Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06240-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06240-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06240-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de enero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06240-00
Demandante: Ayder de Jesús Correa Reyes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06240-00
Demandante: AYDER DE JESÚS CORREA REYES
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Temas: Acción de tutela contra actos administrativos que excluyeron al actor
del IX Curso de Formación Judicial Inicial. Convocatoria No. 27.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Ayder de Jesús Correa Reyes, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de noviembre de 20241, el señor Ayder de Jesús Correa Reyes, quien actúa
en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a los cargos públicos, y los
principios de buena fe y confianza legítima, porque a su juicio no se acató el
Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, ni el Documento Maestro, al momento de
desarrollar la evaluación de la Subfase General del “IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Teniendo en cuenta los fundamentos facticos y de derecho que sustentan la presente acción
de tutela, además del acervo probatorio que se recaude dentro del trámite de la acción, solicito
acceder a las siguientes pretensiones:
TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legitima, la buena fe
y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y, en
consecuencia, ORDENAR a la accionada que en un término improrrogable de 48 horas:
-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las respuestas que
di a las preguntas referidas en los argumentos séptimo y octavo de la presente acción ii)
DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria en la subfase especializada del curso concurso
de formación judicial (IX curso de formación judicial).
Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que se DISPONGA
mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial
(IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la demanda que, en ese
evento, presentaré contra los resultados de la subfase general del mencionado curso de
formación judicial.
1 Samai, índice 2. El expediente de la referencia le fue repartido inicialmente con el radicado Nro. 13001-33-
33-015-2024-00247-00 al Juzgado Décimo Quinto Administrativo del circuito de Cartagena, el cual con auto
del 15 de noviembre de 2024 dispuso remitir por reglas de reparto al Consejo de Estado. Lo anterior, dado
que la acción se promovió contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, institución que en desarrollo de
la Constitución Política de 1991 y la Ley 270 de 1996 se encuentra adscrita al Consejo Superior de la
Judicatura, por lo que en aplicación de las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021 se dispuso a remitir
a esta Corporación la acción constitucional.
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Para ello, pido tener en cuenta las misma razones que expuse frente a la medida provisional
solicitada, pues lo pedido no resulta oneroso para la autoridad accionada, dado que ya tiene
contratada la subfase especializada para la totalidad de los dicentes que iniciamos la subfase
general; es decir, incluirme provisionalmente en la subfase especializada, no implica para la
accionada realizar una contratación diferente a la existente ni un desembolso o afectación
presupuestal distinto a lo ya previsto.
Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso ordinario, la
autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo aquí pedido; situación que no
ocurriría si mis reclamos son aceptados —como estoy convencido que son— y para ese
momento no he realizado la subfase especializada, pues me causaría un perjuicio, dada la
posición desigual y desventajosa en la que quedaría frente a los concursantes que inician
dicha subfase el próximo 16/11/2024, dadas las consecuencia que ello trae frente a la
conformación del registro de elegibles. Téngase en cuenta que, la subfase especializada será
evaluada a más tardar el 30 de julio de 2025, término que, conforme a las reglas de la
experiencia es muy inferior al de duración razonada del proceso ordinario que instauraría si
no se accede a mi pretensión principal.” (Sic a toda la cita)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Ayder de Jesús Correa Reyes participó en el concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, la cual fue
convocada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
PCSJA18-11077 del 16 de agosto del 2018 (Convocatoria 27).
2.2. La Convocatoria 27 se encuentra en la Fase III de la Etapa de Selección que
corresponde al “IX Curso de Formación Judicial Inicial”, que se rige por el Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 “Por el cual se adopta el Acuerdo
Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
Promoción 2020-2021”. Este curso de formación cuenta con dos subfases: la
general y la especializada, donde según afirma el accionante esta última inició
el 16 de noviembre de 2024.
2.3. El 21 de junio de 2024 la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” profirió la
Resolución Nro. EJR24-298 por medio de la cual se publicaron los resultados
de la subfase general. Este acto fue corregido mediante la Resolución EJR24-
317 del 28 de junio de 2024, que subsanó un error de digitación frente a la
fecha para la interposición del recurso de reposición, precisando que este
podría ser interpuesto en el término de diez días, del 15 al 26 de julio de 2024.
Contra el mencionado acto administrativo que fue modificado el señor Correa
Reyes presentó recurso de reposición.
2.4. Mediante la Resolución Nro. EJR24-1088 del 5 de noviembre de 2024, la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” resolvió reponer parcialmente la
Resolución Nro. EJR24-298 del 21 de junio de 2024, ajustando la calificación
de la evaluación de la Subfase General del “IX Curso de Formación Judicial
Inicial” del señor Ayder de Jesús Correa Reyes de 743,750 a 752,5 quedando
por aproximación en 753 puntos, lo que significa que esa subfase fue
reprobada y no podría continuar con la Subfase Especializada.
3. Fundamentos de la acción
En el escrito de tutela se acusó la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a los cargos públicos, y los principios de buena fe y
confianza legítima de la parte actora comoquiera que, no se acató el Acuerdo
PCSJA19-11400 de 2019, ni el Documento Maestro, al momento de desarrollar el
Taller de la Subfase General del “IX Curso de Formación Judicial Inicial”, dado que
se había indicado que este se desarrollaría “a partir de una prueba objetiva interactiva,
el cual estará integrado por alguna o algunas actividades contempladas en la caja de
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herramientas, y cuya finalidad está basada en el desarrollo de competencias sobre la función
judicial, la interpretación de textos jurídicos y la lógica del razonamiento para la solución de
problemas jurídicos.”.
Por esta razón, el accionante considera que existen múltiples reparos con la
decisión que se adoptó en su caso pues hay varias preguntas que no se ajustan a
los propósitos de evaluación del acuerdo pedagógico.
Aseguró que las preguntas fueron calificadas sin tener en cuenta la apropiación del
contenido académico enfocado a la práctica, al desarrollo de competencias
judiciales, a la interpretación de textos jurídicos, al razonamiento para la solución
de problemas y a los rangos de lecturas obligatorias.
Adicionalmente dijo que estos reparos deben ser discutidos “judicialmente en sede
ordinaria, dado que la sede administrativa se agotó con la expedición de la Resolución EJR24-
1473 […]”.
Manifestó que los cuestionamientos que tiene superan ampliamente los 50 puntos
que le faltaron para aprobar la Subfase General y planteó dos de ellos así:
(i) Ilegalidad en la ejecución del taller: Afirmó que el Acuerdo PSCJA19-11400
del 19 de septiembre de 2019 contempló que en la Subfase General se
realizaría un taller virtual cuyas actividades buscaban valorar la apropiación
del contenido académico enfocado en la práctica judicial, el cual tenía un valor
de 60 puntos sobre 125.
En el documento maestro se indicó que “El taller virtual se desarrollará a partir de
una prueba objetiva interactiva, el cual estará integrado por alguna o algunas actividades
contempladas en la caja de herramientas, y cuya finalidad está basada en el desarrollo
de competencias sobre la función judicial, la interpretación de textos jurídicos y la lógica
del razonamiento para la solución de problemas jurídicos.”. Sin embargo, señaló que
algunos documentos modificaron el concepto inicial del taller y su evaluación,
pues se trató de preguntas de memorización y no se desarrolló con actividades
o estrategias que propiciaran “la argumentación, la interpretación, la capacidad de
análisis, la reflexión, entre otros. […]”.
Al taller se le dio un valor máximo de 480 puntos, que se debían obtener a
pesar de los reparos que se presentan, pues en él únicamente “se midió la
memoria textual de lecturas que debía leerse entre diciembre de2023 y mayo de 2024
[…]”.
(ii) Cambio de evaluaciones parciales a evaluaciones acumuladas: Durante
el transcurso de los 8 módulos debían evaluarse 3 notas, pero en la práctica
se acumularon y se impuso un sólo examen escrito que midió la memoria. Por
lo que, el accionante planteó su inconformidad con las siguientes dos
preguntas que se formularon en el taller:
▪ Pregunta Nro.79. Afirmó que sólo se le reconoció 3.33 puntos por haber
elegido la palabra “criterio” en lugar de “parámetro”, y frente a este reparo
sustentó un recurso ante la la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”:
“Objeción planteada: Los términos parámetro, criterio, subreglas, son usados de forma
indistinta por la Corte constitucional en sus sentencias, para significar lo mismo; es decir,
los usa como sinónimos. Razón esta, por lo que haber seleccionado el termino (sic)
criterio y no parámetro, en nada varía el sentido y comprensión del texto, pues como se
dijo, la corporación que emitió la sentencia de dónde se toma el mismo, usa
indiferentemente tales términos en sus providencias. Un ejemplo de ello es la Sentencia
C-233/21 https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/C-233-21.htm, en la que
se indica: “De las sentencias analizadas surgen además algunas subreglas, parámetros
o criterios específicos de decisión […]
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[…] En el caso de este ítem, se debe llamar la atención sobre el hecho de que, según el
Acuerdo Pedagógico, éste hace parte del denominado Taller virtual; a saber: “Esta
actividad pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del
programa.” En esta medida, cabe preguntarse cómo se espera que un ejercicio de
completar o de asociar palabras constituya una “capacitación intensiva y práctica del
programa”.
Con la Resolución EJR24-1473 se atendió el mencionado recurso indicando:
“[P]arámetro: Este término es adecuado porque se refiere a un criterio o factor
DETERMINANTE, en este caso, la vigencia de la Constitución como guía para la selección de
interpretaciones…"Criterio" no es el termino (sic) usado en la sentencia y resulta menos
específico y por tanto menos preciso para el texto pues puede haber criterios que no son
determinantes, y para el caso la Constitución es LA MÁS DETERMINANTE en el control de
constitucionalidad…” (Subrayas fuera del original)”
Respecto de lo anterior, manifestó su punto de vista indicando que esa
pregunta tiene origen en una sentencia de la Corte Constitucional, corporación
que en la práctica judicial usa indistintamente en sus providencias las palabras
parámetro y criterio, como ejemplo enunció 107 providencias, entre sentencias
C, T, SU y autos.
▪ Pregunta Nro.39. Señaló que sólo se le reconoció 3.33 puntos por haber
elegido la palabra “evidencia” en lugar de “prueba”, y manifestó que frente
a este reparo sustentó un recurso ante la accionada, así:
“Objeción planteada: En el contexto del tema, pruebas y evidencia son un símil, pues el
texto de dónde se toma el enunciado a completar, refiere a que “los programas de justicia
restaurativa se pueden utilizar en cualquier etapa del sistema de justicia penal, a reserva
de lo dispuesto en la legislación nacional”, y no en todas las etapas realmente existen
pruebas, en el sentido estricto del término. Pues a lo que realmente refiere el texto, es a
que se tengan suficientes elementos de juicios contra el delincuente, y en ese contexto,
términos como pruebas, evidencias, serios indicios, entre otros, explican adecuadamente
lo referido en el texto. Razón por la cual, solcito (sic) se me tenga acierto parcial, la
palabra evidencia por mí seleccionada.”
Con Resolución EJR24-1088 se atendió el recurso así:
“Pruebas" se refiere adecuadamente a la evidencia necesaria para inculpar al delincuente, un
requisito fundamental en procesos judiciales… "Evidencia" es sinónimo de "pruebas", pero en
el contexto legal, "pruebas" es más preciso.”
Adicionó que, en su concepto no en todas las etapas del proceso penal existen
pruebas en sentido estricto, pues las pruebas se practican e incorporan en el
juicio oral, dado que antes de ello son elementos materiales probatorios o
evidencia física, incluso para la restricción de la libertad el legislador habla de
elementos de conocimiento necesarios, cosa diferente es que el autor del
módulo hubiera utilizado el término “prueba” como un género para referirse a
elementos de juicio. Así, sólo cuando existan pruebas se podría acudir al
proceso restaurativo en la etapa de juicio. Razones por las cuales seleccionó
la palabra evidencia y no prueba, pues no varía el sentido del texto en la
práctica judicial que era lo que se buscaba evaluar.
Y puso de presente que la Unión Temporal “UT Formación Judicial 2019” al
responder algunas peticiones informó que: “en el caso hipotético de existir una
pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto,
se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se
confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.”
De otra parte, señaló que la accionada al plantear las consideraciones de la
Resolución EJR24-1088 se limitó a la revisión textual de los documentos y no se fijó
en la capacidad del señor Correa Reyes para interpretar textos jurídicos; además
no se tuvieron como válidos los aciertos que tenían correspondencia con el sentido
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del texto. Reiteró que las preguntas tienen vicios técnicos en los conceptos,
competencias y redacción, aspecto que se debían tener en cuenta dado que la nota
del taller corresponde a 480 puntos de 1000. Afirmó que aportaría un dictamen
pericial para demostrar que las preguntas eran completamente de memoria y desde
las dinámicas legales.
Como fundamentos de derecho de su amparo citó el artículo 29 de la Constitución
Política y la sentencia SU-067 de 2022, para mencionar que el concurso se debe
surtir de forma rigurosa y en apego a las normas que hayan sido dispuestas en la
correspondiente convocatoria.
Mencionó la procedibilidad de la acción de tutela en el contexto de concursos de
méritos, explicando en qué consiste la excepcionalidad, la subsidiariedad y la
inmediatez. Resaltó que de no permitírsele el ingreso a la Subfase Especializada
perderá la oportunidad de acceder al servicio público, pues el medio de control es
demorado y no resulta eficaz, y precisó que la acción de tutela es procedente en
estos casos porque están en juego derechos fundamentales, aun más teniendo en
cuenta que su petición no tiene afectación fiscal.
Puso de presente su intención de presentar demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, con la finalidad de que el juez contencioso
administrativo le conceda la medida cautelar de urgencia, dado que la Subfase
Especializada empezaría el 16 de noviembre y terminaría a mediados del 2025.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En providencia del 21 de noviembre de 20242, el despacho ponente admitió
la acción de tutela interpuesta por el señor Ayder de Jesús Correa Reyes,
quien actúa en nombre propio contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
En calidad de terceros con interés se vinculó a los participantes de la
Convocatoria 27 del Consejo Superior de la Judicatura para proveer cargos
de Magistrados y Jueces de la República que fueron calificados mediante la
Resolución Nro. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 en la Subfase General
del IX Curso de Formación Judicial Inicial y a la Unión Temporal de Formación
Judicial 2019; se negó la medida provisional solicitada por la parte actora; se
ordenó a la Secretaría General fijar un aviso en el que se comunicara a los
participantes la existencia de la presente acción; se ofició a la Oficina de
Sistemas para que publicara en la página web de la Corporación un aviso
sobre la existencia de este proceso constitucional para que los interesados
pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción; y se dispuso a
efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. Con auto del 3 de diciembre de 20243, el despacho sustanciador resolvió
negar la acumulación del expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-06370-00
(actor: Faisy Llerena Martínez) al proceso Nro. 11001-03-15-000-2024-06240-
00 y ordenó que se devolviera el expediente al despacho de la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo. Lo anterior, al considerar que los supuestos
fácticos y jurídicos de ambos casos eran distintos pues cuestionan los actos
particulares que resolvieron sus recursos de reposición contra la Resolución
EJR24-1088.
4.3. La Unión Temporal Formación Judicial 20194, conformada por la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la sociedad E
2 Samai, índice 4.
3 Samai, índice 11.
4 Samai, índice 9.
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Distribution SAS, manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales
del accionante ya que siempre ha actuado de conformidad con la ley.
Mencionó que carece de legitimación en la causa por pasiva dado que la Unión
Temporal no es competente para atender las pretensiones de esta acción,
según la cual se debe expedir un acto administrativo que reconozca como
acertadas las respuestas que el actor dio a las preguntas 39 y 79, y para que
se dispusiera su inclusión en la Subfase Especializada. Precisó que sólo actúa
como un aliado estratégico de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” para
el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial, por lo que carece de potestad
para dictar actos administrativos.
Adujo que el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019
contempló recursos contra los resultados de las evaluaciones del curso de
formación. Por lo que, en el caso del accionante su actuación administrativa
concluyó con la notificación de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de
2024 corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024 por medio
de la cual se publicaron los resultados de la Subfase General del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.
Precisó que el Acuerdo Pedagógico contemplaba que para aprobar el Curso
de Formación Judicial Inicial era indispensable superar cada una de las
Subfases con un puntaje mínimo de 800 puntos de 1000, siendo prerrequisito
aprobar la Subfase General para poder cursar la Subfase Especializada. En el
caso puntual el señor Correa Reyes obtuvo un puntaje inferior a 800 puntos
conforme a lo notificado en la Resolución EJR24-298, encontrándose
reprobado. De ahí que, la actuación administrativa quedó finalizada conforme
al artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, quedando en firme desde el día siguiente
de su notificación.
4.4. El Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”5 solicitó que se declarara improcedente y se negaran las
pretensiones de esta acción, pues el accionante cuenta con otros recursos o
medios de defensa judiciales, no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable y tampoco evidenció la vulneración de ningún derecho
fundamental.
Explicó que este mecanismo constitucional no es procedente para
salvaguardar los derechos fundamentales que el accionante considera
vulnerados, pues cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y sus respectivas medidas cautelares, mecanismos que son
idóneos y eficaces y se encuentran contemplados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Al respecto,
citó un fragmento de la sentencia T-260 de 2018 dictada por la Corte
Constitucional para indicar que en asuntos relativos a concursos de mérito los
participantes deben realizar sus cuestionamientos a través de los medios de
control, por lo que la actuación de juez constitucional se restringe a la
existencia de un perjuicio irremediable.
Señaló que en el caso concreto el accionante no superó la Subfase General
del concurso como se plasmó en la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de
2024 (corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024), contra la
cual el actor presentó recurso de reposición que fue resuelto mediante la
Resolución EJR24-1088 del 5 de noviembre de 2024, acto contra el cual no
proceden recursos en sede administrativa al ser definitivo, pero que es
susceptible de revisión en vía judicial.
5 Samai, índice 10.
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Añadió que en la Resolución EJR24-1088 del 5 de noviembre de 2024, resolvió
de manera específica los motivos de inconformidad del cuestionario aplicado,
entre ellos los reparos de la pregunta Nro. 39, mientras que frente a la pregunta
Nro. 79 no se plantearon inconformidades en el recurso, pues sólo se hizo
mención. Por lo que, en este caso el accionante pretende utilizar la acción de
tutela como un nuevo recurso frente a la resolución que resolvió el recurso de
reposición arrebatando lo que es de competencia del juez administrativo.
Adujo que la resolución EJR24-1088 del 5 de noviembre de 2024 es el acto
definitivo para aquellos que no superaron la Subfase General.
Adicionó que el señor Correa Reyes tampoco demostró alguna de las
circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas
para superar el requisito de subsidiariedad así: los cargos ofertados no son de
periodo fijo, no se ponen trabas para nombrar a quien ocupó el primer lugar,
no se avizoran situaciones que afecte los derechos fundamentales del
accionante (por lo que no se configura tampoco la relevancia constitucional),
y no se constató que tuviera circunstancias de protección especial.
Concluyendo que no existe un perjuicio irremediable.
Por último, manifestó que actuó en cumplimiento de los acuerdos PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019 y del cronograma de la Fase III. A su vez, garantizó el debido proceso al
surtirse la correspondiente comunicación el acto de publicación de notas y el
que resolvió el recurso de reposición, afirmó que no utilizó inteligencia artificial
para el análisis y expedición de las resoluciones, por lo que aclaró que los
motivos de inconformidad fueron resueltos con los insumos proporcionados
por la Unión Temporal Formación Judicial 2019 y adjuntó la Resolución
EJR24-1088 del 5 de noviembre de 2024.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela interpuesta por el señor
Ayder de Jesús Correa Reyes cumple con el requisito de subsidiariedad. Solo en
caso de superar dicho análisis, se determinará si el Consejo Superior de la
Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a los cargos públicos, y los principios
de buena fe y confianza legítima invocados por el actor al considerar que no se
acató el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, ni el Documento Maestro, al momento
de desarrollar la evaluación de la Subfase General del “IX Curso de Formación
Judicial Inicial”, puntualmente frente a las preguntas Nro. 39 y 79.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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Demandante: Ayder de Jesús Correa Reyes
3. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial,
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela sólo procede cuando no
existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6° del Decreto
2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado
debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
4. La subsidiariedad en los concursos de méritos
En otras oportunidades esta Sala ha precisado7 que, en el caso de las acciones de
tutela interpuestas en el trámite de los concursos de méritos, convocados para
acceder a cargos públicos8, por regla general, las decisiones dictadas en los
concursos de méritos son actos administrativos de trámite, expedidos justamente
para impulsar y dar continuidad a la convocatoria. Como se sabe, contra los actos
de trámite no proceden los recursos ni las acciones contencioso-administrativas y,
por lo tanto, la tutela se ve como el remedio judicial idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales de los concursantes. Por consiguiente,
la Sección ha estudiado de fondo las tutelas en las que se discuten decisiones de
mero trámite.
Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y
existe un acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer los
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de diciembre
de 2024 dentro del expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05158-01, C.P. Wilson Ramos Girón.
8 En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698,
sostuvo que “las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro
de la actuación propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para
impulsar y dar continuidad al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las
entidades involucradas. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las
acciones contencioso-administrativas, por lo tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con
otros medios de defensa para lograr la continuidad en el concurso docente y las acciones de nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la protección a los derechos
fundamentales invocados”.
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cargos ofertados, esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial idóneo y eficaz
para la protección de los derechos de las personas que se someten a un concurso
de méritos9, pues se trata de un acto administrativo definitivo, que establece el
número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el puntaje. A la misma
conclusión ha llegado la Sala frente a los actos que excluyen a los participantes del
concurso de méritos, por cuanto también se trata de un acto administrativo
definitivo10. En esos casos, se ha determinado que la tutela es improcedente,
habida cuenta de que existe otro medio para la protección de los derechos
fundamentales violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten
en un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite. Empero, si se
discute una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de elegibles o
el que excluye a un participante de un concurso, por ejemplo) la acción de tutela es
improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial, como los medios
de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los que se puede
hacer uso de las medidas cautelares.
No sobra advertir que, en materia de concursos de méritos, la competencia del juez
de tutela es extremadamente restringida. Por eso, debe ser cuidadoso en examinar
la vulneración de los derechos fundamentales de los concursantes. Solo en los
casos en que aparezca probada de manera suficiente la vulneración o amenaza
puede adoptar medidas razonables y pertinentes para conjurarla. El cuidado que
debe tener el juez de tutela lo obliga a prevenir que la protección que concede no
haga traumático el concurso de méritos, al punto de volverlo interminable. Esto es,
las decisiones que adopte no pueden llegar a afectar las condiciones normales en
que se desarrolla el concurso ni afectar los derechos fundamentales de los demás
concursantes.
5. Análisis del caso
5.1. El señor Ayder de Jesús Correa Reyes alegó la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a los cargos públicos, y los
principios de buena fe y confianza legítima por parte del Consejo Superior de
la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, al considerar que no
acataron el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, ni el Documento Maestro, al
momento de desarrollar la evaluación de la Subfase General del “IX Curso de
Formación Judicial Inicial” pues, las preguntas estaban direccionadas a
evaluar la memoria y no a calificar la apropiación del contenido académico
enfocado a la práctica, el desarrollo de competencias judiciales, la
interpretación de textos jurídicos y el razonamiento para la solución de
problemas.
Señaló que los cuestionamientos que tiene respecto de este examen superan
ampliamente los 50 puntos que le faltaron para aprobar la Subfase General.
Expuso como argumentos de inconformidad los siguientes: (i) Ilegalidad en la
ejecución del taller pues el Acuerdo PSCJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019 contempló que en la Subfase General se realizaría un taller virtual cuyas
actividades buscaban valorar la apropiación del contenido académico
enfocado en la práctica judicial, sin embargo en este sólo se midió la memoria;
y el (ii) Cambio de evaluaciones parciales a evaluaciones acumuladas:
Durante el transcurso de los 8 módulos debían evaluarse 3 notas, pero en la
9 Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
10 Sentencias del 1° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-
02796-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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práctica se acumularon y se impuso un sólo examen escrito que midió la
información de memoria. Por este motivo, cuestionó las preguntas Nro. 39 y
79 al señalar que sólo se le reconoció 3.33 puntos, en cada una, por haber
elegido la palabra “evidencia” en lugar de “prueba” y “criterio” en lugar de
“parámetro”, respectivamente, y puso de presente que esas inconformidades
ya las había planteado en el recurso de reposición que presentó contra la
Resolución Nro. EJR24-298 del 21 de junio de 2024, el cual fue resuelto
mediante la Resolución Nro. EJR24-1088 del 5 de noviembre de 2024.
Resaltó que de no permitírsele el ingreso a la Subfase Especializada perderá
la oportunidad de acceder al servicio público, pues el medio de control es
demorado y no resulta eficaz, y precisó que la acción de tutela es procedente
en estos casos porque están en juego derechos fundamentales, teniendo en
cuenta que su petición no tiene afectación fiscal. Puso de presente su
intención de presentar demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con la finalidad de que se le conceda la medida cautelar de
urgencia, dado que la Subfase Especializada empezaría el 16 de noviembre y
terminaría a mediados del 2025.
A su vez, el actor planteó como pretensiones las siguientes: (i) que se expida
un acto administrativo que le reconozca como acertadas las respuestas que
dio a las preguntas Nro. 39 y 79 y se disponga su inclusión definitiva o
transitoria en la Subfase Especializada; y de no concederse lo anterior (ii) se
disponga su inclusión provisional en la Subfase Especializada mientras se
resuelve el medio de control que presentará contra los resultados de la
Subfase General.
5.2. En ese sentido, la Sala observa que en realidad lo que persigue el señor Ayder
de Jesús Correa Reyes con la presente acción es cuestionar la Resolución
Nro. EJR24-298 del 21 de junio de 2024, con la cual se publicaron los
resultados de la Subfase General y la Resolución Nro. EJR24-1088 del 5 de
noviembre de 2024, por medio de la cual la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” resolvió reponer parcialmente la Resolución Nro. EJR24-298,
ajustando la calificación de la evaluación de la Subfase General del señor
Correa Reyes de 743,750 a 752,5.
Para el accionante, no se acató el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, ni el
Documento Maestro, al momento de desarrollar la evaluación de la Subfase
General del “IX Curso de Formación Judicial Inicial” pues las preguntas
estaban direccionadas a evaluar únicamente información de memoria y las
respuestas que dio a las preguntas Nro. 39 y 79 le fueron calificadas de forma
equivocada, pues no se tuvo en cuenta la doble clave.
Al respecto, se debe precisar que la Resolución Nro. EJR24-1088 del 5 de
noviembre de 2024, por medio del cual se resolvió el recurso de reposición
del señor Ayder de Jesús Correa Reyes contra la Resolución EJR24-298 del
21 de junio de 2024 (y anexo), mediante la cual se publicaron los resultados
numéricos de los discentes de la Subfase General en la cual el accionante fue
reprobado, lo que le impidió continuar en el “IX Curso de Formación Judicial
Inicial”, es un acto administrativo de naturaleza definitiva para el caso concreto
del actor.
Sería del caso estudiar los argumentos propuesto por el señor Correa Reyes
no obstante esta Sala advierte que el accionante cuenta con otra herramienta
de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través del cual toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
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norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular y se le restablezca el derecho. Tan es así que el mismo accionante
manifestó que acudiría a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Así las cosas, la presente acción de tutela se torna improcedente toda vez que
el actor cuenta con otros mecanismos de defensa tal como se indicó
anteriormente y como lo manifestó la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en
su contestación.
La Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela no es un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley
para defensa de los derechos, porque con ella no se busca reemplazar los
procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos
dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se
adopten11.
De no ser así, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, concentrando en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones por parte del Juez de tutela.
De manera que el actor no puede pretender convertir un medio residual y
subsidiario como es la acción de tutela, en un medio alternativo o adicional a
los establecidos en la ley (de los que pretende hacer uso) para la defensa de
sus derechos. Por esa vía lo que busca no es más que desplazar las vías
ordinarias existentes y que el Juez Constitucional reemplace a los jueces
naturales en su labor, lo que en sí mismo es contrario a la naturaleza y
propósito de la tutela.
5.3. De otro lado, el accionante indicó que acudía a la acción de tutela al considerar
que el medio de control no le resulta eficaz dado que la Subfase Especializada
empezaría el 16 de noviembre de 2024 y terminaría a mediados del 2025,
fecha en la cual calcula que no se habrá proferido decisión de fondo en el
medio de control que adelantará contra los mencionados actos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, situación que deviene en la
existencia de un perjuicio irremediable.
En palabras de la Corte, para caracterizar un perjuicio como irremediable, es
necesario que se acrediten los siguientes requisitos: “(i) una afectación inminente
del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la
afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de los remedios para la
efectiva protección de los derechos en riesgo”12.
Verificadas las circunstancias del caso, encuentra la Sala que no se configura
un perjuicio que se pueda catalogar como irremediable, en tanto que el
accionante no probó la urgencia que implique la intervención impostergable
del juez constitucional para la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
Como se indicó el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa que
le garantizan su derecho al debido proceso, de los cuales incluso ha hecho
uso en vía administrativa al presentar el recurso de reposición contra la
Resolución Nro. EJR24-298 del 21 de junio de 2024, en donde expuso su
inconformidad con la calificación obtenida de las preguntas del examen de la
Subfase General planteamientos que expone nuevamente en esta acción y
que según manifiesta utilizará para adelantar el medio de control. Por lo que,
11 Al respecto, por mencionar algunas, se pueden consultar las sentencias SU-424 de 2012 y T-584 de 2012.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2019.
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el mencionado medio de control resulta eficaz en la medida de que incluso se
prevén medidas cautelares que permiten al juez adoptar las decisiones
pertinentes para salvaguardar los derechos13.
De ahí que en el proceso ordinario el accionante puede solicitar la suspensión
provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos que censura,
medida que es ágil y efectiva para proteger y garantizar de manera provisional
el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, incluso el señor Correa
Reyes puede pedir medidas cautelares de urgencia conforme lo dispone el
artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la
perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que
pueden producir las decisiones de la administración.
En esa medida, no porque una decisión resulte desfavorable a los intereses
de los administrados implica que existe un perjuicio irremediable que deba
evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios
tendrían que ser suspendidos por vía de amparo.
Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. Esto, dado que no se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ni existe un
perjuicio que cumpla con las características dispuestas por la jurisprudencia
constitucional para ser considerado como irremediable.
A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso particular.
6. Conclusión
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela incoada por
el señor Ayder de Jesús Correa Reyes, porque no supera el presupuesto general
de subsidiariedad dado que cuenta con otro medio de defensa judicial a través del
cual puede controvertir el acto administrativo objeto de inconformidad, esto es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Ayder de
Jesús Correa Reyes, dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
13 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-000-2013-
06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego. “En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora
se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión provisional del nuevo código
tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide
al iniciar el proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se
exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea ostensible;
de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo.”
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Demandante: Ayder de Jesús Correa Reyes
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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