Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06244-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06244-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06244-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de enero de 2025
Radicado:11001-0315-000-2024-06244-00
Accionante: Cristian Camilo Franco Bonfante
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06244-00
Accionante: Cristian Camilo Franco Bonfante
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y otro.
Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: concurso de méritos. Subtema
3: subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por el señor Cristian Camilo Franco Bonfante en contra
del Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otro.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Cristian Camilo Franco Bonfante presentó acción de tutela1 con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos
públicos y los principios de confianza legítima y buena fe, que consideró vulnerados
por el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la
Unión Temporal IX Curso de Formación Judicial 2019, con la expedición de las
resoluciones núm. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y EJR24-1609 del 7 de
noviembre de 2024, a través de las cuales fue excluido del IX Curso de Formación
Judicial Inicial.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
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D3CB042449B541EA 852BDEE7D693B7D8.
1
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2.
El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16
de agosto de 2018, convocó a un concurso abierto de méritos para la provisión de
cargos de magistrados y jueces, denominado «Convocatoria 27».
3. El señor Cristian Camilo Franco Bonfante se inscribió en la Convocatoria 27 de la
Rama Judicial para el cargo de juez promiscuo, en la que superó la prueba de
aptitudes, conocimientos y psicotécnica, con un resultado de 844 puntos. Esto le
permitió acceder a la fase III, denominada curso de formación judicial inicial, con
carácter eliminatorio.
4. El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo PCSJA19-11400 del
19 de septiembre de 2019, que reglamentó el «IX Curso de Formación Judicial Inicial
para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades», aclarado con el Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de septiembre de
2019, estableció una subfase general que comprendía ocho (8) programas, cada uno
dividido en dos (2) unidades temáticas.
5. El referido acuerdo dispuso que los discentes realizarían los cursos de formación
a través del campus virtual y su evaluación se adelantaría bajo esta modalidad, con
una exigencia de 800 puntos para acceder a la subfase especializada.
6. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, una vez realizadas las jornadas de
evaluación los días 19 de mayo y 2 de junio de 2024, expidió la Resolución núm.
EJR24-298 del 21 de junio de 2024, por medio de la cual publicó los resultados de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, que determinó que Cristian
Camilo Franco Bonfante obtuvo un puntaje de 781; por ende, quedó reprobado. Contra
dicha decisión, el accionante interpuso recurso de reposición.
7. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a través de la Resolución núm. EJR24-
1609 del 7 de noviembre de 2024, modificó parcialmente el acto administrativo
recurrido, en el sentido de indicar que la calificación obtenida por el tutelante era de
795 puntos, con la cual continuaba reprobado.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora en el escrito de tutela requirió lo siguiente:
«[…]
TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legitima, la buena
fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada que en un término improrrogable de 48
horas:
-EXPIDA un acto administrativo en el que: I) reconozca como acertadas las respuestas que
di a las preguntas referidas en los argumentos séptimo y octavo de la presente acción ii)
DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria en la subfase especializada del curso
concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial).
Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que se
DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso de
formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la
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demanda que, en ese evento, presentaré contra los resultados de la subfase general del
mencionado curso de formación judicial […]»2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante, en el escrito de amparo,
argumentó que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al expedir la Resolución núm.
EJR24-1609 del 7 de noviembre de 2024, vulneró sus derechos fundamentales porque
no le dio una respuesta congruente a las objeciones propuestas en el recurso de
reposición, en lo que respecta a la forma de calificación de los módulos de evaluación
de la subfase general.
10. En este sentido, explicó que las entidades accionadas no respetaron las reglas
que rigen el concurso de méritos en la fase del curso de formación judicial previstas
en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 ni el documento maestro, en los que se
estableció que «Las actividades objeto de evaluación buscan valorar la apropiación del
contenido académico enfocado a la práctica judicial por parte de cada discente», bajo
un enfoque que permita advertir «el desarrollo de competencias sobre la función
judicial, la interpretación de textos jurídicos y la lógica del razonamiento para la
solución de problemas jurídicos».
11. Así pues, indicó que la Resolución núm. EJR24-1609 de 2024 se limitó a examinar
la habilidad del discente para asignar respuestas literales o de memoria y no la aptitud
reflexiva o interpretativa de los textos jurídicos de manera lógica.
2.3. Trámite procesal
12. El despacho ponente, mediante auto del 11 de diciembre de 20243, admitió la
tutela, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal
IX Curso de Formación Judicial 2019, y negó la medida provisional invocada por la
parte actora.
2.4. Intervenciones
13. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 4 solicitó que se declare improcedente
la solicitud de tutela, en tanto no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez
que el demandante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y la solicitud de medidas cautelares para cuestionar los actos administrativos
que considera lesivos de sus derechos.
14. De igual manera, indicó que no se configuró un perjuicio irremediable ni se
vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, por cuanto tuvo la
posibilidad de presentar recurso de reposición contra la decisión que definió los
puntajes de la prueba de la subfase general, cuya actuación se resolvió según la
normatividad aplicable.
2
Se transcribe incluso con errores
3
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0BFE2555D5C9A9FA 0BC8B05219AF9728 E65E420B78E1D273 EC9A68148A050295.
4
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2852B7294639406F 8A57D10447985DC4.
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15.
La Unión Temporal Formación Judicial 20195 pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque el accionante no establece ni acredita la
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la unión temporal.
16. Asimismo, indicó que esta actuó como un aliado estratégico de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla para el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial, por lo que
no tiene competencia para expedir los actos administrativos que cuestiona el tutelante
en este asunto. En consecuencia, solicitó su desvinculación.
17. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)6, en su
condición de institución académica que integra la Unión Temporal Formación Judicial
2019, se opuso a las pretensiones, al considerar que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, pues sus actuaciones, al igual que las
adelantadas por el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla dentro de la Convocatoria 27, se desarrollaron en el marco de las normas
que regulan el curso-concurso, contenidas en los acuerdos PCSJA18-11077 del 16 de
agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA19-11405 de
2019.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Cristian Camilo Franco Bonfante
en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
y la Unión Temporal Formación Judicial 2019.
3.2. Legitimación en la causa
19. La legitimación en la causa por activa del señor Cristian Camilo Franco Bonfante
se encuentra acreditada, por cuanto fue la persona que promovió la actuación
administrativa en la cual se expidieron las decisiones que acusó de desconocer sus
derechos fundamentales.
20. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la medida en
que fueron las autoridades que profirieron los actos administrativos que, a juicio del
tutelante, vulneraron sus garantías constitucionales.
21. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva
de la Unión Temporal Formación Judicial 2019, dada su condición de contratista
encargada del diseño, estructuración académica y desarrollo en la modalidad virtual y
presencial del IX Curso de Formación Judicial Inicial, que dio origen a esta acción
constitucional.
5
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3.3. Problema jurídico
22. La Sala debe decidir si el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal IX Curso de Formación Judicial 2019
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos
públicos, a la confianza legítima y a la buena fe del señor Cristian Camilo Franco
Bonfante. Para ello, es necesario establecer, primero, si la petición de amparo supera
el requisito de subsidiariedad.
23. Para el efecto, se estudiará: (i) generalidades de la procedibilidad de la acción de
tutela; y (ii) análisis de la Sala.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.
25. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable8; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»9.
Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
26. El señor Cristian Camilo Franco Bonfante presentó acción de tutela con la
pretensión principal de que se ordene a las entidades accionadas que expidan un acto
administrativo en el que reconozcan como acertadas las respuestas que registró en la
evaluación de la subfase general del «IX Curso de Formación Judicial Inicial» de la
Convocatoria 27 y se disponga su inclusión en la subfase especializada.
27. Lo anterior supone controvertir las decisiones adoptadas por el Consejo Superior
de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a través de i) la Resolución
núm. EJR24-1609 del 7 de noviembre de 2024, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el tutelante, en contra de ii) la Resolución núm. EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, mediante la cual se publicaron los resultados de la evaluación de la
subfase general del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», y se determinó que el
señor Cristian Camilo Franco Bonfante no aprobó dicha etapa del concurso de méritos.
28. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6° del Decreto 2591 de 1991 10
7
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
9
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
10
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
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que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con otros
mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por otro,
valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de forma
oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada caso11.
29. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero no sean idóneos
o eficaces, procede la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos
fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio irremediable,
el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección impostergables12.
30. En el caso bajo estudio, la Sala observa que el señor Cristian Camilo Franco
Bonfante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las
resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y EJR24-1609 del 7 de noviembre
siguiente, que lo excluyeron del curso de formación judicial de la Convocatoria 27 y le
impidieron continuar en la subfase especializada. Decisiones que, a su juicio,
vulneraron sus derechos fundamentales.
31. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que «las acciones de tutela que se
interponen en contra de los actos administrativos que se profieren en el marco de
concursos de méritos, por regla general, son improcedentes, en tanto que existe el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y, en el marco de esta, la posibilidad de solicitar medidas
cautelares. Esto sin perjuicio de que, atendiendo a las particularidades del caso en
concreto puesto en conocimiento, al juez constitucional evalúe si los mecanismos
ordinarios de defensa existentes en el ordenamiento jurídico son idóneos para la
protección de los derechos fundamentales»13.
32. En efecto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el
idóneo, puesto que, de acuerdo con el artículo 13814 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
el tutelante puede solicitar que se dejen sin efectos los referidos actos administrativos
y, a título de restablecimiento del derecho, su inclusión en el concurso de méritos o las
medidas pertinentes a que hubiese lugar.
33. Lo anterior, por cuanto dicho escenario judicial es el espacio adecuado para
resolver lo solicitado por el actor vía de la acción de tutela, en la medida en que lo
pretendido se dirige a cuestionar los motivos y razones de orden legal y reglamentario
en los que se fundamentó la administración para retirarlo del curso de formación
judicial.
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
11
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
12
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-456 de 2022
14
ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente
violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio,
de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
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34.
Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez de los actos
administrativos cuestionados, sino también, de ser procedente, para emitir las órdenes
necesarias con el fin de restituir el derecho vulnerado por las entidades accionadas e,
incluso, ordenar la reparación de daños.
35. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título V
de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares. Al
respecto, los artículos 229 y 230 establecen lo siguiente:
Artículo 229. Procedencia de Medidas Cautelares. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con
lo regulado en el presente capítulo.
Artículo 230. Contenido y Alcance de las Medidas Cautelares. Las medidas
cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y
deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para
el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes
medidas: […]15.
36. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales, materializados
en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el decreto de medidas
cautelares de protección»16. En relación con las medidas cautelares de urgencia, la
Corte expuso lo siguiente:
El CPACA concibe las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda
presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a
ellas, aunque sea necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según
se estableció en sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado: “(…) el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida
cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del
proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los
términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza
cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir
simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar” 17.
37. En ese orden, la Sala encuentra que el accionante puede pedir, como medida
cautelar, la suspensión de los efectos de las resoluciones EJR24-298 del 21 de junio
de 2024 y EJR24-1609 del 7 de noviembre de 2024, de manera que el juez ordinario
analice la posibilidad de mantener su continuidad en el curso de formación judicial
hasta tanto se defina su derecho.
15
Se transcribe incluso con errores.
16
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
17
Ibidem.
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38.
Ahora, en cuanto a la pretensión subsidiaria del accionante de emplear esta acción
constitucional como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable respecto de sus derechos al debido proceso y al acceso a cargos
públicos, es oportuno resaltar que el tutelante no aprobó la subfase general del curso
de formación judicial, al no superar el puntaje mínimo exigido. Esta decisión fue
revisada por las accionadas y confirmada en sede administrativa, por lo que su
exclusión del concurso de méritos obedece a la aplicación del reglamento a través de
los actos administrativos cuestionados.
39. Ciertamente, los acuerdos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 y PCSJA19-
11400 del 19 de septiembre de 2019 establecieron en forma explícita que cada una de
las subfases del curso de formación judicial tenía un carácter eliminatorio, lo que
significa que quienes no obtuvieron el puntaje mínimo previsto debían ser excluidos.
Tal situación era conocida previamente por el actor, por lo que no se puede inferir que
la actuación de la administración resulta abiertamente desproporcionada.
40. Así las cosas, en el evento de acceder a la petición del actor de incluirlo en la
siguiente etapa del proceso de selección sin cumplir con la respectiva puntuación
implicaría vulnerar el derecho a la igualdad de quienes sí aprobaron la prueba
eliminatoria, lo cual desvirtúa la finalidad del concurso y contradice las reglas que
previamente se fijaron.
41. En este orden, la Sala advierte que los argumentos planteados por el accionante
para justificar la procedencia excepcional de la tutela, ante una eventual amenaza de
sus derechos al debido proceso y al acceso a cargos públicos, con ocasión de los
actos administrativos acusados, hacen referencia a meras expectativas sobre su
continuidad en el concurso de méritos y no ofrecen certeza sobre la titularidad del
derecho subjetivo a ocupar el cargo al cual aspiraba, por lo que no se puede inferir que
las decisiones administrativas cuestionadas constituyan un perjuicio irremediable para
el actor. Es así como las circunstancias planteadas en la acción de tutela no evidencian
un riesgo de tal magnitud que amerite la intervención del juez constitucional.
42. En todo caso, resulta pertinente advertir que la situación que el actor pretende
conjurar con el amparo transitorio también puede plantearse al interior del proceso
ordinario, a través de la medida cautelar de urgencia, pues lo que busca es que se
analice la legalidad del acto administrativo que, en su criterio, afecta sus derechos,
antes de que finalice el concurso de méritos. Al respecto, el artículo 234 del CPACA
establece lo siguiente:
Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el
trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a
que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete 18.
18
Se transcribe incluso con errores.
8
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43. En este punto de la providencia, conviene destacar que el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados con
los derechos fundamentales deben resolverse por las vías jurisdiccionales
correspondientes, y solo ante la ausencia de dichas vías o cuando estas no sean
idóneas para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir al amparo
constitucional.
44. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es improcedente
en el entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial,
no sólo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos
procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo de defensa.
IV. CONCLUSIÓN
45. En consecuencia, la Sala encuentra que el escrito de tutela no superó el requisito
de subsidiariedad, en la medida en que el señor Cristian Camilo Franco Bonfante tiene
a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la solicitud
de medidas cautelares, mecanismos previstos en el CPACA para reclamar la
protección de los derechos fundamentales que, en su criterio, fueron vulnerados por el
Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión
Temporal IX Curso de Formación Judicial 2019.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Cristian
Camilo Franco Bonfante, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal IX Curso de Formación Judicial 2019,
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado:11001-0315-000-2024-06244-00
Accionante: Cristian Camilo Franco Bonfante
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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