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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06331-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06331-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo instaurada por el señor Juan Carlos Castañeda Hernández por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06331-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

13 de febrero de 2025

Demandante: Juan Carlos Castañeda Hernández
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06331-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06331-01
Demandante: JUAN CARLOS CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Temas: Tutela contra acto administrativo. Confirma improcedencia por no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante, contra
la sentencia del 12 de diciembre de 2024, en virtud de la cual el Consejo de Estado,
Sección Primera, declaró improcedente el amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 19 de noviembre de 20241, el señor Juan Carlos Castañeda Hernández, actuando
en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla -en adelante EJRLB- con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la confianza legítima, a la buena fe y de
acceso a los cargos públicos.

Para el actor, la trasgresión de sus garantías constitucionales se materializó con
ocasión de la expedición de las resoluciones EJR24-298 de 21 de junio y EJR24-1125
de 5 de noviembre de 2024 por parte de la EJRLB por las que se calificó la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados
quedando reprobado.
De igual manera, por la forma en que las accionadas están llevando a cabo el
desarrollo de la Convocatoria, esto es, por fuera del marco general dispuesto en el
Acuerdo pedagógico.

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Tutela radicada en el aplicativo Samai con la secuencia 10212.
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Demandante: Juan Carlos Castañeda Hernández
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, solicitó:

1. []
ORDENAR a la accionada que en un término improrrogable de 48 horas:
-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las
respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos séptimo y octavo
de la presente acción ii) DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria en la
subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de
formación judicial). Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior
orden, pido que se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase
especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación
judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la demanda que, en ese evento,
presentaré contra los resultados de la subfase general del mencionado curso de
formación judicial.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará:

El actor refirió que se encontraba participando de la Convocatoria 27, en la que, luego
de haber superado la prueba de aptitudes y conocimientos, ingresó al IX Curso de
Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados3 del que fue posteriormente
descalificado.

Indicó que la EJRLB profirió la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 20244, «Por
medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial», en la que se determinó que el señor Castañeda Hernández
había obtenido un puntaje final de 760.440 puntos y, en consecuencia, quedaba
reprobado.

Contra el acto administrativo anterior, interpuso recurso de reposición el cual fue
decidido por la EJRLB mediante Resolución EJR24-1125 del 5 de noviembre de 2024,
en el que se accedió parcialmente al reclamo realizado, dado que se modificó el
puntaje pasando a 774 puntos y, por ende, conservó el estado de reprobado.

1.4. Fundamentos de la vulneración

2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
3 El IX Curso de Formación Judicial inicial para Jueces y Magistrados hace parte del programa de

ingreso del Plan de Formación de la Rama Judicial y fue diseñado a partir del modelo pedagógico y
conforme al enfoque curricular de la EJRLB.
4 Corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024.

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Señaló que, frente a la decisión adoptada por la Escuela tiene muchos reparos ya que
pude advertir que varias preguntas no se ajustan a los propósitos de la evaluación que
señaló el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 «Por el cual se adopta el Acuerdo
Pedagógico que regirá el IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
Promoción 2020-2021».

En su sentir, las preguntas se calificaron sin tener en cuenta la aprobación del
contenido académico enfocado a la práctica judicial, ni el desarrollo de competencias
sobre la función del juez, tampoco se observó la interpretación de textos jurídicos o la
aplicación del razonamiento para la solución de los problemas jurídicos. Consideró
que, de haberse tenido lo referido, hubiera superado los 26 puntos que le quedaron
faltando para seguir en el concurso.

Hizo alusión a la falta de elaboración de un taller virtual que tuvo una regulación precisa
en el referido Acuerdo Pedagógico, pero que su ejecución se realizó de una forma
diferente en la que no se realizó una capacitación sino una evaluación de memoria.
Ello pone en duda del actor la legalidad y construcción de los puntajes.

También consideró que no se dio una respuesta clara, precisa y congruente a lo
solicitado, contrario a ello, la resolución que resolvió el recurso de reposición contiene
información evasiva y dilatoria, además de incompleta.
• El taller virtual se desarrolló de una forma diferente a la que dispuso el Acuerdo
Pedagógico, pues, aunque este señaló que a través de este se realizaría una
capacitación, finalmente fue una evaluación de memoria.
• La metodología de evaluaciones parciales a las acumuladas atentó contra la
legalidad del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 y del documento maestro.
• Formuló preguntas basadas en textos que no hacían parte del componente
obligatorio y que se basaron en la memorización exacta de los textos, por lo que
no cumplían con el requisito de validez necesario.
• Hizo uso irrazonable de la inteligencia artificial.
• Incluyó temas objeto de evaluación, los cuales, de manera preliminar, se había
indicado que no serían incluidos en las pruebas.
• En la Resolución que resolvió el recurso de reposición no se examinó la
apropiación y dominio con el contenido académico para calificar las preguntas
realizadas.
• No se le permitió acceder de manera oportuna a las pruebas por fallas en la
plataforma klarway.

Aludió a que si bien cuenta con el término para demandar en nulidad y restablecimiento
del derecho los actos que considera ilegales, la subfase del concurso inició el 16 de
noviembre de 2024, por lo que no cuenta con el tiempo suficiente para redactar una
demanda y lograr que el juez contencioso le conceda una medida cautelar de urgencia,
por ello acude a este mecanismo para que se protejan sus derechos fundamentales y

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se evite un perjuicio irremediable, esto es, se le impida seguir participando del curso
de formación judicial que terminará a mediados de 2025.

1.5. Auto admisorio

El 20 de noviembre de 2024, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar al actor5, y como accionados, a los magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura6 y a los directores de la Unidad de Administración de Carrera Judicial7 y de
la EJRLB8.

Además, ordenó vincular a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia9 y
a la Sociedad E-Distribution S.A.S.10 en calidad de terceros con interés.

Finalmente se dispuso requerir a la Unidad de Carrera Judicial para que publicara esta
providencia, con el fin de que todos los participantes de la Convocatoria 27 tuvieran
conocimiento de la existencia de la presente acción11.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Unidad Temporal de Formación Judicial 201912

Por medio de memorial radicado el 26 de noviembre de 2024 solicitó ser desvinculada
del proceso, alegando falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que, en su sentir,
no es la competente para expedir un acto administrativo por el cual se estudie si las
preguntas referidas por el actor son acertadas o no, así como tampoco, disponer sobre
la inclusión del tutelante en la subfase especializada del IX Curso de Formación
Judicial, ya que dicha facultad es propia de la EJRLB, de conformidad con lo indicado
en el capítulo VII de la evaluación técnica.

Explicó que actúa como aliada de la EJRLB para el desarrollo de este concurso, pero
carece de las potestades para adoptar decisiones en torno a lo pretendido en este
mecanismo.

Por otro lado, indicó que la tutela resulta improcedente para recurrir la Resolución No.
EJR24-1125 del 08 de noviembre de 2024, por medio de la cual se resolvió el recurso

5 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: juancarloscastanedahernandez@gmail.com;
jccman79@gmail.com
6 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
7 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co
9 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: notificaciones.judiciales@uptc.edu.co
10 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: presidencia@edistribution.co;
contacto@edistribution.co; fwilson@edistribution.co;
11 En el índice 009 de Samai obra la constancia de publicación efectuado por la Unidad de

Administración de Carrera Judicial.
12 Índice 010 de Samai. Conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la

sociedad E-Distribution S.A.S.
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de reposición formulado contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024
corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024, que publicaron los
resultados de la subfase general del referido concurso.

1.6.2. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC13

Mediante escrito del 27 de noviembre de 2024 contestó y explicó que la fase se
desarrolla a través del contrato No. CO1.PCCNTR 1240112 de 2019 suscrito entre el
Consejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, no
obstante, indicó que el desarrollo de la Convocatoria 27 se hace con base a los
Acuerdos pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-11400
del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019 y posteriores comunicados,
expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura.

De otro lado, solicitó que se declare la improcedencia de esta acción por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad en tanto no existe, a su juicio, un hecho vulnerador
que demuestre la conculcación de los derechos fundamentales invocados, aunado a
que, los actos administrativos que se impugnan fueron expedidos por la EJRLB.

1.6.3. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla14

Allegó contestación el 27 de noviembre de 2024 en la que solicitó que se rechace por
improcedente la presente acción por no cumplir con el requisito de subsidiaridad, ya
que, para lo pretendido por el accionante existe otro mecanismo idóneo que es el
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que
puede solicitar al juez contencioso la adopción de medidas cautelares. Lo expuesto,
en tanto el tutelante reprocha los actos administrativos proferidos en el marco del
concurso de jueces y magistrados.

Aunado a lo anterior, considera que no se advierte la causación de un perjuicio
irremediable, ya que, el actor presentó el recurso de reposición contra el acto
administrativo que definió los puntajes de la prueba de la subfase general del curso, el
que fue debidamente atendido, pues en su sentir, se resolvieron todos los motivos de
inconformidad planteados y además, refirió que a todos los aspirantes se les han
brindado las debidas garantías, por lo que no existe vulneración de los derechos
invocados.

Explicó que el actor tampoco acreditó que se configure alguna de las excepciones que
dispuso la Corte Constitucional15, para controvertir, por medio de la acción de tutela,

13 Índice 011 de Samai.
14 Índice 012 de Samai.
15 Indicó que las excepciones son: i) El empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un

periodo fijo determinado por la Constitución o por la ley; ii) Se imponen trabas para nombrar en el cargo
a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles; iii) El caso presenta elementos que podrían escapar
del control del juez de lo contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia
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los actos proferidos en el marco de un concurso, en tanto; i) lo cargos ofertado no son
de periodo fijo; ii) no se están imponiendo trabas para nombrar a quién ocupó el primer
lugar en la lista de elegibles, en tanto esta aún no se ha conformado; iii) no se afectan
derechos fundamentales y lo pretendido es competencia del juez contencioso por lo
que existe falta de relevancia; iv) no se acreditó estar inmerso en una condición de
especial protección.

1.6.4. Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura16

La entidad solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva
por falta de competencia para pronunciarse sobre lo pretendido y por no tener
injerencia en la vulneración alegada, porque no ha intervenido en el desarrollo del
curso de formación judicial y las inconformidades del actor giran en torno al
procedimiento y actos expedidos por la EJRLB en la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial.

Explicó que, con base en el Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, es
función de la EJRLB llevar a cabo las etapas del mismo, por lo que las modificaciones
efectuadas y con las que no está de acuerdo el actor, son ajenas a la Unidad de
Carrera Judicial.

Así mismo, indicó que, en el referido Acuerdo, se facultó a la directora de la EJRLB
para expedir, en el marco de sus competencias, las disposiciones de carácter general
y particular tendientes a lograr una adecuada implementación del mismo.

Finalmente refirió que en este caso no se configura la vulneración a los derechos
fundamentales invocados por parte de esta autoridad.

1.7. Sentencia de primera instancia17

El Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente el amparo pretendido
por el señor Juan Carlos Castañeda Hernández al no haberse superado el requisito de
subsidiariedad, pues la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener lo
pretendido mediante el presente mecanismo.

Ello, como quiera que el tutelante pretende que se resuelva sobre la legalidad de las
resoluciones EJR24-298 de 21 de junio @EJR24-1125 de 5 de noviembre de 2024,
proferidas dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria
27, porque a su juicio, esas no siguieron los parámetros, criterios y reglas de
evaluación señaladas en el Acuerdo Pedagógico del concurso de méritos, lo que, a

constitucional13; y, iv) Cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de salud,
condición social, entre otras), al demandante le resulta desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.
16 Índice 013 de Samai.
17 Índice 16 de Samai.

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juicio del fallador, debe solicitarse ante el juez contencioso a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Aclaró que, el asunto en estudio no cumple con los parámetros que señaló la Corte
Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022 en relación con la procedencia de la
tutela para cuestionar actos administrativos, pues en este caso, la actuación
administrativa de la cual hace parte los actos cuestionados aún no ha concluido.
Además, en tal providencia el Alto tribunal dispuso que los actos administrativos
particulares debían debatirse en la jurisdicción contenciosa.

En cuanto al perjuicio irremediable alegado por el actor señaló que, este no se
encuentra demostrado en el sub examine, toda vez que no se logra evidenciar de qué
forma se ven afectadas las garantías fundamentales y la vulneración o amenaza
directa sobre los derechos fundamentales del tutelante, que permita la procedencia de
la presente acción como medida transitoria.

Por último, negó las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Unión Temporal de
Formación Judicial 2019. Con fundamento en que la primera se vinculó en calidad de
demandada, y la segunda como tercera interesada por ostentar la calidad de
encargada de llevar a cabo el IX Curso de Formación Judicial objeto de debate.

1.8. Impugnación18

La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia argumentado que
si bien cuenta con el mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho, este
requiere la contratación de un abogado y un perito que elabore un dictamen para lo
que tiene solo 4 meses, sin dejar de lado que previo a ello debe agotar el requisito de
la conciliación prejudicial, la que debió haberse radicado al finalizar la subfase
especializada del concurso que empezó el pasado 16 de noviembre de 2024 y culmina
el 9 de marzo de 2025.

En ese sentido, consideró que mientras se desarrollan las actividades necesarias para
lograr la intervención del juez contencioso administrativo, se hace necesaria la
actuación del juez de tutela, pues de lo contrario se configuraría, a su juicio, un perjuicio
irremediable, no solo porque el concurso sigue avanzando, sino porque perderá la
oportunidad de ingreso a un cargo en carrera, lo que conlleva a que sea urgente
adoptar medidas tendientes a la protección de los derechos invocados.

Hizo alusión a que los concursantes incluidos por medidas cautelares han podido
realizar los exámenes dentro de las fechas programadas pero retoman el curso en la

18 Como la sentencia se notificó el 13 de enero de 2025 y el memorial de impugnación se radicó el 16

de enero del presente año, el recurso se presentó dentro del término oportuno.
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etapa en que este se encuentre, lo que supone una desventaja con los que han podido
realizar las lecturas con tiempo.

Resaltó que en caso de que le prosperen las pretensiones en la jurisdicción
contenciosa, el Estado tendría que asumir los costos de repetir la subfase solo para el
actor, lo que implica un gasto mayor para la administración, lo que se podría evitar si
se acceden a las pretensiones en sede constitucional, lo que implica además que el
tutelante no sufra un daño por afectación a la expectativa legítima de posesión en un
cargo público, luego de que aprobó el 80% del concurso.

Explicó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022 advirtió que la
acción de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales vulnerados
en el marco de un concurso cuando no existe otro medio eficaz, tal como en este caso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por el señor Juan
Carlos Castañeda Hernández conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Conforme con lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera instancia,
corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera, el 12 de diciembre de 2024. Para lo cual, se
deberán abordar los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela?

En caso de ser positiva, se resolverá lo siguiente:

• ¿La EJRLB vulneró los derechos fundamentales del señor Juan Carlos
Castañeda Hernández, con ocasión de la Resolución EJR24-1125 del 5 de
noviembre de 2024, que decidió el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, por reprobó al tutelante y, como
consecuencia de ello, no pudo pasar a la Subfase especializada del IX Curso
de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados?

Para resolver los planteamientos, se analizarán los siguientes temas: (i) la naturaleza
de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su
procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el
juez contencioso administrativo, y (iii) el análisis del caso concreto.

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2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable19.

2.4. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto
Ley 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico,
ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un asunto de su competencia20.

19 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
20 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y

la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones”.
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El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde
se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos judiciales deben,
en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores judiciales deben
cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de
constitucionalidad y de legalidad.

Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la
existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201121.

Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo
esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna
procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la afectación de las
garantías superiores.

No obstante, la Corte Constitucional, vía jurisprudencia, ha establecido escenarios en
los que el amparo constitucional tiene cabida respecto a los actos administrativos
proferidos en el marco de una convocatoria pública para la provisión de cargos, tales
casos son los siguientes:

i) El empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo fijo determinado
por la Constitución o por la ley22.

ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista
de elegibles23.

21 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del
Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-
000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-
00293-01.
22 Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015, T-

551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019
23 Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005,

T-521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras

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iii) el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia constitucional24 y,
por último,

iv) cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de salud,
condición social, entre otras), al demandante le resulta desproporcionado acudir al
mecanismo ordinario.

2.5. Caso concreto25

La Sala anticipa que confirmará la improcedencia de la solicitud de amparo promovida
por el señor Juan Carlos Castañeda Hernández, por cuanto, conforme quedó expuesto
en precedencia, se advierte que el actor cuenta con un mecanismo judicial idóneo a
través del cual puede ventilar sus reparos contra la Resolución EJR24-1125 de 5 de
noviembre de 2024. En ese sentido, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo
siguiente:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general,
el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

Asimismo, al interior del mencionado proceso es factible que el actor solicite ante el
juez natural del asunto la suspensión provisional del acto administrativo objeto de la
demanda, atendiendo los parámetros que para tal efecto dispone el artículo 231 que
indica lo siguiente:

Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de
sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en

24 Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.
25 La Sección Quinta del Consejo de Estado ha proferido múltiples decisiones en las que se ha indicado

que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para cuestionar los actos administrativos que se
profieren en el marco de la Convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama
Judicial. En ese sentido, se tienen, entre otras, las siguientes: i) sentencia del 31 de octubre de 2024,
11001-03-15-000-2024-02350-01, MP Omar Joaquín Barreto Suárez; ii) sentencia del 24 de octubre de
2024, 11001-03-15-000-2024-03547-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil; iii) sentencia del 10 de octubre
de 2024, 11001-03-15-000-2024-04988-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra; iv) sentencia del 12 de
septiembre de 2024, 11001-03-15-000-2024-02725-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra; v) sentencia del
12 de septiembre de 2024, 11001-03-15-000-2024-03697-00, MP Gloria María Gómez Montoya; v)
sentencia del 4 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-02307-00, MP Pedro Pablo
Vanegas Gil; y vi) sentencia del 18 de enero de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-07159-00, MP
Omar Joaquín Barreto Suárez.
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la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del
acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas
o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se
pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
[…]

Ahora bien, se advierte que el accionante formula reparos no solo contra el acto
administrativo mencionado, sino contra el proceso formativo y evaluativo de la fase
general del curso. Así las cosas, estos cuestionamientos presentados, tales como las
fallas en la plataforma utilizada para las evaluaciones, la ausencia de espacios
adecuados de retroalimentación y solución de dudas, la virtualidad como metodología
para el desarrollo del curso y la confusión generada por la falta de claridad en las
lecturas obligatorias, suscitan, en esencia, una controversia que también termina
vinculada con el acto administrativo que definió su calificación en la fase general.

Esto se debe a que dichas circunstancias relatadas en el escrito tutelar afectan
directamente el proceso formativo y evaluativo que dio lugar a la calificación y, por
ende, son aspectos conexos con los reparos que se dirigen contra la Resolución
EJR24-1125 de 5 de noviembre de 2024 que definió la situación particular del
accionante en relación con el concurso de méritos en discusión.

Asimismo, pese a que en el escrito de impugnación alude a que tiene conocimiento de
que cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
considera que este no es el mecanismo idóneo porque tiene muy poco tiempo para
poder realizar con dictamen, además alude a que necesita contratar a un abogado, por
lo que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para evitar que se le cause un
perjuicio irremediable, el que, a su sentir, se generaría si lo excluyen de los exámenes
del curso de formación que se están realizando desde el mes de noviembre del año
pasado y que culminan a mediados de la presente anualidad.

Pese a lo argumentos expuestos para el tutelante, la Sala advierte que el eje central
de la controversia continúa girando en torno a la legalidad y los efectos del acto
administrativo en cuestión, lo que reafirma la existencia de un mecanismo judicial
idóneo para debatir estas problemáticas, el cual es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que puede solicitar la adopción de medidas
cautelares de urgencia, las que de encontrar procedente, serán decretadas por el juez
de lo contencioso administrativo.

Por otro lado, respecto de las barreras en torno al medio de control, alegando que
requiere contratar a un abogado y realizar un dictamen pericial, que le permita probar
las inconsistencias del concurso. Al respecto, la Sala precisa que, en efecto, para
demandar en nulidad y restablecimiento del derecho debe constituir un apoderado
judicial, pues así lo establece el artículo 160 del CPACA, sin embargo, no tiene que
llegar al proceso con el dictamen elaborado, pues esta prueba la puede solicitar al juez
contencioso, con el fin de que este designe un profesional de la lista oficial de auxiliares
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de la justicia26 que se encargue de realizar el referido dictamen, en los términos del
artículo 218 ibidem27

En ese sentido, para lo pretendido por el actor la norma consagra el ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho por lo que no le es dable al juez
de tutela desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico,
ni adoptar decisiones paralelas a las del juez competencia para resolver determinado
asunto porque el límite de procedencia de esta acción es la existencia de otros medios
de defensa judiciales.

Lo anterior sin dejar de lado que se utilice este mecanismo para evitar un perjuicio
irremediable, sin embargo, dentro del proceso no se advierte la existencia de alguna
circunstancia particular que ameritase la intervención urgente del juez constitucional,
más allá de que, para el actor incoar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el cumplimiento de los requisitos formales y la constitución de una
apoderado para que ejerza su representación en el respectivo proceso tiene un mayor
grado de complejidad que este trámite constitucional. Razones que para la Sala no
resultan suficientes para sustituir por este mecanismo, el designado por la ley para lo
pretendido por el actor.

Además, no se acreditó ninguna de las circunstancias excepcionales que la
jurisprudencia ha admitido como válidas para superar el requisito de la subsidiariedad.
Esto es así porque:

a) Los cargos ofertados en la convocatoria No 27 no son aquellos de periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley.

b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer
lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa etapa de la
convocatoria cuestionada, además que no es el objeto de esta acción.

c) No se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos fundamentales del
concursante y no hay evidencia de que los fundamentos de las pretensiones y la
afectación puedan escapar del control del juez de lo contencioso administrativo. Por
tanto, no se acreditó que este asunto contenga “una marcada relevancia
constitucional”.

26 La designación de los auxiliares de la justicia se realiza en base a lo dispuesto en los artículos 47 y

siguientes del Código General del Proceso, de la lista oficial que publique el Consejo Superior de la
Judicatura en el respectivo periodo.
27 ARTÍCULO 218. PRUEBA PERICIAL. <Artículo modificado por el artículo 54 de la Ley 2080 de 2021.

El nuevo texto es el siguiente:> La prueba pericial se regirá por las normas establecidas en este código,
y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso.
Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las
oportunidades establecidas en este código.
El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.
Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y práctica se
regirá por las normas del Código General del Proceso.
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d) La parte actora no demostró ni en el proceso constitucional se observó que esta se
encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de salud, condición social u
otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al mecanismo ordinario
ante los jueces administrativos.

En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por
el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente el amparo
constitucional por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera que declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo instaurada por el señor Juan Carlos Castañeda Hernández por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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