Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06302-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06302-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06302-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06302-00
Demandante: Juan Sebastián Villamil Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06302-00
Demandante JUAN SEBASTIÁN VILLAMIL RODRÍGUEZ
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra actos administrativos que excluyeron al actor
del IX Curso de Formación Judicial Inicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Juan Sebastián Villamil Rodríguez, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de noviembre de 20241, el señor Juan Sebastián Villamil Rodríguez, quien
actúa a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a los cargos públicos, y el principio
pro persona, al considerar que la Resolución Nro. EJR24-522 del 11 de octubre de
2024 lesiona sus derechos subjetivos al no permitirle continuar en el IX Curso de
Formación Judicial Inicial.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Por lo anterior, solicito respetuosamente a esta Honorable Corporación:
1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a un recurso efectivo de
mi representado.
2. Proferir un decisión acorde con los argumentos.
3. Ordenar la garantía de participación en el concurso del Dr. Juan sebastian Villamil
Rodríguez.
4. Ordenar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla garantizar el derecho a la pelación de
la Resolución No. EJR24-522, permitiendo que esta sea revisada por una instancia
superior conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables.» (Sic a toda la
cita)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Juan Sebastián Villamil Rodríguez participó en el concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, el cual fue
convocado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
PCSJA18-11077 del 16 de agosto del 2018 (Convocatoria 27), para el cargo
de juez administrativo.
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Samai, índice 2.
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Demandante: Juan Sebastián Villamil Rodríguez
2.2. La Convocatoria 27 se encuentra en la Fase III de la Etapa de Selección que
corresponde al «IX Curso de Formación Judicial Inicial», que se rige por el Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 «Por el cual se adopta el Acuerdo
Pedagógico que regirá el «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021».
Este curso de formación cuenta con dos subfases: la general y la
especializada.
2.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
dictó la Resolución Nro. EJR24298 del 21 de junio de 2024, por medio de la
cual se publicaron los resultados de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, en la cual el señor Juan Sebastián Villamil
Rodríguez obtuvo un puntaje de 861 quedando en estado aprobado.
2.4. El 1 de agosto de 2024 la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» profirió la
Resolución Nro. EJR24-357 por medio de la cual se excluyó al discente Juan
Sebastián Villamil Rodríguez del IX Curso de Formación Judicial Inicial y se
modificó el Anexo 1 de la Resolución Nro. 349 del 9 de octubre de 2023 (en el
sentido de excluir al mencionado concursante). Contra el señalado acto
administrativo el señor Villamil Rodríguez presentó recurso de reposición e
invocó el derecho a la doble instancia para que se le concediera el recurso de
apelación.
2.5. Mediante la Resolución Nro. EJR24-522 del 11 de octubre de 2024, la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» resolvió el recurso de reposición confirmando
en todas sus partes la Resolución Nro. EJR24-357 del 1 de agosto de 2024.
3. Fundamentos de la acción
En el escrito de tutela el apoderado del señor Juan Sebastián Villamil Rodríguez
acusó la vulneración de los derechos fundamentales de su poderdante al debido
proceso, de acceso a los cargos públicos y el principio pro persona, comoquiera que
la Resolución Nro. EJR24-522 del 11 de octubre de 2024 lesionó los derechos
subjetivos al no permitirle continuar en el IX Curso de Formación Judicial Inicial, que
se adelantaba para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
Como argumentos de la vulneración planteó los siguientes:
3.1. Señaló que en la Resolución Nro. EJR24-522 la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla manifestó que: «[…] Sea lo primero puntualizar que el proceso evaluativo del IX
Curso de Formación Judicial Inicial y el proceso de exclusión de un discente son dos
actuaciones administrativas independientes […]», lo cual considera es un error pues
es inseparable la evaluación de la exclusión del aspirante, dado que «la
exclusión por razones puramente formales es distinta de la inclusión por haber ganado el
examen con un puntaje destacado». De ahí que, consideró injusto que se haya
eliminado un candidato con uno de los máximos puntajes por asuntos
puramente formales vulnerando el principio pro persona.
Dijo que la Resolución Nro. EJR24-298 y la Resolución Nro. EJR24-357 no
son dos actos autónomos, pues «no puede salir sino quien está dentro». Explicó que
no se encuentra de acuerdo con que en la Resolución Nro. EJR24-357
determinara la no continuidad del señor Villamil Rodríguez en el curso
concurso, porque con ese acto se intenta desaparecer los fundamentos de
hecho que dieron origen a la Resolución Nro. EJR24-298 y el decaimiento de
sus efectos. Tan es así que: «[…] el eventual decaimiento de los efectos, jamás podría
ser consecuencia de la supuesta autonomía de los actos administrativos, por lo cual la
resolución acusada en sede constitucional está incurriendo en de (sic) falsa motivación al
emplear la muy criticada falacia non sequitur. […]», por lo que, en su criterio la
Resolución Nro. EJR24-298 y la Resolución Nro. EJR24-357 no tienen ninguna
conexión.
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Manifestó inconformidad con que posteriormente la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, cambiara de opinión y señalara que el proceso evaluativo del IX
Curso de Formación Judicial Inicial y el proceso de exclusión de un discente
son dos actuaciones administrativas independientes. Y adicionó que realizar
una sola cita de una providencia del Consejo de Estado de hace más de 10
años, sobre el decaimiento de los actos, no es suficiente para sustentar la
decisión que afectó al hoy actor quien es orgullo del país en eventos
internacionales.
Como fundamento de su postura procedió a citar varios fragmentos de
sentencias de la Corte Constitucional para demostrar que existe vulneración
de derechos fundamentales cuando las autoridades desconocen su obligación
legal de respetar sus propios actos, abstrayéndose de su cumplimiento con
fundamento en el supuesto decaimiento que no se configura, pretermitiendo la
revocatoria del acto o en su defecto acudir a la jurisdicción. Mencionó que esto
fue lo que ocurrió en el caso del hoy accionante, pues la Escuela Judicial en
lugar de acudir a la revocatoria directa de la Resolución EJR24-298, a través
del consentimiento del señor Villamil Rodríguez, o haber demandado la nulidad
de acto hizo una indebida aplicación del artículo 91.2 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en ausencia
de los requisitos del artículo 97 ibidem), de ahí que «[…] si la exclusión es un hecho
autónomo, totalmente descoyuntado del proceso de calificación no puede tomarse como
hecho nuevo para fundar la tesis del decaimiento […]».
3.2. De otra parte, manifestó que no era cierto que el señor Juan Sebastián no
consumió el contenido formativo de las unidades 1 y 2 del programa de
Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional dentro del término
establecido en el cronograma, sino que lo hizo en una época diferente pues
tenía una excusa médica, la cual no fue tenida en cuenta, manifestó que haber
consumido ese material fuera de tiempo es responsabilidad de la Escuela
Judicial quien mantuvo disponible el módulo en la plataforma, para después
decir que el módulo se encontraba disponible en el sistema en esa fecha sólo
de manera informativa.
Consideró que la exclusión del concurso por consumo tardío de los módulos
es una norma que no se encuentra en el reglamento de la convocatoria, lo que
vulnera el principio de legalidad pues se trató de acomodar la sanción existente
para la inasistencia de reuniones presenciales a este caso.
Adujo que, la Escuela Judicial al dictar la Resolución EJR24-522 atentó
directamente contra el principio pro persona pues se impuso una sanción
desproporcionada frente a la anulación de una excusa médica que
consideraron extemporánea cuando el participante no podía allegar la excusa
en el término previsto al seguir en incapacidad, privilegiando así la forma en
lugar del fondo. Señaló que en este caso se dio una interpretación rígida de
las normas procedimentales, sin tener en cuenta el impacto que esta decisión
podría tener sobre derechos fundamentales del discente, equiparando no
aprobar el examen de la subfase general a la ausencia de consulta de los
materiales pedagógicos afectando su proyecto de vida.
3.3. Respecto de la Resolución Nro. EJR24-522 del 11 de octubre de 2024
manifestó que se equivoca la Escuela Judicial al afirmar que el señor Villamil
Rodríguez aprobó las evaluaciones sin consumir los materiales que se le han
suministrado, porque lo cierto es que sí los consumió, pero en un tiempo
diferente, adicionalmente esto resulta indiferente cuando lo que se pretendía
era preparar al participante para la evaluación sumativa, la cual aprobó con
creces. Añadió que a pesar de la situación al participante se le convocó a las
dos fechas de evaluación del curso de formación judicial de la fase inicial
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obteniendo el puntaje de 861, y con posterioridad a que se dictara la
Resolución que se cuestiona en esta acción, se le continuó citando como si
siguiera en concurso.
Finalmente, mencionó que la Escuela Judicial vulneró los derechos del actor
al no permitirle hacer uso de la doble instancia como lo consagra nuestro
ordenamiento jurídico, pues la Resolución Nro. EJR24-522 solo dispuso que
procedía el recurso de reposición. Alegó que para acceder a jurisdicción
contenciosa administrativa ya existe caducidad de la acción.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En providencia del 26 de noviembre de 20242, el despacho ponente requirió
a la parte accionante para que en el término de tres días a partir de la
notificación de esta providencia: (i) allegara constancia del mensaje de datos
por medio del cual el ciudadano Juan Sebastián Villamil Rodríguez confirió el
poder especial al abogado Edgardo Villamil Portilla; y (ii) aportara copia de los
actos que pretendía discutir en esta acción constitucional, es decir las
Resoluciones Nros. EJR24-357 del 1 de agosto de 2024 y EJR24-522 del 12
de noviembre de 2024.
Adicionalmente se solicitó a la Secretaría General y a la Oficina de Tecnología
del Consejo de Estado para que corrigieran el nombre de la parte actora en el
sistema de gestión Samai.
4.2. Con auto del 6 de diciembre de 20243, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor Juan Sebastián Villamil Rodríguez,
quien actúa a través de apoderado judicial contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
En calidad de terceros con interés se vinculó a los participantes de la
Convocatoria 27 del Consejo Superior de la Judicatura para proveer cargos de
Magistrados y Jueces de la República que fueron calificados mediante la
Resolución Nro. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 en la Subfase General del
IX Curso de Formación Judicial Inicial y a la Unión Temporal de Formación
Judicial 2019; se negó la medida provisional solicitada por la parte actora; se
ofició al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y a la Unión Temporal Formación Judicial para que notificara a los
participantes de la convocatoria; se ordenó a la Secretaría General fijar un
aviso en el que se comunicara a los participantes la existencia de la presente
acción; se ofició a la Oficina de Sistemas para que publicara en la página web
de la Corporación un aviso sobre la existencia de este proceso constitucional
para que los interesados pudieran ejercer su derecho de defensa y
contradicción; se reconoció personería al abogado Edgardo Villamil Portilla
como apoderado de la parte actora y se dispuso a efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.3. La Unión Temporal Formación Judicial 20194, conformada por la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la sociedad E
Distribution SAS, manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales
del accionante ya que siempre ha actuado de conformidad con la ley.
Mencionó que carece de legitimación en la causa por pasiva dado que la Unión
Temporal no es competente para atender las pretensiones de esta acción,
según la cual se busca la participación del señor Juan Sebastián Villamil
Rodríguez en la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial.
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Samai, índice 4.
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Precisó que la entidad encargada de tramitar y resolver las solicitudes del
accionante es la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, de ahí que la Unión
Temporal sólo actúa como un aliado estratégico de la Escuela Judicial para el
desarrollo del IX Curso de Formación Judicial, por lo que carece de potestad
para dictar actos administrativos o adoptar decisiones en torno a dichas
solicitudes. Dijo que, al no tener facultad para atender las solicitudes
presentadas, no hay nexo de causalidad en la tutela y la supuesta amenaza
de los derechos del actor, de ahí que deba declararse improcedente la acción
y se le debe desvincular de la misma.
De otro lado señaló que no se cumple con el requisito de la subsidiaridad, pues
contra el acto administrativo que resuelve el recurso de reposición no procede
ningún otro recurso por lo que la actuación administrativa concluyó con la
notificación al señor Villamil Rodríguez de la Resolución Nro. EJR24-522,
conforme al Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019 que señala:
«[…] 9. RECURSOS
Contra los resultados de las Contra los resultados de las evaluaciones, de las subfases general
y la especializada en forma independiente del IX Curso de Formación Judicial Inicial solo
procederá el recurso de reposición que deberá presentarse y sustentarse a través del
aplicativo dispuesto para tal fin o de manera física ante la Escuela Judicial, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la desfijación de la respectiva resolución. Quien haya interpuesto
el recurso de reposición contra las calificaciones de la subfase general no podrá revivir
términos ni argumentos para recurrir dicho resultado a través del recurso de reposición contra
las calificaciones de la subfase especializada, por lo que se entiende preclusiva dicha
oportunidad.
Contra los resultados en cualquiera de las subfases del curso de formación judicial inicial,
procederá el recurso de reposición así:
• Contra los resultados de la parte general del Curso de Formación Judicial, cuando la
calificación consolidada sea inferior a 800 puntos.
• Contra los resultados finales del curso de formación judicial frente a los diferentes
componentes, siempre que no hayan sido recurridos en la oportunidad mencionada en el
inciso anterior.
• Contra los actos administrativos que resuelvan la exclusión según lo reglado en el
Capítulo X del presente acuerdo pedagógico, o retiro del curso de formación del discente.
Se tendrá por presentado el recurso cuando el escrito y los anexos del caso, sean
incorporados al aplicativo que se habilite para tal fin o al momento de ser radicado en físico
ante la Escuela Judicial
El Consejo Superior de la Judicatura delega en la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la
competencia para resolver todos los recursos previstos en el presente Acuerdo Pedagógico,
así como aquellas peticiones relacionadas con el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial
Inicial. […]» (Sic a toda la cita)
Precisó que, la acción de tutela no es el medio adecuado para solicitar que se
ordene la participación del actor en la subfase especializada del IX Curso de
Formación Judicial, cuando es claro que conforme a los Acuerdos que rigen el
Curso de Formación el accionante no cumple los requisitos exigidos para
continuar con su participación en el curso concurso.
Sin embargo, manifestó que si el actor considera que sus derechos son
infringidos con la expedición del acto administrativo que resolvió el recurso de
reposición interpuesto en contra la Resolución No. EJR24- 357 del 1 de agosto
del 2024 y al no ser procedente la interposición de ningún otro recurso, dado
que se agotó la actuación administrativa con la expedición de la Resolución
EJR24 – 522 la legislación ha dispuesto medios de control contenidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
como instrumentos procesales para demandar el control judicial del acto
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administrativo cuestionado, como lo son el de nulidad simple y nulidad y
restablecimiento del derecho.
4.4. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC5 manifestó
que ha actuado con observancia de las normas de orden constitucional y legal
que regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial por lo que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno, señaló que los acuerdos pedagógicos
que se han expedido han sido sustentados y difundidos ampliamente a todos
los discentes garantizando la posibilidad de controvertirlos en el ejercicio del
derecho de defensa.
Explicó que esta acción es improcedente respecto de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC al existir carencia actual de
objeto y al incumplirse el requisito de la subsidiariedad. Señaló que se está
ante un caso en donde no existe un hecho vulnerador de los derechos
fundamentales del actor, pues ha actuado dentro de los parámetros de su
competencia en desarrollo del objeto de la Unión Temporal Formación Judicial
2019.
Finalmente dijo que en este caso no se cumple con las características exigidas
por la doctrina constitucional para que se considere que existe un perjuicio o
amenaza inminente o grave.
4.5. El Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla»6 solicitó fuera rechazada la acción de tutela de la referencia, dado
que es improcedente pues la parte actora cuenta con otros recursos o medios
de defensa judiciales, sin perder de vista que no se acreditó la existencia de
un perjuicio irremediable, por lo que afirmó que no se evidencia la vulneración
de ningún derecho fundamental.
Como antecedentes, expuso que con la Resolución EJO24-651 del 10 de
mayo de 2024 se notificó al señor Juan Sebastián Villamil Rodríguez sobre la
configuración de la décima causal de exclusión del IX Curso de Formación
Judicial Inicial, se le otorgó un plazo de 10 días para presentar descargos, los
cuales fueron presentados alegando misiones oficiales en varias ciudades,
como Cali, Bogotá, Quibdó y Bridgetown. Luego, la Escuela Judicial solicitó a
la Unión Temporal Formación Judicial 2019 un informe sobre el consumo de
las Unidades 1 y 2 del programa de Filosofía del Derecho e Interpretación
Constitucional, el cual, según reporte del 9 de junio de 2024, evidenció que el
discente no agotó dichos contenidos en el plazo estipulado del 14 al 27 de abril
de 2024, accediendo a ellos posteriormente. Aunque los contenidos quedaron
habilitados para consulta el Consejo Superior de la Judicatura reafirmó que el
compromiso de cumplir con los plazos establecidos era obligatorio, tal como
se estipula en el Acuerdo Pedagógico.
Una vez analizados los argumentos del discente, por medio de la Resolución
EJR24- 357 del 1 de agosto de 2024, la Escuela Judicial decidió excluir a Juan
Sebastián Villamil Rodríguez. Contra esa decisión el actor presentó recurso de
reposición en el que argumentó que la citación al examen le generó una
expectativa legítima, que su exclusión fue arbitraria al no valorarse
adecuadamente la incapacidad médica que tenía, su residencia en el
extranjero y su labor como diplomático, además invocó el derecho a la doble
instancia pues al imponérsele la sanción de exclusión se vulneraba su derecho
al debido proceso. No obstante, mediante la Resolución Nro. EJR24-522 del
11 de octubre de 2024 se confirmó la exclusión del actor.
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Samai, índice 19 y 20.
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Señaló que, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar la
protección de sus derechos pues cuenta con otras herramientas idóneas y
eficaces consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, como la nulidad y restablecimiento del derecho y
la posibilidad de solicitar al juez administrativo la adopción de medidas
cautelares preventivas, conservativas, anticipadas o de suspensión.
Añadió que, la Resolución EJR24-522 del 11 de octubre de 2024, resolvió en
debida forma todos los argumentos planteados por la parte actora, por lo que
este acto reviste de carácter definitivo al no proceder recurso alguno frente a
él en sede administrativa, pero sí podría discutirlo en la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Afirmó que lo pretendido por el actor es afectar la legalidad del Acuerdo
PCSJA19-11400 de 2019, el cual se encuentra vigente, ante una supuesta
vulneración a su derecho al debido proceso administrativo solicitando que se
le conceda el recurso de apelación contra la Resolución que confirmó su
exclusión. No obstante, es fundamental precisar que el mismo Acuerdo
Pedagógico establece expresamente que para los actos administrativos
expedidos en el marco de dicho curso únicamente procede el recurso de
reposición, el cual se garantizó en debida forma. Adicionó que el señor Villamil
Rodríguez pretende usar la acción de tutela como un nuevo recurso frente a
la resolución que resolvió el recurso de reposición.
Dijo que en este caso no se configura un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional, pues el actor tuvo la oportunidad de
presentar el recurso de reposición contra el acto que lo excluyó, su recurso fue
atendido y resueltas sus inconformidades, y no existe vulneración de derechos
fundamentales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela interpuesta por el señor Juan
Sebastián Villamil Rodríguez cumple con el requisito de subsidiariedad. Solo en
caso de superar dicho análisis, se determinará si el Consejo Superior de la
Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a los cargos públicos, y el principio
pro persona invocados por el actor al considerar que la Resolución Nro. EJR24-522
del 11 de octubre de 2024 lesiona sus derechos subjetivos al no permitirle continuar
en el IX Curso de Formación Judicial Inicial.
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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Demandante: Juan Sebastián Villamil Rodríguez
3. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial,
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela sólo procede cuando no
existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6° del Decreto
2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado
debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
4. La subsidiariedad en los concursos de méritos
En otras oportunidades esta Sala ha precisado8 que, en el caso de las acciones de
tutela interpuestas en el trámite de los concursos de méritos, convocados para
acceder a cargos públicos9, por regla general, las decisiones dictadas en los
concursos de méritos son actos administrativos de trámite, expedidos justamente
para impulsar y dar continuidad a la convocatoria. Como se sabe, contra los actos
de trámite no proceden los recursos ni las acciones contencioso-administrativas y,
por lo tanto, la tutela se ve como el remedio judicial idóneo y eficaz para la protección
de los derechos fundamentales de los concursantes. Por consiguiente, la Sección
ha estudiado de fondo las tutelas en las que se discuten decisiones de mero trámite.
Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y
existe un acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer los
cargos ofertados, esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial idóneo y eficaz
para la protección de los derechos de las personas que se someten a un concurso
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de diciembre de 2024 dentro
del expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05158-01, C.P. Wilson Ramos Girón.
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En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698, sostuvo que
“las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro de la actuación propia del
mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para impulsar y dar continuidad al proceso
de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas. Contra los actos de trámite
no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso-administrativas, por lo tanto, en el caso objeto
de estudio, la actora no cuenta con otros medios de defensa para lograr la continuidad en el concurso docente y las
acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la protección a los derechos
fundamentales invocados”.
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de méritos10, pues se trata de un acto administrativo definitivo, que establece el
número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el puntaje. A la misma
conclusión ha llegado la Sala frente a los actos que excluyen a los participantes del
concurso de méritos, por cuanto también se trata de un acto administrativo
definitivo11. En esos casos, se ha determinado que la tutela es improcedente, habida
cuenta de que existe otro medio para la protección de los derechos fundamentales
violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten
en un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite. Empero, si se
discute una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de elegibles o
el que excluye a un participante de un concurso, por ejemplo) la acción de tutela es
improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial, como los medios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los que se puede
hacer uso de las medidas cautelares.
No sobra advertir que, en materia de concursos de méritos, la competencia del juez
de tutela es extremadamente restringida. Por eso, debe ser cuidadoso en examinar
la vulneración de los derechos fundamentales de los concursantes. Solo en los
casos en que aparezca probada de manera suficiente la vulneración o amenaza
puede adoptar medidas razonables y pertinentes para conjurarla. El cuidado que
debe tener el juez de tutela lo obliga a prevenir que la protección que concede no
haga traumático el concurso de méritos, al punto de volverlo interminable. Esto es,
las decisiones que adopte no pueden llegar a afectar las condiciones normales en
que se desarrolla el concurso ni afectar los derechos fundamentales de los demás
concursantes.
5. Análisis del caso
5.1. El señor Juan Sebastián Villamil Rodríguez, a través de su apoderado judicial,
acusó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a los cargos públicos, y el principio pro persona al considerar que la
Resolución Nro. EJR24-522 del 11 de octubre de 2024 lesionó sus derechos
al no permitirle continuar en el IX Curso de Formación Judicial Inicial. Esto,
dado que:
(i) La autoridad accionada desconoció su obligación legal de respetar sus propios
actos, abstrayéndose del cumplimiento de la Resolución EJR24-298 con
fundamento en el supuesto decaimiento que no se configuró, pretermitiendo la
revocatoria directa, o en su defecto acudiendo a la jurisdicción para demandarlo.
(ii) Aseguró que el actor consumió el contenido formativo de las unidades 1 y 2 del
programa de Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional dentro del
término establecido en el cronograma, sino que lo hizo en una época diferente
pues tenía una excusa médica, la cual no fue tenida en cuenta. Consideró que
la exclusión del concurso por consumo tardío de los módulos es una norma que
no se encuentra en el reglamento de la convocatoria, lo que vulnera el principio
de legalidad y que atenta contra el principio pro persona dada la desproporción
de la sanción.
(iii) La Escuela Judicial se equivocó al afirmar que el señor Villamil Rodríguez
aprobó las evaluaciones sin consumir los materiales que se le han suministrado,
porque lo cierto es que sí los consumió, pero en un tiempo diferente. Añadió
que a pesar de la situación al participante se le convocó al examen obteniendo
el puntaje de 861, y luego de la exclusión se le continuó citando como si
continuara en concurso. Mencionó que la Escuela Judicial vulneró los derechos
10
Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expedientes
No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
11
Sentencias del 1° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-02796-00,
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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del actor al no permitirle hacer uso de la doble instancia como lo consagra
nuestro ordenamiento jurídico, pues la Resolución Nro. EJR24-522 solo dispuso
que procedía el recurso de reposición y añadió que para acceder a jurisdicción
contenciosa administrativa ya existe caducidad de la acción.
5.2. En ese sentido, la Sala observa que en realidad lo que persigue el señor Juan
Sebastián Villamil Rodríguez con la presente acción es cuestionar la
Resolución Nro. EJR24-357 del 1 de agosto de 2024, por medio de la cual se
le excluyó del IX Curso de Formación Judicial Inicial y se modificó el Anexo 1
de la Resolución Nro. 349 del 9 de octubre de 2023, y la Resolución Nro.
EJR24-522 del 11 de octubre de 2024, por medio de la cual se resolvió el
recurso de reposición confirmando en todas sus partes la Resolución Nro.
EJR24-357.
En razón a que a su juicio no existió decaimiento del acto (Resolución EJR24-
298), por medio del cual aprobó la subfase general con un puntaje de 861,
pues si el acto era contrario a derecho se debía haber adelantado la
revocatoria directa o la acción de lesividad correspondiente, más aún cuando
el motivo para ser excluido fue que la Escuela Judicial consideró que él no
consumió el contenido formativo de las unidades 1 y 2 del programa de
Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional dentro del término
establecido, a lo que manifestó que sí lo consumió pero en una época diferente
pues tenía una excusa médica y que a pesar de ello aprobó el examen de
forma meritoria, de ahí que considera exorbitante su exclusión del concurso
pues esta medida no se encontraba contemplada en el Acuerdo de
convocatoria, además de que no se le permitió hacer uso del recurso de
apelación contra la resolución que lo excluyó.
5.3. Al respecto, se debe precisar que la Resolución Nro. EJR24-522 del 11 de
octubre de 2024, es un acto administrativo de naturaleza definitiva, por medio
del cual se resolvió el recurso de reposición del señor Juan Sebastián Villamil
Rodríguez contra la resolución Nro. EJR24-357 del 1 de agosto de 2024, por
medio de la cual se excluyó al discente Juan Sebastián Villamil Rodríguez del
IX Curso de Formación Judicial Inicial y se modificó el Anexo 1 de la
Resolución Nro. 349 del 9 de octubre de 2023 (en el sentido de excluir al
mencionado concursante).
Ahora, sería del caso estudiar los argumentos propuesto por el señor Villamil
Rodríguez no obstante esta Sala advierte que el accionante cuenta con otra
herramienta de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través del
cual toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado
en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular y se le restablezca el derecho. Esto a pesar de que el
apoderado del accionante manifestó que existía caducidad de la acción, para
lo cual esta Sala considera que se debe realizar el cálculo temporal contado a
partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del acto administrativo conforme con el artículo 164 del CPACA.
Así las cosas, la presente acción de tutela se torna improcedente toda vez que
el actor cuenta con otros mecanismos de defensa tal como se indicó
anteriormente y como lo manifestó la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y
la Unión Temporal Formación Judicial 2019 en sus contestaciones.
La Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela no es un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley
para defensa de los derechos, porque con ella no se busca reemplazar los
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procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos
dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se
adopten12. De no ser así, se correría el riesgo de vaciar las competencias de
las distintas autoridades judiciales, concentrando en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones por parte del Juez de tutela.
De manera que el actor no puede pretender convertir un medio residual y
subsidiario como es la acción de tutela, en un medio alternativo o adicional a
los establecidos en la ley (de los que pretende hacer uso) para la defensa de
sus derechos. Por esa vía lo que busca no es más que desplazar las vías
ordinarias existentes y que el Juez Constitucional reemplace a los jueces
naturales en su labor, lo que en sí mismo es contrario a la naturaleza y
propósito de la tutela.
5.4. De otro lado, el accionante manifestó que acudía a la acción de tutela ante el
inminente daño que le causaba la exclusión del concurso, así: «[…]En el caso
presente de nada serviría que mucho tiempo después la jurisdicción anulara la actuación
administrativa en que la Escuela Judicial aplicó la tesis del decaimiento de los efectos del acto
administrativo, pues para ese entonces el concurso habría terminado y no sería eficaz para
evitar el daño que se causa al concursante […]».
Al respecto la Corte ha caracterizado el perjuicio como irremediable, cuando
se acrediten los siguientes requisitos: «(i) una afectación inminente del derecho -
elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir
la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y
(iv) el carácter impostergable de los remedios para la efectiva protección de los derechos en
riesgo»13.
Verificadas las circunstancias del caso, encuentra la Sala que no se configura
un perjuicio que se pueda catalogar como irremediable, en tanto que el
accionante no probó la urgencia que implique la intervención impostergable
del juez constitucional para la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
Como se indicó el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa que
le garantizan su derecho al debido proceso, de los cuales incluso ha hecho
uso en vía administrativa al presentar el recurso de reposición contra la
Resolución Nro. EJR24-357 del 1° de agosto de 2024, en el que expuso su
inconformidad con la exclusión del Curso Concurso, planteamientos que
expone nuevamente en esta acción. El mencionado medio de control resulta
eficaz ya que incluso se prevén medidas cautelares que permiten al juez
adoptar las decisiones pertinentes para salvaguardar los derechos14.
De ahí que en el proceso ordinario el accionante puede solicitar la suspensión
provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos que censura,
medida que es ágil y efectiva para proteger y garantizar de manera provisional
el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, incluso el señor Villamil
Rodríguez puede pedir medidas cautelares de urgencia conforme lo dispone
el artículo 234 del CPACA.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la
perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que
12
Al respecto, por mencionar algunas, se pueden consultar las sentencias SU-424 de 2012 y T-584 de 2012.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2019.
14
Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-000-2013-06871-01.
Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego. “En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través
de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho,
teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora
que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede para evitar un “perjuicio
irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la
exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo.”
11
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Demandante: Juan Sebastián Villamil Rodríguez
pueden producir las decisiones de la administración. En esa medida, no
porque una decisión resulte desfavorable a los intereses de los administrados
implica que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse mediante la
acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos que
establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser
suspendidos por vía de amparo.
Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. Esto, dado que no se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ni existe un
perjuicio que cumpla con las características dispuestas por la jurisprudencia
constitucional para ser considerado como irremediable.
6. Conclusión
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela incoada por
el señor Juan Sebastián Villamil Rodríguez, porque no supera el presupuesto
general de subsidiariedad dado que cuenta con otro medio de defensa judicial a
través del cual puede controvertir el acto administrativo objeto de inconformidad,
esto es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Juan
Sebastián Villamil Rodríguez, dados los motivos expuestos en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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