Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06230-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06230-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06230-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06230-01
Accionante: Sistema Integrado de Transporte S.A. - SI99 SA
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera.
Tema: Acción de tutela contra sentencia de unificación dictada en recurso
extraordinario de anulación de laudo arbitral. CONFIRMA
IMPROCEDENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El Sistema Integrado de Transporte S.A (en adelante SI99 SA), a través de
apoderado, pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, con la sentencia del 14 de marzo de
2024 proferida en el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral con
radicado 11001-03-26-000-2022-00173-00.
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HECHOS
Expresó que el 19 de abril de 2000 celebró con Transmilenio S.A. el Contrato de
Concesión 001, mediante el cual otorgó la explotación del servicio de Transporte
Público de Bogotá en las condiciones allí estipuladas, cuyo plazo fue extendido
unilateralmente por dicha sociedad, quien, además, modificó también
unilateralmente, la fórmula de remuneración del contratista.
Que en el 2019, una vez concluida la extensión del plazo, instauró demanda arbitral
en contra de Transmilenio S.A. por considerar que el cambio de la fórmula de
remuneración alteró el equilibrio económico del Contrato.
Que el 11 de julio de 2022 el Tribunal de Arbitraje, entre otras decisiones, declaró
la existencia del desequilibrio económico del contrato a su favor, por lo cual
Transmilenio S.A. interpuso recurso extraordinario de anulación, bajo el argumento
de que los árbitros no tenían competencia para pronunciarse sobre el asunto, en
tanto realizaron un examen de legalidad sobre los actos administrativos expedidos
en ejercicio de facultades excepcionales.
Que el 14 de marzo de 2024 el Consejo de Estado, Sección Tercera, anuló
parcialmente el laudo arbitral porque determinó que los litigios que versaran sobre
las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones
y los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales, para
mantener el equilibrio inicial, conllevan un juicio de validez y legalidad sobre el
ejercicio de la función administrativa y no solamente sobre sus efectos económicos,
por lo que los árbitros carecían de jurisdicción para pronunciarse sobre ellas.
Que Transmilenio S.A. solicitó la aclaración de la sentencia, en relación con los
alcances de la anulación parcial del laudo y el 23 de mayo de 2024 dicha Sección
negó la solicitud.
Considera que la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la
Constitución, porque transgredió el artículo 116 superior, el cual habilita a los
árbitros para que transitoriamente administren justicia en los términos de la Ley
1563 de 2012 y se pronuncien sobre las consecuencias económicas de los actos
administrativos. También el derecho fundamental de acceso a la administración de
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justicia consagrado en el artículo 229, porque eliminó la potestad del Tribunal
Arbitral, que ya había decidido de fondo el asunto, para retrotraer todo a la
incertidumbre de un nuevo proceso, pero a cargo de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Afirma que con ello se afecta gravemente su derecho al debido proceso por tres
aspectos que impiden su defensa: i) la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual no interpuso en su momento porque no tenía
la intención de cuestionar la validez del acto administrativo; ii) en atención a la
naturaleza de justicia rogada del proceso, se restringirían sus oportunidades de
defensa; y iii) la remisión procesal imposibilita una reforma de la demanda.
Que con la sentencia discutida se incurrió en un defecto sustantivo, porque se
fundamentó en la Sentencia C-1436/00 de la Corte Constitucional, en la cual se
aludió al alcance de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, pese a que estos
fueron derogados expresamente en la Ley 1563 de 2012, y con esa desatención se
omitió la habilitación expresa contenida en el artículo 1 de esta última Ley.
Que incurrió la providencia en desconocimiento del precedente judicial, porque se
ignoraron los pronunciamientos vinculantes del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, en los que se ha señalado que los tribunales arbitrales pueden
conocer sobre los efectos económicos de los actos administrativos, sin que ello
implique la valoración de su legalidad. Aludió a la Sentencia SU-174/07, en la que
se precisó y actualizó el alcance de la Sentencias C-1436/00, sentencia del 8 de
noviembre de 2012 dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
expediente 36.709; y a la sentencia del 10 de junio de 2009 de la referida Sección.
Que también incurrió en un defecto procedimental absoluto, puesto que se
pronunció sobre la falta de jurisdicción del Tribunal Arbitral, pese a que el recurrente
solo alegó su ausencia de competencia, con lo cual desconoció el principio
dispositivo que obliga al juez a ceñirse a lo alegado en el recurso.
PRETENSIONES
Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 14 de marzo de 2024 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso con radicado 68.994 y que
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se ordene proferir una nueva decisión, en la que atienda a los artículos 116
constitucional y 1 de la Ley 1563 de 2012, respecto de la competencia de los árbitros
para conocer controversias derivadas de las consecuencias económicas suscitadas
por la ejecución de actos administrativos contractuales proferidos en ejercicio de las
potestades excepcionales.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Se admitió la acción el 19 de noviembre de 2024, se vinculó al Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, al Tribunal Arbitral del Sistema
Integrado de Transporte SI99 S.A., vs Empresa de Transporte del Tercer Milenio
Transmilenio S.A. y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, como terceros con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Sección Tercera del Consejo de Estado, por intermedio de la magistrada
ponente de la sentencia cuestionada, afirmó que se trata de una sentencia de
unificación, por lo cual el estudio en sede de tutela debe ser especialmente riguroso,
porque la acción de tutela no se instituyó para debatir las tesis unificadas de las
altas cortes ni como una instancia adicional al proceso ordinario, máxime cuando
estas guardan coherencia con el ordenamiento jurídico.
Que la cita de la Sentencia C-1436/00 no implicó vulneración de los derechos
fundamentales del actor, puesto que allí se trazó una doctrina constitucional acerca
de las potestades de los árbitros en esta materia, por lo que cualquier interpretación
que hiciera la Sala debía estar conforme con ese marco constitucional y
jurisprudencial.
Que tampoco desconoció la Ley 1563 de 2012, pues esta no confirió a la justicia
arbitral facultad para pronunciarse frente a la validez de ese tipo de actos. Que así
los sostuvo la Corte Constitucional en las sentencias C-457/15 y C-045/17 y que la
Sala, en ningún momento, sostuvo que los árbitros carecen de competencia para
conocer sobre los efectos económicos de los actos administrativos excepcionales,
sino que precisó que esa revisión no podía adentrarse en su legalidad.
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Que en la decisión no se reprochó a SI99 S.A que no hubiera elevado la pretensión
de nulidad en contra de los actos de modificación unilateral, sino el hecho de que el
Tribunal Arbitral adoptara sus determinaciones a partir de una transformación de los
componentes de la fórmula establecida para calcular la nueva remuneración del
concesionario, lo que se convirtió en una manera de controvertir su legalidad.
Que tampoco incurrió en desconocimiento del principio dispositivo, debido a que
jurisprudencialmente, inclusive desde el 2016, se ha reconocido que, al margen de
la denominación formal que le confiera el recurrente, cuando los argumentos
expresamente planteados en el recurso se enmarquen en una causal específica de
anulación de las que trata el artículo 41 del Estatuto Arbitral, será procedente su
examen.
Afirmó que la determinación adoptada no fue arbitraria ni desatendió la ley o limitó
la autonomía de la voluntad, pues fue el resultado de una revisión juiciosa y
coherente de la normativa que regula el arbitramento en Colombia, de conformidad
con la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Tribunal Arbitral constituido para conocer la controversia promovida entre
SI99 S.A y Transmilenio S.A., por conducto de sus exintegrantes, manifestó
remitirse a lo expresado en las decisiones adoptadas en el trámite arbitral, las que
considera plenamente ajustadas a derecho.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
a través de la magistrada que actualmente tramita el proceso de controversias
contractuales con el radicado 25000-23-36-000-2024-00439-00, en atención a lo
ordenado en la sentencia objeto de esta acción, informó que el 15 de noviembre de
2024 el expediente ingresó al despacho para resolver sobre la admisión de la
demanda, cuyo estudio se realiza actualmente y solicitó declarar la inexistencia de
transgresión de derechos fundamentales por su parte.
Transmilenio S.A., sostuvo que la consecuencia otorgada por la autoridad judicial
accionada a la decisión que adoptó no es otra que la prevista en el artículo 43 de la
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Ley 1563 de 2012 para esa clase de anulaciones, por lo que no se creó un nuevo
procedimiento.
Los señores David Yaya Narváez y Andrés Martínez Vallejo intervinieron para
coadyuvar a la parte accionante, por lo que solicitaron acceder a la tutela.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 12 de diciembre de 2024 la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción porque consideró que carecía de relevancia constitucional.
En tal sentido expresó que lo planteado por el actor es una inconformidad con la
decisión cuestionada en relación con la interpretación que se dio por parte del
órgano de cierre respecto a las facultades jurisdiccionales de los árbitros,
providencia en la que se tuvo en cuenta el precedente invocado como desconocido
y las normas en las que fundó los defectos sustantivos y violación directa de la
Constitución.
Que lo anterior evidencia que su pretensión es utilizar esta acción como una
instancia adicional en la que se analicen los artículos 116 de la Constitución y 1 de
la Ley 1563 de 2012, con el fin de que se establezca que en su caso el Tribunal de
Arbitramento tenía competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la
Resolución 589 de 2017 y la que la confirmó, en relación con el presunto
desequilibrio económico que generó dicha decisión.
En cuanto al defecto procedimental absoluto por omisión del principio dispositivo,
señaló que el recurso de anulación del laudo arbitral se sustentó en la causal del
numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que prevé la caducidad de la
acción, la falta de jurisdicción o de competencia, por lo cual ese cargo recae en una
mera inconformidad con la forma en que se abordó el fundamento de dicha causal.
Concluyó que los desacuerdos propuestos debían ser más rigurosos, dado que lo
que se pretendió cuestionar es una sentencia unificadora del órgano de cierre, por
lo cual los yerros debían construirse en el marco de la vulneración de los derechos
fundamentales supuestamente conculcados, pese a lo cual los reproches del actor
se circunscribieron a meras conjeturas.
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IMPUGNACIÓN
SI99 S.A impugnó la sentencia, reiterando lo argumentado en el escrito inicial
acerca de un desconocimiento del artículo 1 de la Ley 1563 de 2012 y del artículo
116 de la Constitución y la vulneración de derechos fundamentales; indicando que
en el escrito de tutela acreditó dicha vulneración lo cual, a su juicio, se refuerza con
los salvamentos de voto a la sentencia discutida y lo expresado por los terceros
intervinientes en esta acción.
Se refirió nuevamente a los defectos endilgados a la providencia, afirmando que
cumplió con la carga argumentativa exigida en la jurisprudencia constitucional para
cuestionar las providencias judiciales proferidas por altas cortes.
Insistió en que lo planteado es una cuestión de relevancia constitucional y no un
asunto meramente económico o legal, en tanto pretende que se preserve la
competencia de los tribunales de arbitramento para resolver las controversias
relativas a los efectos económicos de los actos administrativos contractuales
expedidos en ejercicio de las potestades excepcionales.
Dijo que la regla jurisprudencial establecida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado tiene implicaciones de gran relevancia constitucional y va más allá de la
vulneración ius fundamental en el caso concreto, ya que no solo redefine el alcance
de la jurisdicción arbitral en Colombia, sino que altera el marco normativo que
protege el arbitraje.
Que en la decisión recurrida se analizó un único cargo consistente en el
desconocimiento del precedente, pero este fue resuelto con base en citas que no
se hicieron en la providencia censurada, sino en uno de los salvamentos de voto, el
cual precisamente reprochó la decisión mayoritaria, lo que evidencia la necesidad
de acceder a las pretensiones y que el juez colegiado de primera instancia no
analizó realmente los argumentos de disenso.
Que tampoco se tuvieron en cuenta los argumentos planteados en los salvamentos
de voto, pese a que debió hacerlo, no solo por la investidura de quienes los
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suscribieron, sino por las consecuencias que se derivan de la regla jurisprudencial
adoptada,
Afirmó que la primera instancia incurrió en error técnico al definir que no iba a
estudiar la tutela, y a pesar de ello analizar y descartar el defecto procedimental
absoluto, pues olvidó que las causales de anulación son taxativas y restrictivas y
que su interpretación extensiva comprometería la seguridad jurídica y la cosa
juzgada en materia arbitral.
Que en la sentencia recurrida también se pasó por alto la diferencia entre la falta de
competencia y jurisdicción, pues mientras la primera depende del acuerdo entre las
partes sobre las materias sometidas al tribunal arbitral, la segunda se refiere a la
habilitación legal de los árbitros para decidir sobre asuntos de libre disposición, con
lo cual la autoridad judicial incurrió en un error conceptual grave. Que además se
desconoció el precedente fijado en la Sentencia SU-174/07 de la Corte
Constitucional, en la cual se establecían los lineamientos sobre la materia, y, en
cambio, se fundamentó en la Sentencia C-1436/00, sin tener en cuenta las
decisiones posteriores ni la derogación de las normas allí analizadas.
Que se desconoció igualmente la autonomía del legislador para configurar el
ordenamiento jurídico arbitral y restringió la competencia de los árbitros, dejando sin
efectos el correspondiente apartado del artículo 1 de la Ley 1563 de 2012, de
manera arbitraria y atribuyéndose facultades de la Corte Constitucional y del propio
Congreso de la República.
Solicitó que se tengan en cuenta las pruebas e informes obrantes en el expediente,
con especial atención a los salvamentos de voto emitidos frente a la sentencia
objeto de esta acción, y se acceda a las pretensiones.
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordarán las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
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Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/05 2.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se
dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre,
su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente
pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
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Caso concreto
El recurrente afirmó que el asunto sí tiene relevancia constitucional, como lo explicó
en el escrito de tutela y lo ratifican los informes rendidos y los salvamentos de voto
a la sentencia objeto de esta acción, e insistió en la configuración de los siguientes
defectos en la sentencia del 14 de marzo de 2024 proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado: i) violación directa de la Constitución, por
la transgresión del artículo 116 superior; ii) sustantivo, debido a la vulneración del
artículo 1 de la Ley 1563 de 2012, con ocasión de la aplicación de la Sentencia C-
1436/00 de la Corte Constitucional; iii) desconocimiento del precedente judicial,
concretamente de las sentencias SU-174/07 de la Corte Constitucional y del 8 de
noviembre de 2012, expediente 36.709 y del 10 de junio de 2009 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado; y iv) defecto procedimental absoluto, por decidir
sobre la falta de jurisdicción, pese a que esta no fue planteada por el recurrente.
A esta Sala corresponde, entonces, en primer lugar, verificar el cumplimiento del
requisito general de la relevancia constitucional, el cual no se encontró cumplido en
primera instancia, pues solo de hallarse satisfecho, junto con las demás exigencias
generales de procedibilidad, sería procedente el estudio de los reparos expuestos.
Al respecto, se advierte que tal como se dijo en primera instancia, el asunto carece
de importancia constitucional, veamos.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la sentencia discutida en esta
sede, evidenció que se configuró la causal de falta de jurisdicción, debido a que, a
su juicio, el Tribunal de Arbitramento, no tenía la potestad para efectuar un estudio
de legalidad de los actos administrativos de modificación unilateral del contrato de
concesión, esto es, las resoluciones 589 y 691 de 2017, pues únicamente podía
pronunciarse sobre sus efectos económicos, en los términos del inciso final del
artículo 1 de la Ley 1563 de 2012.
Por lo anterior, la autoridad judicial anuló i) el numeral 1 de la parte resolutiva del
laudo arbitral del 11 de julio de 2022, en el cual el Tribunal de Arbitramento
desestimó la excepción de falta de competencia propuesta por Transmilenio S.A.;
ii) el numeral 4 de aquel, mediante el que declaró la alteración del equilibrio
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económico del Contrato de Concesión 001 de 2000; iii) el numeral 10, en el que
condenó a esa sociedad al pago de $ 12.870.612.940 para restablecer el equilibrio
económico del contrato; y, en consecuencia, iv) remitió el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que adelantara el trámite judicial pertinente,
de acuerdo con lo señalado en el inciso 2 del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.
Adicionalmente, en la sentencia referida la Sección aquí accionada fijó la siguiente
regla jurisprudencial:
«Las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e
indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste de las
condiciones y términos contractuales, con el fin de mantener la ecuación
o equilibrio inicial, son inescindibles al ejercicio de las potestades
previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Los litigios que versen
sobre tales medidas y mecanismos comprometen un juicio de validez y
legalidad sobre el ejercicio de la función administrativa y no solamente
sobre sus efectos económicos; por tanto, los árbitros carecen de
jurisdicción para pronunciarse sobre esas disposiciones, y cualquier
controversia en torno a ellas deberá surtirse a través de la
correspondiente impugnación judicial ante esta jurisdicción
especializada».
Así las cosas, esta Subsección no puede pasar por alto que la sentencia
cuestionada fue dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por lo cual la procedencia de la tutela para discutir una decisión adoptada
por aquella es más estricta y exige que la vulneración de derechos fundamentales
sea palmaria, máxime cuando se trata de una sentencia en la que se fijó una regla
de unificación, en atención a la necesidad de armonizar criterios sobre los alcances
de la facultad que tienen los árbitros frente a un acto administrativo contractual en
el que se ejercen poderes excepcionales.
Dado que el actor insiste en los argumentos contenidos en los salvamentos de voto
respecto de esa decisión, debe decir la Sala que las posiciones que se apartaron
de la tesis mayoritaria no invalidan o restan valor a la decisión finalmente adoptada.
Además, debe tenerse en cuenta que la finalidad de esta acción impide que sea en
esta instancia donde se defina la postura jurídica que debe asumirse sobre una
materia específica, pues ello corresponde al juez natural y, en el caso particular, a
la Sección Tercera del Consejo de Estado, con mayor razón cuando con aquella
pretende unificarse la jurisprudencia.
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Tampoco la transgresión alegada puede entenderse configurada de forma general
frente a los efectos que producirá la decisión aquí censurada en otros casos
relacionados con la competencia de los árbitros en Colombia, situación en la que
basa el accionante varios de los argumentos para sustentar la importancia
constitucional del asunto, ya que la finalidad de la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales es la protección de los derechos fundamentales
de quien solicita el amparo.
Se tiene entonces que la procedencia de la acción de tutela exige que en la
discusión planteada esté de por medio el alcance de algún derecho que tenga
raigambre constitucional, pues está instituida para la protección de estos y no para
solucionar discusiones meramente legales o para definir cuál debe ser la
interpretación normativa en un determinado asunto.
Se concluye de esta manera, que el asunto no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por lo cual se confirmará la sentencia del 12 de diciembre de 2024
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la cual declaró
improcedente la acción por falta de dicho requisito.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 23 0- 0 1
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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