Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06256-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06256-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06256-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: CLAUDIA XIMENA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SALA DE
CONJUECES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, a la
administración de justicia, al trabajo, a la remuneración justa y a la igualdad / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Bonificación por
compensación – Decreto 610 de 1998 / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – No se han
agotado todos los medios idóneos de defensa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
por conducto de apoderada, contra la sentencia del 22 de marzo de 2025, proferida
por la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 18 de noviembre de 2024, la señora Claudia Ximena Hernández López, a
través de apoderada, promovió acción de tutela contra la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia, al
trabajo, a la remuneración justa y a la igualdad.
Hechos relevantes
2. La parte accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación,
con el fin de obtener el reconocimiento y reliquidación de la asignación mensual,
así como de los demás factores salariales y prestacionales devengados durante el
periodo en el que se desempeñó como Procuradora 55 Judicial II Administrativa de
Bogotá, es decir, desde el 15 de mayo de 2009 hasta el 5 de septiembre de 2016,
con la inclusión de la bonificación por compensación prevista en los decretos 610 y
1239 de 1998. Ello, conjuntamente con la prima especial de servicios y los demás
1
Que ingresó a despacho para fallo el 28 de abril de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
ingresos laborales percibidos, hasta alcanzar el equivalente al 80% de los ingresos
laborales totales reconocidos a los magistrados de las Altas Cortes.
3. El asunto fue conocido en primera instancia por la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante sentencia del
14 de septiembre de 2017, decidió estarse a lo resuelto en las sentencias de
unificación proferidas por el Consejo de Estado el 14 de diciembre de 2011 y el 18
de mayo de 2016 y accedió a las pretensiones de la demanda.
4. En consecuencia, el a quo declaró la nulidad del acto administrativo demandado
y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar a favor de la
demandante el equivalente al 80% mensual de lo devengado por un magistrado de
Alta Corte por todo concepto salarial, con la inclusión de primas, bonificaciones y
demás factores allí precisados, así como el pago equivalente al 10% mensual
adicional en los términos establecidos en la parte resolutiva de la providencia.
5. Contra la decisión de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación
interpuso recurso de apelación. A su vez, la parte demandante solicitó la aclaración
de la sentencia, con el fin de que se precisara que la reliquidación ordenada
comprendía igualmente el auxilio de cesantía. No obstante, dicha petición fue
negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 30 de
abril de 2019.
6. Posteriormente, el 25 de septiembre y el 12 de noviembre de 2019, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca celebró audiencia de conciliación entre las partes,
escenario en el cual la Procuraduría General de la Nación formuló una propuesta
de arreglo que fue aceptada por la accionante.
7. En virtud de lo anterior, mediante providencia del 9 de diciembre de 2019, el
Tribunal aprobó integralmente el acuerdo conciliatorio, conforme al cual la entidad
demandada se obligó a pagar a favor de la señora Claudia Ximena Hernández
López la suma de ciento once millones cincuenta y dos mil setecientos catorce
pesos ($111.052.714), por concepto de bonificación por compensación causada
entre el 15 de mayo de 2009 y el 26 de enero de 2012, suma que incluía el capital
y el 70% de la indexación correspondiente.
8. Simultáneo a ello, el trámite del recurso de apelación presentado contra la
sentencia del 14 de septiembre de 2017 fue asignado a la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que, por medio de sentencia del 10 de
septiembre de 2024, resolvió:
“PRIMERO: ESTARSE a la conciliación celebrada entre las partes,
aprobada mediante Auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9
de diciembre de 2019, que hace tránsito a cosa juzgada, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia”2.
9. Finalmente, el ad quem consideró que, como consecuencia de la conciliación
aprobada judicialmente, no subsistía aspecto alguno pendiente de resolución
2
Folio 8. Archivo “006ED_25000232500020110126”.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
dentro del recurso de apelación, razón por la cual concluyó que se había
configurado el fenómeno de la sustracción de materia.
Pretensiones
10. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de mi representada al
debido proceso y a la administración de justicia, derecho al trabajo y la
remuneración justa, derecho de igualdad.
SEGUNDO: ORDENAR que se reconozca la naturaleza parcial de la
conciliación celebrada el 12 de noviembre de 2019 ante Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO: ORDENAR que se deje sin valor ni efecto o sea anulada, la
sentencia de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024),
proferida por el Consejo de Estado.
CUARTA: ORDENAR al Consejo de Estado que se profiera una nueva
sentencia respetando la naturaleza parcial de la conciliación y resolviendo
sobre los aspectos no conciliados.
QUINTA: ORDENAR al Consejo de Estado que se profiera en la nueva
sentencia en la que se aplique el principio de favorabilidad laboral y se
respete el precedente jurisprudencial establecido en la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 18 de mayo de 2016, por el periodo
comprendido entre el 15 de mayo de 2009 hasta el 5 de septiembre de 2016.
Todo de acuerdo con las pruebas que obran en el citado expediente y que
no fueron valoradas, sino que por el contrario fueron ignoradas en la
sentencia objeto de la presente acción de tutela.
SEXTA: DAR un término perentorio para acatar la sentencia de tutela
teniendo en cuenta que es un proceso iniciado en el año 2011”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte demandante sostiene que la autoridad judicial accionada, con la
expedición de la sentencia del 10 de septiembre de 2024, actuó al margen del
principio de congruencia, puesto que “decidió sobre puntos no acordados en la
conciliación, como si se hubieren conciliado, suplantando la voluntad de las partes.
Este principio, reconocido en múltiples sentencias de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado, exige que las decisiones judiciales sean acordes con lo
pedido y lo probado. Al extender los efectos de la conciliación más allá de lo
acordado, se viola flagrantemente este principio, quebranta lo normado en el
artículo 29 de la Constitución”4.
12. En ese sentido, aduce que la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado vulneró su derecho fundamental al debido proceso, toda vez
que, al proferir la providencia acusada, se apartó del precedente vinculante sin
satisfacer la carga argumentativa requerida y sin contar, a su juicio, con soporte
3
Folio 2 del escrito de tutela.
4
Folio 11 ibid.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
probatorio suficiente. Señala que dicha actuación desconoció la naturaleza parcial
de la conciliación celebrada entre las partes y afectó particularmente el derecho a
la doble instancia, en tanto se dejaron de resolver pretensiones que no habían sido
objeto del acuerdo conciliatorio. Asimismo, sostuvo que tal proceder implicó una
vulneración del principio de congruencia procesal, el cual, a su juicio, tiene
“raigambre constitucional”5.
Trámite procesal en primera instancia
13. La acción de la referencia correspondió inicialmente a la magistrada Gloria
María Gómez Montoya que, mediante escrito del 26 de noviembre de 20246, se
declaró impedida para conocer del asunto, por considerar que existía un interés
directo en el planteamiento y resultas de la demanda constitucional.
14. Efectuado el nuevo reparto, la tutela fue asignada para su trámite al magistrado
Pedro Pablo Vanegas Gil que, a través de proveído del 4 de diciembre de 20247 se
declaró impedido para conocer de esta acción, de acuerdo con lo señalado en el
numeral 1.° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.
15. Surtido el trámite respectivo, el proceso constitucional fue repartido para su
gestión al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra que, por medio de auto del 16 de
enero de 20258, también manifestó su impedimento por tener interés directo en las
resultas del proceso.
16. En atención al procedimiento surtido, mediante providencia del 24 de enero de
20259 el consejero de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez se declaró impedido
para conocer de la tutela y ordenó la remisión del proceso a la Secretaría General
de esta Corporación para la designación de conjueces.
17. Una vez conformada la Sala de Conjueces10, por medio de auto del 6 de febrero
de 2025, se declararon fundados los impedimentos propuestos por los magistrados
integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado y se les separó del
conocimiento de la acción de amparo11.
18. Posteriormente, a través de proveído del 2 de abril de 202512, la Sala de
Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió el proceso de tutela
de la referencia y ordenó notificar a la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, como accionada, y a la Nación - Procuraduría General de
la Nación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Sala
5
Folio 16 ibid.
6
Archivo “020Manifestaciond_20240625600IMPEDIMEN”. Expediente digital de primera instancia.
7
Archivo “024Manifestaciond_Camila20240625600CLA”. Ibid.
8
Archivo “026Manifestaciond_202406256manifiestai”. Ibid.
9
Archivo “028Manifestaciond_IMPEDIMENT_20240625600ClaudiaXi”. Ibid.
10
El conocimiento del asunto les correspondió a los conjueces Germán Lozano Villegas, Álvaro
Andrés Motta Navas, Magdalena Inés Correa Henao y Juan Carlos Galindo Vácha.
11
Archivo “032Autoqueresuel_autoresue_Autoresuelveimpedime”. Expediente digital de primera
instancia.
12
Archivo “038Autoqueadmite_AUTOQUEADMITELAACCIO”. Ibid.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
como terceros con interés.
Intervenciones
19. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se niegue la acción de
tutela de la referencia por considerar que la providencia judicial enjuiciada no
incurrió en causal específica de procedibilidad que habilite la intervención del juez
constitucional. Asimismo, señaló que no se advierte vulneración alguna de
derechos fundamentales.
20. La Secretaría de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca aportó el expediente contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 25000-23-25-000-
2011-01266-02.
21. Pese a ser notificadas en debida forma, las demás partes guardaron silencio.
La sentencia de primera instancia
22. La Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado13, por medio
de la sentencia del 22 de mayo de 2025, declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
23. Advirtió que la parte accionante no agotó todos los recursos extraordinarios de
defensa judicial a su alcance, puntualmente, no se presentó el recurso
extraordinario de revisión contenido en el artículo 248 y s.s. del CPACA, pese a
que, por los argumentos planteados, era factible que el mismo se impetrara
haciendo uso de la causal descrita en el numeral 5.° del artículo 250 de la norma
en comento. Lo anterior, dado que “la carga argumentativa está encaminada a
demostrar la existencia de una vulneración del principio de congruencia, que a su
turno configuraría una violación del derecho al debido proceso, asunto que puede
discutirse y decidirse a través del recurso extraordinario de revisión”14.
La impugnación
24. Contra la decisión precitada, la parte demandante, por conducto de apoderada,
presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos
en la demanda de tutela.
Trámite procesal en segunda instancia
25. Luego de surtida la primera instancia, la impugnación le correspondió a la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación. De manera individual los
13
Archivo “051Sentencia_FALLOPRIMERAINSTANCI”. Ibid.
14
Folio 12. Archivo “051Sentencia_FALLOPRIMERAINSTANCI”.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
magistrados Nicolas Yepes Corrales15 y William Barrera Muñoz16 manifestaron su
impedimento, los cuales fueron aceptados respectivamente.
26. El 2 de marzo de 2026, la magistrada Adriana Polidura Castillo manifestó
encontrarse impedida respecto al conocimiento de la acción constitucional. Motivo
por el cual, el 4 de marzo de 202617, el expediente ingresó al despacho sustanciador
para decidir sobre el particular.
27. A través de auto del 9 de marzo de 202618, se aceptó el impedimento
manifestado por la consejera mencionada anteriormente. Esta decisión fue
comunicada el 12 y 13 de marzo de 202619.
28. El 24 de marzo de 202620, el expediente nuevamente ingresó al despacho
sustanciador para decidir sobre la impugnación.
29. Por medio de escrito del 9 de abril de 202621, el suscrito consejero de Estado
ponente, Fernando Alexei Pardo Flórez, presentó impedimento para estudiar el
asunto de la referencia.
30. Lo anterior, en razón a que el litigio versa sobre la aplicación de disposiciones
que desde el punto de vista salarial también benefician a los magistrados de esta
Corporación, quienes ostentan la calidad de consejeros de Estado y devengan la
prima especial de servicios establecida en el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992. Por
ello, consideró que podría estar incurso en la causal prevista en el numeral 1.° del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, “en la medida en que la discusión
planteada consiste en la reliquidación de salarios y prestaciones sociales con la
inclusión de la prima especial de servicios, por lo que, debido al cargo que
desempeño como magistrado de Alta Corte, eventualmente podría tener intereses
similares a los de la parte demandante”22.
31. El conocimiento del impedimento fue asignado al magistrado José Roberto
Sáchica Méndez que, a través de auto del 22 de abril de 202623, no aceptó la
manifestación formulada.
32. Como fundamento de su decisión, el consejero de Estado expuso que “[l]o que
se cuestiona no es un aspecto sustancial sobre la prima especial de servicios
establecida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, sino una situación procesal
específica, pues el objeto del proceso es que se deje sin efectos la providencia
15
Archivo “007Manifestaciond_20240625601”.
16
Archivo “015Manifestaciond_Manifestacionimpedim”.
17
Ver índice 36 de Samai.
18
Ver índice 37 de Samai.
19
Ver índice 40 y 41 de Samai.
20
Se advierte que en el índice 43 de Samai se encuentra una constancia realizada por la oficial
mayor del despacho sustanciador en la cual se informa que el consejero Fernando Alexei Pardo
Flórez se encontraba de permiso durante los días 25,26 y 27 de marzo, así como el 6 de abril de la
presente anualidad.
21
Índice 44 de Samai.
22
Ibid.
23
Índice 49 de Samai.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
judicial proferida en el proceso ordinario, para que se tenga en cuenta el acuerdo
conciliatorio parcial celebrado con la entidad accionada y los aspectos que allí no
se conciliaron, como la referida prestación. Así, el cuestionamiento principal es que
se omitió realizar un pronunciamiento sobre determinados asuntos de la litis”24.
33. El 28 de abril de 202625, el expediente nuevamente ingresó al despacho
sustanciador para decidir sobre la impugnación.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
34. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
35. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
disponer la parte accionante de otros medios de defensa dentro del ordenamiento
jurídico?
36. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de la
providencia del 10 de septiembre de 2024, vulneró de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la administración de justicia, al trabajo, a la remuneración justa
y a la igualdad de la parte accionante?
37. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso
concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
38. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200526,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
39. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
24
Folio 3. Archivo “27_Autoqueresuel_20260625601AUTONIEGA_0_20260424104624182”. Ibid.
25
Índice 54 de Samai.
26
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
debe verificar27: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela28, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional29 o el Consejo de Estado30,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP31; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable32 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Caso concreto
40. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.
41. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política33,
así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 19934 precisan el carácter subsidiario de
la acción de tutela, por cuanto ésta sólo es procedente cuando no se dispone de
otro medio de defensa judicial.
27
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
28
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
29
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
30
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
31
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
32
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
33
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública. “(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable” (se destaca).
34
“ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante” (se destaca).
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
42. En el presente asunto, la parte accionante alega que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
administración de justicia, al trabajo, a la remuneración justa y a la igualdad. Lo
anterior, dado que considera que la autoridad judicial demandada, al proferir la
sentencia del 10 de septiembre de 2024, desconoció el principio de congruencia,
en la medida en que extendió los efectos de la conciliación a aspectos que no
habían sido objeto de acuerdo entre las partes, como si estos efectivamente
hubiesen sido conciliados.
43. A juicio de la demandante, dicha actuación implicó sustituir la voluntad de las
partes y resolver asuntos ajenos a lo efectivamente convenido dentro del trámite
conciliatorio. Señala, además, que el principio de congruencia, desarrollado
ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado, exige que las decisiones judiciales guarden correspondencia con las
pretensiones formuladas y con el material probatorio obrante en el proceso. En
consecuencia, sostuvo que la providencia cuestionada desconoció el artículo 29 de
la Constitución Política, al desbordar el alcance de lo acordado en la conciliación
aprobada judicialmente.
44. En ese orden de ideas, la Sala considera que los supuestos señalados en el
escrito de tutela encajan dentro de una de las causales que el CPACA consagra
para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, pues en la misma es
posible alegar la transgresión del principio de congruencia, que es precisamente el
argumento que fundamenta el cargo de la acción. El numeral 5.º del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011, señala al respecto:
“ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación”.
45. Frente a esto, el Consejo de Estado ha señalado35 que la falta de congruencia
se erige como una causal de nulidad de la sentencia que le permite al juez de la
revisión infirmar el fallo cuestionado, toda vez que la incongruencia genera la
nulidad de la sentencia cuando esta trastorna completamente los términos de
referencia que sirvieron al desarrollo del proceso. Razón por la cual la
inconformidad que motiva la acción de tutela bajo estudio puede ser planteada ante
el juez de lo contencioso administrativo a través del recurso contemplado en el
artículo 250 del CPACA para que sea el competente quien se pronuncie sobre su
estructuración.
46. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
35
Consejo de Estado – Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 13 de octubre de 2020.
Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.
47. En este contexto, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, se
confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de
amparo.
48. Finalmente, revisadas las actuaciones surtidas dentro del trámite de primera
instancia del asunto de la referencia, no se evidencia que se hubiera efectuado el
reconocimiento de personería adjetiva a la apoderada de la parte accionante. En
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y una
vez verificado el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el ejercicio
de la representación judicial, se reconocerá personería adjetiva a la abogada Esther
Elena Mercado Jaraba, en calidad de apoderada de la parte accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de mayo de 2025, a través de la cual
la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la señora Claudia Ximena
Hernández López, por conducto de apoderada, contra la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Esther Elena Mercado
Jaraba, con tarjeta profesional núm. 15.778 del C.S.J., para que actúe en la
presente acción, en los términos del poder conferido36.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
36
Archivo “016ED_PODERCLAUDIAXIMENAHE”. Expediente de primera instancia.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06256-01
Accionante: Claudia Ximena Hernández López
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
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