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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06321-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06321-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación de la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor César Augusto Salazar Cano, por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06321-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

20 de febrero de 2025

Demandante: César Augusto Salazar Cano
Demandados: Corte Constitucional y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06321-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06321-00
Demandante: CÉSAR AUGUSTO SALAZAR CANO
Demandados: CORTE CONSTITUCIONAL Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito enviado vía electrónica el 19 de noviembre de 2024, el
señor César Augusto Salazar Cano, en nombre propio, presentó acción de
tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Corte
Constitucional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, al trabajo, “a la estabilidad
reforzada como persona en condiciones de debilidad manifiesta”, a la vida
digna, a la dignidad humana, al mínimo vital y al buen nombre.

Lo anterior, con ocasión de la providencia de 16 de marzo de 2022 proferida

1

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Demandante: César Augusto Salazar Cano
Demandados: Corte Constitucional y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06321-00

por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por medio de la cual se
terminó la actuación disciplinaria promovida contra los magistrados del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
con radicado 11001-01-02-000-2017-02986-00.

Además, controvirtió que la Corte Constitucional no seleccionó para revisión
las sentencias proferidas el 10 de julio de 2017 y 13 de septiembre del mismo
año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y el Consejo de Estado, Sección Cuarta, respectivamente.
Esto, dentro del trámite de la acción de tutela identificada con el radicado
25000-23-36-000-2017-01174-00/01.

1.2. Pretensión

En consecuencia, la parte actora solicitó:

Que se me TUTELEN los derechos IGUALDAD, ACCEDO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL TRABAJO, A LA ESTABILIDAD
REFORZADA COMO PERSONA EN CONDICIONES DE DEBILIDAD
MANIFIESTA, A LA VIDA DIGNA, DIGNIDAD HUMANA, AL MÍNIMO
VITAL, AL BUEN NOMBRE.

1.3. Hechos

Sostuvo que presentó una demanda de amparo contra la Procuraduría
General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio porque
consideró le vulneraron sus derechos por denunciar la corrupción al interior
de la segunda entidad, lo que conllevó a una persecución y retaliación en su
contra y, a su desvinculación laboral.

Mencionó que, este expediente se identificó con el radicado 25000-23-36-
000-2017-001174-001, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el cual
1
En esta demanda el accionante sostuvo: “… que las actuaciones adelantadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio –al abrir en su contra una investigación
disciplinaria sin contar con competencia para ello–, y por la Procuraduría General de la
Nación –que lo sancionó con destitución de su cargo–, se encontraban viciadas de nulidades
procesales, con lo que se vulneraron sus derechos fundamentales como la igualdad, debido
proceso y presunción de inocencia.”
El problema jurídico planteado en esta acción de tutela consistió: “2.1. Le corresponde a la
Sala verificar si el fallo de primera instancia dictado el 10 de julio de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “C”, se encuentra ajustado
a derecho o, si por el contrario, existe una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso del señor Cesar Augusto Salazar Cano, como consecuencia de los presuntos vicios
de nulidad surtidos desde la apertura de la investigación disciplinaria que inició el 30 de
mayo de 2002 y culminó con una orden de desvinculación laboral el 05 de marzo de 2007.”

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mediante providencia del 10 de julio de 2017 la declaró improcedente por
cuanto no se acreditaron los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez.
Esta decisión se confirmó en segunda instancia2.

Precisó que, en “agosto 7 de 2017” formuló una petición ante la Corte
Constitucional, para revisión del proceso, pero fue excluida de dicho trámite.

Indicó que, en “septiembre de 2017” presentó una queja disciplinaria contra
los funcionarios judiciales María Cristina Quintero Facundo, Fernando Iregui
Camelo y José Élver Muñoz Barrera, en condición de magistrados del
mencionado tribunal, debido a las presuntas irregularidades en las que, a su
juicio al decidir la referida acción de tutela, pues incurrieron en “prevaricato y
atentaron contra derechos humanos”. Este proceso se identificó con el
radicado 11001-01-02-000-2017-02986-00.

Manifestó que, mediante auto del 4 de diciembre de 2017, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura abrió
indagación preliminar contra los magistrados María Cristina Quintero
Facundo, Fernando Iregui Camelo y José Élver Muñoz Barrera, integrantes
del tribunal en cita.

Señaló que, mediante providencia del 16 de marzo de 2022, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial terminó anticipadamente la anterior actuación
en tanto se indicó que para dicha corporación no se advertía que lo decidido
por los indagados se tornara irregular respecto de los aspectos que se
manifestaron en la queja disciplinaria.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales pues se
aplicaron las normas y leyes solo para las otras partes, sin tener en cuenta
que a la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros (integrante de la
comisión demandada) también le asisten deberes y obligaciones que debe
seguir en los procesos judiciales y las debía cumplir en su caso.

Afirmó que la comisión acusada transgredió todo el debido proceso y el libre
acceso a la administración de justicia, pues excedió sin motivación alguna los
términos que la ley otorga para una indagación preliminar.

Señaló que existió un claro favorecimiento de los denunciados, pues la
sentencia carece de motivación y en ningún momento justificaron la mora de

2
Por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo del 13 de septiembre de 2017.

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5 años de una indagación preliminar que la Ley 734 2002 vigente para la
fecha, la cual establece un término es de seis meses.

Hizo referencia a que los magistrados que integran la comisión demandada
se encuentran denunciados también en la “radicación 6639”. A su vez,
mencionó el proceso 27001250200020210004301 en el cual se sancionó al
abogado Juan Fernando Valdes Tipton por aparentes prácticas deshonestas,
dilaciones injustificadas destacando la gravedad ética y social de su supuesta
conducta.

Agregó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de su
presidente, el magistrado Alfonso Cajiao solicitó recientemente la nulidad de
la sentencia SU-452 de 2024 emitida por la Corte Constitucional, que tuteló
los derechos del funcionario judicial Humberto Rodríguez Arias. Esto, para
denotar los siguientes interrogantes:

Le asiste, ETICA Y MORAL, al Magistrado Cajiao, PEDIR ante la Corte
Constitucional, cuando el mismo con otros VIOLO MIS DERECHOS
HUMANOS?

Le Asiste ETICA Y MORAL, a la Corte Constitucional, TUTELAR, los
derechos fundamentales de un ciudadano cuando a gritos y hasta el
cansancio YO PEDIA Y DENUNCIABA que se me estaban violando mis
derechos?

En el escrito de subsanación remitido el 27 de noviembre de 2024, el
accionante señaló que luego de su denuncia en contra de los magistrados
del tribunal, se reactivó la persecución hasta lograr desterrarlo del país y
pedir asilo político en el exterior.

Agregó que la Corte Constitucional vulneró su derecho fundamental de
petición, con lo cual también favoreció la persecución y el destierro en
mención. Al respecto, en escrito separado, el demandante aclaró:

Quiero dejar claro que los documentos que yo presenté en mi tutela y en el
requerimiento, documentos Word, que no tienen firma enviados a la
CORTE CONSTITUCIONAL Y A LA CONSEJERA PRESIDENCIAL PARA
LOS DERECHOS HUMANOS MARCELA VEGA VEGA, Y QUE NO
TIENEN MI FIRMA, son documentos copia, puesto que los originales
fueron enviados por correo físico, la Doctora Marcela Vega Vega, puede
dar fe.

…

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Igualmente, sobre el mismo proceso LA CORTE CONSTITUCIONAL,
hacer oídos sordos a mis PETICIONES, Y NO HABER VIOLADO EL
DERECHO DE PETICION, CREO QUE TAMBIEN FAVORECIO LA
PERSECUCION Y EL DESTIERRO.

1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 22 de noviembre de 2024 se inadmitió la demanda pues el
actor no precisó el motivo por el cual le atribuía la presunta transgresión de
sus derechos fundamentales respecto de la Corte Constitucional.

Subsanado lo anterior, con providencia del 4 de diciembre del mismo año se
admitió la demanda y en consecuencia se dispuso la notificación de los
magistrados que integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así
como a los magistrados de la Corte Constitucional.

Asimismo, se ordenó que se le comunicara a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y a
aquellos que integran la Sección Cuarta del Consejo de Estado, así como a
la procuradora general de la Nación y al superintendente de Industria y
Comercio (por el proceso radicado 25000-23-36-000-2017-01174-00/01), en
atención al interés que les asiste en las resultas de este asunto.

1.6. Informes

1.6.1. Procuraduría General de la Nación

Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
al considerar que los reproches del accionante recaen sobre actuaciones de
la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mas no
frente al órgano de control. Por lo que, solicitó su desvinculación.

1.6.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Esta entidad se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, al señalar
que la decisión emitida por la comisión se produjo dentro de los términos
legales que para la fecha permitían emitir pronunciamiento de fondo al
respecto, en cumplimiento del contenido del artículo 30 de la Ley 734 de
2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011.

Hizo referencia al trámite del proceso disciplinario que se respetó el
procedimiento vigente.

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1.6.3. Corte Constitucional

Esta corporación se opuso a la demanda constitucional del actor, por lo que,
solicitó que se niegue lo pretendido, luego de considerar que la
determinación de no seleccionar para revisión una sentencia de tutela tiene
como efecto principal la ejecutoria formal y material de esa decisión, con lo
que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Por lo expuesto, la
decisión discrecional de no seleccionar para revisión un expediente de tutela
no vulnera derecho fundamental alguno.

Recordó que, las solicitudes ciudadanas relacionadas con la selección de los
asuntos para revisión de la Corte Constitucional, por presentarse dentro de
un trámite judicial, no son manifestación del derecho fundamental de petición.

Precisó que, respecto del expediente de tutela número 25000-23-36-000-
2017-01174-00, de acuerdo con el sistema de consulta de la Secretaría
General, dicho proceso fue radicado en esta Corporación con el número T-
6.425.9189. Mediante Auto del 27 de octubre de 2017, la Sala de Selección
Número Diez de la Corte Constitucional decidió no seleccionar el asunto para
revisión.

Adujo que, adicionalmente, el ordinal trigésimo tercero de la mencionada
providencia dispuso informar “a los peticionarios que elevaron las solicitudes
de selección, acerca de la decisión adoptada por esta Sala”. Señaló que,
dicha determinación fue debidamente comunicada al peticionario mediante
estado número 25 del 7 de noviembre de 2017.

Agregó que, en todo caso, la acción constitucional no cumple con el requisito
de inmediatez, en la medida en que se promovió más de siete años después
de la notificación de la decisión que se alega como vulneratoria de los
derechos fundamentales invocados.

Indicó que, en cuanto a la decisión de la comisión demandada, el alto tribunal
constitucional no está llamado a responder por dicha pretensión, en tanto no
tiene la aptitud procesal para resolverla. Destacó que, solo está facultado
para pronunciarse en los asuntos jurisdiccionales previstos en el artículo 241
superior.

1.6.4. Superintendencia de Industria y Comercio

Esta entidad solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues no es la autoridad competente para adoptar y ejecutar las
medidas administrativas que solicita el accionante.

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Mencionó que, la SIC no vulneró ninguno de los derechos fundamentales
invocados por el accionante, de conformidad con los fundamentos fácticos y
jurídicos ya que el mismo actor reconoce que desde hace más de 7 años, la
jurisdicción constitucional resolvió una acción de tutela en la que había sido
vinculada esta entidad “…determinando que no se había vulnerado derecho
fundamental alguno del accionante y en consecuencia se reitera que no
existe asomo de duda frente al accionar ajustado a Derecho del
Superintendencia de Industria y Comercio”.

1.6.5. Consejo de Estado, Sección Cuarta, magistrada Myriam Stella
Gutiérrez Argüello

La mencionada funcionaria solicitó que se declare improcedente la presente
acción de amparo, porque no están acreditados los requisitos generales de
procedencia frente a la decisión emitida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y el auto que excluyó de revisión el proceso número
25000-23-36-000-2017-01174-01 de la Corte Constitucional, que se
cuestionan a través de la presente acción.

Precisó que, la demanda constitucional no satisface el requisito de la
inmediatez, pues frente al proceso disciplinario que cuestionó el demandante
y la presentación de esta demanda constitucional, transcurrió un lapso de 2
años, 6 meses y 16 días y, frente a la decisión que excluyó de revisión
también demandada pasaron más de 7 años.

1.7. Intervención posterior del accionante

Luego de la admisión de la demanda constitucional, el accionante formuló
una serie de peticiones en las que hizo referencia a una “posible retaliación”
relacionada con esta acción de tutela, pues el 13 de noviembre de 2024
recibió una comunicación de la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes (proceso 6639) en la que le dicen que fue
denunciado penalmente por injuria agravada; lo cual consideró como una
revictimización. Señaló que ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía
general de la Nación.

1.8. Manifestación impedimento

Mediante escrito del 20 de enero de 2025 el magistrado ponente Omar
Joaquín Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer del presente
asunto bajo la causal prevista en el numeral 1º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.

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Con auto del 30 del mismo mes y año se declaró infundado el mencionado
impedimento.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción
de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20153, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Solicitudes de desvinculación

La Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Industria y
Comercio solicitaron su desvinculación; se negará tal petición puesto que
fueron vinculados en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso, en atención a lo señalado en la demanda constitucional.

2.2.2. Intervenciones posteriores del actor

La Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de los escritos allegados por
el accionante con posterioridad a la admisión de la demanda, en los que
expuso una serie reproches que no fueron objeto de contradicción por la
parte de mandada ni por los terceros vinculados.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si se cumplen los requisitos generales de
procedencia de las acciones de tutela contra providencia judicial y, de
acreditarse tales presupuestos, si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
vulneró los derechos fundamentales del actor con la decisión que dio por
terminada la actuación disciplinaria 11001-01-02-000-2017-02986-00 y, si la
Corte Constitucional transgredió sus garantías constitucionales por la falta de
selección para revisión de la acción de tutela con radicado 25000-23-36-000-
2017-01174-00/01.

Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la

3
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.5

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la demanda constitucional y, en
consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela
que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela
constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.

4
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
5
Ibídem.

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.6

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.5.1. Inmediatez

El demandante consideró vulnerados sus derechos fundamentales con
ocasión de la providencia de 16 de marzo de 2022 proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, por medio de la cual se terminó
anticipadamente la actuación disciplinaria promovida contra los magistrados
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C con radicado 11001-01-02-000-2017-02986-00.

Adicionalmente, controvirtió que la Corte Constitucional no seleccionó para
revisión las sentencias proferidas el 10 de julio de 2017 y 13 de septiembre

6
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

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Demandados: Corte Constitucional y otro
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del mismo año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C y el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
respectivamente. Esto, dentro del trámite de la acción de tutela identificada
con el radicado 25000-23-36-000-2017-01174-00/01.

La parte demandada y los vinculados se opusieron a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda.

Para resolver, no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, por los
siguientes motivos:

Frente a la decisión del 16 de marzo de 2022 proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, que terminó anticipadamente la actuación
disciplinaria promovida contra los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C con radicado 11001-01-02-
000-2017-02986-00, se encuentra que, la mencionada providencia cobró
ejecutoria en la fecha de su emisión, conforme con lo dispuesto en los
artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, por remisión del artículo 16 de la
Ley 1123 de 2007. En el documento 048 del expediente digital se observa el
reporte del proceso disciplinario en cita, en el cual se señala que se surtió la
notificación por edicto el 3 de mayo de 2022.

Por lo anterior, se observa que, bien sea que se contabilice desde la fecha de
ejecutoria de acuerdo con la regla especial o desde la notificación por edicto
en mención, ha transcurrido un término que supera los 6 meses para que se
considere oportunamente presentada la acción de tutela contra decisiones
judiciales.

Ahora, en relación con el expediente constitucional número 25000-23-36-
000-2017-01174-00, que fue radicado ante la Corte Constitucional con el
número T-6425918, se observa que, mediante auto del 27 de octubre de
2017, la Sala de Selección número diez de dicha corporación decidió no
seleccionar el asunto para revisión, la cual se comunicó al peticionario
mediante estado número 25 del 7 de noviembre de 2017. Por lo que, desde
esa fecha hasta la presentación de la acción de la referencia ha transcurrido
más de 6 años.

Al respecto, la Sala estima pertinente indicar que, tratándose de acciones de
tutela interpuestas en contra de providencias judiciales, el demandante debe
acreditar el cumplimiento de unos presupuestos generales de procedibilidad
para que pueda analizarse el fondo del caso concreto.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: César Augusto Salazar Cano
Demandados: Corte Constitucional y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06321-00

Así, este mecanismo constitucional fue estatuido por el constituyente con el
objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone su amparo rápido, urgente, actual y eficaz7.

De manera que, el requisito de la inmediatez exige que la demanda se
interponga tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales o, por lo menos,
dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, esto es,
seis meses.

Puesto que el paso prolongado del tiempo indica que se ha disipado la
gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación8, tal plazo prudencial, el
cual se ha fijado en 6 meses por la Corte Constitucional y acogido por el
Consejo de Estado, y ha de analizarse en cada caso concreto para
determinar si un exceso en el mismo se halla justificado como para omitir su
consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

Además de lo anterior, la Corte Constitucional9 ha advertido que este
requisito responde a necesidades adicionales como son proteger derechos
de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo
irrazonable, impedir que el amparo se convierta en factor de inseguridad
jurídica y evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia en la defensa de los derechos.

Sin embargo, la Corte Constitucional10 y esta Sala11 han admitido la
procedencia de la acción de tutela interpuesta cuando ha transcurrido un
extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que:

7
El artículo 86 de la Carta prevé que “…toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales…”
8
Al respecto la Corte Constitucional en el fallo T-142 de 1 de marzo de 2012, con ponencia
del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, reiteró la tesis según la cual “la tutela resulta
improcedente cuando la demanda se interpone después de transcurrido un lapso irrazonable
y extenso, desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene presentándose el hecho
vulnerador que la parte accionante estima que afecta sus derechos fundamentales”.
9
Sentencia T-033 del 26 de enero de 2015, con ponencia de la doctora María Victoria Calle
Correa.
10
Sentencia T-246 del 30 de abril de 2015, con ponencia de la magistrada Martha Victoria
Sáchica Méndez.
11
Ver entre otras la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida en el expediente número
11001-03-15-000-2015-01579-00 (AC). con ponencia de la consejera Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.

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i) Exista un motivo válido para la inactividad del demandante, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros;

ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión;

iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; y

iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.

Para determinar si en el asunto bajo examen se presentan estas
circunstancias que ameritan concluir que la presente demanda de amparo es
procedente se debe tener en cuenta:

En el presente asunto no se encuentra acreditada la existencia de un motivo
válido para la inactividad de la parte accionante en promover oportunamente
la acción de tutela. Tampoco expuso algún sustento por el cual pretendiera
justificar el tiempo superior a 6 meses, que transcurrió entre la ejecutoria de
las decisiones demandadas y la presentación de la demanda constitucional.

Adicionalmente, para la Sala, la inactividad injustificada en el caso en estudio
no vulnera derechos fundamentales de terceros, por el contrario, decidir de
forma diferente lleva consigo la violación de los principios de la cosa juzgada
y la seguridad jurídica.

Asimismo, tampoco existe una relación necesaria y eficiente de causalidad
entre la falta del ejercicio oportuno de este tipo de acciones y el presunto
quebrantamiento de las garantías constitucionales de la parte actora, ya que
su inactividad no se encuentra ni sustentada ni justificada.

Finalmente, no se encuentra demostrada que la vulneración sea permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, pues tampoco es continua ni actual.

Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo pues
no cumple con el requisito de la inmediatez.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación de la Procuraduría
General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor César Augusto Salazar Cano, por las razones expuestas en la parte
motiva.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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