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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06229-00

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06229-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 19 Núm. único de radicación: 110010315000202406229-00 Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la actora contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06229-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406229-00
Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar
Demandada: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla1

Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a cargos públicos y ii) debido
proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202406229-00
Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, porque, a su juicio, con ocasión a las presuntas irregularidades al expedir las
Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y EJR24-1432 de 6 de
noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos adelantado dentro de la
Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial, vulneró
sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, “[…] Me encuentro participando en el concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria 27),
convocado en desarrollo de la cláusula constitucional que obliga a que el servicio
público se posesione por sistema de méritos contenida en el Art. 125 superior,
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018. Concurso en el que
actualmente se desarrollan las fases a cargo de la Escuela, producto de lo cual,
recientemente se surtió la subfase general del curso concurso de formación judicial
(IX curso de formación judicial) y el 16 de noviembre de 2024 iniciará la subfase
especializada […]”.

4. Señaló que, “[…] Los resultados de las evaluaciones aplicadas para la subfase
antes referida, fueron publicados en la plataforma de la accionada; para lo cual,
esta expidió la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y su anexo. Decisión
que para mi caso fue repuesta parcialmente, en cuanto al resultado obtenido, a
través de la Resolución No. EJR24-1432 del 6 de noviembre de 2024, la que me
fue notificada el 8 de noviembre de 2024 […]”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202406229-00
Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

5. Indicó que, “[…] al revisar mi evaluación en la etapa de exhibición, observé
que todas las preguntas estaban marcadas; por lo cual solicité el video, petición
que nunca fue contestada de fondo. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] 1.- TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza
legitima, la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada que en un
término improrrogable de 48 horas:

1.1. EXPIDA un acto administrativo en el que: i) Resuelva de fondo, con enfoque y
perspectiva de género, el recurso de reposición presentado contra la resolución
EJR21-298 del 21 de junio de 2024, corregida mediante la resolución EJR24-317 del
28 de junio de 2024, respondiendo uno a uno los reparos planteados frente a cada
pregunta. ii) Me otrogue los puntos por las preguntas que relacione en la parte motiva
de este escrito de tutela y los demás sobre los que no se pronunció de fondo, con lo
cual logro superar los 800 puntos para continuar en el concurso. iii) Resuelva de
fondo los derechos de petición que presenté solicitando los videos de las grabaciones
de las pruebas del 19 de mayo y 2 de junio de 2024. Ii) DISPONGA mi inclusión
definitiva en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX
curso de formación judicial).

1.2. Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que
se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso
concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez
ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los resultados
de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.

Para ello, pido tener en cuenta las misma razones que expuse frente a la medida
provisional solicitada, pues lo pedido no resulta oneroso para la autoridad accionada,
dado que ya tiene contratada la subfase especializada para la totalidad de los
dicentes que iniciamos la subfase general; es decir, incluirme provisionalmente en la
subfase especializada, no implica para la accionada realizar una contratación
diferente a la existente ni un desembolso o afectación presupuestal distinto a lo ya
previsto.

Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso ordinario,
la autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo aquí pedido; situación
que no ocurriría si mis reclamos son aceptados —como estoy convencido que son—
y para ese momento no he realizado la subfase especializada, pues me causaría un
perjuicio, dada la posición desigual y desventajosa en la que quedaría frente a los
concursantes que inician dicha subfase el próximo 16/11/2024, dadas las
consecuencia que ello trae frente a la conformación del registro de elegibles.
Téngase en cuenta que, la subfase especializada será evaluada a más tardar el 30

2 Transcripción literal del texto.

4

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Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

de julio de 2025, término que, conforme a las reglas de la experiencia es muy inferior
al de duración razonada del proceso ordinario que instauraría si no se accede a mi
pretensión principal […]”.

6.1 . Como fundamento de su solicitud consideró que3:

“[…] Con la Resolución EJR24-1432, se me reconoció un resultado de 741 puntos,
habiendo aceptado el error la entidad en 15 preguntas; no obstante, respecto de
muchas otras no se pronunció de fondo de cara a los reparos planteados en mi
recurso. Es más, por ejemplo, sobre los reparos de las preguntas 12, 14 y 18 de la
jornada de la tarde del 02 de junio de 2024, ni siquiera se pronunció de manera
general.

QUINTO. Además, existe un importante número de preguntas que no se ajustan a
los propósitos de la evaluación indicados en el acuerdo pedagógico que rige el IX
curso de formación judicial, tales como: preguntas que fueron calificadas sin tener en
cuenta la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial ni el
desarrollo de competencias sobre la función judicial, ni la interpretación de textos
jurídicos ni la lógica del razonamiento para la solución de problemas jurídicos ni los
rangos de lecturas obligatorias, entre otros aspectos.

Preguntas que, de ser necesario discutiré judicialmente en sede ordinaria, dado que
la sede administrativa se agotó con la expedición de la Resolución EJR24-1432, tal
y como queda claro en el ordinal cuarto de dicha resolución. Sin embargo, espero
que ello no sea necesario, pues de resolver de fondo mi recurso la escuela debería
caer en cuenta de lo protuberante que resulta la violación a mis DDFF el no reconocer
muchos de los errores evidenciados […]”.

[…]

“[…] Algunos de los reparos también son: Ilegalidad en la ejecución del taller. En el
Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, se definió que dentro de las actividades objeto
de evaluación de la subfase general, se aplicaría un taller virtual, el que se definió
así: “Esta actividad pretende que el discente realice una capacitación intensiva y
práctica del programa. El taller virtual tiene un peso de 60 puntos sobre 125 del
programa”; además se dijo: “Las actividades objeto de evaluación buscan valorar la
apropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial por parte de cada
discente.” (Negrita subrayada fuera del original) […] La ejecución de IX Curso de
Formación Judicial, atentó contra la legalidad, pues documentos académicos
modificaron entre otras cosas las formas de evaluación, entre ella el concepto de
taller […]”.

[…]

“[…] Como se ve, al desarrollar las formas en que se ejecutó este tipo de evaluación,
no se corresponde con la definición dada en el Acuerdo Pedagógico. El taller, como
se practicó y evalúo, no capacita intensivamente; únicamente evalúa a través de
actividades que no son prácticas como “asociación de palabras, selección de texto,
arrastrar respuesta, escoger palabra, elegir opción y test multi-respuesta”.
Exclusivamente evalúo la memoria textual de 200 textos. Afirmación que soporto con
el dictamen que aporto […]”.

[…]

3 Transcripción literal del texto.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202406229-00
Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

“[…] Son muchos los reparos que existen frente al proceso de formación y al
instrumento de evaluación, pero lo ocurrido con las evaluaciones denominadas taller
ponen en duda la legalidad y construcción de 480 puntos. Cabe resaltar que la en
estas preguntas solo se midió la memoria textual de lecturas que debía leerse entre
diciembre de 2023 y mayo de 2024. Pero fue una única evaluación un día en mayo y
otro día en junio, lo cual es antipedagógico y contrario a lo ocurrido en los anteriores
cursos donde se ha evaluado módulo por modulo […] Cambio de evaluaciones
parciales a evaluaciones acumuladas, que atendaron contra la legalidad
reglamentaria del IX Curso de Formación Judicial […]”.

[…]

“[…] mencioné en el recurso que no alcancé a llenar los espacios en blanco debido
a que la plataforma no me dejó entrar al principio y perdí algo más de media hora y,
presumiendo la buena fe de la entidad, pensé que repondrían el tiempo, lo cual no
sucedió. Fue así como a las 12m en punto se cerró la plataforma quedando sin
responder esas últimas preguntas del taller que son las que más puntos suman.
Debido a esto en los chats solicité reposición del tiempo pero no me dieron una
respuesta favorable. Extrañamente en la exhibición vi los espacios diligenciados, por
lo que solicité los videos y la revisión de los mismos, así como aporté pruebas de los
chats en los que se evidencia que la plataforma no me estaba dejando entrar. Sobre
estas pruebas aportadas, la solicitud de los videos y demás reparos, no se pronunció
la entidad […] muchos de los reparos contra las diferentes preguntas y sus claves de
respuesta no fueron resueltos por la accionada al momento de resolver el recurso
[…]”.

[…]

“[…] Adicionalmente, la entidad no resolvió el recurso aplicando el enfoque y
perspectiva de género, tal como se solicitó en el escrito del recurso. Esto, por cuanto
es evidente que la entidad accionada utilizó un formato general y no se detuvo a
analizar con enfoque y perspectiva de genero, propendiendo por ofrecer un trato
especial y diferenciado, los reparos que formulé a través del escrito, a pesar de que
en el escrito solicité que se diera aplicación a ello, teniendo en cuenta mi condición
de mujer que estuvo en embarazo durante todo el curso, desde su inicio hasta el
final, lo cual me ubicó en una situación de vulnerabilidad y desventaja frente a otros
concursantes […]”.

[…]

“[…] La sede administrativa para defender mis derechos ante la entidad pública se
cerró el viernes 8 de noviembre y a partir de ahora tengo 4 meses para demandar
ante el juez ordinario, sin embargo el IX Curso se reinicia el 16 de noviembre por lo
que en una semana el estado me impuso la carga de contratar abogado, redactar
una demanda de esta complejidades y lograr que el Juez administrativo conceda una
medida cautelar de urgencia […]”.

6.2. La actora cuestionó la evaluación de las preguntas núm. 79, 80, 83, 84
realizadas dentro de la prueba que presentó el 19 de mayo de 2024 en la jornada
de la mañana, y las preguntas núm. 12, 14, 18, 77, 83 de la prueba realizada ese
mismo día, pero en la jornada de la tarde. Al respecto, precisó que “[…] Con las
anteriores preguntas logro superar los 800 puntos necesarios para continuar,

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Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

aunque en realidad, como indiqué en precedencia, son muchos otros reparos contra
muchas otras preguntas que se dejaron sin resolver por la escuela en el acto que
se pronunció sobre el recurso […]”.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de noviembre de 2024: i)
admitió la demanda; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la
Judicatura y a la Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; y iii) vinculó,
como terceros con interés legítimo a la Unidad de Administración de Carrera
Judicial y a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo
núm. PCSJA18 11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe
sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó declarar la improcedencia de
la solicitud de tutela o, en su defecto, negarla, al considerar lo siguiente:

“[…] Respecto del principio de subsidiariedad, es preciso recordar que en todo
concurso de méritos los aspirantes cuentan con medios de defensa judicial idóneos
y eficaces para reprochar los actos administrativos proferidos en el marco de dicho
proceso.

En ese sentido, de entrada, se puede colegir, a propósito del proceso de selección y
convocatoria al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial, reglamentado por el Acuerdo PCSJA18-11077, del 16 de agosto
de 2018, que la tutela no es procedente para solicitar la protección de los derechos
fundamentales que la accionante considera vulnerados, pues, para tal fin, cuenta con
los mecanismos idóneos y eficaces consagrados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Cuenta, en
efecto, con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como
con la posibilidad de solicitar al juez contencioso la adopción de medidas cautelares
[…]”.

[…]

“[…] En el caso bajo estudio, la accionante no superó la prueba de la Subfase General
del curso–concurso, es decir, obtuvo un puntaje por debajo de 800 puntos. El acto
administrativo que estableció los resultados de la evaluación fue la Resolución
EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la cual fue susceptible del recurso de reposición
dentro del interregno del 15 de julio de 2024 al 26 de julio de 2024 […]”.

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Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

[…]

“[…] A través de la Resolución EJR24-1432 del 6 de noviembre de 2024, se resolvió
el recurso de reposición incoado por la actora contra la Resolución EJR24-298 del
21 de junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024.
En dicha resolución, se verificó la procedencia del recurso, se analizaron los motivos
de inconformidad. Ese acto administrativo reviste el carácter de definitivo, por lo cual
no procede recurso alguno frente a él en sede administrativa. Sí, en cambio, en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La Resolución EJR24-1432 del 6 de noviembre de 2024 resolvió de manera especial
los motivos de inconformidad específicos frente al contenido del cuestionario aplicado
en las jornadas de evaluación de la Subfase General del IX Curso de Formación
Judicial.

Igualmente, recuérdese que la Resolución No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024
(“por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso
de Formación Judicial Inicial”) es el acto definitivo para aquellos que no superaron la
Subfase General, toda vez que ha quedado en firme. Por ello, se insiste que le
correspondería a la tutelante hacer uso de los medios de control dispuestos por la
Ley 1437 de 2011 para atacar dicha decisión, verbigracia, por medio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, aún más, cuando en el marco de este medio
de control existe la posibilidad por parte de la actora de solicitar medidas cautelares,
que pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión […]”.

[…]

“[…] En este orden, no se configura un perjuicio irremediable para la participante ni
una vulneración flagrante a sus derechos fundamentales por cuanto, se reitera, 1)
presentó recurso de reposición contra el acto administrativo que definió los puntajes
de la prueba de la Subfase General del curso–concurso. 2) Su recurso fue atendido
y resuelto de conformidad con la ley, el Acuerdo de Convocatoria y el Acuerdo
Pedagógico. 3) En la resolución se resolvieron los motivos de inconformidad con
respecto al cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación de la Subfase
General. Así pues, 4) no se advierte una vulneración a ningún derecho fundamental,
por lo que no sería plausible considerar la existencia de un perjuicio irremediable,
cuando se ha actuado de conformidad a derecho, teniendo en cuenta sus derechos
y garantías, en atención a la ley y los acuerdos referidos, que gozan de legalidad y
son vinculantes tanto para los discentes como para la Administración […]”.

[…]

“[…] Finalmente, respecto del argumento sobre el enfoque y perspectiva de género
por encontrarse en estado de embarazo, es importante resaltar que durante la
inscripción, los concursantes debían efectuar manifestación sobre las circunstancias
especiales, si las hubiera, con los respectivos soportes, y en el caso que estuviesen
relacionados con la salud debieron ser acreditadas y validadas por la EPS a la que
se encuentre afiliado el discente. El Acuerdo ut supra manifestó que no serán
consideradas las manifestaciones de circunstancias especiales que se informen con
posterioridad a la inscripción, a menos que se tratase de un hecho sobreviniente.

Una vez examinada nuestra base de datos, se observa que la discente no manifestó
su circunstancia especial en ningún momento, por ende, la Escuela Judicial no tenía
conocimiento de dicha condición.

En este orden de ideas, no se advierte la vulneración a los derechos fundamentales
alegados por la actora […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406229-00
Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

9. La Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó su desvinculación al
considerar que “[…] a la accionante no se le han vulnerado sus derechos
fundamentales por parte de esta Unidad en tanto no ha intervenido en el desarrollo
del Curso de Formación Judicial ni tiene relación alguna con la aplicación del
instrumento evaluativo a cargo de la Escuela Judicial […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

10. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

11. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

12. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406229-00
Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

13. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

14. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).

7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406229-00
Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

15. La Sala advierte que la Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó
su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva.

16. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue vinculada al proceso de
tutela de la referencia como tercero con interés, de conformidad con los artículos
85, 160, 162 y 174 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 9, es decir que a dicha
entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

17. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial le asiste interés en la decisión de tutela que esta
Sala profiera.

18. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto de la Unidad de Administración
de Carrera Judicial.

Problemas jurídicos

19. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, y
de ser así, ii) establecer si la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con ocasión a las presuntas
irregularidades al expedir las Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio de 2024
y EJR24-1432 de 6 de noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos
adelantado dentro de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en
la Rama Judicial, vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora.

9 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406229-00
Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

20. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos; ii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a cargos públicos; iv) análisis del caso concreto, y finalmente v) las conclusiones de
la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos

21. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral
1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control
de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad10
si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó la Constitución
Política.

22. En ese sentido, la jurisprudencia11 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:

“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela,
salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y
pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo caso las
acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber caducado al
momento de interponerse la acción de tutela.

[…]

“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho

10 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el
juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la
inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente
[…]”.

23. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 200312, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala)

24. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

25. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

12 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

26. Atendiendo a que, la Corte Constitucional13 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a cargos públicos

27. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.

[…]

“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.

13 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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28. Atendiendo a que la Corte Constitucional14 ha entendido que entran dentro
del ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que
han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo15, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos16, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos17, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.

Análisis del caso concreto

29. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, porque, a su juicio, con ocasión a las presuntas irregularidades al expedir las
Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y EJR24-1432 de 6 de
noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos adelantado dentro de la
Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial, vulneró
sus derechos fundamentales invocados supra.

30. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

31. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
15
Sentencia T-309 de 1993.
16
Sentencia T-313 de 2006.
17 Sentencia T-451 de 2001.

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Acervo y análisis probatorios

32. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

32.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.

32.2. Informe rendido por la autoridad accionada, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

Análisis de la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
en el caso concreto

33. En el caso sub examine, la actora afirma que la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla vulneró
sus derechos fundamentales con ocasión a las presuntas irregularidades al expedir
las Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y EJR24-1432 de 6 de
noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos adelantado dentro de la
Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

34. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer, como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad de los actos administrativos
referidos por la actora, con los cuales, en su sentir, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

35. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico
colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la
legalidad de los actos administrativos y a través de ellos se puede proteger de forma
oportuna e inmediata los derechos fundamentales que la actora considera le han
sido vulnerados.

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36. En segundo lugar, para demandar dichos actos administrativos, a saber, las
Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y EJR24-1432 de 6 de
noviembre de 2024, expedidas por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el legislador estableció en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los
respectivos medios de control, entre ellos, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

37. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió […]”.

38. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que las pretensiones de la
actora relacionadas con que se “[…] EXPIDA un acto administrativo en el que
Resuelva de fondo, con enfoque y perspectiva de género, el recurso de reposición
presentado contra la resolución EJR21-298 del 21 de junio de 2024 […]”, debe
analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad de dichos actos
expedidos, en este caso, por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

39. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores18
que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado.

40. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes

18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García

González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.

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Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
cautelares incluso de urgencia19, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte
una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva.

41. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección20 ha señalado que
aun cuando la actora considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.

42. La Sala precisa que, si bien la actora en su escrito de tutela hizo referencia a
que la “[…] entidad no entregó los videos de las grabaciones de la evaluación para
poder corroborar las respuestas seleccionadas, toda vez que considero muchas
fueron modificadas […]”, esto hace parte de las presuntas irregularidades que a su
juicio se dieron frente a la expedición de las Resoluciones núms. EJR24-298 de 21
de junio de 2024 y EJR24-1432 de 6 de noviembre de 2024, dentro del concurso de
méritos adelantado dentro de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de
carrera en la Rama Judicial; por lo que corresponde igualmente al juez ordinario el
respectivo análisis, previo al cumplimiento de los requisitos legales.

43. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que la actora no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.

44. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional21:

19 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
20 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de

2015).
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Actora: Eliana Mildreth Ninco Escobar

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.

45. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que
la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.

46. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, existe
otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados, antes de
acudir a la acción de tutela.

Conclusiones de la Sala

47. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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