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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06233-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06233-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 23 de enero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06233-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06233-01
Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros.

Tema: Acción de tutela contra acto administrativo.

Decisión: Confirmar la decisión de declarar la improcedencia de la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por el accionante contra la providencia del 23 de enero
de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual
se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

II. ANTECEDENTES

2.1.- Hechos

El señor Rubén David Suárez Cañizares, se presentó en calidad de aspirante al
concurso de méritos que dispuso la Convocatoria 27, realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto
de 2018 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial”.

Una vez surtida la primera etapa del concurso, ingresó al Curso de Formación
Judicial, en el cual obtuvo un puntaje de 728,350, que lo dejó por fuera de la
siguiente etapa de dicho concurso como quedó consignado en la Resolución
EJR24-298 del 21 de junio de 2024. Inconforme con esa decisión el actor
interpuso recurso de reposición que fue decidido con Resolución n.° EJR24-1476
del 6 de noviembre de 2024, la cual modificó el puntaje asignado al demandante
a la cifra de 742 puntos, que tampoco resultó suficiente para alcanzar el puntaje
clasificatorio de 800 puntos.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06233-01
Accionante: Rubén David Suárez Cañizares

2.2.- Fundamentos jurídicos

El actor alegó que la Resolución EJR24-1476 del 6 de noviembre de 2024 vulneró
sus derechos fundamentales, porque no resolvió de fondo el recurso de
reposición y fue proferida con el uso de inteligencia artificial para calificar el
examen, herramienta que no se encontraba autorizada en el Acuerdo de la
Convocatoria y podía afectar la «independencia de la administración de justicia»

Asimismo, sostuvo que la presente controversia resulta procedente porque se
configuró un perjuicio irremediable derivado del hecho de quedar excluido del
«Plan de Formación de la Subfase Especializada.»

2.3.- Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, confianza
legítima, buena fe y acceso a los cargos públicos, petición en consecuencia,
ORDENAR a la accionada ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
que en un término improrrogable de cuarenta y ocho horas:

2. Ordenar publicar el Acto Administrativo de carácter general que resuelve
los recursos de reposición de los Discentes IX Curso de Formación Judicial
con el listado de aprobados/reprobados conforme al artículo 65 del C.P.A.C.
(sic) y el numeral 5.2. del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 del CSJ.

3. Expedir nuevo acto administrativo, que resuelva con base a las objeciones
planteadas en escrito de Reposición contra resolución EJR24-298 (21 de
junio de 2024)

4. Ordenar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla proceder a la revisión
de la calificación del suscrito mediante pares académicos humanos
conforme a la reposición de las preguntas planteadas, lo anterior sin
perjuicio de que se haga extensiva la corrección de preguntas con doble
clave de respuesta a favor del suscrito en principio de igualdad,
estableciendo una Calificación superior a 800 puntos con la declaratoria de
Aprobado SubFase General”

5. Disponga mi inclusión provisional en la Subfase especializada,
ordenándola de manera transitoria hasta que la misma sea validada o
revocada dentro de acción ordinaria pertinente, contra los resultados de la
Subfase general del curso de formación judicial.» (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante auto del 12 de diciembre de 2024, a través del cual se ordenó notificar
a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura
como autoridad accionada y vinculó a la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, a la Sociedad E-Distribution S.A.S., y a todos los participantes de
la «subfase general del IX del Curso de Formación Judicial Inicial» como terceros
interesados en el resultado del proceso.

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2.4.1. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumplió con el requisito de subsidiariedad, puesto que lo que se pretendió es
utilizar este mecanismo constitucional para controvertir la legalidad de un acto
administrativo susceptible de ser demandado a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, además, que no se acreditó un perjuicio
irremediable y tampoco la vulneración de un derecho fundamental.

2.4.2. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 pidió ser desvinculada del
presente proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4.3. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia manifestó que
la acción de tutela es improcedente por falta del requisito de subsidiariedad y
afirmó que no se demostró la conculcación de los derechos fundamentales del
actor porque todas las actuaciones se enmarcaron dentro de los acuerdos
pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19
de septiembre de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019, expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura, los cuales rigen la convocatoria y reglas del IX Curso
de Formación Judicial Inicial.

2.4.5.- No se rindieron más informes.

2.5.- Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 23 de enero de
2025 declaró improcedente la acción constitucional por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

Al respecto, indicó que la parte actora tiene a su disposición el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir la legalidad de las
resoluciones cuestionadas en sede de tutela, mecanismo idóneo y eficaz para
dejarlas sin efecto y proteger los derechos fundamentales que invocó en
protección. Además que tiene a su alcance las medidas cautelares que de
considerarse urgentes se adoptarán desde la presentación de la solicitud y sin
necesidad de notificar a la otra parte.

2.6.- Impugnación

La parte accionante después de insistir en los argumentos de la demanda de
tutela señaló que el medio de control de nulidad y restablecimiento no es el
mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales invocados en
protección «habida cuenta se encuentra en vigencia la Fase Especializada del IX
Curso de Formación Judicial» lo que implica que no pueda continuar a la
siguiente subfase que inició el 16 de noviembre de 2024.

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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla incurrió en la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, petición y acceso a cargos
públicos, ocurrida con ocasión de la expedición de la Resolución EJR24-1476 del
6 de noviembre de 2024, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición
en contra de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y excluyó al
demandante.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares

de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.4. De la acción de tutela contra actos dictados en el trámite de
concursos de méritos

Cuando lo que se pretende es discutir actos administrativos expedidos en el
marco de un concurso de méritos, la acción de tutela es procedente únicamente
cuando la determinación que se busque discutir no esté contenida en un acto
definitivo, toda vez que, en ese caso, debe acudirse a los medios que para tales
fines existen en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido a la
naturaleza subsidiaria que rige esta acción de origen constitucional, salvo que
se encuentren reunidos los elementos que permitan evidenciar la probable
configuración de un perjuicio irremediable o que el medio con el que se cuenta
no sea idóneo o eficaz, según las particularidades del asunto, aspecto que
deberá definir el juez en cada caso concreto.

3.5. Caso concreto

El señor Rubén David Suárez Cañizares solicitó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, dignidad e igualdad, los cuales estima
vulnerados por la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» con ocasión de la
expedición de la Resolución EJR24-1476 del 6 de noviembre de 2024, por medio
de la cual se resolvió el recurso de reposición contra el acto administrativo que
publicó el resultado del IX Concurso de Formación Judicial.

Sobre el particular, la Sala considera que es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho el escenario propicio para evaluar a profundidad si
el acto administrativo contenido en la Resolución EJR24-1476 del 6 de noviembre
de 2024, adolece de alguna causal de nulidad o si, por el contrario, conservan la
presunción de legalidad, teniendo en cuenta, además, que a través de dicho
mecanismo se puede solicitar el decreto de alguna de las medidas cautelares allí
previstas, a fin de procurar la tutela judicial efectiva.

Ahora bien, en el caso concreto no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni se
argumentó que este haya existido por lo que no hay lugar a dar por cumplido el
requisito de la subsidiariedad.

La parte accionante tampoco argumentó por qué razón las medidas cautelares
no se pueden considerar un mecanismo efectivo para la tutela de los derechos
invocados, cuando es el juez de lo contencioso administrativo el que debe hacer
el análisis de juridicidad de los actos administrativos.

Por otra parte, es de advertir que el accionante no señaló en el escrito de la
demanda, que dentro del término de caducidad haya ejercido el medio de control

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de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del acto administrativo en
cuestión, lo que tornaría improcedente la acción de tutela, incluso como
mecanismo transitorio, pues ello implicaría permitir que se pretendan revivir
términos vencidos, lo que desnaturalizaría el propósito de la acción
constitucional. Así lo ha señalado la Corte Constitucional:

«No procedía pues una protección transitoria de los derechos del actor para
evitar un perjuicio irremediable, en tanto la decisión judicial ya se había
producido, y mucho menos podía pretenderse que se tramitara la acción de
tutela como mecanismo principal, teniendo en cuenta que habría sido por
causa de la demora del accionante al interponer la acción ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se habría hecho inoperante la
vía judicial ordinaria. Cabe reiterar lo expuesto en precedencia frente al
incumplimiento del requisito de subsidiariedad que se presenta cuando
quien acude a la acción de tutela ha dejado vencer términos procesales o
ha dejado de utilizar los mecanismos a su disposición, sin que exista una
justa causa para hacerlo, situación que aparece probada en el presente
caso, teniendo como base para afirmar lo anterior la naturaleza de la acción
intentada ante el contencioso administrativo, de acuerdo al cual la acción
sería de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que indica que el actor
pretendería con la acción de tutela revivir términos vencidos,
desnaturalizando el propósito protector de los derechos fundamentales que
tiene la acción de tutela1: “La anterior exigencia guarda relación directa con
la naturaleza cautelar de la tutela transitoria, pues de caducar o prescribir
las posibilidades de acceso a la administración de justicia por causas
imputables al demandante, mal puede la tutela fungir como mecanismo para
revivir los términos ordinarios”»2.

Así las cosas, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia por
medio de la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela, por las
razones expuestas en el proveído, pues, se itera, dentro de las facultades del
juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales
idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo
contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de
protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
carta a los jueces constitucionales, y modificaría una decisión que ha hecho
tránsito a cosa juzgada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

1 No sobra anotar que en el presente caso la Sala se ha pronunciado única y exclusivamente sobre la

improcedencia de la acción de tutela contra las resoluciones dictadas por la Contraloría, no así por las
cuestiones definidas al interior del proceso judicial, y que, eventualmente, podrían ser objeto de acción de
tutela. Igualmente, para controvertir el fondo de las decisiones emanadas de la autoridad aquí demandada
subsisten para el accionante mecanismo judiciales ante el juez contencioso administrativo como podría ser
la nulidad simple de los actos atacados.
2 Sentencia T-871 de 2011.

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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 23 de enero de 2025 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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