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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06280-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06280-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia proferida el 17 de enero de 2025, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, pero por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06280-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

3 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06280-01
Demandante: Bleider de Jesús Ávila Polanco

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06280-01
Demandante BLEIDER DE JESÚS ÁVILA POLANCO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, DESPACHO 005
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defectos
sustantivo, fáctico, por error inducido y por violación directa de la
Constitución Política. Medio de control de nulidad electoral. Elección de
concejal. Inhabilidad. Requisitos de procedencia de tutela contra
providencia judicial: la subsidiariedad y la relevancia constitucional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de 17 de enero de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Bleider de
Jesús Ávila Polanco en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005, por
las razones expuestas en esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de noviembre de 20241, el señor Bleider de Jesús Ávila Polanco interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005 por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y los principios de
legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso y los Principios de
Legalidad, Confianza Legítima Y Seguridad Jurídica, vulnerados por el Tribunal Administrativo
Del Magdalena.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS, el Auto del 11 de junio de 2024, proferido por el Tribunal
Administrativo Del Magdalena, dentro del proceso nulidad electoral de la referencia.
TERCERO: En consecuencia de lo anterior, DECLARESE LA NULIDAD de todas las
actuaciones posteriores a la ejecutoria del auto del 15 de mayo de 2024, teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.
CUARTO: ORDENAR, el levantamiento de las medias cautelares aplicadas al proceso de la
referencia».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Ramiro Enrique Cortina Gómez presentó demanda de nulidad
electoral contra el acto de elección del actor Bleider de Jesús Ávila Polanco
como concejal del municipio de Plato (Magdalena), para el período 2024 - 2027,

1
Escrito de tutela radicado al correo electrónico de la Secretaría General de la Corporación.

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Demandante: Bleider de Jesús Ávila Polanco

contenida en el acta de escrutinio Formulario E-26 del 4 de noviembre de 2023,
expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Plato (Magdalena).

2.2. Inicialmente la demanda fue repartida al Juzgado Quinto Administrativo de
Bogotá. Por auto del 13 de febrero de 2024 el juzgado declaró la falta de
competencia y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del
Magdalena.

Luego, por auto del 15 de mayo de 2024 el Despacho 005 del Tribunal
Administrativo del Magdalena (expediente Nro. 47001-23-33-000-2024-00150-00)
rechazó la demanda por caducidad de la acción.

El tribunal concluyó que había operado dicho fenómeno ya que la elección se
declaró el 4 de noviembre de 2023, y en esa medida el plazo de 30 días
iniciaba el 7 de noviembre de 2023 y finalizaba el 20 de diciembre de 2023, sin
embargo, la demanda se interpuso el 30 de enero de 2024, lo que excedía en
un día el término para demandar.

2.3. Contra la anterior decisión el demandante, señor Ramiro Enrique Cortina
Gómez, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

Por auto del 11 de junio de 2024 (notificado por estado fijado el 20 de junio de
2024), el tribunal accionado repuso la decisión de rechazo de la demanda, y
en su lugar, ordenó correr traslado de la medida de suspensión provisional
presentada por la parte demandante.

Para adoptar tal decisión, precisó que, luego de indagar en la oficina de apoyo
de los juzgados administrativos, verificó que la demanda fue radicada el 11 de
enero de 2024 y, se le informó que por errores de tipo logístico se había
sometido a reparto hasta el 30 de enero de 2024, por lo que concluyó que la
demanda había sido presentada en término y, por tanto debía revocarse el
auto de rechazo de la demanda por caducidad.

2.4. Por auto del 2 de septiembre de 2024 (notificado por estado del 10 de septiembre
de 2024 y por correo electrónico en esa misma fecha), se admitió la demanda y se
concedió la medida cautelar solicitada que consistió en suspender
provisionalmente la elección del señor Bleider de Jesús Ávila Polanco como
concejal del municipio de Plato (Magdalena) para el periodo 2024-2027.

El tribunal estudió los fundamentos de la medida cautelar solicitada por la parte
demandante y, encontró que el actor Bleider de Jesús Ávila Polanco estaba
incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43.3 de la Ley 136
de 1994 modificado por el artículo 40.3 de la Ley 617 de 2000 y que, conforme
con las pruebas aportadas, daban cuenta de la celebración de contratos del
accionante con la entidad territorial que le impedían ser concejal del municipio
de Plato (Magdalena).

2.5. La decisión fue recurrida en apelación por el señor Bleider de Jesús Ávila
Polanco.

Por auto del 3 de octubre de 2024 (notificado por estado el 4 de octubre de 2024)
el tribunal accionado rechazó por extemporáneo el recurso de apelación.
Interpuesto, ya que el auto del 2 de septiembre de 2024 fue notificado el 10 de
septiembre de 2024, por lo que el actor tenía hasta el 16 de septiembre de ese
año para interponer el recurso, pero lo radicó el 17 de septiembre de 2024,
esto es, por fuera del término legal.

2.6. El actor presentó recurso de reposición y en subsidio queja contra la decisión
que rechazó el recurso de apelación.

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Demandante: Bleider de Jesús Ávila Polanco

2.7. El tribunal repuso la decisión por auto del 17 de octubre de 2024 notificado por
estado el 10 de octubre de 2024) y, en consecuencia, en el efecto devolutivo
concedió el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 2 de septiembre
de 2024 que decretó la medida cautelar de suspensión provisional de la
elección del señor Bleider de Jesús Ávila Polanco, como concejal del municipio
de Plato (Magdalena) para el periodo 2024-202.

Como fundamento de su decisión, el tribunal precisó que el auto que decretó
la medida provisional y la admisión de la demanda se ordenó notificar
personalmente, por lo que le era aplicable el artículo 277 CPACA. En
consecuencia, al indicar la norma que una vez notificada la decisión, el traslado
y los términos del auto notificado empiezan a computarse 3 días después de
la notificación personal, la interposición del recurso fue oportuna, ya que el
auto del 2 de septiembre de 2024 se notificó personalmente el 10 de
septiembre de 2024, por lo que la parte podía interponer el recurso hasta el 17
de septiembre de 2024, fecha en la que justamente se radicó.

2.8. En segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Quinta (expediente Nro.
47001-23-33-000-2024-00150-01) por auto del 8 de noviembre de 2024 (notificado
por estado el 13 de noviembre de 2024), rechazó por extemporáneo el recurso de
apelación presentado por el señor Bleider de Jesús Ávila Polanco y, en
consecuencia, ordenó remitir nuevamente el asunto al tribunal de origen para
lo de su cargo.

Consideró que, al tratarse de una acción electoral, en el auto admisorio de la
demanda también debe resolverse sobre la suspensión provisional, por lo que
esa providencia se notifica personalmente conforme el artículo 198 del
CPACA, en consonancia con el ordinal 1º del 276 de dicha norma, de manera
que el término para interponer el recurso es de 2 días contabilizados a partir
del día siguiente en que efectúa la notificación personal de la suspensión
provisional al demandado.

En ese orden, dijo que: (i) el 2 de septiembre de 2024 se emitió la providencia
que admitió la demanda y ordenó la suspensión provisional del acto de
elección del actor Bleider de Jesús Ávila Polanco como concejal del municipio
de Plato (Magdalena); (ii) el 10 de septiembre de 2024 se notificó
personalmente por correo electrónico; (iii) los 2 días corrieron el 11 y 12 de
septiembre de 2024; (iv) el plazo para interponer el recurso fue el 13 de
septiembre (viernes) y el 16 de septiembre (lunes); y (v) el recurso se radicó
el 17 de septiembre de 2024, esto es, por fuera del término.

2.9. Teniendo en cuenta que el recurso de alzada contra la providencia del 2 de
septiembre de 2024 se concedió en el efecto devolutivo, el curso del proceso
continuó en primera instancia; razón por la que el 8 de noviembre de 2024 se
llevó a cabo audiencia inicial y se agotaron las respectivas etapas hasta la de
alegaciones y juzgamiento de la que se prescindió, al tener que adoptarse la
decisión por la Sala.

2.10. El Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005, en sentencia del 2
de diciembre de 2024 (notificada por correo electrónico el 13 de enero de 2025)
accedió a las pretensiones de la demanda.

Encontró que, en efecto, el señor Bleider de Jesús Ávila Polanco se
encontraba incurso en causal de inhabilidad prevista en el numeral 3º del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000, ya que dentro del año anterior a la elección, celebró contrato con una
entidad pública con el objeto de ser ejecutado o cumplido con el municipio de

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la elección, además de haber gestionado con el mismo municipio un contrato
de obra.

La sentencia de primera fue apelada por el demandado; recurso que fue
concedido por auto del 23 de enero de 2025.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que al proferir el auto del 11 de junio de 2024 (por el que
se repuso la decisión de rechazo de la demanda, y en su lugar, ordenó correr traslado de
la medida de suspensión provisional presentada por la parte demandante) en el medio de
control de nulidad electoral (expediente Nro. 47001-23-33-000-2024-00150-00), el
Despacho 005 del Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo, por error inducido y por violación directa de la Constitución
Política.
3.1. Defecto fáctico, porque no se valoraron a fondo las pruebas con las que contó
el tribunal que evidenciaban la extemporaneidad del recurso, además que se
desconoció lo preceptuado en los artículos 50 y 52 de la Ley 2080 de 2021 y
el artículo 205.2 de la Ley 1437 de 2011, en relación con la oportunidad para
presentar el recurso procedente contra los autos proferidos dentro de un medio
de control como el de nulidad electoral.
3.2. Defecto sustantivo. Señaló que se confundían las normas aplicables para la
presentación de los recursos procedentes contra las decisiones de un medio
de control como el de nulidad electoral, insistiendo en el desconocimiento de
lo preceptuado en los artículos 50 y 52 de la Ley 2080 de 2021 y el artículo
205.2 de la Ley 1437 de 2011 que establecen como término para interponer el
recurso 2 días hábiles siguientes a la notificación ya sea por estado o
personalmente a través de los medios digitales después del envío de la misma.
3.3. Defecto por error inducido. Por cuanto consideró que era un hecho notorio
que el apoderado en la sustentación del recurso de reposición en el que
argumentaba la notificación indebida del auto que rechazó la demanda y que
dijo haber recibido en el buzón de correo no deseado y por lo que no pudo
notificarse, lo que hizo fue inducir en error al magistrado para tomar la decisión
de fondo en cuanto al término para la presentación del recurso de reposición
contra el auto por el que se rechazó la demanda.
3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Anunció la
vulneración del artículo 29 de la Constitución Nacional y agregó que, a nivel
internacional este derecho estaba consagrado en la declaración universal de
derechos humanos en los artículos 10 y 11 y en el pacto internacional de
derechos civiles y políticos, artículos 14 y 15, aprobados mediante la Ley 74
de 1968 y la convención americana de derechos humanos en los artículos 8 y
9, aprobada mediante la Ley 16 de 1972. Citó apartes jurisprudenciales en los
que se han reseñado los principios de legalidad, confianza legítima y seguridad
jurídica.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 20 de noviembre de 2024, el despacho ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso
vincular como tercero con interés al señor Ramiro Enrique Cortina Gómez,
demandante en el medio de control de nulidad electoral y, a los demás
vinculados y terceros que participan en el respectivo medio de control.

4.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005, rindió informe en
el que presentó un cuadro en el que discriminó las actuaciones surtidas dentro

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del proceso, para demostrar que el mismo ha sido llevado con apego a las
normas sustanciales y procesales aplicables al caso.

Señaló además, que en audiencia inicial llevada a cabo el 8 de noviembre de
2024, se declaró saneado el proceso hasta esa etapa procesal, indicando el
extremo demandado que no encontraba vicio de nulidad que invalidara lo
actuado.

4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil, presentó informe en el que
manifestó no tener competencia para pronunciarse al estarse cuestionando
una providencia emitida por la autoridad judicial dentro de su autonomía y en
lo que no tenía injerencia alguna.

Agregó que lo pretendido por la parte actora era discutir sobre un aspecto ya
resuelto, buscando en la tutela una tercera instancia.

Finalmente, dijo no asistirle legitimación en la causa por pasiva por lo que pidió
ser desvinculada de la presente acción.

4.4. El Consejo Nacional Electoral, se pronunció e indicó que no le asistía
legitimación en la causa por pasiva al estarse cuestionando decisiones
judiciales en las que no tenía injerencia alguna, por lo que pidió ser
desvinculado de la presente acción.

4.5. El señor Ramiro Enrique Cortina Gómez, presentó escrito en el que indicó
que el demandado en el medio de control de nulidad electoral ha gozado de
todas las garantías esenciales del debido proceso y ha concurrido al proceso
a través de apoderado judicial quien contestó la demanda, interpuso recursos
ordinarios de ley, lo representó en la audiencia del artículo 180 del CPACA
celebrada el 8 de noviembre de 2024, en la que se agotaron las etapas de
saneamiento del proceso, decisión de excepciones, fijación del litigio y decreto
de pruebas; e incluso, presentó alegatos de conclusión en defensa de los
intereses sustanciales del accionante.

Afirmó que si el demandado tiene alguna inconformidad con el proceso, cuenta
con todas las herramientas procesales como los distintos recursos previstos
en la Ley 1437 de 2011 y en el Código General del Proceso, por expresa
remisión a las oportunidades debidas, en las respectivas etapas procesales.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia del 17 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta, por
considerar que no se cumplen los presupuestos generales de subsidiariedad y de
relevancia constitucional.

Consideró que el accionante conoció del proceso de nulidad electoral una vez
admitida la demanda y ha ejercido su derecho al debido proceso, contradicción y
defensa en las distintas etapas procesales, ya que presentó recursos en contra del
auto del 2 de septiembre de 2024 por el que se admitió la demanda y se decretó la
medida cautelar solicitada por la parte demandante.

Concluyó que la solicitud de amparo es improcedente porque en el proceso de
nulidad electoral objeto de tutela no se evidencia que el Tribunal Administrativo del
Magdalena hubiera dictado decisiones arbitrarias o contrarias a los derechos
fundamentales de las partes, y porque, según las pruebas alegadas y en contraste
con lo afirmado por el accionante, se advertía su participación en el proceso a través
de su apoderado en igualdad de condiciones con los demás sujetos procesales.

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El tutelante (demandado en el medio de control de nulidad electoral) ha tenido la
oportunidad de intervenir y controvertir las actuaciones de la autoridad judicial
cuestionada y que, cosa distinta es que su intervención se hubiera realizado fuera
del término dispuesto para ello y que, al margen de la inconformidad con el análisis
del asunto que valga decir, planteó en los respectivos recursos, se había concedido
el recurso de apelación contra la decisión del 2 de septiembre de 2024 resuelto
finalmente por la Sección Quinta de esta Corporación el 8 de noviembre de 2024,
en el sentido de indicar que el mismo era extemporáneo.
Agregó que no presentaba en estricto sentido ningún defecto contra la providencia
judicial cuestionada, sino que lo que se manifestaba era su inconformidad en
relación con lo resuelto en la decisión.
En ese orden de ideas, concluyó que la solicitud de amparo era improcedente ya
que, por un lado, el trámite del proceso ordinario es el escenario idóneo para que
el accionante exponga sus inconformidades, más aún cuando el medio de control
se encuentra en curso, y que los jueces de la causa son los primeros llamados a
respetar y hacer cumplir las garantías ius fundamentales.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia «por no encontrarme conforme
con el mismo para que el Superior revise la decisión de primera instancia, por carecer de las
condiciones necesarias a la sentencia congruente».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia

2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

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judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta la demanda de tutela, los antecedentes del caso y el recurso
de impugnación, corresponderá a la Sala analizar si asistió razón al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C en declarar improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional.

De encontrar superados los anteriores requisitos, corresponderá determinar si el
Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005 en el medio de control de
nulidad electoral incurrió en los defectos propuestos por el actor, en relación con la
decisión del 12 de junio de 2024 por la que se resolvió reponer el auto del 15 de
mayo de 2025 que inicialmente había rechazado la demanda y, en consecuencia,
ordenó correr traslado a las partes de la medida de suspensión provisional solicitada
por el demandante para posteriormente admitir la demanda de nulidad electoral y
suspender la elección del actor Bleider de Jesús Ávila Polanco como concejal del
municipio de Plato, Magdalena por el periodo 2024-2027.

4. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad cuando la acción de tutela
se interpone contra una decisión emitida en un proceso en curso

Dada su naturaleza subsidiaria, la acción de tutela solo procede cuando no existan
otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales invocados. O
en su defecto, siempre que sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la
existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente la acción de
tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas circunstancias su carácter
subsidiario y residual puede llegar a tener algunas excepciones.

La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20151 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios de
defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección,
se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es
un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su
situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."2

Y si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para
determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar
a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de
defensa; que a pesar de existir no es idóneo, ni eficaz; que se pretende evitar un
perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección

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constitucional. Lo anterior, en consideración a que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del
otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable. Circunstancias que
son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional
en el caso concreto.

Ahora bien, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela contra
providencia judicial, pueden suceder dos escenarios: que el proceso judicial haya
concluido o que se encuentre en curso, como ocurre en este caso. En principio, si
el proceso se encuentra en curso, la intervención del juez de tutela es aún más
restrictiva, por virtud del principio de subsidiariedad, que señala que la tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo a los legalmente establecidos.

La Corte Constitucional4 ha manifestado que las razones que explican esta
procedencia excepcionalísima, en el caso de los actos interlocutorios cuando el
proceso está en curso, son las siguientes: (i) que no se trata de providencias
judiciales definitivas; (ii) los sujetos procesales tienen la posibilidad de controvertir
las decisiones a través de los mecanismos que disponga la Ley para tal fin; además
(iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.

De lo anterior deriva que, procederá de manera excepcionalísima la acción de tutela,
aunque el proceso judicial esté en curso, cuando: la protección de los derechos
presuntamente conculcados no se pueda procurar a través de otros medios de
defensa y se hubieren ejercido los recursos ordinarios procedentes contra la
decisión que se ataca; cuando a pesar de existir otros mecanismos de defensa
judicial estos no son idóneos; y/o cuando la protección constitucional es urgente
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

Adicionalmente, cuando se alega una irregularidad procesal, es necesario que la
decisión cuestionada sea determinante en el proceso y con potencialidad de
trasgredir los derechos fundamentales de las partes e intervinientes.

En conclusión, el Tribunal Constitucional estima que “(…) uno de los escenarios en los
cuales podría resultar procedente la acción de tutela interpuesta contra autos interlocutorios de
procesos en curso, se da cuando la decisión cuestionada es de una manifiesta importancia de cara
al trámite judicial en curso y, por tanto, tiene una naturaleza determinante dentro del mismo, con la
potencialidad de trasgredir derechos fundamentales de las personas involucradas.”

5. Análisis del caso concreto

5.1. La Sala confirmará la decisión impugnada, por no cumplir a cabalidad con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, concretamente el de la subsidiariedad, por
encontrarse en trámite el medio de control de nulidad electoral Nro. 47001-23-
33-000-2024-00150-00/01/02.

5.2. Consultado el aplicativo SAMAI3 se encuentra que el expediente con radicado
Nro. 47001-23-33-000-2024-00150-00/01/02 fue abonado y repartido a la Sección
Quinta del Consejo de Estado el 11 de febrero de 2025 para conocer del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
Posteriormente, por auto del 14 de febrero de 2025 (notificado por estado el 17
de febrero de 2025) el Superior ordenó la devolución del proceso al tribunal de
origen, para que resolviera el memorial presentado por la parte demandada,
en la que advierte de una serie de «irregularidades procesales insaneables».

3
Expediente Nro. 4700123-33-000-2024-00150-02.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06280-01
Demandante: Bleider de Jesús Ávila Polanco

5.3. En el presente asunto, el señor Bleider de Jesús Ávila Polanco, quien funge
como demandado en el medio de control de nulidad electoral Nro. 47001-23-33-
000-2024-00150-00/01/02 cuestiona el auto del 11 de junio de 2024 que resolvió
el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 15 de mayo de 2024,
modificando la decisión de rechazo de la demanda por caducidad, para en su
lugar, correr traslado de la solicitud de medida cautelar consistente en la
suspensión provisional de la elección del señor Ávila Polanco, como concejal
del municipio de Plato (Magdalena) para el periodo 2024-2027.

Como se desprende del escrito de tutela, la inconformidad del actor radica en
la orden de correr traslado de la medida cautelar solicitada por la parte
demandante en el medio de control de nulidad electoral. Sin embargo, la Sala
advierte que se trata de una decisión de impulso del trámite que no es la que
finalmente resolvió sobre la medida cautelar de suspensión provisional del acto
de elección del del señor Ávila Polanco, como concejal del municipio de Plato
(Magdalena) para el periodo 2024-2027.

El tutelante reprocha la oportunidad del recurso de reposición interpuesto por
el demandante contra el auto del 15 de mayo de 2024, ya que a su juicio fue
extemporáneo. Sin embargo, la Sala destaca que tal asunto no fue
cuestionado en debida forma por el accionante en la etapa procesal
correspondiente, pese a que el interesado apeló tal decisión, el recurso fue
rechazado por extemporáneo mediante auto del 3 de octubre de 2024, lo que
equivale a no haber ejercido el medio de impugnación procedente. Y si bien el
actor interpuso recurso de reposición y subsidio queja contra el auto de
rechazo del recurso de apelación, finalmente por auto del 8 de noviembre de
2024 la Sección Quinta del Consejo de Estado lo rechazó por extemporáneo y
ordenó la devolución del asunto al tribunal de origen, donde se surtió la
actuación correspondiente hasta proferir la sentencia de primera instancia el 2
de diciembre de 2024 (notificada por correo electrónico el 13 de enero de 2025).

5.4. Por regla general, tratándose de tutela contra providencia judicial, no se
cumple con el requisito de subsidiariedad en los eventos en que el proceso
judicial continúa en curso. Justamente, en el caso la Sala considera que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad en este sentido, pues aún existen
aspectos por resolver, incluso en primera instancia ante el Tribunal
Administrativo del Magdalena, Despacho 005, como se anotó.
Desconocer lo anterior, sería desatender la existencia de los mecanismos de
defensa dispuestos en los procesos ordinarios o especiales, lo que no
responde a la naturaleza y propósito de la acción de tutela.
Como se explicó previamente, cuando está en curso un proceso judicial la
tutela se torna en un mecanismo realmente excepcional para aquellos casos
en los que se evidencie la posibilidad de configurarse un perjuicio
irremediable.

Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que cuando el
proceso judicial se encuentra en trámite la acción de tutela es improcedente.
En palabras de la Corte Constitucional, «la intervención del juez constitucional está
vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario»4.

Lo anterior, porque «Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso,
son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido
que la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo

4
Corte Constitucional. Sentencia T -600 de 2017.

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Demandante: Bleider de Jesús Ávila Polanco

acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas
las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales
que puedan afectarle»5.

5.5. Con todo, es preciso anotar que se pueden presentar casos excepcionales en
los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial ordinario no necesariamente significa la
improcedencia de la acción de tutela.

Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales, debido
a que el medio de control promovido es idóneo y eficaz para resolver sobre la
controversia propuesta, máxime cuando en el medio de control el tutelante ha
contado con las garantías y herramientas que le provee el debido proceso que
caracteriza el proceso judicial, ya que participó en la audiencia inicial realizada
el 8 de noviembre de 2024 ; interpuso recurso de apelación contra la sentencia
del 2 de diciembre de 2024; y solicitó que se revisaran las presuntas
irregularidades surtidas en la primera instancia del proceso, solicitud que dio
lugar a la devolución del proceso mediante auto del 14 de febrero de 2025
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y que se encuentra
pendiente de decisión.

Se recuerda que en los eventos en que se pretende cuestionar una decisión
judicial a través de la tutela su procedencia está sujeta a que se cumplan a
cabalidad los requisitos generales. Tal obligación no es producto del capricho
o del deseo de privilegiar las formas sobre los derechos sustanciales. Los
requisitos de procedibilidad obedecen a que al cuestionar una decisión
proferida por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en
juego los principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos señalados jurisprudencialmente.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos planteados por la parte
tutelante.

5.6. En este orden de ideas, es claro que en la actualidad está en curso el
mecanismo judicial idóneo por lo que no puede el juez constitucional soslayar
los mecanismos judiciales que establece el ordenamiento procesal, para
decidir la causa, pues ello implicaría una intromisión indebida de las funciones
del juez natural.

Para la Sala, el medio de defensa que se encuentra en curso es el idóneo y
eficaz para buscar la defensa de los derechos fundamentales invocados en el
escrito de tutela, en el que la parte accionante cuenta con las garantías y
herramientas que le provee el debido proceso que caracteriza el trámite
judicial.

5
Corte Constitucional. Sentencia T-103 de 2014.

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Demandante: Bleider de Jesús Ávila Polanco

6. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de tutela de
primera instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, pero por no
cumplirse con el requisito de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia proferida el 17 de enero de 2025, por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, pero por las razones expuestas en la
motivación precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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