Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06226-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
12 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C, doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: JUAN FÉLIX PÉREZ MURCIA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
PRESIDENCIA, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO SECCIONAL DE
LA JUDICATURA DE BOGOTÁ – DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ -
OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL Y JUZGADO TREINTA Y
DOS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra autoridad administrativa y judicial. Derecho
fundamental de petición. Solicitud de desarchivo de proceso
ejecutivo. Carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Juan Félix Pérez Murcia, quien actúa en nombre propio,
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Oficina de
Archivo Central y el Juzgado Treinta y Dos de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante mencionó que actuó como demandado en el proceso ejecutivo
identificado con radicado No. 11001-41-89-032-2018-00921-00, del cual conoció
por reparto el Juzgado Treinta y Dos de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
de Bogotá, en el que se impusieron medidas cautelares de embargo a la cuenta
de ahorros de la entidad bancaria Bancolombia.
Sostuvo que el proceso en mención culminó por acuerdo de pago y, en
consecuencia, se ordenó el archivo del expediente. Sin embargo, a finales del
2023, Bancolombia le indicó que existía retención por la suma de $6.756.271,
concernientes al valor ordenado por la autoridad judicial con la medida cautelar
por medio del oficio No. 20190122.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
Por último, relató que en virtud de lo anterior, el 11 de abril de 2024 pagó el
arancel y solicitó el desarchivo del proceso, para lo cual la autoridad administrativa
contaba con el plazo de sesenta días para dar respuesta a la solicitud, por lo que
el 20 de septiembre de 2024, a través de correo electrónico pidió información
sobre el estado del trámite, sin que a la fecha de presentación de la acción de
tutela se le hubiera otorgado una respuesta.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso, supuestamente vulnerados por la
falta de resolución a la solicitud formulada el 11 de abril de 2024, reiterada el 20
de septiembre del mismo año, por medio de la cual solicitó el desarchivo del
expediente que contiene las actuaciones del proceso ejecutivo con radicado No.
11001-41-89-032-2018-00921-00.
Se refirió a los artículos 23 y 86 de la Constitución Política, así como el artículo 14
de la Ley Estatutaria 1755 de 2015 y citó algunos apartes jurisprudenciales sobre
la protección de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Señor juez: con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas, le solicito a usted respetuosamente, TUTELAR a mi favor los derechos
constitucionales fundamentales invocados, ORDENÁNDOLE a la entidad CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ARCHIVO CENTRAL INFORMACIÓN GENERAL,
que dé respuesta inmediata a mi petición radicada el día veinte (20) de septiembre de
2024.
Como consecuencia de lo anterior, en protección al debido proceso solicito
respetuosamente, se realice el desarchivo del proceso relacionado con radicado No.
2018-921 adelantado ante el JUZGADO TREINTA Y DOS (32) DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTÁ para que este a su vez proceda
al envío de los oficios de levantamiento de medidas cautelares a las entidades
correspondientes”.
4. Trámite procesal
Por auto del 21 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a las autoridades demandadas -
Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Oficina de Archivo
Central y Juzgado Treinta y Dos de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Bogotá-, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a
quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 295041 a
295048 del 22 de noviembre de 2024, con el fin notificar a las partes.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá
5.1.1. El director seccional de administración judicial de Bogotá indicó que por
medio de correos electrónicos remitidos el 22 y 26 de noviembre del presente año,
solicitó al grupo de archivo central que se pronunciara sobre los hechos de la
presente acción y aportara los insumos que le permitieran informar si se atendió la
solicitud del accionante. Agregó que se encuentra a la espera de las gestiones y
verificaciones necesarias para dar cumplimiento al mandato constitucional y legal.
5.1.2. Por medio de oficio allegado el 3 de diciembre de 2024, la entidad manifestó
que en el caso se configura la carencia actual de objeto por hecho superado,
atendiendo que se otorgó respuesta al accionante mediante correo electrónico
remitido el 28 de noviembre de 2024, en el que se informó que el proceso fue
desarchivado y se encuentra a disposición del despacho judicial en el edificio
Hernando Morales Molina.
5.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal pidió que
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y que se vincule al
trámite constitucional a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá.
Sostuvo que conforme con lo dispuesto en los artículos 99 y 103 de la Ley
Estatutaria 270 de 1996, tiene a su cargo la ejecución de las actividades
administrativas de la Rama Judicial necesarias para su funcionamiento, por lo que
en virtud de la “descentralización” de funciones se creó la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, quien para el caso se encuentra a
cargo de la Oficina de Archivo de Bogotá, por lo que es la competente para
resolver lo pretendido por el actor. Agregó que el accionante no presentó alguna
solicitud ante la entidad que este pendiente por resolver.
5.3. Respuesta de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
La magistrada auxiliar de la oficina de la Presidencia pidió que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, que se desvincule del
trámite constitucional, teniendo en cuenta que las acciones que manifiesta la
demandante como vulneradoras recaen en la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, en razón a que solo tiene la custodia del
archivo y de sus actuaciones administrativas, tales como actas, resoluciones,
oficios, circulares y demás.
Indicó que en virtud de la desconcentración de funciones realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura, no es la autoridad competente para proceder con el
desarchivo del expediente, toda vez que las funciones asignadas por el artículo
257 de la Constitución Política y el artículo 85 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, le
corresponde trazar las políticas y direcciones estratégicas que han sido
desconcentradas en diferentes órganos.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
Señaló que el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 contempló que el
cumplimiento del fallo lo debe dar la autoridad que sea responsable de la
vulneración alegada. En tal virtud, precisó que para el caso no es el llamado a
responder, máxime cuando de las pruebas allegadas se tiene que la solicitud fue
remitida al correo electrónico:
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Para terminar, citó una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado en
la que se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la
petición no había sido radicada en el Consejo Superior de la Judicatura.
5.4. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
La presidenta de la corporación solicitó la desvinculación de la solicitud de amparo
por falta de legitimación en la causa por pasiva. Adujo que procedió a verificar con
el personal de la Secretaría si al canal habilitado, esto es,
csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co se había remitido por el accionante alguna
solicitud relacionada con la situación fáctica de la acción de tutela, frente a lo cual
se expidió la certificación No. CSJBTCER24-358 del 22 de noviembre de 2024, en
la que se indica que revisada la base de datos no se encontró ningún escrito
radicado por el actor.
Refirió que según las funciones establecidas para la corporación en el artículo 101
de la Ley Estatutaria 270 de 1996, le corresponde ejercer la vigilancia judicial, sin
que el demandante hubiese promovido dicho mecanismo, por lo que al tratarse de
una solicitud de desarchivo, la misma debe ser objeto de pronunciamiento por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
5.5. Respuesta del Juzgado Treinta y Dos de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Bogotá
El titular del despacho solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda de
tutela. Agregó que conoció del proceso ejecutivo promovido por GM Financial
Colombia S.A. contra el accionante, el cual fue remitido en junio de 2020 al archivo
central en la caja No. 3 para ser archivado y que no existe un soporte digital del
mismo.
Adujo que consultados los memoriales allegados en el transcurso del año, no se
encontró solicitud presentada por el demandante en relación con el desarchivo del
expediente, y conforme con lo narrado en el escrito de tutela es la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, quien debe brindar respuesta al
trámite de desarchivo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
2. Cuestión previa
El Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá solicitaron que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la petición
frente a la cual se reclama el amparo es de competencia de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, quien tiene a su cargo la Oficina
de Archivo Central.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20221 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación
del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, debido a que ante las
mismas no se presentó la solicitud respecto de la cual se alega la supuesta
vulneración del derecho fundamental de petición.
3. Planteamiento del problema jurídico y solución
Le corresponde a la Sala establecer si la Oficina de Archivo Central de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá vulneró al
señor Juan Félix Pérez Murcia los derechos fundamentales de petición y al debido
proceso, al no resolver la solicitud de desarchivo del expediente que contiene las
actuaciones del proceso ejecutivo con radicado No. 11001-41-89-032-2018-00921-
00, formulada por medio de correo electrónico el 11 de abril de 2024, reiterada el
20 de septiembre del mismo año.
La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto porque se acreditó la
configuración de un hecho superado, respecto de las pretensiones formuladas por
el accionante en el curso de la primera instancia2.
4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
1
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
2
Se advierte que se tendrá por fecha de presentación de la solicitud el 11 de abril de 2024,
teniendo en consideración que fue una afirmación indefinida que no fue controvertida por la parte
demandada.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. El señor Juan Félix Pérez Murcia, quien actúa en nombre propio, el 15 de
noviembre de 2024 presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso, los cuales considera vulnerados
por la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, al no haber dado respuesta a la solicitud
formulada el 11 de abril de 2024, reiterada por correo electrónico el 20 de
septiembre de 2024, en la que pidió el desarchivo del expediente que contiene las
actuaciones del proceso ejecutivo radicado bajo el No. 11001-41-89-032-2018-
00921-00.
De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, la Sala
observa que, la parte accionante afirmó que el 11 de abril del presente año solicitó
el desarchivo del expediente ejecutivo con radicado No. 11001-41-89-032-2018-
00921-00 que conoció el Juzgado Treinta y Dos de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Bogotá.
A pesar de que con el escrito de demanda no se allegó prueba de su
presentación, tratándose de un “hecho notorio o una afirmación indefinida”, la
Corte Constitucional ha sostenido que “la carga de la prueba se traslada al emisor
del mensaje “dada la dificultad [para el solicitante o demandante] de demostrar tal
clase de asertos”3. Por lo que se entiende que la solicitud fue presentada en los
términos expuestos por el actor y, como ya lo ha precisado esta Sala4, implica el
ejercicio del derecho fundamental de petición, en tanto de conformidad con el
artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 –Ley Estatutaria del Derecho de Petición–,
“toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición (…), sin que sea necesario invocarlo”.
A su vez, está demostrado que la Oficina de Archivo Central acusó el recibo de la
solicitud y le informó al actor lo siguiente:
“Cordial saludo,
Usted radico solicitud de desarchive con los siguientes datos:
3
Sentencia T-593 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido.
4
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, exp. No. 11001-03-15-
000-2020-04110-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
Proceso No. 110014189032 -20180092100 de GM FINANCIAL COLOMBIA
S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO contra JUAN FÉLIX PÉREZ MURCIA
Según la información por usted suministrada Archivo Central realizara la
búsqueda en el paquete o caja Nro. 3 del año 2022 enviado al Archivo Central
por el Juzgado 32 CIVIL MPAL. PEQUEÑAS CAUSAS
Señor (a) IVONNE SULANY GAITAN RUBIANO le Informamos que la solicitud
de desarchive será remitida al Archivo Central el día siguiente hábil a la
radicación, en adelante cualquier trámite relacionado con la misma, deberá ser
tratado directamente con esa área, que es la encargada de realizar el
desarchive del expediente solicitado.
Así las cosas, si no recibe respuesta de su desarchive en un plazo de 60 días
hábiles, puede solicitar información en la dirección de correo electrónico
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co recuerde que debe adjuntar el
presente correo como evidencia de la radicación de su solicitud”.
El 20 de septiembre de 2024, por medio de correo electrónico enviado a la
dirección: solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, el accionante
pidió información y reiteró la solicitud de desarchivo con radicado SDUE24-
004238, en los siguientes términos:
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, con el
informe rendido a este trámite constitucional, aportó copia de la respuesta
dispensada al demandante el 28 de noviembre de 2024, a los correos
electrónicos: Ivonne.rubiano@live.com y arqfelixperez@yahoo.com, en la cual le
informó lo siguiente:
“Señor(a)
JUAN FÉLIX PÉREZ MURCIA
Cordial saludo,
En atención a la tutela, me permito informar que, revisada la base de datos de
solicitudes radicadas a través del formulario en línea y módulo de radicación física, se
evidencia petición bajo radicado 24-4238 en la cual se solicitó el desarchive del
proceso 11001418903220180092100 del JUZGADO 32 PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ, donde figuran las siguientes partes:
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
DEMANDANTE: GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO, DEMANDADO: JUAN FELIX PEREZ MURCIA.
Por anterior, se procedió a la verificación en bodega Fontibón y luego de realizadas las
labores administrativas de búsqueda, se informa que el proceso fue desarchivado y se
encuentra a disposición del Despacho Judicial.
Así mismo, me permito informar que, el Grupo de Archivo Central realizará el traslado
físico del proceso al edificio Hernando Morales Molina - Carrera 10 No. 14-33 Piso 1, el
día 02 de Diciembre de los corrientes, DONDE DEBERÁ SER RETIRADO POR
PARTE DEL JUZGADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE.
El proceso se entregará única y exclusivamente a servidores del juzgado de
conocimiento, por lo que se solicitará al momento de la entrega carnet o Acta de
Posesión en la que conste que es servidor de dicho juzgado.
Igualmente, se informa que, en caso de requerir el proceso antes de la fecha
mencionada, el Juzgado deberá enviar la solicitud de ingreso relacionando la bodega
donde reposa el proceso al correo: jramireb@cendoj.ramajudicial.gov.co,
registrando los siguientes datos:
• Nombres de Servidor
• Cedula
• Cargo
• Juzgado
• Fecha
• Vehículo
Finalmente, se informa que cumplida la labor administrativa de búsqueda queda la
judicial la cual se encuentra en manos del despacho que tiene conocimiento de su
proceso
Cordialmente,
Ingrid Rodríguez
BODEGA FONTIBON”.
En ese sentido, en virtud de la informalidad de la acción de tutela, el despacho del
magistrado ponente se comunicó de manera telefónica con el Juzgado Treinta y
Dos de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, para constatar que
tal y como lo informó la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá al accionante, el expediente se encuentra desarchivado y a disposición
de esa autoridad judicial para su respectivo trámite. Al respecto, uno de los
funcionarios del despacho judicial indicó que, en efecto, fueron informados por
parte del edificio Hernando Morales Molina que el expediente se encuentra
pendiente de recoger y que dicho trámite se llevaría a cabo el 5 de diciembre de
2024. Asimismo, sostuvo que una vez se cuente con el expediente judicial en
físico se procederá con su digitalización para ponerlo a disposición del
demandante en el menor tiempo posible.
5.2. En ese orden de ideas, verificadas las pruebas documentales que reposan en
el expediente se pudo constatar que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá con ocasión de la presentación de la acción de
tutela resolvió lo solicitado, en el sentido de tramitar el desarchivo del proceso
ejecutivo radicado bajo el No. 11001-41-89-032-2018-00921-00 y ponerlo a
disposición de la autoridad judicial para el trámite correspondiente.
Lo anterior, fuerza a concluir que la pretensión formulada por el demandante,
encaminada a que se ordene a brindar una respuesta a la solicitud presentada el
11 de abril de 2024, reiterada el 20 de septiembre de la misma anualidad, con el
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
fin de que se ordenara el desarchivo del expediente que contiene las actuaciones
del proceso ejecutivo antes referido, se encuentra satisfecha, dado que se
comunicó al actor del trámite del desarchivo del proceso ejecutivo y que el mismo
está a disposición de la autoridad judicial. De este modo, la orden del juez de
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de tutela no surtiría ningún efecto,
pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.
Sin embargo, la Sala no pasa desapercibido que la solicitud de la que se pidió el
amparo data del 11 de abril de 2024, lo que a todas luces permite ver que se
superó el término de quince (15) días previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de
2011, sin que cumplido el mismo se le hubiese indicado al accionante el estado
del trámite y el plazo razonable para brindar una respuesta, en virtud de lo
consagrado en el parágrafo de la referida disposición normativa. Si bien la
demandada sostuvo que en un término de sesenta (60) días daría respuesta, lo
cierto es que ello no está previsto en un procedimiento especial y, en
consecuencia, desconoce el plazo concedido por el legislador. Por esas
circunstancias, se encuentra necesario prevenir a la autoridad para que, en lo
sucesivo, resuelva las peticiones teniendo en consideración el límite temporal
previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20195, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su
eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito
de protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho
que motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la
inocuidad de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada
ha dejado de desconocer”6.
5
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
6
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una
orden al respecto”7.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”8.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
configurarse un hecho superado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- DESVINCULAR de la acción de tutela al Consejo Superior de la
Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Segundo.- DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado en la acción de tutela promovida por el señor Juan Félix Pérez
Murcia, quien actúa en nombre propio.
Tercero.- PREVENIR a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá para que, en lo sucesivo, resuelva
las peticiones teniendo en consideración el límite temporal previsto en el artículo
14 de la Ley 1437 de 2011.
Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
7
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
8
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06226-00
Demandante: Juan Félix Pérez Murcia
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.