo que se consideró
una prueba expresamente prohibida por la normativa aplicable, pero no sustentó
como su planteamiento, ni la referida norma, eran aplicables a su caso concreto.

Además, señaló que se inaplicó lo señalado en el artículo 2º de la Ley 1475 de
2011, teniendo en cuenta que los videos, las fotografías y las publicaciones en la
red social Facebook no demostraban explícitamente su intención de apoyo al
candidato de la otra colectividad política, sino que evidenciaban una simple
admiración por este.

Indicó además que se presentó un defecto por desconocimiento del
precedente al valorar pruebas que no son aptas para demostrar la figura de la
doble militancia, citando como fundamento unas sentencias de esta corporación3.

Por otro lado, adujo de manera general y sin profundizar su planteamiento al caso
concreto, que se configuró un defecto por violación directa de la Constitución,
porque a su juicio, existió un proceder ilícito por parte de las autoridades judiciales
accionadas que infringió los artículos 13, 29, 209 y 250 numerales 2° y 3° de la
Constitución. Sostuvo sobre el particular que las actuaciones judiciales
contravinieron disposiciones razonablemente vinculadas a los derechos
fundamentales, en particular los principios de igualdad, debido proceso y
transparencia administrativa.

3
Consejo de Estado, Sentencia del 28 de enero del 2021 con rad. núm. 68001-23-33-000-2020-00015-00
MP. Carlos Enrique Moreno Rubio referente al elemento modal de la conducta y del 26 de enero de 2023
MP. Luis Alberto Álvarez Parra con rád.11001-03 28-000-2022-00196-00

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01
Accionante: Miguel Ángel Muñoz Gómez

De la lectura del memorial de tutela, se infiere que lo que alegó además es la
presunta existencia de un defecto fáctico por una indebida valoración probatoria
por parte de las autoridades judiciales accionadas.

En ese entendido, su planteamiento estuvo dirigido a que la estimación de las
pruebas, a su juicio desacertada, incidió en las decisiones adoptadas respecto a
la interpretación y aplicación de la jurisprudencia y normativa vigentes acerca de
la doble militancia en la modalidad de apoyo.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«[…] Se decrete la nulidad de las sentencias de primera y segunda
instancia proferidas por el H. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA PRIMERA DE DECISIÓN, de
fechas 7 de junio de 2024 (primera instancia) y, del 17 y 31 de octubre de
2024 (segunda instancia) respectivamente, dentro del medio de control de
NULIDAD ELECTORAL, en donde mi defendido, señor Miguel Ángel
Muñoz Gómez, actúo como demandado, bajo el radicado No. 52 001 23
33 000 2023 – 00407- 01 […] [y] EN SU LUGAR, solicito, comedida y
respetuosamente al H. Juez Constitucional, ordene al Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, se pronuncie
nuevamente, resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera
de decisión, revocando del 7 de junio de 2024 y en su lugar se denieguen
las pretensiones de la demanda, atendiendo la aplicación de los
precedentes jurisprudenciales y doctrinales desconocidos”. […]». (Sic en
toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Sección Segunda - Subsección B del
Consejo de Estado mediante auto del 19 de noviembre de 20244, en el que
ordenó notificar en calidad de accionados a la Sección Quinta del Consejo de
Estado y al Tribunal Administrativo de Nariño - Sala Primera de Decisión y vinculó
al Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
Movimiento Alternativo y Social “MAIS”, la señora July Tatiana Fonseca Laguna,
y al señor Ramiro Basili Colmenares Sayago.

2.4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado5, a través del consejero
ponente de la decisión, concluyó que las pretensiones de la tutela no tienen
vocación de prosperidad, pues la acción no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional al limitarse a reiterar los argumentos del proceso ordinario,
intentando reabrir un debate ya resuelto en este.

4 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
5 Índice 10 del aplicativo SAMAI.

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Acción de Tutela
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Accionante: Miguel Ángel Muñoz Gómez

Sostuvo que la decisión tuvo fundamento en los medios de prueba allegados al
proceso, como videos y capturas de pantalla, en los que se pudo constatar que
el señor Miguel Ángel Muñoz Gómez incurrió en doble militancia en modalidad
de apoyo al respaldar al candidato Nolver Jair Figueroa Delgado, perteneciente
a otra colectividad política.

Precisó que la tutela no puede usarse para reabrir discusiones procesales
previamente resueltas, ya que la decisión controvertida cumplió con los principios
de legalidad y autonomía judicial, por lo que solicitó que se declarara la
improcedencia del amparo solicitado o en el caso de que se decidiera analizar de
fondo, se negaran las pretensiones.

2.4.2. El Consejo Nacional Electoral-CNE6, a través de su jefe de la Oficina
Jurídica solicitó ser desvinculada de la acción al no estar legitimada en la causa
por pasiva, ni ser responsable de la vulneración de los derechos fundamentales
del actor.

2.4.3. El Tribunal Administrativo de Nariño - Sala Primera de Decisión7, a
través del magistrado ponente de la decisión indicó que la acción constitucional
debe ser declarada improcedente, ya que no cumple con el requisito de
subsidiariedad al intentar reabrir una discusión procesal ya resuelta que adquirió
efectos de cosa juzgada.

Indicó que no se evidenció una irregularidad procesal de relevancia constitucional
ni un defecto sustantivo o material que contradiga groseramente los fundamentos
jurídicos, recordó que la jurisprudencia constitucional establece que la tutela
contra providencias judiciales solo es procedente en casos excepcionales de
trascendencia social y desconocimiento del debido proceso, condiciones que no
se configuran en este caso.

En cuanto a su decisión de fondo, el tribunal concluyó que las pruebas
presentadas demostraron la configuración de la causal 8° del artículo 275 de la
Ley 1437 de 2011, referente a la doble militancia, pues se comprobó que el
accionante respaldó a un candidato de un partido diferente al que lo avaló, lo cual
contraviene la normativa aplicable.

2.4.4. El señor Ramiro Basili Colmenares Sayago, argumentó que las
sentencias cuestionadas incurrieron en los defectos procedimental y sustantivo,
con los que presuntamente trasgredieron el debido proceso establecido en el
artículo 29 constitucional y los derechos políticos previstos en artículo 40 ibidem.

Alegó que la prohibición de doble militancia establecida en el artículo 107
constitucional y en la Ley 1475 de 2011 es absoluta, por lo que criticó la falta de
impugnación al respecto ante el Consejo Nacional Electoral y adujo que, a su
juicio, la doble militancia ha debido invocarse antes de la elección y no posterior
a esta, por lo que solicitó que se accediera a las pretensiones del actor.

6
Índice 8 del aplicativo SAMAI.
7 Índice 12 del aplicativo SAMAI

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01
Accionante: Miguel Ángel Muñoz Gómez

2.4.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil8, a través de su jefe de la
Oficina Jurídica, solicitó declarar improcedente la acción, pues insiste en temas
ya resueltos por los jueces competentes y carece de relevancia constitucional.

Además, solicitó ser desvinculada de la acción por falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto a esa entidad y no haber trasgredido ningún derecho
fundamental del actor.

2.4.6. No se realizaron más intervenciones.

2.5. Sentencia Impugnada9

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, negó el amparo
solicitado por no configurarse un defecto fáctico en la providencia ni evidenciarse
una vulneración ius fundamental por parte de las autoridades judiciales
accionadas.

El a quo verificó que la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad.

Indicó que lo que el actor censuró fue una valoración inadecuada de pruebas por
parte de las autoridades judiciales accionadas, que incidió en la toma de
decisiones, a su juicio, arbitrarias.

La Sala concluyó que los argumentos esbozados por el actor en la tutela
replicaban los del proceso ordinario sin aportar elementos adicionales que
demostraran una afectación injusta o desproporcionada a sus derechos
fundamentales. Sostuvo que la valoración de las pruebas, como videos y
publicaciones en redes sociales, fue realizada conforme a las reglas de la sana
crítica, evidenciando actos positivos y concretos de apoyo que configuraron la
causal de doble militancia.

2.6. Impugnación10

2.6.1. En el memorial de impugnación el apoderado del señor Miguel Ángel
Muñoz Gómez, se limitó a señalar: “Silvio San Martín Quiñones Ramos,
abogado titulado e inscrito, identificado con la cédula de ciudadanía número
19.465.542 de Bogotá y tarjeta profesional número 116.323 del Consejo Superior
de la Judicatura, actuando en representación del señor Miguel Ángel Muñoz
Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 97.425.565, concurre
ante esa Honorable Corporación, con el fin de IMPUGNAR el fallo de tutela de
primera instancia del 17 de enero de 2025, que negó el amparo solicitado, el cual
será sustentado ante la autoridad que asuma el conocimiento de la impugnación.”

Revisado el Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, se observa que el actor no
presentó otro memorial con reparos sobre la sentencia proferida en primera

8
Índice 14 del aplicativo SAMAI.
9 Índice 29 del aplicativo SAMAI.
10 Índice 25 del aplicativo SAMAI.

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Acción de Tutela
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Accionante: Miguel Ángel Muñoz Gómez

instancia, en ese orden de ideas se entenderá que los argumentos de disenso
son los mismos que alegó en el escrito de tutela.

2.6.2. El señor Ramiro Basili Colmenares Sayago presentó escrito en el que
reiteró los argumentos esbozados en el informe a la tutela, además alegó
ausencia de valoración de sus argumentos por parte de la primera instancia.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. Es de advertir que, si bien la parte actora cuestiona las providencias del 07
de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño Sala Primera
de Decisión y del 17 de octubre de 2024 por la Sección Quinta de esta
Corporación, lo cierto es que la sentencia de segunda instancia fue la que puso
fin al proceso, por lo que el análisis en esta instancia solo será respecto a la
sentencia del 17 de octubre de 2024.

3.2.2. De la intervención del señor Ramiro Basili Colmenares Sayago

Encuentra la Sala que el señor Colmenares Sayago fue vinculado al presente
asunto por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, en el auto
admisorio de la demanda calendado el 19 de noviembre de 2024, bajo el
entendido de que actuó como tercero interviniente en el curso del medio de
control de nulidad electoral.

Una vez notificado de la demanda de tutela rindió informe en el que alegó la
configuración de un defecto procedimental y sustantivo en la sentencia proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 17 de octubre de 2024.

Adicional a lo dicho, una vez notificado del fallo proferido en primera instancia,
presentó escrito de impugnación en el cual reiteró los argumentos esbozados en
el informe de tutela.

Ahora bien, entiende la Sala que el señor Colmenares Sayago actúa en el
presente asunto como tercero interviniente o coadyuvante de las pretensiones
formuladas por el señor Miguel Ángel Muñoz Gómez, por lo anterior su
intervención en el presente asunto no implica la posibilidad de realizar
planteamientos o reclamaciones distintas a las formuladas en la demanda de
tutela.

En ese orden de ideas, las alegaciones esbozadas por el señor Ramiro Basili que
apoyen o refuercen los argumentos esbozados por el accionante, serán
analizadas al resolver el fondo del presente asunto.

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Acción de Tutela
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Accionante: Miguel Ángel Muñoz Gómez

3.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Sección Quinta de esta Corporación mediante la providencia del 17 de
octubre de 2024, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento
del precedente y de violación directa de la Constitución al confirmar la decisión
judicial que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
nulidad electoral con radicado 52001-23-33-000-2023-00407-00/01.

Si bien es cierto, en la sentencia proferida en primera instancia el a quo limitó su
análisis a la ocurrencia del defecto fáctico, lo cierto es que, conforme a los
argumentos esbozados por el actor, la Sala entrara a estudiar la posible
configuración además del defecto sustantivo, por desconocimiento de precedente
y de violación directa a la Constitución.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al recurso de
amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los
valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el control de
autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución impone.

La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir unos
requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración
jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía
judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo
subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

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3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

3.4.1.4. El asunto por resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia de los defectos: fáctico, sustantivo, por desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.

3.5. La violación directa de la Constitución Política como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«[…] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros
eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los derechos
fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto se produce
cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un caso concreto;
cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria
a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados superiores,
siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos con
base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar que “el
actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los
preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por
los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial
pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica
indebida e irrazonablemente tales postulados11.»

3.5.1. Análisis del defecto por violación directa de la Constitución en la
providencia del 17 de octubre de 2024

Con respecto al presunto defecto de violación directa de la Constitución, el
accionante se limitó a enunciarlo, sin sustentarlo más allá de citar unos artículos
constitucionales, orientando su argumento a la omisión en la valoración
probatoria y su inconformidad al respecto, sin advertirse que este se haya

11 Corte Constitucional, sentencia T – 587 de 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente:

Alberto Rojas Ríos.

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configurado en la providencia reprochada pues el actor no profundizó en sus
argumentos al respecto, denotándose solamente su desazón frente las
decisiones que no le fueron favorables, sin que se advierta una trasgresión ius
fundamental al debido proceso, a la igualdad o al principio de transparencia
administrativa.

3.6. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa12, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva13, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar
al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después
de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios» 14.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez
que ordinariamente conoce de un asunto.

3.6.1. Análisis del defecto fáctico en la providencia del 17 de octubre de
2024

Para efectos de determinar si existió una interpretación normativa caprichosa o
una valoración probatoria arbitraria es necesario conocer las pruebas que tuvo
en cuenta el ad quem para su decisión, éstas fueron:

«4. Pruebas relevantes para el caso

68. Se relacionaron las siguientes:

1. Siete (7) links de Facebook.
2. Formulario E- 26 ALC del 1 de noviembre de 2023, que declaró la elección
del demandado como alcalde del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo).

12 Corte Constitucional, Sentencia SU-448 de 2016, ver, entre otras, la sentencia T-102 de 2006 M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-915 de 2013
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

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Acción de Tutela
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Accionante: Miguel Ángel Muñoz Gómez

3. Formulario E-24 ALC.47 4. Credencial E-27 de 1 de noviembre de 2023.
5. Formularios E-26 ASA, que da cuenta de la elección de los diputados del
Putumayo.
6. Acta general de escrutinio de elecciones autoridades territoriales de
Putumayo.
7. Catorce (14) imágenes.
8. Tres (3) videos en formato mp4.
9. Formulario E-6 AL, en donde se evidencia la solicitud de inscripción de Miguel
Ángel Muñoz Gómez como candidato a la Alcaldía del municipio de Puerto
Guzmán (Putumayo), por el MAIS.
10. Acuerdo de coalición denominado «de la mano con las comunidades», el
cual tuvo como finalidad avalar, respaldar y apoyar la candidatura de Miguel
Ángel Muñoz Gómez.
11. Acta de Gestión firma del demandado como candidato del MAIS.
12. Formularios E-6 AS, que da cuenta de la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos a la Asamblea Departamental de Putumayo, avalados por el
partido Gente en Movimiento y MAIS.
13. Certificación del 21 de marzo de 2024 por el secretario general del partido
Gente en Movimiento, quien indicó que Miguel Ángel Muñoz Gómez no aparece
en la base de datos como militante activo y tampoco como candidato propio o
coaligado para las elecciones territoriales de 2023.
14. Oficio suscrito el 2 de abril de 2024 por la secretaria general del movimiento
MAIS, quien señaló que Miguel Ángel Muñoz Gómez fue avalado por dicha
colectividad para las elecciones territoriales de 2023 y precisó que el apoyo no
solo es susceptible de darse por acuerdo de coalición, sino también por adición
o apoyo del movimiento que no tenga candidato.»

Del análisis riguroso de las pruebas citadas, sin que se evidencie en la
providencia un sustento irrazonable respecto a estas, la Sección Quinta arribó a
la siguiente conclusión:

«87. Bajo ese entendido y del análisis conjunto de los videos, la Sala concluye
que el demandado, perteneciente al movimiento MAIS sí desplegó actos
positivos y concretos de apoyo en favor de Nolver Jair Figueroa Delgado,
candidato a la Asamblea Departamental de Putumayo por el partido Gente en
Movimiento, toda vez que, a través de videos de carácter político, publicados en
la red social de Facebook, difundió publicidad política del aspirante a la referida
corporación, particularmente su número en la tarjeta electoral y la forma en que
debía marcarse al momento de ejercer el derecho al voto.

(…)

97. En conclusión, del análisis en conjunto del material probatorio aportado al
expediente, para Sala es evidente que el demandado, con su actuar, procuró
por apoyar la candidatura de Nolver Jair Figueroa Delgado, con claras
manifestaciones de apoyo, como lo es la continua publicidad en sus redes
sociales, a su logo y número en la tarjeta electoral, su apariciones públicas y de
su expresión «nuestro candidato», todo con destino a los votantes y lo cual lleva
a la certeza de la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo.»

Así las cosas, de ninguna manera se puede considerar que la decisión adoptada
por la autoridad judicial resulte arbitraria o caprichosa, o que no esté sustentada
en los medios de prueba aportados al expediente; por el contrario, en
consonancia con ellas y basada en los precedentes jurisprudenciales y
normativos que rigen la figura de la doble militancia en modalidad de apoyo
evidenció que el actor incurrió en ella.

En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente en
los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria o
irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.

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Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto fáctico, sino
que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para
la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

Así las cosas, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación de un
mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un defecto
fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para que ello
resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por completo
de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este asunto.

3.7. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»15.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia
de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó,
cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal
o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta
inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación
o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo

15Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

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contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango
de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la
decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y
la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no
produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia
Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador»16.

3.7.1. Análisis del defecto sustantivo en la providencia del 17 de octubre de
2024

Pese a que el actor alegó la existencia de un presunto defecto sustantivo, al
considerar que se dio una interpretación caprichosa de la Ley 1621 de 201317 por
lo que se consideró una prueba expresamente prohibida por la normativa
aplicable, no sustentó como su planteamiento, ni la referida norma, eran
aplicables a su caso concreto y al revisar la disposición legal utilizada como
sustento se advierte que no es aplicable al asunto, por lo que el defecto alegado
deviene inexistente.

Asimismo, lo que se evidenció con respecto al artículo 2º de la Ley 1475 de 2011
fue que contrario a lo planteado por el actor, este si fue aplicado al asunto, como
se expone a continuación:

«3.2. La doble militancia en la modalidad de apoyo

66. Como se expuso, la doble militancia se presenta en diferentes
modalidades, una de ellas, se configura cuando se apoya a un candidato
distinto de la organización política a la cual se pertenece. En esa línea, el
inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 del 2011, define dicha modalidad en
los siguientes términos: Quienes se desempeñen en cargos de dirección,
gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos
políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de
elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos
por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados […].
(Subrayado y negrilla fuera de texto). »

16 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
17
Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos
que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional
y legal, y se dictan otras disposiciones”

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En ese orden de ideas, no tiene vocación de prosperidad el defecto sustantivo
alegado por la parte actora.

3.8. El defecto por desconocimiento del precedente como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del
artículo 4º de la ley 169 de 198618, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por
tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos
anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión». Por tal razón, el mismo
Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el
desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez,
constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
Respecto del precedente vertical19, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.20.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso21.

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único
posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y
salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del
precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera
suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial
que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las
exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá
reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá
efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación22.

3.8.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso
concreto.

El actor alegó inaplicadas las sentencias del Consejo de Estado del 28 de enero
del 2021 con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio y rad. núm.

18 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
19 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
20
Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
21 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
22 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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68001-23-33-000-2020-00015-00 referente al elemento modal de la conducta en
la doble militancia y la sentencia del 26 de enero de 2023 con ponencia del
magistrado Luis Alberto Álvarez Parra con rád.11001-03 28-000-2022-00196-00
referente a los elementos para se configure la prohibición de doble militancia,
pues a su juicio, aplicaban en su caso concreto para demostrar que no se podía
inferir que Miguel Ángel Muñoz Gómez, perteneciente al movimiento MAIS,
ejecutó actos positivos y concretos en favor de Nolver Jair Figueroa Delgado,
como candidato a la Asamblea Departamental de Putumayo por el partido Gente
en Movimiento.

Contrario a lo planteado por el accionante, se observa que la autoridad judicial
accionada en la sentencia objeto de la tutela, si tuvo en cuenta la providencia del
26 de enero de 2023, tal como se observa a continuación:

«67. Al respecto, esta Sección ha establecido que deberán acreditarse los siguientes
elementos para que se configure la doble militancia en la modalidad de apoyo23. En
este contexto, se han identificado los siguientes elementos para su configuración:

a) Sujeto activo: los directivos de los partidos y los candidatos a cargos o curules en
corporaciones de elección popular.

b) Conducta prohibida: la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento, a través
de uno o varios actos positivos y concretos, a favor de un candidato inscrito por una
colectividad distinta a aquel al que se pertenece, salvo los casos en que el partido no
tenga aspirante para el mismo cargo o curul o cuando apoyo al candidato de otra
organización política obedezca a una instrucción del propio partido. Así mismo, se ha
precisado que la conducta prohibida se estructura sobre el apoyo ofrecido, pero no
se extiende al que recibe el candidato cuestionado.

c) Elemento temporal: durante la campaña política, que parte del momento de la
inscripción hasta el día de la elección.»

Por otro lado, en el análisis de la sentencia objeto de censura, la Sección Quinta
respecto a la orientación jurisprudencial sobre la doble militancia señaló:

«Ahora bien, en relación con la prohibición de doble militancia, esta Sala de lo
Electoral reiteró lo sostenido por la jurisprudencia, en sentencia del 10 de marzo de
202224, e indicó que existen 5 modalidades en las que esta se puede configurar, de
las cuales se destaca la que se propone en este asunto:

Mod. Sujeto Conducta Elemento temporal
1. Quienes ostenten Apoyar candidatos Desde el momento en
cargos de dirección, distintos a los inscritos el que la persona
gobierno, por el partido o inscribe su
administración o movimiento político al candidatura hasta el
control o hayan sido o cual se encuentren día de las elecciones.
aspiren ser elegidos afiliados
en cargos o
corporaciones de

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 26 de enero del

2023, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-28-000-2022-00196-00.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 10 de marzo de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil

radicado No. 76001-23-33-000-2019-01141-01.

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elección popular25.

Aunado a lo anterior, con relación al elemento modal de la figura de doble
militancia la Sección Quinta dio aplicación a uno de sus precedentes
jurisprudenciales que expuso de la siguiente forma:

«71. Pues bien, es necesario precisar que, la doble militancia en la modalidad apoyo
proscribe «la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en
cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva
organización política»26. Además, la estructuración de la referida prohibición implica
«la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor del candidato
perteneciente a otro partido político», tal como se indicó en líneas precedentes.

72. Al respecto, se adujo que Miguel Ángel Muñoz Gómez incurrió en la prohibición
referida porque apoyó la campaña política de Nolver Jair Figueroa Delgado,
candidato a la Asamblea Departamental de Putumayo, perteneciente al partido
Gente en Movimiento, pese a que la organización política en la que militaba el
demandado contaba con su lista de candidatos para la referida corporación.»
Negrillas de la Sala

En ese entendido, se observa que la Sección Quinta, como órgano de cierre en
los temas electorales no desatendió los precedentes aplicables, sino que, por el
contrario, aplicó los que en ejercicio de su autonomía consideró que encuadraban
en el asunto.

Por lo anterior, si bien es cierto que en la providencia27 del 28 de enero de 2021
se hizo alusión a que la doble militancia en la modalidad de apoyo era producto
de actos positivos y concretos y que en ese asunto en particular no se configuró,
debe advertirse que las circunstancias fácticas fueron muy distintas a las del caso
del señor Miguel Ángel Muñoz Gómez.

El escenario planteado en la sentencia referida correspondió a un concejal que
simplemente asistió a un acto proselitista, mientras que en el asunto objeto de la
presente acción de tutela las pruebas demostraron la existencia de múltiples
actos positivos y concretos de apoyo, incluidos videos, fotografías y
publicaciones en redes sociales, por lo cual la sentencia invocada, en definitiva,
no era aplicable al caso del actor.

Adicionalmente, esta Sala considera que la providencia cuestionada en esta sede
constitucional contiene una carga argumentativa suficiente y razonable que
condujo a negar las pretensiones de la demanda, en tanto no se trata de una
decisión irreflexiva o arbitraria sino, por el contrario, sustentada de manera
suficiente en la posición jurisprudencial vigente, que debe ser respetada en virtud
de los principios de autonomía e independencia judicial.

25 Inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011. Frente a los candidatos elegidos establece: «los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán
pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la
siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce
(12) meses antes del primer día de inscripciones».
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018

00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
27 Consejo de Estado, sentencia del 28 de enero de 2021, MP Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. núm.
68001-23-33-000-2020-00015-00, referente al elemento modal de la conducta en la doble militancia

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En todo caso, cabe recordar que el máximo órgano constitucional ha expresado
que la tutela contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de
validez del fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo
se justifica si se verifica la existencia de «una actuación ostensiblemente
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas
del derecho al debido proceso»28, lo que no sucede en el caso concreto.

En ese orden de ideas, es preciso confirmar la sentencia proferida por la Sección
Segunda - Subsección B el 17 de enero de 2025, que negó la tutela presentada
por el señor Miguel Ángel Muñoz Gómez, bajo el entendido de que no se
configuraron los defectos alegados por el accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida por la Sección Segunda - Subsección
B del Consejo de Estado del 17 de enero de 2025 que negó la acción de la tutela
promovida por el señor Miguel Ángel Muñoz Gómez bajo el entendido de que no
se configuran los defectos alegados por el actor, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

28 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.

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