Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06293-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06293-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06293-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
23 de enero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06293-00
Demandante: Jenny Katherine Ropero Cáceres y Otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06293-00
Demandante: JENNY KATHERINE ROPERO CÁCERES Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Contra sentencia dictada en proceso de reparación directa. Falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jenny Katherine Ropero Cáceres y
Valentina Mayorga Ropero contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 19 de noviembre de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, Jenny Katherine Ropero Cáceres y Valentina Mayorga Ropero pidieron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia
del 2 de agosto de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, que revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones
de la demanda de reparación directa con radicado nº 54001-23-31-000-2010-00110-
00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: que se TUTELEN los derechos fundamentales constitucionales, a la igualdad, al debido
proceso, en conexidad con el acceso a la recta, pronta y cumplida administración de justicia y a la
seguridad jurídica, derechos que fueron vulnerados a todos los demandantes, por parte del CONSEJO
DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA -
SUBSECCION B, dentro del proceso, medio de control acción de reparación directa con radicados No.
54001-23-31-000-2010-001100-01 (54249).
SEGUNDA: Que mediante fallo de fondo, se ordene al del CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA SUBSECCION B, se deje sin efectos la
providencia de segunda Instancia de fecha 02 de agosto de 2024, y, por ende CONFIRMAR en su
totalidad el fallo de primera instancia de fecha 31 de octubre de 2014, proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante el cual se condenó a la entidad demandada al pago de
los daños que generaron perjuicios de tipo materiales (lucro cesante consolidado y futuro) y morales, a
favor de las demandantes por el vil y cruel asesinato del uniformado de la Policía Nacional, señor JOHN
JAIRO MAYORGA TRIVINO (QEPD), el 13 de diciembre de 2007, al configurarse la concreción de la
falla en el servicio por falla (omisión) de protección a la víctima por parte de la Policía Nacional, muerte
a manos de sujetos al margen de la ley, pertenecientes a la banda criminal las águilas negras, que
delinquieron en el área metropolitana del municipio de San José de Cúcuta.
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Demandante: Jenny Katherine Ropero Cáceres y Otro
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 13 de diciembre de 2007, el intendente de la Policía Nacional John Jairo Mayorga
Triviño, adscrito a la seccional de investigación criminal del departamento de Policía de
Norte de Santander, se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue intervenido por dos sujetos
que, presuntamente, pertenecían a una banda criminal y le propinaron varios disparos
que le causaron la muerte.
Por estos hechos, Jenny Katherine Ropero Cáceres y Valentina Mayorga Ropero,
conyugue e hija del causante, respectivamente, presentaron demanda de reparación
directa contra la Policía Nacional, para que fuera declarada patrimonial y
administrativamente responsable por la muerte del señor John Jairo Mayorga Triviño, por
no adoptar medidas de seguridad, diligencia y cuidado para su protección.
La demanda se adelantó bajo el radicado 54001-23-31-000-2010-00110-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que por sentencia del 31
de octubre de 2014 accedió parcialmente a las pretensiones al estimar que la entidad
demandada omitió prestar la correcta protección al señor Mayorga Triviño. Que las
funciones que desempeñaba eran de un riesgo superior al normal porque investigaba
bandas criminales, lo que hacía previsible la existencia de retaliaciones en su contra,
adicionalmente, porque en el proceso penal adelantado por la muerte del señor Mayorga
Triviño, se había acreditado que los motivos de su homicidio obedecían a sus labores
como policía, que, además, su círculo de investigadores cercanos tenía conocimiento de
las amenazas en su contra.
Inconforme, la Policía Nacional apeló y argumentó que no era cierto que la víctima directa
hubiese sido sometida a un riesgo ajeno al servicio, que no se había acreditado que el
señor Mayorga Triviño había sido amenazado o que tuviera una condición especial que
ameritara que se adoptaran medidas de seguridad y protección en su favor.
Que la víctima directa no fue puesta en una situación de riesgo excepcional que condujera
a que se presentara una falla en el servicio y, por lo tanto, no era dable imputarle
responsabilidad puesto que el daño había sido causado por terceros.
Que por tratarse de un riesgo normal del servicio, lo procedente era solo reconocer y
pagar la indemnización y prestaciones laborales a los familiares de la víctima directa,
como según dijo lo había realizado.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por sentencia del 2 de agosto de
20241, revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones
al considerar que no se había demostrado que la muerte del señor Mayorga Triviño
ocurriera como consecuencia del actuar negligente de la entidad demandada, que no se
había acreditado una omisión por parte de la Policía Nacional en la protección de la
víctima directa que fuera la causa de su homicidio, debido a que no se informó a la entidad
sobre posibles amenazas que justiciaran la adopción de medidas de seguridad ni se
podía deducir la necesidad de las medidas por el ejercicio de las funciones asignadas al
cargo desempeñado por la víctima directa.
Uno de los magistrados que integran la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo
de Estado aclaró voto y señaló que compartía la decisión pero que el fundamento para
denegar las pretensiones no estaba dado por no comprobarse que la víctima directa
había estado sometida a un riesgo excepcional o superior, sino a la ausencia de
elementos de juicio que acreditaran que la muerte del uniformado estuvo determinada
por una falla del servicio.
1 Notificada por edicto del 6 de septiembre de 2024.
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4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En particular, frente a la relevancia constitucional, sostuvo que se encuentra
acreditada porque alega la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia por parte de la autoridad
judicial demandada con la sentencia del 2 de agosto de 2024.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes
vicios de fondo:
Defecto orgánico por:
(…)haber cambiado de decisión, revocando en su totalidad la sentencia de primera instancia, la cual
había reconocido parcialmente las pretensiones presentadas en la demanda, despacho que declaro
probada la falla en el servicio por falta de protección a la víctima por parte de la Policía Nacional por el
cargo y funciones que al momento de los hechos ostentaba el uniformado JOHN JAIRO MAYORGA
TRIVINO, situación que debió haber precavido los mandos superiores y superiores jerárquicos de la
aquí victima por las capturas y desmantelamiento de la banda criminal de las águilas negras que
delinquían en el área metropolitana de San José de Cúcuta para la época de los nefastos hechos, como
está demostrado y probado en el proceso penal, como así lo determino el A QUO, lo que género como
se reitera la falla en el servicio por falta de protección, situación que era evidente, vislumbrarte,
entendible, omisiosa, caprichosa, dudosa y sospechosa por parte de las entidades accionadas,
decantando las excepciones de hecho de un tercero así como los riesgos propios del servicio;
evidenciándose que por parte del CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - SUBSECCION B, para proceder a proferir el fallo de
segunda instancia, procedió a realizar un análisis irracional, arbitrario, injusto, caprichoso, dudoso,
desconociendo el precedente judicial y vasta jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado.
Defecto procedimental absoluto porque la autoridad judicial demanda actuó al margen
de la legalidad y la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, que no
identificó, sobre <<reconocimiento y pago de indemnización por el daño que genera perjuicios
de tipo material y moral al probarse la falla del servicio por parte de las entidades accionadas>>.
Defecto factico <<(…)al proceder a revocar en todas sus partes la sentencia de primera
instancia de fecha 31 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander>>
Violación directa de la Constitución debido a que la autoridad judicial demandada
revocó la decisión de primera instancia, que <<(…) decretó en cumplimiento ajustado a la
jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, estableciéndose la modalidad de la falla del
servicio por omisión de hacer, por parte de las entidades demandadas; despacho que despachó
desfavorablemente las excepciones previas como lo es, el hecho de un tercero y riesgos propios
del servicio; violándose con esta actuación por parte del CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - SUBSECCION B, con lo
consagrado en el artículo 90 constitucional y la amplia y extensa jurisprudencia del Honorable
Consejo de Estado, sección tercera>>.
Desconocimiento del precedente fijado en sentencias dictadas por el Consejo de
Estado, que no determinó, que, por un lado, según la parte actora, señalaban la diferencia
entre el daño y el perjuicio, que explicarían que, el daño es el elemento fundante de la
responsabilidad patrimonial del Estado y de donde se deriva las consecuencias
patrimoniales o extrapatrimoniales llamadas perjuicio.
Que las cualidades del perjuicio indemnizable deberían ser que sea cierto, determinado,
particular, anormal, protegido jurídicamente y que no se haya reparado previamente.
Por otro lado, del precedente, que tampoco identificó, relacionado con la posibilidad de
acumular el reconocimiento de responsabilidad derivado de una relación laboral y el
derivado del ejercicio del medio de control de reparación directa, al provenir de distintas
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fuentes de responsabilidad, porque, según las demandantes, la causa jurídica de la
primera es la ley y la de la segunda proviene de del daño, relacionado con una falla del
servicio o un riesgo excepcional, por lo que, a su juicio, no sería excluyentes entre sí, de
acuerdo con el principio de reparación integral.
5. Trámite procesal
Por auto del 22 de noviembre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y en calidad de terceros con interés,
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al ministro de
defensa y al director de la Policía Nacional.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 28 de noviembre
de 2024.
6. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ponente de la
decisión cuestionada, manifestó que no participaría en la presente acción de tutela y que
acataría la decisión que se adopte.
La Policía Nacional pidió que se denegaran las pretensiones de las accionantes, o se
declarara la improcedencia de la acción porque no se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados.
Trascribió una parte de la sentencia cuestionada para mencionar que no se advertía la
trasgresión de los derechos de las demandantes desde ningún punto de vista probatorio
o jurisprudencial. Que los hechos relacionados en la demanda de reparación directa no
fueron probados materialmente, con lo que se desconocía lo dispuesto en el artículo 167
del CGP2.
Por otro lado, manifestó que la acción de tutela es improcedente debido a que no se
demostró la causación de un perjuicio irremediable, de acuerdo con la sentencia T-553
de 2023 dictada por la Corte Constitucional.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander compartió el enlace del proceso de
reparación directa con radicado 54001-23-31-000-2010-00110-00/01, pero nada dijo
sobre el fondo del asunto.
El Ministerio de Defensa no se pronunció pese a que, como se vio, fue debidamente
notificado.
2 Artículo 167. Carga De La Prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al
decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer
los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la
cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término
necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en
este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Jenny
Katherine Ropero Cáceres y Valentina Mayorga Ropero para dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia del 2 de agosto de 2024, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, que revocó la decisión de primera instancia, para
en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado
nº 54001-23-31-000-2010-00110-00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo porque no cumple el
requisito de relevancia constitucional. La parte actora no cumplió con la carga mínima de
argumentación respecto a las razones por las que la discusión que platea reviste una
clara, marca e indiscutible relevancia constitucional.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En lo que interesa para resolver el asunto, el segundo criterio (carga argumentativa) está
previsto para restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten derechos fundamentales.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia
al proferir la sentencia de segunda instancia del 2 de agosto de 2024, que denegó las
pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado nº 54001-23-31-000-
2010-00110-00/01.
3
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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A partir de los escasos argumentos presentados por la parte actora y conforme con lo
expuesto en el capítulo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia
no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el demandante no cumplió
con la carga mínima de argumentación, respecto a por qué la discusión que platea reviste
una clara, marca e indiscutible relevancia constitucional.
Para la Sala, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa de explicar porqué
su solicitud de amparo trasciende las inconformidades que percibe de las decisiones
adoptadas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el proceso
ordinario. No presentó motivos suficientes dirigidos a evidenciar que la providencia
cuestionada afecta de manera grave sus derechos fundamentales.
El simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente para
tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es necesario, se
itera, que se ponga en evidencia la afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales alegados, pues <<la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel>>4
Si bien, la parta actora propone cargos por los defectos orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, por violación directa de la Constitución y por desconocimiento del precedente, lo
cierto es que, con relación al defecto orgánico se limitó a señalar que se debió confirmar
la sentencia del 31 de octubre de 2014 dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que había accedido parcialmente a sus pretensiones.
Respecto al defecto procedimental absoluto solo mencionó que la autoridad judicial
demandada no actuó conforme a la legalidad y a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
Sección Tercera, que no identificó.
Con relación al defecto fáctico no identificó las pruebas que se dejaron de valorar o que
fueron indebidamente apreciadas.
Sobre el cargo por violación directa de la Constitución no precisaron de que forma la
autoridad judicial demandada inaplicó la Constitución y, finalmente, respecto al cargo por
desconocimiento del precedente no citaron las sentencias que, a su juicio, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, desconoció.
En consecuencia, la Sala advierte que los argumentos de la acción de tutela se limitan a
presentar una simple inconformidad con la sentencia de segunda instancia del 2 de
agosto de 2024, proferida en el proceso de reparación directa con radicado nº 54001-23-
31-000-2010-00110-00/01, por lo que no hay lugar a pronunciarse sobre el fondo del
asunto.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1.Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
4
Corte Constitucional, sentencia Su- 573 de 2019.
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2. Comuníquese la presente providencia al Consejo de Estado, Sección Primera.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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