Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06245-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06245-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06245-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
23 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06245-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: RAFAEL RICARDO JUNIOR BENAVIDES MARTÍNEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACCIONANTE ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DE LA SOLICITUD DE
APLICACIÓN DE PODER PREFERENTE Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA
COMO UNA INSTANCIA ADICIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A
UN DEBATE DE ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA
ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DIGNIDAD HUMANA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
1
En adelante la COMISIÓN NACIONAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06245-00
Actor: RAFAEL RICARDO JUNIOR BENAVIDES MARTÍNEZ
El señor RAFAEL RICARDO JUNIOR BENAVIDES MARTÍNEZ,
actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN
NACIONAL al haber proferido las providencias de 1o. y 21 de
octubre de 2024, dentro de la solicitud de ejercicio del poder
preferente realizada dentro de los procesos disciplinarios
identificados con los números únicos de radicación 18001-25-02-
000-2021-00114-00 y 18001-25-02-000-2022-00116-00.
I.2. Hechos
Adujo que el señor juez LUIS FERNANDO CAMARGO CÁRDENAS,
en calidad de titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Valparaíso
(Caquetá, Colombia), promovió procesos disciplinarios en su contra,
por el presunto incumplimiento de sus funciones en el cargo de
secretario del mencionado Despacho judicial.
Indicó que los procesos fueron identificados con los números únicos
de radicación 2021-00114-00 (acumulado al radicado 18001-25-02-
000-2021-00115-00) y 2022-00116-00 (acumulado al radicado
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06245-00
Actor: RAFAEL RICARDO JUNIOR BENAVIDES MARTÍNEZ
18001-25-02-000-2022-00122-00) y se adelantan ante la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá.
Refirió que solicitó la acumulación procesal de los mencionados
radicados dentro del proceso disciplinario 2021-00114-00, en razón
a que existe conexidad de hechos y que en ninguno de ellos se había
superado la etapa de la investigación, la cual fue rechazada por el
Despacho 03 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Caquetá mediante auto de 8 de marzo de 2023, decisión contra la
cual se interpuso recurso de reposición, desatado de forma negativa
en proveído de 2 de mayo de 2023.
Manifestó que nuevamente presentó solicitud de acumulación
procesal dentro del radicado disciplinario 2022-00116-00, la cual fue
denegada en auto de 12 de mayo de 2023, a pesar de cumplir con
los requisitos exigidos para el efecto.
Sostuvo que, en atención a que los procesos identificados con los
números únicos de radicación 2021-00114-00 y 2022-00116-00
estaban en el mismo estadio procesal y que era obligatoria la
acumulación de los mismos, solicitó ante la COMISIÓN NACIONAL
aplicación del poder preferente establecido en el artículo 239 de la
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06245-00
Actor: RAFAEL RICARDO JUNIOR BENAVIDES MARTÍNEZ
Ley 1952 de 28 de enero de 20192, la cual fue denegada en
providencia de 25 de octubre de 2023.
Aseveró que, mediante auto de 22 de marzo de 2024, si bien la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial ordenó acumular los
procesos disciplinarios 2021-00114-00 y 2022-00116-00, dicha
decisión fue revertida mediante proveído de 3 de mayo de 2024 y
confirmada en providencia de 15 de julio de 2024, toda vez que
mediante auto de 31 de octubre de 2023 fue cerrada la investigación
disciplinaria adelantada dentro del proceso disciplinario identificado
con el número único de radicación 2022-00116-00.
Relató que presentó nuevamente solicitud de aplicación del poder
preferente, la cual fue resuelta en providencia de 1o. de octubre
de 2024, a través de la cual la COMISIÓN NACIONAL se estuvo a
lo resuelto en providencia de 25 de octubre de 2023, decisión que
fue objeto de solicitud de aclaración, negada en auto de 21 de
octubre de 2024.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
2
Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
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Actor: RAFAEL RICARDO JUNIOR BENAVIDES MARTÍNEZ
Afirmó que la autoridad judicial accionada quebrantó los derechos
fundamentales invocados al desconocer el precedente constitucional
y el derecho sustancial que rige los procesos disciplinarios, tanto en
materia de acumulación procesal como en aplicación de la figura del
poder preferente como facultad dada por la Carta Política en su
calidad de órgano de cierre disciplinario.
Destacó que la COMISIÓN NACIONAL al no haber tenido en cuenta
los argumentos ni el material probatorio allegado a la solicitud de
aplicación del poder preferente, desconoció sus garantías
constitucionales, especialmente, el derecho al debido proceso, en la
medida en que omitió un pronunciamiento de fondo sobre el asunto
y se limitó a estarse a lo resuelto en providencia de 25 de octubre de
2023.
Aseveró que se incurrió en un defecto procedimental absoluto al
desconocer los artículos 281 del Código General del Proceso y 114,
116 y 117 de la Ley 1952 de 2019, comoquiera que no se cumplió
con el principio de congruencia procesal en el asunto al no haber
analizado los actos arbitrarios y contrarios reparados en las
investigaciones disciplinarias, por lo que la autoridad judicial
accionada no se pronunció ni sustentó en derecho el deber procesal
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que le asiste de dar el debido proceso a las solicitudes de
acumulación.
Destacó que la COMISIÓN NACIONAL en la providencia de 21 de
octubre de 2024 omitió motivar en debida forma la negatoria de la
solicitud de aclaración, pues no abordó ninguno de los tópicos
expuestos en la solicitud de aclaración elevada contra la providencia
de 1o. de octubre de 2024.
Sostuvo que, al no dar aplicación al poder preferente, resulta
evidente que la autoridad judicial accionada desconoció e inaplicó las
disposiciones legales, pues estaban debidamente probadas las
irregularidades sustanciales de la figura de acumulación procesal en
materia disciplinaria.
Finalmente, aseguró que se desconoció el precedente constitucional
en lo referente al debido proceso3 y la potestad sancionadora que
rige como garantía para la efectividad de los principios
constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia del interés
3
Corte Constitucional, sentencias T, 158 de 1993, T-868 de 2007, C-034 de 2014.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia
de 22 de mayo de 2008.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de abril de
2014.
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general.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] se deje sin valor ni efecto:
La providencia del 21 de octubre de 2024; no solo porque viola el
art. 29 de la C. sino los arts. 281 del C.G del P; el art. 114, 116 y
117 de la Ley 1952 de 2019, al no haberse pronunciado ni
desvirtuados los reparos hechos a la argumentación de la decisión
adoptada el 01 de octubre de 2024, omitiendo un
pronunciamiento sobre aquellos hechos de trascendental
importancia en la defensa del suscrito, respecto a la salvaguarda
del derecho debido proceso, en concordancia con la aplicación por
parte del accionado del poder preferente que le asiste como
órgano de cierre en materia disciplinaria; lo anterior en atención
a la flagrante violación a los procesos y procedimientos
“determinados en la ley 1952 de 2019 artículos 98 en
concordancia con el artículo 213 de la ley 1952 de 2019,
relacionados con la aplicación de la figura jurídica de la
acumulación procesal, en aplicación al principio de unidad
procesal”, dentro de la investigación disciplinaria 18-001-11-02-
001-2021-00114-00 llevada por el Despachos 03 Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, el cual preside la
Honorable Magistrada LUZ YANIBER NIÑO BEDOYA y la
investigación disciplinaria 18-001-25-02-002-2022-00116-00
llevada por el Despachos 02 Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Caquetá, el cual preside el Honorable magistrado
Manuel Enrique Flórez.
TERCERA. - Se le ORDENE a la ACCIONADA que en lugar de la
decisión que se dejan sin efecto, proferir decisión de fondo que
en derecho corresponde, valorando la argumentación fáctica,
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jurídica; así como el material probatorio allegado al escrito de
solicitud de aclaración a la providencia del 01 de octubre de 2024,
por medio del cual se dio respuesta a la solicitud de aplicación del
poder preferente, por las violaciones flagrantes al debido proceso
(en el trámite de la solicitud de aplicación de la figura de la
acumulación procesal) dentro de la investigación disciplinaria 18-
001-11-02-001-2021-00114-00 llevada por el Despachos 03
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, el cual
presidia la Honorable Magistrada LUZ YANIBER NIÑO BEDOYA y
que ahora preside Honorable Magistrada ROSMARY MURCIA
QUINTERO; y la investigación disciplinaria 18-001-25-02-002-
2022-00116-00 llevada por el Despachos 02 Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Caquetá, el cual preside el Honorable
magistrado Manuel Enrique Flórez; lo anterior como se argumentó
en este escrito tutelar.
CUARTA: ORDENAR al accionado que de no ser esta
magistratura la encargada de resolver la solicitud de poder
preferente, como expresa en su providencia del 21 de octubre de
2024, explique a esta parte la razón por la cual entro a decidir de
fondo la misma, para negar la aplicación de poder preferente; y
se remita al órgano competente esta solicitud de poder preferente
[…]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo de la referencia, toda vez que
no ha incurrido en acción u omisión que comprometa la vulneración
de los derechos fundamentales del actor, pues las providencias
acusadas se adelantaron y motivaron conforme a las disposiciones
legales, máxime cuando la solicitud de poder preferente se surtió de
conformidad con el Acuerdo 036 de 14 de junio de 2022.
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Aseguró que lo que se evidencia es la inconformidad del actor con
una decisión adversa a sus intereses, por lo que al haberse resuelto
la solicitud de poder preferente y la de aclaración, se está ante la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Resaltó que el actor promovió acción de tutela bajo los mismos
hechos, la cual fue conocida por el Consejo de Estado con radicación
11001-03-15-000-2024-02359-00, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.
Adujo que la Corte Constitucional en sentencia C-134 de 2023
concluyó que: “[…] la regulación de poder preferente en los términos
previstos en la reforma a la Ley 270 de 1996, conducía a declarar
inconstitucional el segundo inciso del artículo 55 del proyecto de Ley
Estatutaria No. 468 de 2020 Cámara, como también que el parágrafo
1° del artículo 239 de la Ley 1952 de 2019 (Código General
Disciplinario), alusivo al ejercicio preferente del poder jurisdiccional
disciplinario de esta Comisión, por lo que la Ley Estatutaria 2430 de
2024 “Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996Estatutaria de la
Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones” en sus
artículos 55 y 56 no determinó que dentro de las funciones de esta
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Corporación, se encuentre que deba resolver solicitud de poder
preferente […]”.
Finalmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia o, en su defecto, denegar las pretensiones por carencia
actual de objeto por hecho superado.
I.6. Interviniente
I.6.1.- La COMISIÓN SECCIONAL informó que el señor
BENAVIDES MARTÍNEZ ya había presentado acción de tutela por
los mismos hechos bajo el número único de radicación 11001-03-15-
000-2024-02359-00, la cual fue conocida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado que, en sentencia de 26 de junio de 2024, declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo por carecer del requisito
general de la relevancia constitucional, comoquiera que lo pretendido
por el actor era usa ese mecanismo constitucional para plantear una
simple inconformidad zanjada por el juez natural de la causa.
Adujo que el proceso disciplinario 2022-00116-00, además de que se
encuentra en trámite, se ha surtido dentro del plazo dado por el
legislador y conforme a la normativa respecto a la acumulación de
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procesos, por lo que ha actuado dentro del margen de
discrecionalidad y autonomía dentro de los términos de la Ley 1952
de 2019, sin que se haya incurrido en vías de hecho e irregularidad
alguna.
Por último, indicó que el actor no argumentó de forma alguna la
relevancia constitucional en el asunto, máxime cuando lo que se deja
en evidencia es que lo pretendido es que el juez constitucional actúe
como una tercera instancia y revise nuevamente lo decidido, con
desconocimiento de los principios constitucionales protegidos en los
artículos 229 y 230 de la Constitución Política, de autonomía e
independencia judicial, por lo que solicitó denegar el amparo
deprecado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
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Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
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todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 1o. y 21 de octubre de
2024, proferidas por la COMISIÓN NACIONAL, dentro de la
solicitud de ejercicio del poder preferente realizada dentro de los
procesos disciplinarios identificados con los números únicos de
radicación 2021-00114-00 y 2022-00116-00.
La controversia tiene origen en los procesos disciplinarios iniciados
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Actor: RAFAEL RICARDO JUNIOR BENAVIDES MARTÍNEZ
por el señor juez LUIS FERNANDO CAMARGO CÁRDENAS, en
calidad de titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Valparaíso
(Caquetá, Colombia) en contra del actor, por el presunto
incumplimiento de sus funciones en el cargo de secretario del
mencionado Despacho judicial, actuaciones dentro de las cuales se
solicitó la acumulación procesal y, posteriormente, ante la negativa
de ello, la aplicación del poder preferente.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana, habida cuenta
que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto procedimental absoluto al desconocer el principio de
congruencia procesal, pues se limitó a estarse a lo resuelto en la
providencia de 25 de octubre de 2023 y omitió realizar un análisis de
fondo frente a las irregularidades alegadas, pues no abordó ninguno
de los tópicos expuestos en la solicitud de aplicación del poder
preferente y en la aclaración.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
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COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos deprecados e incurrió
en el defecto procedimental absoluto, al haber proferido las
providencias de 1o. y 21 de octubre de 2024 dentro de la
solicitud del ejercicio del poder preferente realizada dentro de los
procesos disciplinarios identificados con los números únicos de
radicación 2021-00114-00 y 2022-00116-00.
Antes de entrar a analizar el cumplimiento de los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala resalta que si bien el actor promovió una acción de
tutela similar a la presente, a la cual le fue asignado el número único
de radicación 11001-03-15-000-2024-02359-004, lo cierto es que
en ese asunto alegó la vulneración de sus derechos fundamentales
con ocasión de la providencia de 25 de octubre de 2023, por medio
de la cual se denegó una de las solicitudes para ejercer el poder
preferente dentro de los procesos disciplinarios en los cuales está
siendo investigado.
Así las cosas, comoquiera que en el caso bajo examen las
providencias cuestionadas son las proferidas el 1o. y el 21 de octubre
4
Resuelta por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
“B” en sentencia de 26 de junio de 2024, a través de la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo por falta del requisito general de la relevancia constitucional.
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de 2024 y que, además, existen nuevos hechos posteriores al auto
de 25 de octubre de 2023, no se advierte un actuar temerario ni se
configura la cosa juzgada en el asunto, pues frente a tales
providencias no se han presentado acciones de tutela con
anterioridad a la de la referencia.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
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esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
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excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional15 las decisiones emitidas
15
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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por la COMISIÓN NACIONAL en desarrollo del procedimiento
disciplinario tienen la naturaleza de providencias judiciales con la
fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal forma que no
pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede
constitucional y a través de la acción de tutela siempre que se
acredite el cumplimiento de los requisitos generales y específicos y
se cumplan las condiciones dispuestas por la jurisprudencia para el
efecto.
Ahora bien, descendiendo al estudio de los requisitos generales de
procedibilidad, especialmente el requisito general de la relevancia
constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone el
actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede
ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.
En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que la
COMISIÓN NACIONAL, en la providencia de 1o. de octubre de
2024, dispuso lo siguiente:
“[…] En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la solicitud
de aplicación del poder preferente se trata del mismo asunto
contenido en la decisión del 25 de octubre de 2023, actuación
en la cual esta Comisión decidió no ejercer el mismo, razón por
la cual se ordena estarse a lo resuelto en el auto de la referencia
[…]”.
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De igual forma, mediante auto de 21 de octubre de 2024, la
COMISIÓN NACIONAL resolvió la solicitud de aclaración, tal como
se transcribe a continuación:
“[…] Sin embargo, es oportuno indicarle que, la Honorable Corte
Constitucional en la Sentencia C-134/23, concluyó que la
"regulación del poder preferente en los términos previstos en
la reforma" a la Ley 270 de 1996, conducía a declarar
inconstitucional el “segundo inciso del artículo 55” del proyecto
de Ley Estatutaria No. 468 de 2020 Cámara, como también que
el parágrafo 1° del artículo 239 de la Ley 1952 de 2019 (Código
General Disciplinario), alusivo al ejercicio preferente del poder
jurisdiccional disciplinario de esta Comisión, por lo que la Ley
Estatutaria 2430 de 2024 “Por la cual se modifica la Ley 270 de
1996Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras
disposiciones” en sus artículos 55 y 56 no determinó que dentro
de las funciones de esta Corporación, se encuentre que deba
resolver solicitud de poder preferente, como se puede ver a
continuación:
[…]
Superado lo anterior, del contenido del escrito de aclaración se
aprecian los mismos argumentos esbozados en las solicitudes de
aplicación de poder preferente resueltas mediante los autos del
25 de octubre de 2023 y 1 de octubre de los corrientes,
encaminados a lograr su aplicación por parte de esta
Corporación.
Observándose que, de la narrativa expuesta por el interesado,
no se configuran argumentos de reproche sobre conceptos o
frases incluidas en la parte resolutiva de la providencia del 1 de
octubre de 2024, que pudieran presentar alguna clase de duda
al solicitante.
Por el contrario, lo pretendido por el signatario, es una solicitud
que se torna improcedente, mediante la cual se pretende utilizar
la figura de aclaración enfocada a la misma situación, la negativa
a su solicitud de aplicación de poder preferente, radicadas en
múltiples oportunidades, con el fin de lograr un fallo que le
pueda favorecer, y a las cuales se les ha dado tramite por parte
de esta Corporación.
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[…]”.
Ahora, revisado el contenido de la providencia de 25 de octubre de
2023, a la cual se remitió la COMISIÓN NACIONAL al resolver el
proveído de 1o. de octubre de 2024 que en esta oportunidad se
reprocha, se advierte que se realizó un análisis detallado y motivado
de la solicitud de poder preferente, de la siguiente manera:
“[…] De entrada debe advertirse, que no es viable acceder a la
solicitud del señor Benavides Martínez, en el sentido de
inspeccionar los procesos disciplinarios 18-001-11-02-001-
2021-00114-00 y 18-001-25-02-002-2022-00116-00, pues del
artículo 239 del CGD no se desprende esa facultad, ni esta
Comisión lo estima necesario ante la existencia de las
certificaciones expedidas por la Secretaria Judicial de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, las que
son suficientes para establecer lo pretendido.
[…]
También es cierto que, al no existir una transgresión a las
garantías debidas dentro de los procesos disciplinarios, tal como
lo protege el artículo 11 del CGD, no es posible a través de la
aplicación del poder preferente invadir la órbita de juez natural.
Bajo esta tesitura, es de anotar que en la petición, el empleado
Benavides Martínez requiere que se revise la solicitud de
acumulación formulada para los procesos 2022 00116 00 al
2021 00114 00, circunstancia que se escapa de la potestad
otorgada en la ley para que esta Colegiatura pueda entrar a
realizar dicho análisis, pues es el juez natural el llamado a
verificar si se configura la identidad de sujetos, hechos y objeto,
y resolver si procede o no la acumulación.
Dicho de otra forma, la figura del poder preferente no permite
invadir la órbita de la autonomía judicial que garantizan los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política, so pretexto de la
transgresión al debido proceso y, por consiguiente, no se
vislumbra una razón poderosa para que esta Corporación pueda
ejercer la reseñada potestad consagrada en el parágrafo 1º del
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artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, pues aunque la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial es titular del ejercicio preferente
del poder jurisdiccional disciplinario en cuyo desarrollo puede
iniciar, asumir o proseguir cualquier proceso, investigación o
juzgamiento de competencia de las comisiones seccionales de
disciplina judicial de oficio o a petición de parte, esto solo es
viable en estos momentos, si se cumple con los presupuestos
señalados.
De ahí que deba arribarse a la conclusión, que el proceso se ha
venido desarrollando con observancia de la ley en lo que se
refiere a etapas y garantías procesales, es por esto que se
advierte al solicitante que es pertinente permitir que sea el Juez
natural, esto es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Caquetá, quien continúe adelantando las actuaciones, pues la
competencia, como su nombre lo indica, hace referencia al
derecho a ser juzgado por la autoridad que constitucional o
legalmente ha sido instituida para definir un asunto en
particular, sobre todo en este caso cuando se han tomado las
decisiones en oportunidad, y en la medida que lo ha permitido
el disciplinable con sus intervenciones.
Ahora bien, es del caso precisar que la H. Corte Constitucional
en la Sentencia C-134/23 --cuyo texto definitivo se desconoce-,
concluyó que la “regulación del poder preferente en los
términos previstos en la reforma” a la Ley 270 de 1996,
conducía a declarar inconstitucional el “segundo inciso del
artículo 55” del proyecto de Ley Estatutaria No. 468 de 2020
Cámara, como también que el parágrafo 1° del artículo 239 de
la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), alusivo al
ejercicio preferente del poder jurisdiccional disciplinario de esta
Comisión, se encuentra vigente, no puede esta Comisión
desconocer las consideraciones realizadas por el alto Tribunal,
referidas a la garantía del Juez natural para los sujetos
disciplinables y las reglas de procedimiento que deben seguirse
por parte de esta jurisdicción.
Por lo anterior, no es posible ejercer el poder preferente en
estudio […]”.
De los apartes transcritos de las providencias cuestionadas, así como
del auto de 25 de octubre de 2023 al cual se remitió la COMISIÓN
NACIONAL, se extrae que las inconformidades expuestas en el
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escrito de tutela de la referencia, además de que carecen de una
perspectiva constitucional, en la medida en que su solución se deriva
de la interpretación que el actor pretende que se dé a las normas
aplicables al asunto, fueron resueltas por la autoridad judicial
accionada en las providencias cuestionadas.
Significa lo precedente que lo pretendido por el accionante es que el
juez de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en la solicitud de aplicación del poder preferente y en la
de aclaración, con la finalidad de que se haga una corrección al
análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la
interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera
una instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia que obedece a la interpretación dada por el juez
natural del asunto a las normas, en el cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de
un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de enero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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