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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06256-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Conjuez Germán Lozano Villegas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06256-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por Claudia Ximena Hernández López, por intermedio de apoderado judicial, contra la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández, como apoderada de la Nación- Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el poder que fue aportado durante el trámite constitucional. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06256-00

Consejero ponente: Conjuez Germán Lozano Villegas

22 de mayo de 2025

Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado- Sección
Segunda- Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06256-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONJUEZ PONENTE: GERMÁN LOZANO VILLEGAS

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06256-00
Accionante: CLAUDIA XIMENA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Accionado: SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR FALTA DE
AGOTAMIENTO DE MECANISMOS EXTRAORDINARIOS DE
DEFENSA. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
COMO INSTRUMENTO EFICAZ E IDÓNEO PARA LA
PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

Procede la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por la señora Claudia
Ximena Hernández López, por intermedio de apoderado, en contra de la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

a. Solicitud de amparo1

1. La señora Claudia Ximena Hernández López, por intermedio de apoderado
judicial presentó acción de tutela en contra de la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, cuestionando lo decidido en la sentencia de
segunda instancia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado proferida el 10 de septiembre de dos mil veinticuatro (2024),
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado 25000-23-25-000-2011-01266-02, en la cual se plantea una

1 Según consta del archivo “014ED_Demanda” dentro del expediente digital.

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Accionante: Claudia Ximena Hernández López
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Segunda- Sala de Conjueces
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controversia relacionada con la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 y particularmente, respecto al reconocimiento de la prima
especial de servicios de que trata la Ley 4 de 1992.

2. Considera la parte accionante que se han vulnerado sus derechos al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo, remuneración justa e
igualdad, al considerar que la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda no resolvió todos los asuntos que se encontraban pendientes de
la litis, en la medida que el acuerdo conciliatorio al que se llegó con la Procuraduría
General de la Nación, no contemplaba la prima especial de servicios y, por tanto, la
sentencia debía abordar esta cuestión de fondo y no estarse a lo resuelto en la
conciliación parcial2.

b. Pretensiones

3. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la parte actora formuló las
siguientes pretensiones:

“(…) PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de mi representada al debido
proceso y a la administración de justicia, derecho al trabajo y la remuneración justa,
derecho de igualdad.
SEGUNDO: ORDENAR que se reconozca la naturaleza parcial de la conciliación
celebrada el 12 de noviembre de 2019 ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO: ORDENAR que se deje sin valor ni efecto o sea anulada, la sentencia de
fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Consejo
de Estado.
CUARTA: ORDENAR al Consejo de Estado que se profiera una nueva sentencia
respetando la naturaleza parcial de la conciliación y resolviendo sobre los aspectos
no conciliados.
QUINTA: ORDENAR al Consejo de Estado que se profiera en la nueva sentencia en
la que se aplique el principio de favorabilidad laboral y se respete el precedente
jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
18 de mayo de 2016, por el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2009 hasta
el 5 de septiembre de 2016. Todo de acuerdo con las pruebas que obran en el citado
expediente y que no fueron valoradas, sino que por el contrario fueron ignoradas en
la sentencia objeto de la presente acción de tutela.
SEXTA: DAR un término perentorio para acatar la sentencia de tutela teniendo en
cuenta que es un proceso iniciado en el año 2011.” 3

c. Hechos relevantes de la acción

4. De acuerdo con lo señalado en la acción de amparo y conforme al expediente
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, la tutelante por

2 Demanda contenida en el archivo “014ED_Demanda.pdf.”
3 Demanda contenida en el archivo “014ED_Demanda.pdf.”
4 Según consta del archivo “047RECIBEPRUEBAS_Memorial_EXP201101266zip” dentro del expediente digital.

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intermedio de apoderado presentó demanda en contra de la Nación- Procuraduría
General de la Nación, buscando que se declarara la nulidad del acto administrativo
de fecha agosto de 2011 referencia SG No. 3773 expedido por la Secretaría General
de esa entidad.

5. En la demanda, se indicó que la señora Claudia Ximena Hernández López
se desempeñó como Procuradora 55ª Judicial II Administrativa de Bogotá el 15 de
mayo de 2009, cargo ejercido hasta el 5 de septiembre de 2016. Con la demanda,
se buscaba que la entidad demandada reliquidar la asignación mensual de la
demandante y los demás ingresos laborales y prestaciones sociales devengados
por ella, a partir de mayo de 2009, incluyendo la bonificación por compensación
establecida en los decretos 610 y 1239 de 1998, sumada ella a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales percibidos, hasta llegar al 80% de los
ingresos totales laborales que perciben los magistrados de las Altas Cortes.

6. El 14 de septiembre de 2017, la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidió estarse a lo resuelto en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011 y a la
sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016, y para ello declaró la nulidad del
acto administrativo demandado y ordenó a título de restablecimiento del derecho lo
siguiente:

“Tercero: Condénase a la Nación - Procuraduría General de la Nación a reconocer y
pagar a la señora Claudia Ximena Hernández López, el derecho adquirido a recibir el
equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto devenga
como salario un Magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de
Vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas
por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación
de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación,
prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de navidad
y cesantías, a partir del quince (15) de mayo de 2009 y hasta cuando en virtud de la
sentencia del 14 de diciembre de 2011, por la cual se anuló el Decreto 4040 de 2004,
empezó a pagársele el mencionado porcentaje, con los correspondientes reajustes,
mientras permanezca como titular del derecho consagrado en el Decreto 610 de 1998,
de conformidad con las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia.

Cuarto: En consecuencia, la Nación - Procuraduría General de la Nación, debe
reconocer y pagar a la demandante, el equivalente al diez por ciento (10%) mensual
de lo que por todo concepto devenga como salario mensual un Magistrado de una
Alta Corte, a partir del quince (15) de mayo de 2009, como se indicó en la parte motiva
de esta sentencia y pautas dadas en el ordinal anterior.”

7. Contra la decisión de primera instancia, la parte demandada formuló recurso
de apelación, mientras que la parte demandante solicitó aclaración de la sentencia,

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con el fin de precisar que la reliquidación incluyera “el auxilio de cesantía”, petición
que fue negada por el Tribunal mediante proveído del 30 de abril de 2019.

8. El 25 de septiembre y el 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca realizó audiencia de conciliación, a través de la cual la
Procuraduría General de la Nación presentó una fórmula de arreglo, que fue
aceptada por la parte actora y, con ello, el 9 de diciembre de 2019 fue aprobada la
conciliación, en decisión que indicó lo siguiente:

“PRIMERO: APROBAR en forma integral y total la conciliación a la que llegaron la
demandante Claudia Ximena Hernández López, identificada con CC 63.348.702 de
Bucaramanga y la demandada Nación- Procuraduría General de la Nación, a través
de su apoderado el día 12 de noviembre de 2019, durante la audiencia de conciliación
celebrada ante esta Corporación, donde ésta se obligó a pagarle a aquella la cantidad
de Ciento Once Millones Cincuenta y Dos Mil Setecientos Catorce Pesos
($111.052.714), por concepto de bonificación por compensación, causada entre el 15
de mayo de 2009 y en 26 de enero de 2012, suma que incluye el capital más el 70%
de la indexación; pago que se realizará en los términos expuestos en la Resolución
147 de 5 de abril de 2018 y de conformidad con los artículos 192 y 195 de la Ley 1437
de 2011. (…)”

9. A través de sentencia del 10 de septiembre de 2024, la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, contra la sentencia de primer
grado. En ella, la Sala dispuso estarse a la conciliación celebrada por las partes y
aprobada por el Tribunal Administrativo y consideró no condenar en costas y
agencias en derecho.

10. En la decisión cuestionada, la Sala de Conjueces encontró que no estaba
nada pendiente por ser resuelto en la apelación configurando así el fenómeno de
sustracción de materia.

d. Trámite procesal

11. Una vez radicada la acción constitucional, la misma correspondió al
conocimiento de la Magistrada Gloria María Gómez Montoya, quien mediante
escrito del 26 de noviembre de 20245 se declaró impedida para conocer de la
presente acción, por considerar que existía un interés directo en el planteamiento y
resultas de la acción constitucional.

12. Efectuado el nuevo reparto, la acción constitucional fue asignada para su
trámite al Magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, quien mediante proveído del 4 de

5 Según consta del archivo “020Manifestaciond_20240625600IMPEDIMEN” dentro del expediente digital.

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diciembre de 20246 se declaró impedido para conocer de esta acción, de acuerdo
con lo señalado en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.

13. Surtido el trámite respectivo, el proceso constitucional fue repartido para su
gestión al Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien a través de auto del 16 de
enero de 20257, se declaró impedido para conocer de la acción constitucional, por
tener interés directo en las resultas del proceso.

14. En atención al trámite surtido, mediante proveído del 24 de enero de 2025 8
el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez se declaró impedido para conocer de la
acción constitucional, remitiendo el proceso a Secretaría para la designación de
conjueces.

15. Una vez conformada la Sala de Conjueces, mediante proveído del 6 de
febrero de 20259, se declaró fundado el impedimento propuesto por los magistrados
de la Sección Quinta y se les separó del conocimiento de la acción constitucional.
Posteriormente, a través de auto del 2 de abril de 202510 se admitió la acción
constitucional, se vinculó como terceros con interés a la Nación- Procuraduría
General de la Nación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la
Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; y se solicitó la remisión del expediente del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 25000-23-25-
000-2011-01266 00/01/02

e. Intervenciones

16. Una vez surtido el trámite de notificaciones correspondiente, el 7 de abril de
202511 la Secretaría de la Sección Segunda Subsección F del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió las copias del expediente solicitado con la
admisión de la acción constitucional.

17. La Procuraduría General de la Nación por intermedio de apoderado judicial,
en su condición de tercero con interés, mediante memorial del 9 de abril de 202512
se opuso a la prosperidad de la acción constitucional, considerando que i) no se

6 Según consta del archivo “024Manifestaciond_Camila20240625600CLA” dentro del expediente digital.
7 Según consta del archivo “026Manifestaciond_202406256manifiestai” dentro del expediente digital.
8 Según consta del archivo “028Manifestaciond_IMPEDIMENT_20240625600ClaudiaXi” dentro del expediente

digital.
9 Según consta del archivo “032Autoqueresuel_autoresue_Autoresuelveimpedime” dentro del expediente

digital.
10 Según consta del archivo “038Autoqueadmite_AUTOQUEADMITELAACCIO” dentro del expediente digital.
11 Según consta del archivo “046RECIBEPRUEBAS_Memorial_Correo_JulianaAndrea” dentro del expediente

digital.
12 Según consta del archivo “047_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONESTACIONTUTELAC” dentro del

expediente digital.

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presentaba causal alguna de procedencia de la acción constitucional y argumentó
que ii) no existió ningún derecho vulnerado de parte de las autoridades judiciales
accionadas.

II. CONSIDERACIONES

a. Competencia

18. La Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado, es
competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo
señalado en el artículo 86 Constitucional, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado.

b. Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala de Conjueces determinar en primer lugar lo siguiente:
¿se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencias
en el caso concreto? Si la respuesta es afirmativa, se debe analizar lo siguiente: ¿la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales invocados por la accionante Claudia Ximena Hernández
López, al expedir la sentencia del 10 de septiembre de 2024, en la cual se estuvo a
lo acordado en la conciliación celebrada por las partes y que fue aprobada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

c. Aspectos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. El artículo 86 de la Constitución Política desarrolló la acción de tutela como
un instrumento judicial preferente, informal y sumario de protección de derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados,
producto de acciones u omisiones de autoridades públicas y de particulares, en los
casos determinados por la Ley. Este mecanismo constitucional, fue diseñado por el
constituyente para salvaguardar los derechos constitucionales fundamentales, solo
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se
utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable.

21. Desde sus inicios, la Corte Constitucional se ocupó de interpretar la acción
de tutela contra providencias judiciales, considerando siempre su procedencia de
manera excepcional. En la sentencia C- 549 de 1992, en el cual se declaró la
inexequibilidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, se decantaron los primeros
tres requisitos de procedencia de este instrumento, a saber: i) cuando la lesión del

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derecho sea consecuencia directa de la providencia judicial, “por deducirse de manera
manifiesta y directa de su parte resolutiva”; ii) siempre que se hubiesen agotado los
recursos en la vía judicial y iii) cuando no existiera otro mecanismo idóneo para
salvaguardar el derecho vulnerado.

22. La evolución jurisprudencial del máximo Tribunal Constitucional se concretó
en la sentencia C-590 de 2005, en la cual se desarrollaron los requisitos generales
de procedibilidad de tutela13, que corresponden aquellas condiciones que
determinan la viabilidad del estudio del mecanismo constitucional contra
providencias; y los requisitos específicos14, que constituyen en las causales que
permiten evaluar si las decisiones judiciales se ajustan a parámetros
constitucionales.

23. La Sala Plena del Consejo de Estado en fallo del 31 de julio de 2012, unificó
su posición respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en atención a la divergencia de criterios existentes entre las diferentes
Secciones y Subsecciones de la Corporación. En tal sentido, se admitió que este
mecanismo constitucional es procedente, siempre y cuando se cumplan unos
requisitos especiales y excepcionales15.

24. Posteriormente, en la sentencia del 5 de agosto de 2014 16 de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo se definieron los requisitos especiales y
excepcionales para que proceda la acción de tutela, para ello se recogieron los
requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia y las causales
específicas, que fueron establecidas en la jurisprudencia constitucional.

25. De esta manera, el estudio de la tutela contra decisiones judiciales se
compone de dos momentos: i) la evaluación de las condiciones generales de
procedibilidad, en las cuales no se analiza el fondo del asunto, sino que se estudian
las condiciones por las cuales excepcionalmente este mecanismo puede ser
impetrado; ii) el análisis de los yerros propuestos frente a la decisión enjuiciada; en

13 De conformidad con lo señalado en la sentencia C-590 de 2005, son requisitos generales los siguientes: i)

que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se busque evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; iii) que se cumpla el requisito de inmediatez en la interposición de la acción; iv) cuando
se trate de una irregularidad procesal, la misma tiene que ser decisiva en la sentencia; v) que se identifiquen de
manera razonable los hechos que dan lugar a la acción y los mismos se han debido alegar en el proceso judicial,
cuando ello fuere posible; y vii) que no se trate de sentencias de tutela.
14 Son requisitos (o causales específicas de procedibilidad) las siguientes: i) defecto orgánico, ii) defecto

procedimental absoluto, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) error inducido, vi) decisión sin
motivación, vii) desconocimiento del precedente y viii) violación directa de la constitución.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P.

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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este punto, la labor del juez se centra en el análisis de la causal que ha sido indicada
por el accionante y la contrasta con el contenido de la providencia judicial.

26. En todo caso, además de los requisitos generales y específicos es necesario
que para que el amparo pueda ser concedido, se debe acreditar que: i) la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión, y ii) no se busque reabrir un debate que
sea propio de las instancias del proceso judicial17. Lo anterior, es importante en la
mediad que la tutela no es una tercera instancia en la que se busquen revivir
“términos interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.”18

27. Con base en todo lo expuesto, se analizarán los requisitos generales de
procedibilidad, con el propósito de verificar si el amparo solicitado, se encuentra en
el margen de excepcionalidad que habilita al Juez Constitucional a evaluar el
contenido de la providencia impugnada.

d. Caso concreto: estudio de los requisitos generales de procedibilidad

• Tutela contra tutela

28. Frente a este aspecto, para la Sala de Conjueces hay certeza que se cumple
con este requisito, en razón a que la providencia cuestionada, se dio en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que invocó la
accionante para obtener la nulidad del oficio SG No. 3773 expedido por la Secretaría
General de la Procuraduría General de la Nación.

• Inmediatez

29. El Decreto 2591 de 1991 originalmente, contemplaba un término de
caducidad para la acción de tutela contra providencias, sin embargo, tal disposición
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992.
Esta circunstancia, no indica que este instrumento pueda ser usado en cualquier
tiempo, después de transcurridos años de la ejecutoria de la providencia, ya que
esto podría afectar de manera grave principios fundamentales del sistema jurídico,
como la seguridad jurídica.

30. Es por ello que la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa
ha interpretado que una de las condiciones necesarias para que proceda la tutela,
es que la misma se interponga dentro de un término razonable. En la sentencia de

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de

2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-03774-01
18 Ibíd.

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unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado aclaró que objetivamente, seis (6) meses es un término
adecuado para solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimaron
vulnerados.

31. De acuerdo con lo probado en el expediente19, la sentencia de segunda
instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue
proferida el 10 de septiembre de 2024 por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Esta providencia fue notificada electrónicamente
mediante correo enviado el 8 de octubre de 2024. A su turno, la acción de tutela fue
presentada el 18 de noviembre de 2024, por tanto, se entiende satisfecha la
condición temporal.

• Subsidiariedad

32. El requisito de subsidiariedad de la acción de tutela contra providencia judicial
implica que el accionante debe anteriormente, haber agotado todos los medios tanto
ordinarios como extraordinarios de defensa judicial, salvo que se busque evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. En el caso bajo examen, es claro que no
existen instrumentos ordinarios de defensa, teniendo en cuenta que la decisión
acusada es una sentencia de segunda instancia, contra la cual no procede ningún
recurso ordinario; sin embargo, es necesario determinar si existen otros medios de
defensa extraordinarios.

33. El capítulo I del título VI del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, regula el recurso extraordinario de revisión, un medio
de impugnación que procede contra las sentencias proferidas por “las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.”

34. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado,

“El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación y una excepción
al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
porque, a través de este, se abre la posibilidad de controvertir fallos ejecutoriados
conforme con las causales del artículo 250 del CPACA. El objeto de este recurso
extraordinario reside en el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido,
cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron analizarse en
el curso del proceso correspondiente (…)”.20

19 Según consta del archivo “046RECIBEPRUEBAS_Memorial_Correo_JulianaAndrea” dentro del expediente

digital.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P.

Alberto Montaña Plata, sentencia del 13 de octubre de 2020, rad. No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).

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Accionante: Claudia Ximena Hernández López
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35. Frente a su pertinencia, el Alto Tribunal explicó que “solo podrán ser revisadas
aquellas decisiones que se subsuman en el supuesto de hecho de la causal de revisión,
debido a que, el legislador, de manera expresa, consagró ciertas hipótesis que, por su
gravedad, permiten romper el principio de cosa juzgada de las decisiones ejecutoriadas”.
Lo anterior se justifica en la necesidad de proteger la seguridad jurídica y asegurar
que solo, en eventos excepcionales, se puede dejar sin efectos una sentencia
debidamente ejecutoriada.

36. El artículo 250 del CPACA, establece de manera clara, taxativa y restringida
las causales por las cuales es posible acceder a la revisión, y ellas son:

“ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada.”

37. En recientes pronunciamientos el Consejo de Estado también ha señalado
que cuando se presentan violaciones del principio de congruencia en sentencias de
segunda instancia, es posible acudir al recurso extraordinario de revisión, por

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configurarse allí una violación del derecho fundamental al debido proceso21. Frente
a lo anterior, el alto Tribunal ha explicado lo siguiente:

“2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la
sentencia.

(…) En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que
tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en los siguientes términos: este principio de la congruencia de la sentencia
[C.C.A. Art. 170], exige de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la
parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que
la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en
la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es
decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se
incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo ‘ultrapetita’ que consiste en reconocer
un mayor derecho que el invocado por el demandante, ‘extrapetita’: cuando se
reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho
reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de
hechos no alegados, y ‘minuspetita’: cuando se omite el pronunciamiento sobre una
de las pretensiones.

La violación de dicho principio traería como consecuencia, igualmente la violación
al debido proceso, en la medida en que nuestro ordenamiento positivo consagra
etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan argumentos
en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se ha planteado
desde la demanda (...)22”

38. De acuerdo con lo indicado en los antecedentes de esta providencia, la parte
actora en el escrito considera que la sentencia de segunda instancia, en su concepto
había desconocido los derechos de la parte actora, en la medida que no resolvió
puntos que estuvieron excluidos de la conciliación “parcial”, es decir, al estarse a lo
acordado en la conciliación, dejó de resolver puntos que debían ser objeto de
discusión judicial, especialmente en lo relacionado con la correcta liquidación de la
prima especial de servicio contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

39. A partir de lo anterior, es claro que los argumentos expuestos por la
accionante corresponden plenamente a una violación del principio de congruencia,
en la medida que lo reprochado corresponde a una presunta omisión de la segunda
instancia de resolver asuntos pendientes que fueron solicitados en la demanda,
configurando un supuesto de una sentencia minuspetita, lo anterior bajo la

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20

de febrero de 2020, rad. No. 11001-03-15-000-2019-03861- 01, C.P. María Adriana Marín
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, C.P.

Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 7 de octubre de 2022, rad. No. 11001-03-15-000-2021-07530-00
(REV).

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consideración que la segunda instancia no tuvo en cuenta que la conciliación fue
“parcial” y no “total”.

40. Evaluando los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencias, para la Sala de Conjueces sí es claro que la carga argumentativa está
encaminada a demostrar la existencia de una vulneración del principio de
congruencia, que a su turno configuraría una violación del derecho al debido
proceso, asunto que puede discutirse y decidirse a través del recurso extraordinario
de revisión. Igualmente, la Sala observa que los argumentos que presenta el escrito
de tutela para sustentar que dicho recurso extraordinario de revisión no procedería,
no se refieren directamente a los otros derechos fundamentales cuya protección se
pretende, es decir, a la administración de justicia, al trabajo, a la remuneración justa,
y a la igualdad. Sobre éste último, en especial, debe destacarse que la providencia
atacada aplica, la que en su concepto constituye la sentencia de unificación
pertinente para el caso, exponiendo su interpretación para adoptar su decisión, la
cual no ostenta grados de arbitrariedad o irrazonabilidad que conviertan la decisión
en ilegítima. Igualmente, las variables propias del debido proceso como valor,
principio y derecho fundamental permiten explicar los asuntos propios de
congruencia como se ha dicho.

41. Por ello, la acción de tutela en el evento en cuestión se torna improcedente
en la medida que la parte accionante contaba con una vía extraordinaria de defensa
judicial, que resulta siendo el camino idóneo para discutir los yerros que se formulan
contra la sentencia de segunda instancia. En este punto, vale aclarar que a pesar
de que se trata de un recurso extraordinario, el mismo es adecuado si se tiene en
cuenta que es el instrumento que legalmente fue determinado para infirmar
sentencias ejecutoriadas. De esta manera, la competencia subsidiaria del juez de
tutela, es desplazada por el juez extraordinario del recurso.

42. La Corte Constitucional ha reconocido que el recurso extraordinario de
revisión es un instrumento idóneo y eficaz de defensa judicial, que debe valorarse
como mecanismo de defensa judicial cuando se analiza la subsidiariedad de la
tutela contra providencias. En la sentencia SU-026 de 2021, el alto Tribunal explicó:

“Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del
derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra
ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable
semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca
proteger este derecho:

“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la
controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del

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juez constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el
extraordinario especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa
petendi y de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa,
dos pronunciamientos judiciales concurrentes”.

5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales:

“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa
judicial dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario,
y la cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el
recurso será eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido
proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental,
o b) cuando el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de
ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren
en él (i) causales de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho,
y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente
y oportuna el derecho.”

(…)

6.14. En conclusión, en el presente caso (i) los accionantes omitieron el deber de
verificar previamente si contaban con mecanismos judiciales idóneos y eficaces y
(ii) no dieron cuenta de las razones por las cuales se abstuvieron de agotar dichos
mecanismos. La acción de tutela fue utilizada como un medio de defensa sustituto
al recurso extraordinario de revisión, lo que se contrapone al cumplimiento del
requisito de subsidiariedad.” – Resaltado propio del Despacho-

43. Por tanto, en el sub examine es evidente que el accionante no tomo en cuenta
la existencia de este recurso, que bajo la óptica de la jurisprudencia constitucional
y contencioso- administrativa, es idóneo para desatar la controversia planteada en
la solicitud de tutela, circunstancia que inexorablemente lleva a la improcedencia
del amparo solicitado, sin que pueda analizarse de fondo la causal específica de
procedibilidad alegada (defecto sustantivo).

44. Además de ello, en el líbelo de la demanda no argumentó ni probó la
existencia de un perjuicio irremediable, único evento que permitiría abrir paso a la
procedencia de la acción de tutela en este caso.

45. Antes de concluir, es importante aclarar que a la fecha de esta providencia,
la parte accionante todavía puede acudir al recurso extraordinario de revisión, ya
que la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado fue notificada por medios electrónicos el
8 de octubre de 2024, y a la luz del artículo 251 del CPACA, se puede interponer el
mecanismo extraordinario “dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia”.

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e. Conclusión

46. En síntesis, para el Despacho la acción de tutela es improcedente, teniendo
en cuenta que la parte accionante no agotó todos los recursos extraordinarios de
defensa judicial a su alcance, puntualmente, no se presentó el recurso
extraordinario de revisión contenido en el artículo 248 y s.s. del CPACA, pese a
que por los argumentos planteados, era factible que el mismo se impetrara haciendo
uso de la causal descrita en el numeral 5 del artículo 250 ejusdem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Quinta, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por Claudia
Ximena Hernández López, por intermedio de apoderado judicial, contra la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes y a los
terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de
1991.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Sandra Patricia Duarte
Hernández, como apoderada de la Nación- Procuraduría General de la Nación, de
conformidad con el poder que fue aportado durante el trámite constitucional.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GERMÁN LOZANO VILLEGAS
Conjuez Ponente

ÁLVARO ANDRÉS MOTTA NAVAS
Conjuez

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MAGDALENA INÉS CORREA HENAO
Conjuez

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Conjuez

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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