Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06323-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06323-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06323-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de marzo de 2025
Demandante: UAE Aerocivil
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2024-06323-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06323-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA
CIVIL AEROCIVIL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 23 de enero de 2025, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir el
presupuesto de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (en adelante, Aerocivil),
actuando por medio de apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al principio a la
seguridad jurídica.
Lo anterior, con ocasión de la decisión de segunda instancia que esa autoridad
judicial profirió el 19 de septiembre de 2024, por medio de la cual revocó el fallo
del 23 de junio de 2022, dictado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que cursó con el radicado 54001 3333 002 2015 00131 01, en el que
actuó como demandante la señora Gloria Patricia Gallego Jaramillo y como
demandada la Aerocivil.
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Demandante: UAE Aerocivil
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2024-06323-01
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
PRIMERO: DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, mediante sentencia de segunda instancia proferida el pasado
diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) dentro del
expediente No. 54 001-33-33-002-2015-00131-01, vulneró de los derechos y
garantías fundamentales al debido proceso, a la igualdad de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el diecinueve (19) de
septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, dentro del proceso radicado bajo el número 54-001-33
33- 002-2015-00131-01.
TERCERO: En consecuencia, ordenar al honorable Tribunal Administrativo
de Norte de Santander DICTAR sentencia que en derecho corresponda.
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La parte actora sostuvo que la señora Gloria Patricia Gallego Jaramillo se
desempeñó en la Aerocivil en el cargo de directora Aeronáutica Regional desde
el 4 de mayo de 2009 hasta el 1 de agosto de 2014, fecha en la que fue
destituida por medio de la Resolución 4083 de 2014, con base en la facultad
discrecional establecida para cargos de libre nombramiento y remoción.
Refirió que, la señora Gallego Jaramillo interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Aerocivil,
con el fin de obtener la nulidad del citado acto administrativo que la declaró
insubsistente.
Expuso que, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cúcuta profirió sentencia de primera instancia que negó las pretensiones, bajo
el argumento de que la decisión de insubsistencia se ajustó a los límites de la
facultad discrecional y no mostró evidencia de desviación de poder.
Adujo que, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander revocó la providencia inicial, declaró la nulidad del acto
administrativo y concluyó que la Aerocivil incurrió en desviación de poder al
expedir la Resolución 4083 de 2014, mediante la cual se declaró la
insubsistencia del cargo de la señora Gallego Jaramillo.
Manifestó que, el tribunal argumentó que el retiro tuvo como propósito
reprender la actitud proactiva de la señora Gallego Jaramillo en el ejercicio de
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Demandante: UAE Aerocivil
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
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sus funciones como interventora ad-hoc del Contrato de Concesión
10000078OK de 2010. Por lo que, calificó el acto de desvinculación como una
retaliación frente a las denuncias formuladas por la anotada ciudadana en el
cumplimiento de su rol, lo cual constituyó un desvío del fin legítimo de la
administración.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora hizo referencia a la naturaleza de los cargos de libre
nombramiento y remoción, los cuales se fundamentan en la confianza y lealtad
entre el nominador y el funcionario, permitiendo su designación o retiro sin
necesidad de justificación formal.
Mencionó que, con base en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 790 de 2005, esta
facultad discrecional está orientada a garantizar la eficiencia del servicio público
y no exige una motivación formal, salvo en los casos donde se demuestre una
desviación de poder, que se configura cuando la decisión responde a intereses
ajenos al bienestar general.
Consideró que en el proceso ordinario no se presentaron evidencias
concluyentes de que el acto de insubsistencia tuviera fines personales o
contrarios al interés público.
Precisó que, esa decisión fue emitida por el director General de la Aerocivil que
asumió el cargo posteriormente a los hechos en cuestión, lo que elimina un
vínculo causal entre estos y lo adoptado.
Hizo referencia al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad,
particularmente el de la relevancia constitucional, frente al cual, expuso que el
fallo proferido en segunda instancia cuestionado desconoce el derecho
fundamental al debido proceso, dado que no atiende la naturaleza de la facultad
discrecional administrativa para declarar la insubsistencia de los cargos de libre
nombramiento y remoción, con lo que termina limitando de manera indebida el
margen de acción de la administración pública.
Agregó que, la relevancia constitucional está dada por el hecho que los
recursos económicos de que dispone la entidad para atender su misionalidad
terminan trasladados indebidamente a las arcas de particulares, no para reparar
la vulneración de un daño generado en una actuación ilegal de la
administración, sino en una indebida apreciación probatoria absolutamente laxa
y de espaldas a los medios de prueba regular y oportunamente recaudados.
Mencionó que la trascendencia constitucional de este caso estriba igualmente
en que el tribunal demandado prohíja una concepción de la desviación de poder
distante de la doctrina y jurisprudencia elaborada al respecto, pues en el caso
sub lite dio vida a esa figura jurídica con pruebas que solo demostraban el buen
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Demandante: UAE Aerocivil
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desempeño de una servidora pública, mas no el ejercicio arbitrario de la
facultad discrecional por parte del director de la Aerocivil.
Precisó que, el tribunal incurrió en defecto fáctico al darle valor probatorio
indebido a testimonios decretados y practicados y al interpretar de manera
equivocada las pruebas documentales y testimoniales presentadas por la parte
demandante. Adujo que, en gracia de discusión tampoco demostraron de
manera concluyente que la destitución de la señora Gallego Jaramillo se
debiera a retaliaciones o motivaciones diferentes a las previstas en la ley.
Añadió que, también desconoció que los testimonios fueron rendidos por
personas que laboraban en San José de Cúcuta, Norte de Santander, adscritos
a la Dirección Regional Aeronáutica que dirigía la señora Gallego Jaramillo, y
por lo tanto, carecían de elementos de juicio para valorar la supuesta intención
y motivos que a su juicio tuvo el nominador desde Bogotá D.C.
Refirió que, por otra parte, consideró determinantes los oficios enviados por la
parte demandante durante 2010 a 2014 en ejercicio de las funciones de
interventora ad-hoc que ejercía sobre el Contrato de Concesión 1000007OK-
2010, con lo cual no valoró que: i) la mayoría de dichas comunicaciones fueron
remitidas a la Jefatura de la Oficina de Comercialización y no al señor director
General como nominador del empleo; ii) que las mismas se produjeron durante
4 años, en los cuales pasaron varios directores generales por la entidad, y por
tanto, carecía de sentido alegar que el nominador tenía un móvil de retaliación
en contra de la señora Gallego.
Expuso que, el tribunal al basar su decisión en testimonios subjetivos, que por
demás no conocían en su integridad la situación fáctica que generó la
expedición del acto administrativo, y en pruebas documentales, que nunca
fueron remitidas al nominador, incurrió en error fáctico.
Agregó que, la autoridad judicial demandada tampoco tuvo en cuenta los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional1 sobre la discrecionalidad que tiene el nominador en tratándose
de cargos de libre nombramiento y remoción, que ratifican que la administración
no está obligada a motivar los actos de insubsistencia, salvo que existan
indicios claros de que la decisión fue tomada de manera arbitraria o con fines
ajenos al servicio público, situación que no operó, tal como se probó con las
pruebas aportadas por la entidad en las instancias procesales
1
La parte actora no precisó los pronunciamientos que pretende citar como precedentes
jurisprudenciales. En un acápite posterior, refirió, entre otras: Sentencia del Consejo de Estado,
proferida en el expediente N° 73001-23-33-000-2013-00447-01 (4519-14) del 9 de marzo de
2017, sentencia 170012331000200301412 02(0734-10), expediente N° 25-000-23-42-000-2016-
05968-01, expediente No. 66001-23-33-000-2014-00137-01(5272-16) del 9 de julio de 2020,
fallo del 28 de septiembre de 2023, expediente 25000-23-42-000-2016-02386-01 (6635-2022),
así como de la Corte Constitucional en la sentencia T-686 de 2014, Sentencia T-292 de 1997.
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correspondientes.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 25 de noviembre de 2024 se admitió la demanda. Se ordenó
la notificación de los magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y comunicar al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cúcuta, a la señora Gloria Patricia Gallego Jaramillo y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, porque no se evidenció
vulneración alguna de los derechos fundamentales señalados por el accionante.
Indicó que la sentencia se profirió en virtud de los preceptos normativos y
jurisprudenciales tanto sustanciales como procesales con rigor y apego a la ley,
lo cual hace inexistente la configuración de un defecto fáctico.
Citó unos apartes del fallo en cual precisó que la señora Gallego Jaramillo tuvo
un desempeño sobresaliente y en beneficio del servicio público, en especial en
su rol de interventora del contrato de concesión 10000078OK-2010, que a pesar
de sus esfuerzos sus gestiones fueron desestimadas por las dependencias
responsables, quienes ignoraron sus múltiples informes de incumplimiento y sus
solicitudes para conformar un equipo para la interventoría.
Precisó que, se identificó una relación causal entre las tensiones internas, así
como la decisión de declarar insubsistente su nombramiento, por lo que,
consideró que, según el análisis probatorio esta medida fue tomada como
represalia ante su postura proactiva y crítica. Afirmó que no se demostró el
objetivo de mejorar el servicio público o de proteger el interés general.
1.6.2. Gloria Patricia Gallego Jaramillo
Esta interviniente solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, toda
vez que no cumple con los requisitos de procedencia dado que carece de
relevancia constitucional.
Añadió que, lo pretendido por la parte actora es lograr una modificación de una
decisión judicial que le resultó adversa, lo que no se traduce en una afectación
constitucional, sino en una inconformidad frente al fallo.
Mencionó que el acto administrativo no obedeció al ejercicio legítimo de la
facultad discrecional del nominador sino a una desviación de poder probada con
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evidencia documental y testimonial.
1.6.3. Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cúcuta y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado
Pese a sus notificaciones, guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 23 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir el
presupuesto de la relevancia constitucional, puesto que no se superó el
elemento relativo a que la “acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces…”.
Señaló que, con la acción de tutela la parte actora pretende cuestionar el
análisis que efectuó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y a la
interpretación de las normas que regulan la facultad discrecional en los cargos
de libre nombramiento y remoción. Por lo que, lo anterior constituye un asunto
eminentemente legal y no una cuestión de trascendencia constitucional que
afecte el núcleo esencial de derechos fundamentales.
Advirtió que el análisis probatorio realizado por el tribunal accionado se
fundamentó en elementos que consideró suficientes para declarar la nulidad del
acto administrativo, decisión que se adoptó en ejercicio de las competencias
que le son propias.
Expuso que, el desacuerdo de la Aerocivil con esta valoración no puede
traducirse en una vulneración de derechos fundamentales que justifique la
intervención de la tutela.
1.8. Impugnación
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, decisión que fue
notificada el 3 de febrero de 2025, mediante memorial radicado
electrónicamente el 6 del mismo mes y año.
Indicó que, el a quo realizó un estudio superficial de las razones que motivaron
la solicitud de amparo presentada por la Aerocivil, centrando su análisis,
únicamente, en el ámbito formal del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, obviando así, el
deber que le asiste de efectuar un examen integral de las razones de
inconformidad propuestas, de tal suerte que no garantizó la protección del
núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados en la demanda
constitucional.
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Precisó que, los argumentos que fundamentan la censura que efectuó contra el
fallo de segunda instancia no están encaminados a corregir la decisión
adoptada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
mediante una instancia adicional, sino que, por el contrario, cuestionan la
validez de la providencia por haberse configurado un defecto fáctico “derivado
de una circunstancia de arbitrariedad judicial e incompatibilidad con normas
superiores”.
Mencionó que, no basta entonces con manifestar que, al controvertirse
aspectos probatorios de la decisión reprochada, automáticamente se desvirtúa
la procedencia de la acción de tutela por pretender un juicio de corrección del
fallo en cuestión, puesto que, para llegar a esta conclusión, debe efectuarse un
análisis integral de las razones que motivan la solicitud de amparo.
Reiteró que, la decisión de segunda instancia demandada vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Aerocivil, pues incurrió en
un defecto fáctico por carecer de apoyo probatorio que soporte la decisión de
nulidad adoptada de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.
Señaló que, no se trata de un asunto de mera legalidad, sino de una cuestión
de fondo adoptada arbitrariamente y que contraviene disposiciones superiores y
que se fundamenta en acervo probatorio inadecuado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión de primera instancia en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19912, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo, se cumple con el requisito de la relevancia constitucional
y, de ser así, si se acreditan los demás presupuestos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política
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Demandante: UAE Aerocivil
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
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De encontrarse cumplidos, se analizará si con la decisión demandada se
incurre en la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
entidad demandante.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.4
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
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Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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Ibídem.
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fondo del asunto –procedencia adjetiva–.5
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Caso concreto
La Aerocivil, actuando por medio de apoderado judicial, instauró acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al principio a la seguridad jurídica, con ocasión de la sentencia de
segunda instancia que esa autoridad judicial profirió el 19 de septiembre de
2024, por medio de la cual revocó el fallo del 23 de junio de 2022, dictado por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que cursó con el radicado
54001 3333 002 2015 00131 01, en el que actuó como demandante la señora
Gloria Patricia Gallego Jaramillo y como demandada la Aerocivil.
Para tal efecto, alegó la configuración de un defecto fáctico el cual sustentó en
la “indebida valoración probatoria decretados y practicados y al interpretar de
manera equivocada las pruebas documentales (oficios) y testimoniales
presentadas por la parte demandante”, los primeros al calificarlos de
“subjetivos” y los segundos porque la mayoría de las comunicaciones fueron
remitidas a la Jefatura de la Oficina de Comercialización y no al nominador del
empleo porque las mismas se produjeron durante 4 años, en los cuales pasaron
5
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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varios directores generales por la entidad, y por tanto, carecía de sentido alegar
que el nominador tenía un móvil de retaliación en contra de la señora Gallego
Jaramillo.
Asimismo, señaló que la autoridad judicial demandada tampoco tuvo en cuenta
los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional6 sobre la discrecionalidad que tienen el nominador en tratándose
de cargos de libre nombramiento y remoción, que ratifican que la administración
no está obligada a motivar los actos de insubsistencia en este tipo de cargos.
El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el
requisito de la relevancia constitucional, pues consideró que, se trató de
cuestionar el análisis del tribunal demandado, así como la interpretación de las
normas que regulan la facultad discrecional en los cargos de libre
nombramiento y remoción.
A su vez, se advierte que, en la sentencia cuestionada se hizo un recuento
probatorio detallado con el cual se evidenció la desviación de poder, pues entre
otros asuntos, se consideró que la señora Gloria Patricia Gallego Jaramillo, en
calidad de directora Regional Norte de Santander de la UAEAC “… proyectaba
una óptima gestión de los asuntos que fueron dispuestos bajo su cuidado”, lo
cual tampoco se desvirtuó con prueba en contrario, y en ese orden, se
demostró su “transparencia y seriedad en el cargo”. Asimismo, sostuvo:
Si bien ha sido criterio de la jurisprudencia del Consejo de Estado que la
idoneidad profesional para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las
funciones no otorgan por si solos a su titular la prerrogativa de permanencia en el
mismo, no es menos cierto que ello si satisface una diligencia probatoria para
discutir la nulidad del acto de insubsistencia. El cumplimiento de esta carga, con
la valoración de otros elementos de juicio, permite que se suscite el debate
acerca de las razones del retiro, a fin de establecer si en efecto han sido las de
mejorar el servicio, o no.
…
Se acoge así que mientras la parte demandante desplegó conductas positivas, es
decir, acciones tendientes a velar por el cumplimiento del Contrato de Concesión
No. 10000078OK-2010 en cumplimiento de su interventoría Ad-hoc, en
orientación distinta, la UAEAC a través de su Dirección General y de la Oficina
Comercial, no atendía u otorgaba la entidad necesaria a los informes realizados
por aquella.
…
Considera la Sala, que existió una ideación previa para retirar del cargo de
GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO, cuando en su reemplazo se provee
a quien era su interlocutor, en lo que toca al cumplimento del Contrato de
6
La parte actora no precisó los pronunciamientos que pretende citar como precedentes
jurisprudenciales. En un acápite posterior, refirió, entre otras: Sentencia del Consejo de Estado,
proferida en el expediente N° 73001-23-33-000-2013-00447-01 (4519-14) del 9 de marzo de
2017, sentencia 170012331000200301412 02(0734-10), expediente N° 25-000-23-42-000-2016-
05968-01, expediente No. 66001-23-33-000-2014-00137-01(5272-16) del 9 de julio de 2020,
fallo del 28 de septiembre de 2023, expediente 25000-23-42-000-2016-02386-01 (6635-2022),
así como de la Corte Constitucional en la sentencia T-686 de 2014, Sentencia T-292 de 1997.
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Demandante: UAE Aerocivil
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2024-06323-01
Concesión 10000078OK-2010, esto es, Octavio Trujillo Castrillón, previamente
Asesor Aeronáutico Grado 40 de la Oficina de Comercialización. Funcionario que
aprobó todos los planos arquitectónicos de las obras de modernización de los
aeropuertos, sin tener en cuenta las observaciones hechas por la parte
demandante.
A juicio de la Sala, los antecedentes del acto de declaratoria de insubsistencia
justifican que el retiro tuvo por objeto reprender la actitud proactiva de la parte
demandante en sus gestiones como interventoría Ad-hoc del Contrato de
Concesión 10000078OK-2010, o lo que es conocido precisamente una
retaliación.
Finalidades que en nada respetan la justificación legislativa de la potestad
discrecional, tal como lo demanda el artículo 44 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y es que lo que se buscó no
fue el mejoramiento del servicio, sino el retiro de un funcionario que sometía a
juicio las actuaciones de la concesionaria, sin que al proceso se haya traído
elemento alguno que permita inferir que la discrecionalidad en el retiro, estaba
propiciada por otra finalidad legítima.
…
Por lo expuesto, se observa que, el fallo de tutela impugnado debe confirmarse
pues el asunto carece del presupuesto de la relevancia constitucional, porque
los argumentos planteados por la parte impugnante se dirigen a cuestionar el
análisis probatorio de la autoridad judicial demandada bajo su autonomía
judicial, así como la interpretación normativa relativas al significado y alcance
de la desviación del poder, como causal de anulación de actos administrativos.
Adicionalmente, pese a que la parte actora hizo referencia a una presunta
vulneración al derecho a la igualdad, tampoco cumplió con la carga
argumentativa que permita identificar el o los asuntos que siendo de la misma
naturaleza y proferidos por la misma autoridad judicial acusada, hubieran sido
decididos en sentido contrario a como se resolvió en la sentencia acusada.
En el presente asunto, se observa que la discusión orbita en torno a un asunto
de mera legalidad; por lo que, se advierte que lo que busca el accionante es
controvertir la decisión del juez ordinario de la causa para reabrir el debate en
torno a los mencionados asuntos, en procura de convertir este mecanismo de
amparo en una instancia adicional. Por tanto, carece de relevancia
constitucional.
En relación con este presupuesto, la Corte Constitucional ha considerado que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
En relación con el aludido requisito, se observa que, la Corte Constitucional en
la sentencia SU 215 de 2022 señaló:
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…la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene
que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales… Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Dicho presupuesto general de la acción de tutela “…supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con
aquel…”7. De igual manera, se precisa el aludido requisito tiene tres finalidades,
a saber:
(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional8 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad9; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales10 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces11.
Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural.
En efecto, esta sala de decisión planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la
Corte Constitucional y acogidos por esta corporación, que en concreto se
refieren entre otros a que no se trate de asuntos de legalidad en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental.
Lo anterior, porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios o naturales de la causa, pues la acción de tutela no puede
convertirse en una tercera instancia.
Por consiguiente, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino
7
Sentencia SU 573 de 2019.
8
“Sentencia C-590 de 2005.”
9
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
10
“Sentencia C-590 de 2005.”
11
“Sentencia T-102 de 2006.”
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que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga
de argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción
de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.
En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por el tribunal demandado que
amerite la intervención en sede constitucional.
Por consiguiente, se confirmará el fallo impugnado.
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 23 de enero de 2025, por la cual el
Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente el amparo
solicitado por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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