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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06296-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06296-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 16 de enero de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 6 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06296-01 Accionante: Willian Andrés Buitrago Betancourt Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06296-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06296-01
Accionante: Willian Andrés Buitrago Betancourt
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO PROFERIDO EN
CONCURSO DE MÉRITOS / Confirma declaratoria de improcedencia por falta de
subsidiariedad.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 16 de enero de 2025 por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El señor Willian Andrés Buitrago Betancourt, instauró acción de tutela contra la

Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura, en
busca de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, igualdad, trabajo, petición, acceso a cargos públicos, así como los
principios de confianza legítima y favorabilidad.

2. Por medio de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la accionada

publicó los resultados obtenidos por los discentes que aplicaron a la evaluación de
la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial, en el marco de la
Convocatoria 27. El demandante obtuvo un puntaje inferior a 800, lo que implica que
reprobó.

3. Contra esa decisión, el actor interpuso recurso de reposición,
el cual fue resuelto
mediante la Resolución EJR24-607 del 28 de octubre de 2024, en el sentido de
reponer de forma parcial, ajustando la calificación obtenida inicialmente por el
discente a 794 puntos.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06296-01
Accionante: Willian Andrés Buitrago Betancourt
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. La parte actora alegó que la Escuela vulneró los derechos fundamentales
invocados, toda vez que no desarrolló los fundamentos fácticos y jurídicos en los que
sustentó la decisión adoptada. En su lugar, motivó de forma aparente, estandarizada,
insuficiente y superficial el acto, basándose en respuestas genéricas y
preconfiguradas, que no abordaron de forma particular cada uno de los reparos
propuestos por el demandante en el recurso de reposición.

5. Reprochó que la accionada hubiese utilizado inteligencia artificial para la resolución

del recurso, bajo parámetros sugestivos y direccionados, lo que condujo a que se
generaran respuestas automatizadas, que no abarcaron concretamente las
objeciones planteadas.

6. Para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, sostuvo

que la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos, cuando se
presenta una violación flagrante de derechos fundamentales, como acontece en su
caso.

7. Esgrimió que, de no ser incluido en la Subfase Especializada del IX Curso de

Formación Judicial perdería la oportunidad de acceder al cargo que aspira, si se tiene
en cuenta que un proceso ordinario podría tardar más de un año en resolverse,
mientras que esa fase del concurso está prevista para culminarse en julio de 2025.

8. Sumado a ello, adujo que la solicitud de amparo es procedente, toda vez que el

problema que se plantea trasciende la esfera de la simple legalidad, en tanto lo que
se discute es el cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política, y en esa
medida, el asunto desborda la competencia del juez de lo contencioso administrativo.
Arguyó que en un concurso de méritos está en juego el derecho al trabajo, porque el
proceso de selección debe “ser visto con rigor constitucional”.

9. En tal sentido, las pretensiones se orientaron a que se ordenara a la entidad
accionada: (i) dejar sin efectos parcialmente la Resolución EJR24-607 del 28 de
octubre de 2024, únicamente en lo relativo al resultado de los ítems cuestionados
por el accionante; (ii) emitir un acto administrativo que reconozca como válidas las
respuestas a esas preguntas, asignando el puntaje que corresponde; y (iii) disponer
su inclusión definitiva en la Subfase Especializada del IX Curso de Formación
Judicial. De forma subsidiaria, pidió su inclusión -provisional- hasta tanto el juez de
lo contencioso administrativo resolviera la demanda que impetraría en caso de
concederse un amparo transitorio.

B. Sentencia de primera instancia

10. Mediante sentencia del 16 de enero de 2025, la Sección Segunda, Subsección B

del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad. Señaló que el accionante contaba con el

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Accionante: Willian Andrés Buitrago Betancourt
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como mecanismo idóneo
y eficaz para ventilar la controversia planteada en sede de tutela.

C. La impugnación

11. El demandante aseveró que el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho no resulta ser idóneo, cuando se pone de presente la existencia de una clara
y grosera vulneración de derechos fundamentales.

12. Reprochó que el a quo lo hubiere “sancionado” con la declaratoria de
improcedencia del mecanismo de amparo, sin considerar que la Resolución EJR24-
607 del 28 de octubre de 2024 le fue notificada el 8 de noviembre siguiente, mientras
que la Subfase Especializada del curso de formación inició el 16 de noviembre de
ese mismo año, por lo que tan solo contaba con 4 días hábiles para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

13. En todo caso, indicó que el 21 de noviembre de 2024, junto con otras 55 personas,

impetró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto enjuiciado
en el presente asunto, junto a una solicitud de medida cautelar. Afirmó que el
conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado 17 Administrativo de
Oralidad del Circuito de Bogotá y que, tan solo hasta mediados del mes de enero, la
titular de ese despacho se declaró impedida para conocer del asunto; impedimento
que hasta ese entonces no había sido resuelto. Situación que pone en evidencia la
falta de idoneidad y eficacia del medio de control.

14. Pidió tener en cuenta que en marzo de 2025 se evaluarían las unidades 1 y 2 de

la Subfase Especializada del curso de formación, momento para el cual se habría
consumado el daño que se pretendía evitar con la acción constitucional, pues, de
llegar a ocurrir, se privaría la posibilidad de ejercer como juez de la república en
propiedad.

15. En auto de 7 de abril de 2025 se negó la medida provisional solicitada en el escrito

de impugnación.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

16. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

17. EstaSubsección confirmará el fallo impugnado, pues la revisión de los
planteamientos aducidos tanto en el escrito de tutela como en la impugnación lleva
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06296-01
Accionante: Willian Andrés Buitrago Betancourt
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

a la conclusión de que la solicitud de amparo no satisface el presupuesto general de
subsidiariedad.

18. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela

únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de tutela, el interesado debió haber agotado todos los recursos -idóneos y
eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene improcedente.

19. Esta regla de procedencia se torna aún más estricta cuando se busca cuestionar

actos administrativos, los cuales se encuentran amparados por el principio de
legalidad. Se parte del supuesto de que la administración, al momento de expresar
su voluntad, acata las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra
subordinada. De manera que quien pretenda controvertir uno de tales actos, está
obligado a acreditar que aquel se apartó del ordenamiento jurídico, y ese debate
debe surtirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo1.

20. Los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos no

escapan de esa consideración; sin perjuicio de que se deba indagar sobre su
naturaleza para establecer si son de carácter definitivo y por ende susceptibles de
control judicial, o si se trata de actos de trámite o de ejecución.

21. Lo anterior no significa que una vez determinada la existencia de otros medios

judiciales, la solicitud de amparo se torne improcedente de forma automática.
Resulta imperativo que el juez constitucional examine la idoneidad y eficacia del
mecanismo identificado para conjurar la posible afectación de los derechos
fundamentales objeto de reclamo de cara a las circunstancias particulares del caso.

22. En el evento de encontrar que el instrumento judicial no es idóneo y eficaz se

activa la procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo. La
intervención del juez constitucional también se habilita cuando se advierte que,
siendo idóneo y eficaz, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable2,
caso en el cual la solicitud de amparo procede de forma transitoria. Una tercera
excepción a esa regla general de improcedencia, ocurre cuando en la solicitud de
amparo se presenta una discusión de índole constitucional que desborda el marco
de competencia del juez de lo contencioso administrativo3.

23. De acuerdo con lo anterior, la Sala coincide con el a quo en que el medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho resulta ser el mecanismo idóneo y

1 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
2 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la

amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06296-01
Accionante: Willian Andrés Buitrago Betancourt
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

eficaz para cuestionar la legalidad de la decisión objeto de reproche constitucional,
esta es, la Resolución EJR24-607 del 28 de octubre de 2024, que resolvió el recurso
de reposición que interpuso contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024.

24. Por un lado, la decisión de excluirlo del concurso está en firme, comoquiera que

aquella únicamente era susceptible del recurso de reposición y aquél ya se agotó 4.
Por otro lado, ese acto administrativo consolidó la situación jurídica del actor como
participante, en tanto lo excluyó de manera definitiva del concurso.

25. Esta Corporación5 ha considerado que el carácter definitivo de un acto no
depende necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, sino de los
efectos que el mismo genere de manera concreta en cada participante. En ese
sentido, cuando un acto administrativo impide a una persona continuar en el
concurso -como acontece en el caso de marras- se considera definitivo con respecto
a ella y, por tanto, se activa la posibilidad de controvertir su validez ante el juez de
lo contencioso administrativo.

26. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no solo le permite

al demandante debatir la presunción de legalidad del acto enjuiciado y obtener el
restablecimiento integral de sus derechos presuntamente vulnerados, sino que
también le ofrece la posibilidad de solicitar medidas cautelares en cualquier estado
del proceso, incluso antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, como
la suspensión provisional del acto o cualquier otra que considere necesaria para
evitar la consumación o agravación de los daños que estima provienen de la
presunta transgresión de los derechos invocados, hasta tanto el juez de lo
contencioso administrativo adopte una decisión definitiva6.

27. Por lo tanto, el eventual tiempo en que pueda llegar a tardar en decidirse ese

asunto mientras el concurso continúa en trámite no resulta suficiente para activar la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo, mucho menos
cuando paralelamente el proceso ordinario se encuentra en trámite.

28. Si bien en su escrito de impugnación el actor cuestionó la eficacia e idoneidad del

medio de control anotado, bajo el argumento de que a la fecha no se ha resuelto la
medida cautelar solicitada junto a la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho7 que presentó el 21 de noviembre de 2024, dado que está en trámite el
impedimento manifestado por el juez a quien le fue asignado el conocimiento de ese

4 De conformidad con el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, contra los resultados de la evaluación de la Subfase

General del IX Curso de Formación Judicial Inicial únicamente procede el recurso de reposición.
5 Al respecto, ver sentencias del 2 de octubre de 2019 (exp. 66001-23-33-000-2016-00794-01), 5 de noviembre

de 2020 (exp. 25000-23-41-000-2012-00680-01), 3 de marzo de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-00415-00),
entre otras.
6 De conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 “En todos los procesos declarativos que se adelanten

ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (...)”.
7 Tramitada con radicado número 11001-33-35-017-2024-00393-00.

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asunto; dicha circunstancia, por sí misma, no tiene la entidad para desvirtuar la
eficacia e idoneidad del mecanismo ordinario.

29. El hecho de que en el proceso contencioso administrativo deban agotarse
distintos trámites, como los impedimentos, así como el tiempo que estos puedan
requerir para su resolución, no implica que el medio de control no sea idóneo ni
eficaz para el propósito para el cual fue diseñado por el legislador. Ese factor no
puede ser el único criterio para evaluar tales exigencias. Menos aún en un proceso
de tal naturaleza, en el que pueden surgir impedimentos o incidencias en torno a la
competencia, cuyo plazo de resolución hace parte de las cargas ordinarias que debe
asumir quien acude a la administración de justicia.

30. Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la

intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio. El accionante se
limitó a aducir que, de no concederse el amparo, aunque sea de forma provisional,
no podría participar en la Subfase Especializada del curso de formación. Sin
embargo, esa situación no puede ser considerada como irreparable, pues en caso
de que el juez de la causa acceda a lo pretendido, ya sea con el decreto de la medida
cautelar o con la decisión definitiva sobre la controversia, deberá adoptar las
medidas necesarias para garantizar el restablecimiento efectivo del derecho
solicitado, máxime si se tiene en cuenta que el proceso de selección aún continúa
en curso.

31. Aunado a lo anterior, no se advierte que se esté en presencia de una discusión

que trascienda la esfera de lo constitucional, pues los argumentos que fundamentan
la solicitud de amparo están orientados a debatir la legalidad del acto acusado, en
tanto lo que se censura es su motivación; asunto que corresponde definir a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, pues la acción de tutela no fue
concebida como un mecanismo alternativo o paralelo para resolver controversias
que, por su naturaleza, deben ser dirimidas al interior de los procesos ordinarios.

32. Por lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la sentencia del 16 de enero

de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación.

33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 16 de enero de 2025 por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06296-01
Accionante: Willian Andrés Buitrago Betancourt
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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