Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06287-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06287-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06287-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06287-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
30 de abril de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: ÁNGEL MAURICIO ESCOBAR RINCÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad del
acto que negó la existencia de una relación laboral. Defecto fáctico por
ausencia de valoración probatoria
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante, contra la sentencia de 24 de enero de 2025, dictada
por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que denegó el
amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de noviembre de 2024, el señor Ángel Mauricio Escobar Rincón, a través de
apoderado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se tutelen los derechos fundamentales al trabajo (Art.25) y al debido proceso (Art.
29) previstos en la Constitución Política de Colombia de 1991.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca – sección segunda – SUBSECCIÓN “C” magistrada
ponente Dra. AMPARO OVIEDO PINTO, a proferir una nueva sentencia dentro del
proceso 11001-33-35-022-2023-0042100 (01) a través de la cual mantenga la decisión
adoptada en la sentencia de fecha 16 de octubre de 2024 respecto de la declaración
de nulidad del acto administrativo atacado y declaratoria de la existencia de una
relación laboral, modificando únicamente lo que atañe a prescripción, en el sentido de
reconocer las prestaciones sociales a las que tiene derecho la parte actora”.
2. Hechos
El accionante afirmó que se vinculó a la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E como contratista como enfermero, desde el 4 de julio de 2017 hasta el
31 de mayo de 2023, sin interrupciones, a través de sucesivos contratos de
prestación de servicios.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
Indicó que el 27 de octubre de 2023 presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la
nulidad del acto mediante el cual se negó la existencia de una relación laboral, por
lo que solicitó la copia de todos los contratos de prestación de servicios, prórrogas,
adiciones y otrosíes, así como una certificación consolidada de los contratos y
tiempos de servicio, dentro del acápite probatorio.
Refirió que en la contestación la ESE aportó certificación de i) todos los contratos
de prestación de servicios que suscribieron, ii) del pago de honorarios mensuales al
contratista y iii) de cumplimiento de contrato, en los cuales se reflejan los pagos y
los correspondientes CDP, documentos que fueron incluidos en el expediente
digital, mediante un link a Google Drive.
Adujo que el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá por sentencia
de 12 de septiembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, luego de considerar que se logró establecer la relación laboral encubierta
en los contratos, y que la labor de un enfermero es permanente en cualquier hospital
de Colombia, además de ser esencial y propia del objeto misional de la Subred
demandada, dado que guarda relación con el derecho a la salud.
Aseveró que, inconforme con esa decisión, la parte demandada interpuso recurso
de apelación en el que solicitó que se revocara, en tanto, manifestó, de las pruebas
testimoniales no se precisó la clase de órdenes que según el demandante se
impartían, pues solo se señalaron como órdenes las actividades que se encontraban
estipuladas en el contrato de prestación de servicios, ni se aportaron llamados de
atención o inicio de procesos disciplinarios que lograran demostrar el elemento de
la subordinación, por lo que este no se probó.
Por último, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, por sentencia de 13 de noviembre de 2024, confirmó
parcialmente la decisión de primera instancia, en tanto, si bien admitió la existencia
de una relación laboral entre las partes, redujo considerablemente el periodo de las
prestaciones sociales adeudadas reconocido en primera instancia, luego de
considerar que hubo interrupciones en el servicio, por lo que declaró la prescripción
sobre la mayoría del tiempo reclamado, “dado que la entidad no allegó las adiciones,
prórrogas y otrosíes al plenario”.
3. Fundamentos de la acción
A juicio del actor, la sentencia dictada por la autoridad judicial accionada incurre en
defecto fáctico, por la falta de valoración integral de los documentos aportados al
expediente, pues, señaló, sin que exista tarifa probatoria, que el Tribunal accionado
limitó la probanza de los periodos laborados a los contratos de prestación de
servicios aportados al proceso, omitiendo el hecho de que muchos de ellos se
extendieron en plazo con adiciones, prórrogas y otrosíes que se encontraban
probados en las certificaciones allegadas por la entidad a través de Google Drive.
Agregó que en primera instancia el a quo había concedido el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales por toda la vinculación, esto es, desde el 4 de julio de
2017 hasta el 31 de mayo de 2023, por lapso de 5 años, 10 meses y 27 días, y que
en segunda instancia, el tribunal limitó ese reconocimiento a los periodos
transcurridos entre el 1° de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021 (27 días), 1°
de febrero de 2022 al 30 de abril de 2022 (88 días), y 1° de febrero de 2023 al 31
de mayo de 2023 (119 días), para un periodo total de reconocimiento de las
prestaciones sociales de solo 234 días, “con fundamento en una prescripción que
declaró como fruto de una indebida valoración probatoria”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
Adujo que el Tribunal motivó la prescripción en la sentencia bajo la única
consideración de que “Entre la finalización del contrato 850 (31 de marzo de 2020)
y el inicio del contrato 1749 (01 de febrero de 2021), transcurrieron 10 meses, Entre
la finalización del contrato 1749 (28 de febrero de 2021) y el inicio del contrato 1497
(01 de febrero de 2022), transcurrieron 11 meses y Entre la finalización del contrato
1497 (30 de abril de 2022) y el inicio del contrato 1476 (01 de febrero de 2023),
transcurrieron 9 meses”, a la que arribó aun cuando la misma entidad accionada en
documentos que aportó al proceso con la contestación de la demanda, certificó que
entre el 4 de julio de 2017 y el 31 de mayo de 2023, el demandante no tuvo
interrupciones en sus servicios superiores a 30 días hábiles.
Finalmente, refirió que en el caso no se le otorgó valor probatorio a las declaraciones
rendidas bajo juramento por los testigos y el demandante, quienes manifestaron que
la vinculación del actor fue ininterrumpida, ni a las certificaciones expedidas por la
misma entidad, las cuales no fueron tachadas, gozan de valor probatorio y fueron
remitidas por la misma demandada, y que el tribunal resolvió simplemente no
tenerlas en cuenta, pues ni siquiera se pronunció al respecto.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”
La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se
denegaran las pretensiones, por cuanto, indicó, en la referida providencia se puede
verificar que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales del
accionante con la decisión tomada bajo el análisis fáctico y jurídico que se hizo en
esa oportunidad, por lo que se somete al juicio de valoración que se estime
necesario.
4.2. Respuesta del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá
D.C.
El titular del despacho rindió informe en el que manifestó que no ha sido generador
de ninguna vulneración de derechos fundamentales, pues actuó conforme a
derecho al valorar las pruebas y aplicar las normas procesales pertinentes,
garantizando el derecho al debido proceso y el acceso efectivo a la justicia, por lo
que solicitó que se le desvincule del presente mecanismo constitucional.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado por medio de sentencia
de 24 de enero de 2025, resolvió:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado 22
Administrativo de Bogotá.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por Ángel Mauricio Escobar
Rincón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito
(artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta
y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma
deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la
Secretaría General para tal fin”.
Sostuvo que el defecto fáctico alegado no estaba configurado, toda vez que, señaló,
la decisión adoptada por la autoridad accionada fue razonable y acorde con las
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
pruebas obrantes en el expediente y el supuesto legal en el que se sustentó su
decisión.
Como soporte de lo anterior, adujo que el tribunal accionado señaló que las
certificaciones expedidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE,
pese a que fueron expedidas por la entidad demandada, no eran la prueba idónea
para demostrar el tiempo de vinculación, argumento que sustentó en la sentencia
de 22 de noviembre de 20181, de la que concluyó que el medio de prueba idóneo
para demostrar los tiempos de vinculación a una entidad no era otro que el contrato
o la orden de prestación de servicios.
Agregó que la autoridad accionada mencionó que en el caso se probó una
desnaturalización del contrato de prestación de servicios, que conllevaría al derecho
de pago de las prestaciones de orden laboral, sin embargo, ante la falta de prueba
idónea, advirtió que respecto del periodo comprendido entre el 4 de julio de 2017 y
el 31 de marzo de 2020 operó el fenómeno de la prescripción de conformidad con
el tiempo en que se reclamó el derecho laboral ante la entidad, lo que consideró un
estudio racional del caso.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en escrito en el que
reiteró íntegramente los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 24 de enero de
2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la
que denegó el amparo solicitado y, en su lugar, si debe acceder a las pretensiones
de la demanda.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
1
Rad. 08001-23-33-000-2014-01649-01.
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 5, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
14
Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Ángel Mauricio Escobar Rincón, quien actúa a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”, con el fin de que el juez constitucional ampare
los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, vulnerados,
supuestamente, con la sentencia de 13 de noviembre de 2024, mediante la cual la
autoridad judicial accionada confirmó parcialmente la decisión de primera instancia
que accedió parcialmente a las pretensiones, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que impetró contra la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo que negó la existencia de una relación laboral entre las partes.
En primera instancia, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado,
por medio de sentencia de 24 de enero de 2025, resolvió negar las pretensiones,
tras considerar que el defecto fáctico alegado no estaba configurado, toda vez que,
señaló, las certificaciones aportadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte ESE, pese a que fueron expedidas por la entidad demandada, no eran la
prueba idónea para demostrar el tiempo de vinculación, argumento que sustentó en
la sentencia de 22 de noviembre de 201817, de la que concluyó que el medio de
prueba idóneo para demostrar los tiempos de vinculación a una entidad no era otro
que el contrato o la orden de prestación de servicios.
Del expediente ordinario allegado como prueba a este trámite constitucional, se
observa que, en primera instancia, el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito
de Bogotá, por sentencia de 12 de septiembre de 2024, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en tanto i) declaró la nulidad del acto ficto o presunto,
previamente configurado, por el cual la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E, le negó a la parte demandante el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de la vinculación entre las partes, ii) declaró la
existencia de un contrato realidad entre el demandante y la ESE, de manera
ininterrumpida entre el 4 de julio de 2017 y el 31 de mayo de 2023, y iii) condenó a
la ESE a reconocer y pagar a favor del demandante las prestaciones sociales
ordinarias o de carácter legal causadas durante el periodo comprendido entre el 4
de julio de 2017 y el 31 de mayo de 2023.
En el recurso de apelación, la ESE demandada solicitó que se revocara esa decisión
y se negaran las pretensiones, por cuanto, adujo, en el caso no se probó el elemento
de la subordinación, lo que sustentó en que el mismo demandante reconoció contar
con otra relación contractual con un hospital mientras estuvo vinculado con la
Subred Norte, manifestando que tuvo un convenio con esta en el que acordó en
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
17
Rad. 08001-23-33-000-2014-01649-01.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
cuáles turnos se podía desempeñar para poder prestar sus servicios en otro
hospital.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”,
mediante sentencia de 13 de noviembre de 2024, confirmó parcialmente la decisión
apelada, en tanto redujo el periodo del reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales reclamadas al comprendido entre el 1° de febrero de 2021 al 28 de febrero
de 2021, el 1° de febrero de 2022 al 30 de abril de 2022, y el 1° de febrero de 2023
al 31 de mayo de 2023, por cuanto, señaló, eran los únicos periodos que no se veían
afectados por la solución de continuidad y la consecuente prescripción trienal del
derecho a reclamar, dado que, consideró, “entre la finalización del contrato 850 (31
de marzo de 2020) y el inicio del contrato 1749 (01 de febrero de 2021),
transcurrieron 10 meses, entre la finalización del contrato 1749 (28 de febrero de
2021) y el inicio del contrato 1497 (01 de febrero de 2022), transcurrieron 11 meses,
y entre la finalización del contrato 1497 (30 de abril de 2022) y el inicio del contrato
1476 (01 de febrero de 2023), transcurrieron 9 meses”, esto es, más de 30 días
hábiles.
Como sustento de su determinación, el Tribunal indicó que “No obstante, de la
revisión integral del expediente, se observa que no obra en el plenario copia de las
adiciones y prórrogas de los siguientes contratos: 1007 de 2018, entre el 16 enero al
31 de enero de 2019; 850 de 2020, entre el 01 de abril de 2020 al 31 de enero de
2021; 1749 de 2021, entre el 01 de marzo de 2021 al 31 de enero de 2022; y del
contrato 1497 de 2022, entre el 01 de mayo de 2022 al 31 de enero de 2023. Pese
a que fue certificado por la Dirección de Contratación de la entidad”. Dado lo anterior,
determinó que no tendría en cuenta las adiciones y prórrogas para el cálculo de la
prescripción en el caso, para lo que se apoyó en la sentencia de la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado de 22 de noviembre de 2018, en la que,
sostuvo, se indicó que el medio de prueba idóneo para demostrar los tiempos de
vinculación es, por regla general, el contrato o la orden de prestación de servicios.
Ahora bien, a juicio del accionante, el fallo objeto de tutela incurre en defecto
fáctico, en tanto dejó de valorar las pruebas obrantes que demostraban la
prestación continua de sus servicios como enfermero de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E, por lo que limitó la probanza de los periodos
laborados a los contratos de prestación de servicios, omitiendo el hecho de que
muchos de ellos se extendieron en plazo con adiciones, prórrogas, certificaciones y
otrosíes que fueron allegados por la entidad a través de Google Drive y hacían parte
del plenario.
En específico, alegó como desconocidos i) la certificación de pago de honorarios
mensuales al contratista, expedida por la demandada Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E, ii) la certificación detallada de los contratos suscritos, monto,
duración, valor y actividades contratadas de 30 de octubre de 2023, y iii) los
certificados de cumplimiento de contrato, en los cuales se reflejan los pagos y los
correspondientes CDP, aportados mediante un link de Google Drive que aportó la
ESE, mismos que darían cuenta de a) que las fechas de terminación de los contratos
son diferentes a las determinadas por la autoridad judicial accionada y b) que en el
caso existían pruebas diferentes a la copia de los contratos que mostraban el pago
recibido con ocasión de dichos contratos, lo que determinaría que estuviese
probado que las interrupciones entre contratos no fueran superiores a 30 días
hábiles, por lo que no habría lugar a declarar la prescripción de los derechos
laborales desde la fecha indicada en el fallo tutelado, en tanto no se habría
presentado solución de continuidad en el contrato laboral.
En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos,
que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que
sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible
la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución18, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
probatorio que respalde su decisión19.
Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Con todo, el defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio se presenta
cuando el juez, a pesar de contar con elementos de prueba acreditados en el
expediente, no los tiene en cuenta al momento de fundamentar la decisión.
Del análisis de los argumentos que soportan el defecto fáctico alegado, la Sala
evidencia que, en efecto, en la sentencia objeto de tutela la autoridad judicial
accionada no otorgó valor probatorio a pruebas legalmente allegadas que eran
idóneas para determinar las diferentes adiciones y prórrogas efectuadas a los
contratos suscritos entre el señor Escobar Rincón y la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E, por lo que en el caso se limitó el valor probatorio de pruebas
con la potencialidad de influir en el sentido de la decisión que se adoptó, sin una
finalidad constitucional relevante y en desmedro de la realidad probatoria del caso.
En efecto, en el expediente digital20 del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se encuentra la contestación a la demanda presentada por la ESE
demandada, en la que obra el link
https://drive.google.com/drive/folders/1c6XaYHAhJygQTNXKVqGYFyO4mfoscqZ-,
que redirige a la carpeta “Demanda y Anexos”, en la que obran los documentos
allegados por la demandada.
Entre estos, se encuentra la certificación contrato de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión 0590 de 17 de junio de 202021, suscrita por el
director (A) de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
E.S.E, en la que hace constar un total de 7 contratos celebrados por el señor Ángel
18
Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20
Índice 6.
21
Archivo: “Escobar Rincón Ángel Mauricio”.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
Mauricio Escobar Rincón con la entidad, con sus fechas de inicio y finalización, en
donde se observa, entre otros, la siguiente información sobre el contrato No. 850 de
2020, “Fecha de Inicio: 2020-02-01, Fecha de Terminación: 2021-01-31”.
De la sentencia objeto de tutela se observa que, no obstante la información
consignada en la certificación aportada por la ESE demandada, en la que constaba
que el contrato No. 850 de 2020 tuvo como fecha de finalización el 1° de febrero de
2021, en la sentencia objetada, la autoridad accionada indicó que el mismo había
finalizado el “31 de marzo de 2020”, lo que tuvo incidencia directa en el sentido de
la decisión que se adoptó.
Conforme con lo anterior, en el caso se evidencia que en la sentencia objetada no
se otorgó valor probatorio a los documentos legalmente allegados que demostraban
los días efectivamente transcurridos entre las distintas interrupciones acontecidas
entre la finalización y la suscripción de los contratos firmados por las partes, lo que
tuvo una incidencia determinante en la decisión que se adoptó. Es decir, la autoridad
judicial accionada, a pesar de contar con elementos de prueba allegados legalmente
al expediente ordinario, que no fueron objeto de tacha y que se presumen
auténticos, consideró que no eran idóneos para probar lo realmente acontecido en
la suscripción y ejecución de los contratos celebrados entre las partes, por lo que el
defecto fáctico alegado se configura.
En la sentencia censurada, el Tribunal indicó que en el expediente no obraba “copia
de las adiciones y prórrogas de los siguientes contratos: 1007 de 2018, entre el 16
enero al 31 de enero de 2019; 850 de 2020, entre el 01 de abril de 2020 al 31 de
enero de 2021; 1749 de 2021, entre el 01 de marzo de 2021 al 31 de enero de 2022;
y del contrato 1497 de 2022, entre el 01 de mayo de 2022 al 31 de enero de 2023.
Pese a que fue certificado por la Dirección de Contratación de la entidad”, por lo
que, sostuvo, “no es posible considerar la vinculación del demandante para ese
periodo, toda vez que el contrato es la prueba idónea para demostrar la existencia
del vínculo que se dice se ha desnaturalizado en la práctica. Así lo ha la orientado
la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia proferida
el 22 de noviembre de 2018”.
Para la Sala, dicha consideración no puede constituirse en una justificación válida
para la falta de valoración de los elementos de prueba conducentes y allegados
legalmente al expediente, pues la sentencia en la que se apoya no es un precedente
judicial vinculante sobre la materia o una sentencia de unificación sobre la misma,
aunado al hecho de que, recientemente, la Sección Segunda de esta Corporación
determinó que para la prueba de la prestación del servicio en los casos de contrato
realidad no puede imponerse una tarifa legal que limite la posibilidad del juez de
encontrar acreditado un hecho a partir de otros elementos de prueba distintos al
contrato22.
En efecto, conforme con el principio de libertad probatoria, las partes pueden
presentar el conocimiento de los hechos al juez a través de cualquier medio de
acreditación. En tal sentido, la Corte Constitucional ha resaltado que la inadmisión
de una prueba debe tener una finalidad constitucionalmente relevante, por lo que
“las limitaciones legales relativas a la conducencia o admisibilidad de un medio
específico de prueba solo resultan admisibles si persiguen un fin constitucional y las
restricciones que entrañan son razonables y proporcionadas en relación con el
mismo y las consecuencias que de éste se derivan23”, elementos que no se observan
en el caso bajo análisis.
22
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, radicación: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021) de 11 de abril de 2024.
23
Sentencia T-395 de 2003..
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
De igual forma, el artículo 165 del Código General del Proceso determina que son
medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio
de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios,
los informes y cualquier otro medio que sea útil para la formación del
convencimiento del juez.
La Sala aclara que en el caso no está en discusión la idoneidad de la prueba del
contrato de prestación de servicios de cara a las previsiones del numeral 3° del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, lo que llevó a confirmar la existencia de una
relación laboral, sino que se censura la limitación del valor probatorio de las
certificaciones, otrosíes y prórrogas legal y oportunamente allegadas, sin una
finalidad constitucionalmente relevante, mismas que eran idóneas para probar las
interrupciones realmente ocurridas entre los contratos celebrados entre las partes.
Para la Sala, en el caso el Tribunal accionado, con la decisión de no otorgar valor
probatorio al certificado aportado por la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E, en el que constaban las fechas de inicio y finalización de la totalidad
de contratos suscritos entre las partes, documento público que no fue objeto de
tacha en el proceso y del que se tiene certeza no solo de su autoría sino también
del contenido, que dan fe de su otorgamiento conforme al artículo 257 del mismo
estatuto procesal, dejó de valorar una prueba determinante para establecer la
realidad temporal de la relación encubierta por la que se reclamaba el pago de
prestaciones sociales en el caso, lo que conllevó que no se tuvieran en cuenta las
múltiples adiciones, prórrogas y otrosíes contractuales efectuados en los contratos
celebrados con el actor, y que se viera afectada la decisión adoptada de cara al
problema jurídico planteado.
Ahora bien, respecto del segundo alegato que soporta el defecto fáctico, conforme
con el cual en el fallo objetado también se desconoció el valor probatorio de los
reportes de relación de pagos aportada por la ESE en la contestación, obrantes en
la carpeta “Demanda y Anexos” del mencionado link a Google Drive, la Sala observa
que, en efecto, en el expediente también constan los mencionados documentos, a
los cuales, no obstante, el Tribunal accionado no les otorgó valor probatorio a pesar
de que son conducentes para establecer la existencia y duración real de los
contratos que soportan la reclamación de la demanda ordinaria, lo que aúna
argumentos para considerar configurado el defecto fáctico alegado.
En efecto, en la sentencia objetada la autoridad judicial accionada, bajo la premisa
de que únicamente la copia auténtica de los referidos contratos era prueba de su
existencia, determinó que el señor Ángel Mauricio Escobar Rincón prestó sus
servicios a favor de la entidad demandada exclusivamente en los siguientes
periodos:
“Del 04 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2020.
• Del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021.
• Del 01 de febrero de 2022 al 30 de abril de 2022.
• Del 01 de febrero de 2023 al 31 de mayo de 2023”.
No obstante lo anterior, en el expediente obran las certificaciones de cumplimiento
de contrato u orden de prestación de servicios24 y la certificación de pagos suscrita
por la tesorera general de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E,
con la certificación de ejecución y la relación de pagos efectuada a favor del señor
Ángel Mauricio Escobar Rincón entre los meses de agosto de 2017 y junio de 202325,
24
Índice 6, Archivo “Contestación Subre”, link carpeta “Demanda y Anexos”, archivo: Cto 850-2020 Escobar Angel.
25
Índice 6, Archivo “Contestación Subre”, link carpeta “Demanda y Anexos”, archivo: CERTIFICACION PAGOS ESCOBAR
RINCON ANGEL MAURICIO.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
por la ejecución de los mencionados contratos, documentos con un valor
determinante en el conteo de la solución de continuidad y la prescripción efectuado
en el caso, a los que la autoridad judicial accionada no les otorgó valor probatorio a
pesar de haber sido legalmente allegados y que no fueran objeto de tacha por la
demandada.
Esta Sala, en un caso análogo reciente26, determinó que se había vulnerado el
derecho fundamental al debido proceso de la accionante, por cuanto en la sentencia
objeto de tutela la autoridad judicial accionada había omitido valorar pruebas
legalmente allegadas que eran idóneas para determinar las diferentes adiciones y
prórrogas efectuadas a los contratos suscritos entre la accionante y el SENA, por lo
que consideró que en el caso se omitió el valor probatorio de pruebas con la
potencialidad de influir en el sentido de la decisión que se adoptó, sin una finalidad
justificada.
Por las razones expuestas la Sala revocará la sentencia de 24 de enero de 2025,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, que negó las
pretensiones y, en su lugar, amparará el derecho fundamental al debido proceso del
señor Ángel Mauricio Escobar Rincón. En consecuencia, dejará sin efecto los
ordinales cuarto, quinto y sexto de la sentencia de 13 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-35-022-2023-00421-01, y ordenará a esa autoridad judicial
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta decisión,
profiera una decisión complementaria, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 24 de enero de 2025, dictada por la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la
acción de tutela, por las razones aquí expuestas. En su lugar,
Segundo.- Amparar el derecho fundamental al debido proceso el señor Ángel
Mauricio Escobar Rincón, quien actúa a través de apoderado. En consecuencia,
Tercero.- Dejar sin efecto los ordinales cuarto, quinto y sexto de la sentencia de
13 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-022-2023-00421-01.
Cuarto.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C” que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de
esta decisión, profiera una decisión complementaria, de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta providencia.
26
Sentencia de 6 de marzo de 2025, radicación: 11001-03-15-000-2025-00480-00, M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06287-01
Demandante: Ángel Mauricio Escobar Rincón
Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Séptimo.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.