RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06317-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06317-00

Fecha
16 de enero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06317-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo solicitado dentro de la solicitud de tutela interpuesta por Noel Palomino Palomino, Candida Rosa Castro Moreno, Sandra Viviana Palomino Castro, Fabio Nelson Palomino Castro, Jairo Palomino Castro, Ana Delia Castillo Castro, Jacqueline Ramírez Sánchez, Jhon Alexander Holguín Ramírez y James Holguín Ramírez contra el Tribunal Administrativo del Casanare y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06317-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Declaratoria de caducidad en
medio de control de reparación directa a partir del conocimiento
del daño / Defectos sustantivo y fáctico, y desconocimiento del
precedente
Decisión: Niega solicitud de amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_______________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Noel Palomino Palomino, Cándida Rosa
Castro Moreno, Sandra Viviana Palomino Castro, Fabio Nelson Palomino Castro,
Jairo Palomino Castro, Ana Delia Castillo Castro, Jacqueline Ramírez Sánchez,
Jhon Alexander Holguín Ramírez y James Holguín Ramírez, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Los demandantes promovieron solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, los cuales consideraron vulnerados con ocasión de las sentencias
proferidas el 25 de septiembre de 2023 y 13 de junio de 2024 por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo
de Casanare, respectivamente, en el medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 85001333300220160031501.

Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente1:

i) Presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional con ocasión

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

a los perjuicios materiales e inmateriales presuntamente derivados de la
desaparición forzada de Òscar Palomino Castro, Luis Alfredo Castillo Castro, Carlos
Augusto Castillo Castro y James Holguín Vargas a manos de miembros de las
autodefensas del Casanare, encubierta por miembros de la institución policial, en
hechos ocurridos el 16 de agosto de 2003.

ii) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal en sentencia
del 25 de septiembre de 2023 declaró de oficio la excepción de caducidad, al
considerar que el término correspondiente debía contarse desde el momento en que
cobró ejecutoria la providencia de inadmisión del recurso de casación presentado
en el proceso penal que se adelantó en contra de miembros de la Policía Nacional
por el delito de desaparición forzada, es decir, el 2 de agosto de 2013, por lo que al
momento en presentaron la solicitud de conciliación (1.º de junio de 2016), ya
resultaba tardía. Decisión contra la cual interpusieron recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo del Casanare en sentencia del 13 de junio de 2024
confirmó lo resuelto por el a quo, con similares argumentos.

iv) Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las autoridades judiciales
demandadas, al incurrir en defectos sustantivo y fáctico, y en desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional en sentencia SU-168 de 2023,
relacionado con la declaratoria de caducidad del medio de control de reparación
directa cuando se trata de delitos de lesa humanidad.

1.1.1. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron lo siguiente:

«[…] Por todo lo anterior ruego al señor Juez Constitucional y de convencionalidad, se
amparen los derechos tutelables de mis poderdantes y en su efecto se protejan los
Derechos Fundamentales a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 CN), a
la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.)
y al acceso a la Administración de Justicia (Art. 228 C.N.), que en mi concepto, se han
visto vulnerados a través de las providencias judiciales calendadas del 25 de septiembre
del año 2023 y la sentencia judicial de fecha 13 de junio de 2024 respectivamente dentro
del proceso de Reparación Directa 85001- 3333-002-2016-00315-01 y su defecto se
ordene proferir un nuevo fallo donde se estudie de fondo el asunto tutelable. […]». (sic).

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo del Casanare2 solicitó declarar la improcedencia
del recurso de amparo, pues no se acreditó que cumpla con el requisito de
subsidiariedad, en tanto la parte demandante puede acudir al recurso extraordinario
de revisión para cuestionar la providencia acusada; sin contar, con que el asunto
fue decidido conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables, en
concordancia con las pruebas aportadas al expediente.

2 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

1.2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal3,
después de efectuar una síntesis de las actuaciones adelantadas en el proceso de
reparación directa cuestionado, pidió que se declare improcedente la solicitud de
tutela ya que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, y más,
cuando lo pretendido es reabrir un debate ya surtido ante el juez natural del asunto.

1.2.3. La Policía Nacional4 solicitó declarar la improcedencia de las pretensiones,
en tanto la providencia cuestionada fue proferida de acuerdo con la normatividad y
jurisprudencia aplicables, por lo que no se vulneró derecho fundamental alguno.

1.2.4. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio5.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) legitimación en la causa por pasiva;
iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del
problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Casanare y otro.

2.2. Cuestión previa

Se precisa que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, se observa que los argumentos
que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

Por lo anterior y en atención a que la providencia del 25 de septiembre de 2023,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo del Casanare
desató el recurso a través de providencia del 13 de junio de 2024, el reclamo
constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto, fue la
que finalizó la controversia planteada.

3 Archivo obrante en el índice 12 del Samai.
4 Archivo obrante en el índice 13 del Samai.
5 Mediante auto del 21 de noviembre de 2024, se admitió la tutela de la referencia.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado6 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema7. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]»
[Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado8 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional9 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos10, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales11.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo del Casanare vulneró los
derechos fundamentales de los demandantes con ocasión de la sentencia proferida
del 13 de junio de 2024, a través de la cual confirmó la decisión de declarar la
caducidad del medio de control de reparación directa impetrado con ocasión de la
desaparición forzada de algunos de sus familiares, al incurrir, presuntamente, en
defectos sustantivo y fáctico, y desconocimiento del precedente?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

En este punto, se observa que si bien es cierto el tribunal demandado alegó que la
solicitud de tutela no supera el requisito de la subsidiariedad en razón a que los
demandantes podían acudir al recurso extraordinario de revisión, se considera que
las argumentos traídos ante el juez constitucional no se acompasan con ninguna de
las causales descritas en el artículo 250 del CPACA, que establece:

Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

10 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto12. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que
este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta13, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

12 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
13 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018

6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales14.

2.5.3. Defecto fáctico

El defecto fáctico que la parte demandante le atribuye a la sentencia objeto de
análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,15 tiene una dimensión
negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»16, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»17. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»18.

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.4. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes

14 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
17 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
18 Sentencia T-538 de 1994.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.3. Sobre el caso concreto

Noel Palomino Palomino y otros, acudieron al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 13 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Casanare, en cuanto confirmó el pronunciamiento del juez de primera instancia de
declarar de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación
impetrado, con ocasión de la presunta desaparición forzada de algunos familiares.

Lo anterior, al considerar que la decisión acusada incurrió en «defecto fáctico por la
ya anotada indebida valoración probatoria y, defecto material o sustantivo, por violación al
precedente horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes
vinculantes que señalan el carácter de Fundamental de que goza el Derecho al Acceso a
la Administración de Justicia, a la Igualdad y a la Reparación Integral, […]». (sic)

Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo
primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado 85001-
3333-002-2016-00315-01 y el pronunciamiento cuestionado, es posible avizorar una
motivación suficiente y coherente que justifica su sentido, así:

«[…] 7.6.1. Como y fue establecido, en este caso debe acudirse al inciso segundo del
literal i), numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en tanto resulta aplicable

8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

por ser norma especial en casos de desaparición forzada como el que ocupa la atención
de la Sala.

7.6.2. También debe precisarse, que esto es así porque pese a que las pretensiones de
la demanda hacen referencia a las omisiones en el deber de protección de la Policía
Nacional, lo cierto es que los hechos que sustentan la demanda y el caudal probatorio
conducen a que se pretende la imputación de la entidad demandada en razón a la
participación del Sargento William Castillo Mosquera junto con los miembros de las ACC
en la desaparición de las víctimas.

7.6.3. De acá que, en primer lugar, al interior del plenario no se demostró que los restos
de los señores Oscar Palomino Castro, Luis Alfredo Castillo Castro, Carlos Augusto
Castillo Castro y James Holguín Vargas hubieran sido reconocidos, mucho menos
entregados a sus familiares.

7.6.4. Por tanto, se acude a la previsión normativa según la cual la caducidad del medio
de control se cuenta a partir de la ejecutoria de la decisión definitiva en lo penal, que
para este caso se dio en la causa con radicado 2009-081, asumida por el Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Descongestión de Yopal con radicado 2012-005, que emitió
sentencia condenatoria en contra del Sargento (r) William Castillo Mosquera el 27 de
septiembre de 20125, como “coautor doloso del delito de DESAPARICIÓN FORZADA y
CONCIERTO PARA DELINQUIR”.

7.6.5. La segunda instancia fue desatada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Yopal el 14 de diciembre de 20126, que modificó la decisión de primera instancia, en el
sentido de declarar que la responsabilidad del sentenciado William Castillo Mosquera no
es a título de coautor sino de cómplice de los delitos de desaparición forzada y concierto
para delinquir”.

7.6.6. Por providencia de 15 de marzo de 20137, el Tribunal Superior del distrito judicial
de Yopal concedió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el extremo
demandado contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2012.
[…]
7.6.9. Lo anterior implica que la ejecutoria de la sentencia penal en segunda instancia sí
se ve afectada por la interposición del recurso de casación, por lo que en el mismo
sentido la caducidad del medio de control también dependía de la decisión adoptada por
la Corte Suprema de Justicia.

7.6.10. Al respecto, se tiene que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió
auto el 22 de julio de 20139 por el que se inadmitió el recurso de casación, en aplicación
de lo previsto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000 y, dada la previsión del inciso
segundo del artículo 187 del mismo cuerpo normativo, según el cual “La [providencia]
que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias,
la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la
acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario
correspondiente”.

7.6.11. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional aclaró en la Sentencia C-641 de
200210 que, si bien la ejecutoria del auto que decidía inadmitir la casación penal no se
veía afectada por la notificación, pues contra ella no procedían ya recursos, su fuerza
ejecutoria sí debía entenderse a partir de la puesta en conocimiento de la persona
interesada.

7.6.12. En todo caso, en atención a la norma citada, se tiene que se notificó el día 24 de
julio de 2013 y si se tomara una posición mayormente garantista, se diría que quedó
ejecutoriada al finalizar este día, por lo que el término de caducidad del medio de control
de reparación directa venció el 25 de julio de 2015.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

[…]
7.6.14. Dado que la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 1 de junio de
2016, es claro que para ese momento el medio de control ya estaba caducado. […]»
[sic].

Así pues, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Casanare resolvió el
asunto de acuerdo con el criterio fijado en sentencia de unificación proferida por el
Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción administrativa en
materia del término de caducidad en asuntos de reparación directa relacionados con
daños derivados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

De tal manera, es necesario precisar que, si bien, en principio, sostuvo que respecto
a este tipo de conductas no aplica el término de caducidad19, no es posible
desconocer, como ya se mencionó, que esta corporación judicial unificó su postura
en este tipo de asuntos20 bajo los siguientes supuestos: « i) en tales eventos resulta
exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso
de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término
pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr
el plazo de ley», por lo que resulta razonable la conclusión a la que arribó el tribunal
demandado.

Partiendo de tales premisas fijadas en la Sentencia de Unificación citada
previamente, es pertinente reiterar que en el caso en concreto se observa que el
conteo del término de caducidad para la parte actora comenzó a partir del 24 de
julio de 201321, fecha en la cual se notificó el auto de inadmisión del recurso de
casación dentro del proceso penal que se promovieron los aquí demandantes contra
los miembros de la Policía Nacional por el delito de desaparición forzada, razón por
la cual se tenía hasta el 25 de julio de 2015 para presentar la demanda de reparación
directa, no obstante, ello solo ocurrió el 1.º de julio de 2016, época para la cual ya
era extemporáneo, de acuerdo al plazo establecido legalmente para ejercer el
derecho de acción en este tipo de asuntos.

En este orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Casanare no desconoció el
precedente aplicable, en tanto la regla decisional aplicada obedece y se encuentra
acorde a un pronunciamiento de unificación dictado por la Sala Plena de la Sección

19 Auto de 5 de septiembre de 2006, proferido por la subsección C de la sección tercera del Consejo

de Estado, 2016-00587-01 (57625).
20 Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala plena de la Sección Tercera

del Consejo de Estado, en el radicado 85001333300220140014401 (61033), C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, Actor: Juan José Coba Oros y otros. De la cual únicamente se transcriben las
conclusiones generales por resultar pertinentes, evitando traer a colación las demás
consideraciones, en tanto fueron citadas in extenso en la decisión judicial cuestionada. Tesis
reiterada en la Sentencia del 9 de julio de 2021, proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en el radicado 11001031500020210378900, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
21 Fecha asumida por el tribunal judicial demandado como más favorable y mayormente garantista

para efectos del conteo de caducidad.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

Tercera del Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción de lo
Contencioso-administrativo y vigente para el momento en que se emitió el
pronunciamiento de segunda instancia, máxime, si se observa que en el mismo se
reevaluó y se amplió el desarrollo de la tesis de no aplicación de caducidad en casos
de daños derivados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

De conformidad con lo descrito y de acuerdo con los antecedentes del caso, se
encuentra, que las actuaciones del Tribunal Administrativo del Casanare lejos de
configurar una vía de hecho por defecto sustantivo, fáctico o desconocimiento del
precedente fueron realizadas conforme a las normas reguladoras de su función
judicial, debido a que emitió un pronunciamiento acorde al ordenamiento jurídico y
la jurisprudencia aplicable, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del
asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En vista de lo anterior, existe es una inconformidad de la parte actora con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,
en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por el Tribunal
Administrativo del Casanare cuenta con soporte y está debidamente razonada y
justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una
tercera instancia, lo que conduce a la denegatoria del recurso de amparo.

Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial demandada
no incurrió en defecto sustantivo, fáctico o desconocimiento del precedente judicial,
debido a que la providencia acusada fue proferida conforme a las normas
reguladoras de su función judicial y aquella se apoyó en los supuestos fácticos y
jurídicos acreditados para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al
caso concreto.

3. Conclusión

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por Noel Palomino Palomino en la solicitud
de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Casanare y el Juzgado
Segundo Administrativo de Yopal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

11

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00
Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

F A L L A:

Primero. Negar el amparo solicitado dentro de la solicitud de tutela interpuesta por
Noel Palomino Palomino, Candida Rosa Castro Moreno, Sandra Viviana Palomino
Castro, Fabio Nelson Palomino Castro, Jairo Palomino Castro, Ana Delia Castillo
Castro, Jacqueline Ramírez Sánchez, Jhon Alexander Holguín Ramírez y James
Holguín Ramírez contra el Tribunal Administrativo del Casanare y el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso

JAV/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.