Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06303-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06303-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06303-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
30 de enero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06303-00
Demandante: William Rodrigo Aguilar Dávila
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06303-00
Demandante: WILLIAM RODRIGO AGUILAR DÁVILA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, JUZGADO
CINCUENTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ Y JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se pretendía una reliquidación
pensional. Falta de los requisitos generales de inmediatez y
subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor William Rodrigo Aguilar Dávila, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó dos demandas contra Colpensiones –. A la
primera se le asignó el radicado 11001-33-42-054-2018-00126-00, que
correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito
de Bogotá, que en sentencia del 10 de diciembre de 2018 denegó las
pretensiones.
Aseveró que con ocasión del recurso de apelación que presentó, la Subsección
“A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fallo
del 27 de junio de 2019 revocó lo resuelto por el a quo para, en su lugar, acceder
a las pretensiones de la demanda, al considerar que al demandante le asistía el
derecho a la reliquidación de su pensión con el 75% de los factores salariales
devengados en el último año de servicios que se encontraran enlistados en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
Agregó que presentó una segunda demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, a la que se le asignó el radicado 11001-33-35-012-2023-00085-00, la
cual, en primera instancia, correspondió al Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá, que en audiencia inicial celebrada el 9 de febrero de 2024
declaró probada la excepción de cosa juzgada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06303-00
Demandante: William Rodrigo Aguilar Dávila
Indicó que con ocasión del recurso de apelación que formuló contra la anterior
decisión, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia del 11 de julio de 2024, confirmó lo resuelto por el
juzgador de primera instancia.
Refirió que en cumplimiento de lo ordenado por la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el fallo del 27 de junio
de 2019, Colpensiones expidió la Resolución SUB277065 del 21 de octubre de
2021, en la que reliquidó su pensión en cuantía de $1.079.268 y revocó la
Resolución SUB265769 del 31 de octubre de 2020, a través de la cual había
liquidado su pensión en un monto de $1.629.392.
Para terminar, sostuvo que laboró en el INPEC y se encontraba adscrito al centro
carcelario de Garagoa, Boyacá, desde el año 2009 hasta la fecha de su retiro -30
de octubre de 2020-, por lo que su último lugar de trabajo fue en dicho municipio;
no obstante, los abogados que presentaron las demandas fijaron como su lugar de
domicilio la ciudad de Bogotá y como residencia las direcciones de sus oficinas.
2. Fundamentos de la acción
El actor presentó acción de tutela con el fin de que el juez constitucional proteja su
derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Bogotá, al expedir las providencias del 27 de junio de 2019 y del 10 de diciembre
de 2018, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-42-054-2018-00126-00/01.
Así mismo, alegó una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso
por parte de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, al
expedir las providencias del 11 de julio de 2024 y del 9 de febrero de 2024, en su
orden, proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-012-2023-00085-00/01, sin tener la competencia para ello,
en razón a que el estudio correspondía a los juzgados administrativos del circuito
de Tunja, en razón del factor territorial.
Aseveró que las autoridades judiciales accionadas conocieron de las dos
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó contra
Colpensiones sin tener la competencia para ello, de conformidad con lo
establecido en numeral 3 del artículo 156 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala que “[e]n los asuntos
de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último
lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. Cuando se trate de derechos
pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad
demandada tenga sede en dicho lugar”.
Bajo ese contexto, aseguró que la falta de competencia es una “nulidad insanable”
que, además, vulnera su derecho fundamental al debido proceso que tuvo como
origen la actuación desleal de sus apoderados debido a que “acomodaron el
domicilio en la ciudad de Bogotá”.
Así mismo, aseveró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
descuido al no realizar el debido estudio al momento de la admisión de la
demanda, que debió ser inadmitida para ser subsanada y así remitirla por
competencia a los juzgados administrativos del Circuito de Tunja, quienes tenían
la competencia territorial, por su lugar de trabajo y domicilio.
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Demandante: William Rodrigo Aguilar Dávila
Agregó que la situación descrita desconoce lo establecido en el artículo 136 del
Código General del Proceso, el cual establece que “cuando se declare la falta de
jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado
conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se
hubiere dictado sentencia, esta se invalidará”.
Finalmente, manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
(i) defecto orgánico por falta de competencia y (ii) violación directa de la
Constitución, como consecuencia de la vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1. Que se tutele el derecho fundamental al debido proceso del accionante
señor WILLIAM RODRIGO AGUILAR DAVILA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 88.206.117 de Cúcuta.
2. Como consecuencia de lo anterior se decrete la nulidad de todo lo actuado
desde el auto admisorio de las demandas dentro de los radicados
No.11001333501220230008500(1) y 11001334205420180012600(1) y se
ordene la remisión de estas a la oficina de reparto de los juzgados
administrativos de TUNJA.
3. Que se suspenda los efectos de la resolución No. SUB277065 del 21 de
octubre de 2021.
4. Que se garantice la pensión de manera transitoria del actor conforme a la
resoluciónSUB-265769 del 31 de octubre de 2020, hasta tanto se profiera
nueva sentencia Definitiva”.
4. Trámite procesal
Por auto del 21 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante, a las
autoridades judiciales accionadas, así como a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), como tercera interesada en el resultado del proceso.
De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
295025 a 295030 del 22 de noviembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión1.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
En oficio del 26 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de las decisiones
de segunda instancia del 11 julio de 2024, proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-012-2023-00085-00 y del
27 de junio de 2019 en otro medio de control de la misma naturaleza con radicado
11001-33-42054-2018-00126-00, solicitó declarar la improcedencia de la presente
acción de tutela, al considerar que no se superaron los requisitos de inmediatez y
de subsidiariedad.
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Índice 7 de Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06303-00
Demandante: William Rodrigo Aguilar Dávila
Aseveró que el actor ha tramitado dos procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho, el primero identificado con el radicado 11001-33-42-054-2018-00126-00
que radicó contra Colpensiones y pretendió la nulidad de las Resoluciones GNR
335212 del 27 de octubre de 2015, 171535 del 14 de junio de 2016 y DIR 2396 del
27 de marzo de 2017, con el fin de obtener la reliquidación de su pensión de
jubilación con el 75% de lo percibido en el último año de servicios.
Afirmó que el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, a
través de sentencia del 10 de diciembre de 2018 negó las súplicas de la demanda,
decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación el cual fue
resuelto por esa Subsección en fallo del 27 de junio de 2019, en el que se decidió
revocar lo resuelto por el a quo, y acceder a las pretensiones de la demanda.
Lo anterior, al considerar que al señor William Rodrigo Aguilar Dávila le asistía el
derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, teniendo en cuenta el 75%
de los factores salariales que devengó en el último año de servicios enlistados en
el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
En ese sentido, aseguró que la acción de tutela se torna improcedente frente al
proceso con el radicado 11001-33-35-012-2023-00085-00, en razón a que no
cumple el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que las providencias
cuestionadas datan del 10 de diciembre de 2018 y 27 de junio de 2019 y la acción
de tutela se presentó el 19 de noviembre de 2024, es decir, por fuera del término
establecido.
Añadió que en la segunda demanda, el accionante pretendió la nulidad parcial de
las Resoluciones SUB265769 del 7 de diciembre de 2020 y SUB277065 del 21 de
octubre de 2021, por medio de las cuales la entidad demandada negó la
reliquidación pensional del demandante con la inclusión del factor salarial
denominado sobresueldo y del acto ficto como consecuencia de la no resolución
del recurso de apelación que presentó contra el último acto administrativo.
Indicó que, en primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá declaró probada la excepción de cosa juzgada y dispuso la
finalización del proceso, decisión frente a la cual el demandante formuló recurso
de apelación en el que la Sala resolvió confirmar lo resuelto por el a quo.
Sobre el particular, indicó que “el último lugar de prestación de servicio para determinar
la competencia corresponde a un factor territorial, es decir, que la competencia por ese
factor es prorrogable y podrá seguir siendo del conocimiento del juez cuando dicha
situación no se alegue oportunamente como ocurrió en el presente caso”.
Así las cosas, sostuvo que como el accionante presentó las demandas nulidad y
restablecimiento del derecho en la ciudad de Bogotá y no alegó la falta de
competencia en las oportunidades procesales que tuvo para ello, la competencia
se prorrogó en el tiempo, también incumplió el requisito de subsidiariedad.
5.2. Respuesta del Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito
de Bogotá
En escrito del 25 de noviembre de 2024, la titular del despacho judicial rindió
informe en el que describió las etapas procesales del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-054-2018-00126-00 y
solicitó declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de inmediatez.
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Demandante: William Rodrigo Aguilar Dávila
Indicó que el demandante radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho el 6 de abril de 2018, en la que pretendió la nulidad parcial de las
Resoluciones GNR 335212 del 27 de octubre de 2015, GNR 171535 del 14 de
junio de 2016 y DIR 2369 del 17 de marzo de 2017, proferidas por Colpensiones,
con el fin de obtener la reliquidación de su pensión de jubilación con el 75% de lo
que percibió en el último año de servicios.
Señaló que admitió la demanda el 19 de abril de 2018 y el 22 de noviembre de ese
mismo año celebró audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso,
decidió las excepciones previas, fijó el litigio, agotó la etapa de conciliación,
decidió sobre las pruebas aportadas y se practicaron los alegatos finales.
Sostuvo que el 10 de diciembre de 2018 profirió la sentencia de primera instancia
en la que negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue revocada por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en fallo del 27 de junio de 2019, con ocasión del recurso de
apelación promovido por el actor, para acceder parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
Conforme a lo anterior, aseguró que la presente acción de tutela se torna
improcedente, en razón a que no cumple el requisito de inmediatez, debido a que
la sentencia de segunda instancia fue notificada el 16 de julio de 2019 y quedó
ejecutoriada el 19 de julio de 2019, por lo que han transcurrido 5 años y 4 meses,
sin que el accionante manifieste una circunstancia especial que le impidió radicar
la acción de tutela en tiempo.
Agregó que en caso de realizarse el estudio de fondo de la tutela, se debe tener
en cuenta el numeral 3 del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, sobre la
competencia por razón del territorio el cual establece “Cuando se trate de derechos
pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad
demandada tenga sede en dicho lugar”.
Bajo ese contexto, aseveró que la competencia territorial se determina por el
domicilio del demandante y que la entidad tenga domicilio en el mismo lugar. En
ese sentido, teniendo en cuenta que el actor presentó la demanda en la Oficina de
Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá y señaló como dirección de
notificaciones la carrera 8 No. 11-39 oficina 320, edificio Jorge Garcés Botero, de
Bogotá, donde Colpensiones tiene sede, los jueces administrativos de Bogotá sí
tenían la competencia para conocer del asunto de la referencia.
En ese orden de ideas, consideró que lo pretendido por el accionante es reabrir un
debate jurídico que ya surtió todas las etapas en ambas instancias y, por tanto,
aseguró la acción de tutela no reviste de relevancia constitucional.
5.3. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES-
En escrito del 25 de noviembre de 2024, la directora de acciones constitucionales
manifestó que existió una indebida notificación de auto admisorio de la presente
tutela, por parte de la Secretaría General de la corporación, debido a que
únicamente remitió el auto admisorio y no adjuntó la copia de la acción de tutela
con sus respectivos anexos ni se dieron a conocer los hechos y las pretensiones
formuladas por el accionante.
Agregó que tampoco pudo descargar los archivos en el Sistema para la Gestión
Judicial Samai, debido a que el documento se encuentra “clasificado”, por lo que,
no le fue posible conocer el contenido “íntegro” de la tutela de la referencia,
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situación que no le permite hacer uso del derecho a la defensa y realizar algún
pronunciamiento.
Por lo anterior, solicitó declarar la nulidad a partir de la notificación del auto
admisorio, se remita una copia completa del escrito de tutela con sus respectivos
anexos a Colpensiones y se conceda un nuevo termino para que pueda ejercer su
derecho de defensa.
5.4. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, aun cuando fue
debidamente notificado del auto admisorio de la acción de tutela, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de
2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el
asunto objeto de estudio.
2. Cuestión previa
Colpensiones-, solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado desde la notificación
del auto admisorio, con fundamento en que la Secretaría General de la
Corporación no le remitió copia de la acción de tutela promovida por el señor
William Rodrigo Aguilar, con sus respectivos anexos.
No obstante, una vez verificadas las constancias de notificación en el sistema para
la gestión Samai2, la Sala advierte que la notificación realizada a Colpensiones
contiene los mismos archivos que fueron remitidos a las autoridades judiciales
vinculadas, como se evidencia a continuación.
Bajo ese contexto, la Sala negará la solicitud de nulidad formulada por
Colpensiones, por cuanto se encuentra demostrado que los documentos
referenciados fueron remitidos por correo electrónico a la dirección
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.
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Folio 7 Samai
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3. Planteamiento del problema jurídico y solución
Le corresponde a la Sala determinar si las sentencias del 27 de junio de 2019 y
del 10 de diciembre de 2018, proferidas por la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Cincuenta y
Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-054-2018-00126-00/01, y
las providencias del 11 de julio de 2024 y 9 de febrero de 2024, expedidas por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-012-
2023-00085-00/01, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, en tanto
incurrieron en (i) defecto orgánico por falta de competencia por factor territorial y
(ii) violación directa de la Constitución.
La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela, debido a
que respecto de las providencias dictadas en el proceso con radicado 11001-33-
42-054-2018-00126-00/01 no se cumple el requisito de inmediatez, y en el proceso
con radicado 11001-33-35-012-2023-00085-00/01 se incumple el requisito de
subsidiariedad.
4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo
momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede
solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los
derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe
valorar en cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional3 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 4
3
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
4
Ibídem.
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Demandante: William Rodrigo Aguilar Dávila
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar5, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
20166, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que
se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los
derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no
debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta
la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que
esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los
derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la
demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de
derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige
la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez
puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los
derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser
más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los
efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que
justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los
efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”7
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria
de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal
que también ha sido acogido por la Corte Constitucional 9.
5. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
5
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
6
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Ibídem.
8 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
9 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
8
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que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.
En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
10
2022 ,, la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser
utilizado de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos
ordinarios o especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial
adecuado para solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un
proceso judicial, “pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la
estructura de órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo
movimiento se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que
11
buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales” ..
Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
12
el ordenamiento jurídico .
En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al interior del trámite
ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el amparo de dichas garantías dentro
13
del proceso .
Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de acudir
de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para ello. Esta
exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia adicional en el
trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por
14
el Legislador” .
10
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
12
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P
Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
13
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
14
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
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Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.
En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del
trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes en los
15
procesos ordinarios” .
6. Estudio y solución del caso concreto
6.1. La acción de tutela no cumple el requisito de inmediatez respecto de las
providencias dictadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001-33-42054-2018-00126-00/01
El señor William Rodrigo Aguilar Dávila promovió acción de tutela con el fin de que
el juez constitucional proteja su derecho fundamental al debido proceso,
supuestamente vulnerado por la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Cincuenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá, al expedir las providencias del 27 de junio
de 2019, 10 de diciembre de 2018, en su orden, proferidas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra Colpensiones, con el
fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los
cuales se negó su solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación.
En ese sentido, alega la configuración de un defecto orgánico por falta de
competencia por factor territorial y violación directa de la Constitución, por la
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela contra providencias
judiciales, si bien no es un término fijo, puede entenderse como un periodo
prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse en general , “en relación con el
hecho generador de la tutela, las condiciones del accionante y los derechos que
16
subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que
seis meses es un plazo razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello
17
signifique que dicho término es perentorio” .
En el asunto bajo examen, la Sala evidencia que el requisito de la inmediatez no
se encuentra cumplido, lo que se puede observar en las pruebas que reposan en
el expediente que dan cuenta de que el fallo de segunda instancia del 27 de junio
de 2019, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “A” revocó la decisión de 10 de diciembre de 2018, para
acceder parcialmente a las súplicas de la demanda, se notificó por correo
electrónico a la parte actora mediante correo electrónico el 16 de julio de 2019 y
se remitió oficio comunicando la decisión el 19 de noviembre de 2019, como se
observa a continuación:
15
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
17
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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En ese sentido, la Sala observa que esa providencia objeto de reproche
constitucional se entiende notificada a partir del 16 de julio de 201918, mientras
que la solicitud de amparo fue promovida el 19 de noviembre de 2024, es decir,
transcurrieron alrededor de (4) años y (4) meses entre el momento de la
notificación y el de la interposición de la acción constitucional, término que
desborda el plazo razonable establecido por regla general, por la Sala Plena de
esta Corporación y la Corte Constitucional.
Al respecto, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diversas ocasiones ha
ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo
razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede
entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse
en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del
19
accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha
precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para
satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es
20
perentorio” .
En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto
es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a
criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al
21
juez tener en cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no
se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o
la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata
de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia excepcionaría este
18
De conformidad con el artículo 205 del Código “La notificación electrónica de las providencias se someterá
a las siguientes reglas: La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y
para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. 2.
La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes
al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Se
presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se
pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho
en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta
permanente en línea por cualquier interesado”.
19
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
21
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requisito cuando se ha superado el plazo razonable de los seis meses, lo cual se
deberá analizar caso a caso, siempre con el norte de preservar prima facie los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales, en tanto el
accionante no expuso ningún motivo para justificar la tardanza en la radicación de
la tutela.
En ese contexto, la Corte Constitucional en la sentencia T-001 de 202222, señaló
que la inmediatez se debe analizar, en los casos de providencias judiciales, entre
el momento en que se profirió la decisión presuntamente lesiva de derechos y la
interposición de la acción de tutela, pues el hecho de que transcurra un lapso de
tiempo excesivo puede conducir a poner en riesgo la seguridad jurídica y el
principio de cosa juzgada, por consiguiente, resaltó que la “la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el
momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de
justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales
y consolida los efectos de la sentencia”.
Por las razones expuestas, la acción de tutela fue presentada frente al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-054-2018-
00126-01, con desconocimiento del requisito de inmediatez y, en esa medida, se
debe declarar su improcedencia.
6.2. La acción de tutela incumple el requisito de subsidiariedad en relación
con las decisiones proferidas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-012-2023-00085-00/01
El accionante promovió acción de tutela con el fin de que el juez constitucional
proteja su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por
la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, al expedir
las providencias del 11 de julio de 2024 y del 9 de febrero de 2024, en su orden,
proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó
contra Colpensiones, en el que se declaró probada la excepción de cosa juzgada.
Lo anterior, al considerar que en las providencias cuestionadas se configuró un
defecto orgánico por falta de competencia por factor territorial y una violación
directa de la Constitución por la vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, en razón a que las demandas que radicó contra Colpensiones debían
tramitarse en los juzgados administrativos de Tunja, debido a que su último lugar
de trabajo fue en el municipio de Garagoa, Boyacá, al igual que su lugar de
residencia.
Descendiendo al asunto bajo estudio, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela porque no es el mecanismo idóneo para resolver la inconformidad
propuesta en relación con la supuesta falta de competencia de las autoridades
judiciales accionadas, al menos por dos razones.
La primera porque fue el propio demandante, por intermedio de su apoderado de
confianza, quien presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en la ciudad de Bogotá D.C, por lo que no puede ahora pretender justificar en su
propia culpa la supuesta vulneración iusfundamental alegada.
22
M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera.
12
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La segunda porque hubiera podido cuestionar la decisión de asumir la
competencia por parte del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá,
por ejemplo, en el auto admisorio de la demanda, lo que no ocurrió, o de ser
procedente en etapas procesales posteriores, pues como lo ha señalado la Corte
Constitucional desde sus inicios en la jurisprudencia “el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes”, a lo que
agregó que “si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las
posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en
obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta),
el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco
puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus
pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el
principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la
23
acción” .
Sobre el particular, la Corte Constitucional, a partir de lo previsto en el artículo 86
superior, ha señalado respecto del carácter subsidiario de la acción de tutela
contra providencias judiciales, que no es el medio llamado a reemplazar los
procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la
fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia
adicional a las existentes24.
Así las cosas, se debe tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad entraña
tres supuestos que llevan a la improcedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, los cuales son: a) cuando el asunto está en trámite; b)
cuando no se hayan agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios y c) cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
Para la Sala, en el presente caso los argumentos presentados por el actor no
demuestran que los medios judiciales que el ordenamiento precisa no fueran
eficaces e idóneos para precaver la eventual vulneración del derecho que alega,
con ocasión de las actuaciones procesales que cuestiona por vía de tutela, por lo
que no puede a través de este mecanismo excusar esa omisión ni pretender que
la acción constitucional sustituya esos mecanismos que han sido dispuestos por el
legislador.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela interpuesta por el señor William Rodrigo Aguilar Dávila, quien actúa por
conducto de apoderado judicial.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- NEGAR la solicitud de nulidad formulada por la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones.
23
C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
24
Se puede consultar al respecto, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-396 de 2014.
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Demandante: William Rodrigo Aguilar Dávila
Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor William Rodrigo Aguilar Dávila, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
14
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