Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06334-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06334-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06334-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
Demandados: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro1
Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por
incumplimiento del requisito general de procedencia de que la actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela 11 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó el amparo en relación
con la competencia para conocer del asunto y declaró improcedente la solicitud de
tutela frente a los demás reparos.
1 Cfr. índice núm. 4 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital
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Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Subsección C de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio:
i) el Consejo de Estado, al proferir el auto de 23 de septiembre de 2024; y ii) el
Tribunal, al proferir el auto de 31 de enero de 2024, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales identificado con el
número único de radicación 250002336000202300392-00/01: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda contra Ecopetrol S.A. para cobrar unas sumas
adeudadas derivadas del contrato núm. 52022905 de 18 de noviembre de 2007.
4. Expuso que, el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Cali, pese a que
inicialmente había resuelto admitir dicha demanda, revocó su decisión al advertir su
falta de jurisdicción, remitiéndola a la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5. Expresó que, el 31 de enero de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:
“[…] PRIMERO: Rechazar la demanda promovida por SERMOVIAS LIMITADA-
SERMOVIAS, contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS- ECOPETROL
SA., por haber operado el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control de
controversias contractuales. […]”.
6. Como fundamento de su decisión consideró que:
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Actora: Sermovías Limitada
“[…] 3.1. En orden de la reseñada causa petendi, asume relevancia, la activa, a través
del medio de control de controversias contractuales, pretende se declare que: (i) que
entre ECOPETROL y SERMOVIAS LTDA, se suscribió contrato No. 5202905 el 18
de diciembre de 2007, para la prestación de servicios de transporte de carga de
equipos, tuberías y líquidos para los campos de la Gerencia Regional del Magdalena
Medio para las vigencias 2007 a 2010, por valor de $9.824.633.250; (ii) el contrato
fue objeto de varias adiciones por mayor cantidad de servicios, la No 1 por la suma
de $2.175.360; Contrato Adicional No. 1 por valor de $5.480.600.00; Contrato
Adicional No. 2 por la suma de $256.861.315, Actas de Mayor Cantidad de Servicios
Nos. 2= $1.565.450.00, 3=$1.000.000.00, 4=$1.000.000.00, 5= $955.186.00,
6=$1.248.371.252, 7=$2.577.975-300 y 8=$3.340.392.000; (iii) el valor total del
contrato ascendió a la suma de $29.424.828.117; (iv) ECOPETROL LTDA, liquidaron
y firmaron de mutuo acuerdo acta de liquidación definitiva del contrato el 02 de agosto
de 2012. […]”.
[…]
“[…] El medio de control de controversia contractual en el presente asunto, encuentra
afectado de caducidad, como quiera que la demanda se radicó el 09 de marzo de
2021, y su oportunidad venció el 03 de agosto de 2014, […]”
[…]
“[…] Contabilizado el plazo de dos (2) años, a partir del día siguiente a la firma del
acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios No.
Contrato 5202905 de 18 de diciembre de 2007, advertido que el acta de liquidación
se firmó el 2 de agosto de 2012, es a partir del 3 de agosto de 2012, que comenzó a
descontar el plazo para interponer la demanda en ejercicio del medio de control de
controversia contractual, respecto del precitado negocio jurídico.
3.4.1.3- Asimismo es de señalar, que al haberse radicado solicitud de conciliación el
5 de octubre de 2020, ante la Procuraduría General de la Nación, ello es, más de
cinco años de haberse configurado la caducidad del medio de control, no interrumpió
válidamente la suspensión del conteo del término de caducidad, por causa del trámite
de aquella.
3.4.1.4- En este orden y retomando, con fines de precisar sobre el conteo de los
términos sub-lite, se tiene que la demanda fue radicada inicialmente el 09 de marzo
de 2021, a las 16:10, […] Fecha para la Cual, encontraba configurado el fenómeno
jurídico de caducidad del medio de control, seis(06) años y siete (07) meses antes.
[…]”.
7. Indicó que, presentó recurso de apelación que fue resuelto por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que, mediante auto de 23 de
septiembre de 2024, resolvió2:
“[…] PRIMERO. CONFIRMAR el auto proferido por el Tribunal Administrativo de
Atlántico (sic) -Sección C el 31 de enero de 2024. […]”.
2 Transcripción literal del texto
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8. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En cuanto a la naturaleza jurídica de ECOPETROL S.A., el artículo 1 de la Ley
1118 de 2006 la definió como una «Sociedad de Economía Mixta de carácter
comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía». A renglón
seguido, el artículo 2 de la norma fijó el carácter público de ECOPETROL, al reservar
a favor de la Nación, como mínimo el 80% de las acciones en circulación y con
derecho a voto. En vista de lo anterior, ECOPETROL es una sociedad en la cual el
Estado tiene una participación superior al 50% de su capital y, por lo tanto, se trata
de una entidad pública, para los efectos del artículo 104 CPACA. En consonancia
con lo anterior, la jurisdicción contencioso administrativa es competente para
conocer del asunto, por la naturaleza jurídica de ECOPETROL.
El recurrente argumentó que el régimen jurídico aplicable a los contratos suscritos
por ECOPETROL es el privado, por aplicar las reglas del Código Civil, Código de
Comercio y el Manual de Contratación de la entidad. Al respecto, tiene razón en que
el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 prevé que todos los actos jurídicos, contratos y
actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de
ECOPETROL S.A. se someterán exclusivamente a las reglas del derecho privado,
es decir, están exceptuados del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
Ahora bien, en los regímenes exceptuados toda la actividad contractual -en sentido
amplio- se rige por el derecho privado, de ahí que la excepción no se limita a las
fases de celebración y ejecución del contrato propiamente dichas, sino que abarca
todo el proceso contractual, es decir, desde la formación del negocio jurídico hasta
la etapa postcontractual. Por ello, la regla predominante será, también, la autonomía
privada (arts. 1602 CC y 870 C.Co).
A pesar de lo anterior, se reitera que el artículo 104.2 CPACA establece que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias
originadas en contratos, «cualquiera que sea su régimen». Es decir: así los contratos
se rijan por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (Ley
80 de 1993 y demás) o exclusivamente por el derecho civil y comercial, si es parte
una entidad pública, será de conocimiento de esta jurisdicción. Por lo tanto, el cargo
planteado por la parte actora en el recurso de apelación no está llamado a prosperar.
4. Por otra parte, el artículo 328 CGP ordena al juez de segunda instancia a
pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante y las demás
decisiones que, por mandato de la ley, deba adoptar de oficio, como es el caso del
presupuesto procesal de la oportunidad para acudir a la jurisdicción –caducidad–.
De modo que, si bien, la recurrente no formuló reparo alguno sobre la contabilización
de términos que realizó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala
encuentra que, en efecto, operó la caducidad del término para formular el medio de
control de controversias contractuales, vía procesal que resultaría procedente dadas
las pretensiones de la demanda.
El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley
para acudir ante los jueces para demandar. Límite que está concebido para definir
un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte
por accionar. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término
perentorio fijado por la ley. El numeral iii), literal j), numeral 2 del artículo 164 del
CPACA establece que el término para formular el medio de control de controversias
contractuales en los contratos que requieren liquidación y se efectúe de común
acuerdo es de dos años que empiezan a contar a partir del día siguiente de la firma
del acta.
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Actora: Sermovías Limitada
En efecto, del estudio de la demanda y sus anexos, se evidencia que el 2 de agosto
de 2012 se liquidó bilateralmente el contrato No. 5202905 de 18 de diciembre de
2007, suscrito entre ECOPETROL S.A. y Sermovías Ltda. Por ese motivo, el término
de caducidad empezó a correr el día siguiente y vencía el 4 de agosto de 2014. De
manera que, como la demanda se presentó el 9 de marzo de 2021, operó el
fenómeno preclusivo de la caducidad y se confirmará la decisión de primera
instancia. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. La actora solicitó en su escrito de tutela3:
“[…] 1. Que se ampare el derecho fundamental al acceso a la justicia, al debido
proceso prevalencia del derecho sustancial, prevalencia del derecho constitucional
conculcado por los accionados.
2. Que consecuencia de lo anterior se disponga que el proceso sea devuelto al
Juzgado 48 Civil del Circuito para que este asunto sea tramitado como un VERBAL DE
MAYOR CUANTÍA en el entendido que se está ante un contrato que se rige por el
régimen privado.
3. Que, subsidiariamente, se disponga que el proceso sea tramitado por el Tribunal
Contencioso Administrativo como una controversia contractual, inaplicando el literal
j del artículo 164 del CPACA. […]”.
10. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que4:
“[…] 1. Sea lo primer señalar que la acción que propone y radicada ante el Juzgado
Cuarenta y Ocho Civil del Circuito, incuestionablemente, es un VERBAL DE
MAYOR CUANTÍA, no una acción contractual.
2. ECOPETROL S.A. siendo una entidad estatal, su régimen de contratación no es
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 1118 de 2006.
3. Esa Ley 118 de 2006 dispuso:
ARTICULO 6o. RÉGIMEN APLICABLE A ECOPETROL S.A. Todos los actos
jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto
social de Ecopetrol S.A. una vez constituida como sociedad de economía mixta, se
regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el
porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa.
4. De acuerdo con el PROCESO DE SELECCIÓN (PS) de ECOPETROL, “las
propuestas presentadas en desarrollo del mismo se someten a la ley Colombina y
3 Transcripción literal del texto.
4 Transcripción literal del texto.
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en especial, al Manual de Contratación de ECOPETROL, a la Ley 527 de 1999 y a
las normas comerciales y civiles, en lo que fueren aplicables”. […]”.
[…]
“[…] 10. El mandato constitucional del artículo 228 superior de la prevalencia del
derecho sustancial, en congruencia con el artículo 4° Constitucional – “Em todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”- debe, necesariamente, llevar a
concluir que los conflictos derivados del contrato, causa del litigio presente, tiene
acción ordinaria que prescribe en diez (10) años. […]”.
“[…] 17. Debe seguirse, por tanto, que el artículo 2536 del Código Civil debe
prevalecer sobre el artículo 104 del Código General de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuyo carácter es eminentemente
adjetivo o procesal. […]”.
[…] 21. Ahora bien, es evidente que el legislador creó una acción distinta a las
previstas en el CPACA, acción de responsabilidad contractual, que no la acción
contractual.
22. Lo anterior para que no queden dudas que el listado de acciones previsto por
el CPACA tampoco es taxativo como podría suponerse y como en efecto supone
no solo el Tribunal sino el Consejo de Estado. […]”.
[…]
24. El único argumento que esgrimen los aquí accionados es la aplicación
aparentemente forzosa, del artículo 104 del CPACA, una norma de orden adjetivo.
25. Esto significaría que la postura de los accionados en cuanto en cuanto a que
este asunto tiene caducidad de dos (2) años, no resulta constitucionalmente válida
al darle prevalencia a norma procesal sobre lo sustancial.
26. Se llega a la conclusión que dos (2) años de caducidad partiendo de la aplicación
del 104 del CPACA y, consecuentemente, que la jurisdicción competente debe ser
la contenciosa administrativa, opinan los accionados, que se sigue la demanda debe
encauzarse por el medio de control de la controversia contractual que tiene una
caducidad de dos (2) años.
[…]
“[…] 28. Dicho de otro modo, ¿Cuál el fundamento para concluir, mas allá del 104
del CPACA, que en este asunto la demanda debe asimilarse a una controversia
contractual? […]”.
[…]
“[…] 33. El artículo 50 de la Ley 80 de 1993 que establece la acción de
responsabilidad contractual, se insiste, abre la posibilidad de que el contencioso
conozca de procesos diversos de los medios de control enumerados en el CPACA.
Dicho de otra forma, el CPACA no hace una relación exhaustiva o taxativa de los
tipos de acción que puede conocer el contencioso administrativo.
34. Aun aplicando el 104 del CPACA, con la que se resolvería la jurisdicción
competente, basada en la prelación del derecho sustantivo sobre el adjetivo, lo que
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debería hacerse es inaplicar el literal j. del artículo 164 del CPACA. Esto por cuanto
el asunto de fondo es la caducidad o no de la acción cuando el derecho
Actuación
11. El Despacho de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante auto de 22 de noviembre de 2024: i) admitió la demanda; y ii)
ordenó notificar a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concediéndoles el término de tres (3)
días para rendir informe sobre el particular.
Intervención de la demandada
12. La Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que el auto de 23 de
septiembre de 2024 no constituye vulneración alguna a los derechos
fundamentales invocados por la actora, al advertir que fue una decisión para la que
fueron tenidas en cuenta las normas aplicables, y que tuvo en cuenta el término de
caducidad, para lo cual se tuvo en cuenta la fecha favorable: “[…] de la cual se
demostró con los hechos y anexos de la demanda el conocimiento del daño, y
abordó los argumentos esbozados en el recurso de apelación contra el auto del
Tribunal Administrativo de Atlántico (sic) […]”, garantizándole los derechos a la
actora, por lo que solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en lo
relacionado con el auto de 23 de septiembre de 2024.
13. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca manifestó que, en el auto de 31 de enero de 2024, proferido en el
marco del proceso ordinario, no es una circunstancia, que por sí misma, configure
un defecto sustantivo, al considerar que en la providencia se hace un análisis
probatorio que sustentó la decisión, conforme con las normas que regulan el
proceso en la jurisdicción contenciosa administrativa y señaló que5:
“[…] en los regímenes exceptuados toda la actividad contractual -en sentido amplio-
se rige por el derecho privado, de ahí que la excepción no se limita a las fases de
celebración y ejecución del contrato propiamente dichas, sino que abarca todo el
proceso contractual, es decir, desde la formación del negocio jurídico hasta la etapa
poscontractual, en dicha secuencia predomina la autonomía privada artículos. 1602
CC y 870 del Código de Comercio. Sin embargo, se reitera que el artículo 104.2
5 Transcripción literal del texto.
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CPACA establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de
las controversias originadas en contratos cualquiera que sea su régimen. Es decir,
hasta de las controversias que se suscitan en contratos que se rijan por el Estatuto
General de la Contratación de la Administración Pública establecido en la Ley 80 de
1993 y demás o exclusivamente por el derecho civil y comercial, si es parte una
entidad pública, será de conocimiento de esta jurisdicción. Por lo tanto, el cargo
planteado por la accionante no está llamado a prosperar.
Por otra parte, contrario a las consideraciones de la accionante, la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa conoce de los medios de control el título III del CPACA
de los artículos 135, 136,136 A, 137, 138, 139,140, 141, 142, 143, 144, 145 , 146,
147, 148, y 148 , de manera taxativa enlista los medios de control que conoce esta
jurisdicción, en dicho sentido el artículo 141 ídem, establece las controversias que
se suscitan durante la ejecución de los contratos en los que sea parte una entidad
pública para el caso ECOPETROL se tramitan a través del medio de control de
controversias contractuales el CPACA y el artículo 164 de la misma decodificación
establece la oportunidad en la que se debe promover este medio de control, por lo
que no es el arbitrio de quien acude a la jurisdicción establecer qué tipo de demanda
es la que promueve y menos la norma aplicable. […]”.
La sentencia impugnada
14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 11 de diciembre de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] Primero: Negar el amparo solicitado en relación con el cargo relacionado con
la acción procedente y declarar improcedente la tutela respecto a los demás
reparos, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. […]”.
14.1 Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En síntesis, la sociedad accionante manifestó su desacuerdo con la decisión
adoptada en el medio de control de controversias contractuales porque, a su juicio,
i) la demanda que instauró corresponde a un proceso verbal de mayor cuantía, por
lo cual la prescripción es de 10 años, si se tiene en cuenta que Ecopetrol S.A. se
rige por las reglas del derecho privado, conforme al artículo 6 de la Ley 1118 de
2006 y al concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
del 19 de junio de 2008, expedientes 1865 y 1887; ii) debía inaplicarse el artículo
104 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse de una norma de orden procedimental,
respecto de la cual prevalece el derecho sustancial y iii) en gracia de discusión, el
hecho de que la jurisdicción de lo contencioso administrativa debiera conocer del
asunto no implicaría que debía tramitarse mediante el medio de control de
controversias contractuales, sino que podía adelantarse por la vía de la
responsabilidad contractual prevista en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993.
A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la providencia
discutida en esta sede, pues solo en el evento de encontrarse superados habría
lugar a analizar los disensos esgrimidos.
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La Sala los encuentra reunidos en relación con el primer argumento concerniente
a la acción procedente, por lo cual procederá al análisis de ese disenso a la luz del
defecto sustantivo, por ser el que mejor se adecúa a los argumentos expuestos.
En efecto, 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se
vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección; 2) la acción se
presentó con inmediatez; 3) la parte accionante agotó todos los mecanismos
idóneos y eficaces con los que contaba; 4) no está invocando una irregularidad
procesal, por lo que no hay lugar al análisis de esa exigencia; 5) la solicitante
identificó claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de tutela, por lo que se procede al
estudio de fondo.
Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto a los reparos referentes a la inaplicación
del artículo 104 del CPACA y a la tramitación del proceso a través de la vía de la
responsabilidad contractual prevista en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, puesto
que esas inconformidades no fueron planteadas en el recurso de apelación que la
hoy accionante interpuso en contra del auto del 31 de enero de 2024 proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. Lo
anterior evidencia que en el presente asunto no se cumple el requisito de
subsidiariedad en cuanto a esos cargos, lo que impide un estudio sobre el particular
en esta sede, en la medida que la falta de proposición de ese disenso impidió que
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, se pronunciara sobre el
particular, al estar limitado por los argumentos expuestos en el recurso interpuesto
en contra de la decisión de primera instancia.
Con mayor razón si se tiene en cuenta que la actora no explicó por qué no esgrimió
ese desacuerdo en la oportunidad legal prevista para ese efecto, lo que imposibilita
a este juez constitucional efectuar algún análisis sobre el particular.
Aclarado ello, se advierte que el primer reparo expuesto en esta sede fue resuelto
por la autoridad judicial de segunda instancia, quien determinó, como la accionante
lo pretende, que Ecopetrol S.A. se rige por las reglas del derecho privado, conforme
al artículo 6 de la Ley 1118 de 2006, distinto es que concluyera que en el artículo
104.2 de la Ley 1437 de 2011 se preveía que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo conocería de las controversias originadas en contratos cualquiera
que sea su régimen, esto es, respecto a los contratos que se rigieran por el Estatuto
General de la Contratación de la Administración Público o exclusivamente por el
derecho civil y comercial.
En ese orden de ideas, esta Sala observa que la decisión adoptada en el proceso
ordinario atendió a la regulación contenida en el CPACA que asigna la competencia
para conocer de esta clase de asuntos a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que no se advierte la configuración de un defecto sustantivo.
Ahora, en cuanto al alegato de la sociedad accionante consistente en que la
jurisdicción ordinaria era a quien correspondía conocer del caso, de conformidad
con el concepto del 19 de junio de 2008 proferido por la Sala de Consulta y Servicio
Civil basta con precisar que aquel no tiene carácter vinculante, por lo cual mal
podría exigirse a la Subsección su observancia y aplicación. […]”.
[…]
“[…] Ahora, en cuanto al alegato de la sociedad accionante consistente en que la
jurisdicción ordinaria era a quien correspondía conocer del caso, de conformidad
con el concepto del 19 de junio de 2008 proferido por la Sala de Consulta y Servicio
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Civil basta con precisar que aquel no tiene carácter vinculante, por lo cual mal
podría exigirse a la Subsección su observancia y aplicación. […]”.
La impugnación
15. La actora impugnó la sentencia proferida por Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente6:
“[…] En la sentencia de primera instancia el mismo Consejo de Estado admite que
se cumplen con estos requisitos, tanto que hace un examen minucioso, punto por
punto.
Ante tal perspectiva, entonces argumenta, como último recurso para negar la
protección exigida, que los argumentos traídos a la tutela no fueron ventilados en
sede de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Esto es el Consejo
de Estado acaba de inaugurar un nuevo requisito para la procedencia de la acción
de tutela pero asimilado este nuevo requisito a la subsidiaridad que la Corte
Constitucional exige.
No puede dudarse que el requisito de subsidiaridad se cumple a cabalidad con
base en la definición de la misa Corte Constitucional ha reiterado en sus numerosas
pero uniformes decisiones, la prevista en el literal b) arriba, cual es que se haya
agotado “todos los medios ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada”.
Dicho de modo distinto, el requisito de subsidiaridad se cumple, se interpusieron
los recursos de reposición y en subsidio de apelación. No puede haber discusión
alguna sobre este hecho.
La sociedad SERMOVIAS LIMITADA agotó, como corresponde, todos los
instrumentos legales a su disposición para opugnar las decisiones que se
adoptaron y que en sede constitucional se reprocha. […]”.
[…]
“[…] 8. Amen de lo anterior, la apelación se interpone tomando en cuenta los
fundamentos de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
rechaza la demanda por considerar que ha caducado la acción.
La acción de tutela se interpone exponiendo los argumentos que muestran que
ambas decisiones son inconstitucionales por violar el principio de la primacía del
derecho sustantivo sobre el adjetivo y que por esa vía, se esta cercenando el
derecho que tiene SERMOVIAS LIMITADA al acceso a la justicia.
Por lo expuesto debe, sin dubitación alguna, revocarse la sentencia de segunda
instancia dictada por el Consejo de Estado, y en su lugar, dictar providencia que
ampare los derechos fundamentales de la sociedad SERMOVIAS LIMITADA. […]”.
6 Transcripción literal del texto
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 7, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20199, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las
autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados.
Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
18. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, y el requisito general de procedencia dispuesto en el literal e de
aquellos establecidos en la sentencia C-590 de 8 de junio de 200510.
19. Para resolver los presentes problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
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Actora: Sermovías Limitada
judiciales, ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia; procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose
en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
21. Esta Sección adoptó12 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200513, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
13 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13
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providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional, así como el cumplimiento del
requisito general dispuesto en el literal e de aquellos establecidos en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005.
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14
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Actora: Sermovías Limitada
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201416, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [18].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [19].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [20].
16 Ut supra página 6.
[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
15
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Actora: Sermovías Limitada
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [23]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
16
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tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró24:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”25
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”26
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
29. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
24 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
26 Ibidem.
17
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Actora: Sermovías Limitada
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
30. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202227 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
27 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
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estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Acerca del requisito del requisito dispuesto en el literal e de aquellos
establecidos en la sentencia sentencia C-590 de 8 de junio de 2005
31. De conformidad con la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la
Corte Constitucional, dentro de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales se encuentra el siguiente:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes […]”.
[…]
“[…] e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí
es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos […]”. (Resaltado por la Sala)
19
Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
32. La Corte Constitucional frente a esta causal, en la sentencia SU-770 de 16 de
octubre de 201428, explicó que:
“[…] La demanda de tutela, al referirse a este requisito, se limita a afirmar que se ha
precisado e identificado los hechos que vulneran el derecho fundamental, pero
guarda silencio en cuanto a la circunstancia de haber alegado en el proceso lo que
ahora se cuestiona y sobre la existencia o no de la posibilidad de haberlo hecho.
Por lo tanto, es menester verificar tres aspectos relevantes respecto de cada uno de
los defectos planteados, a saber: (a) si se identificó de manera razonable los hechos
que generan la vulneración, (b) si se alegó esta circunstancia en el proceso
seguido por la jurisdicción ordinaria y (c) si hubo o no la posibilidad de alegarla.
5.3.2.5.1. El hecho que generaría el defecto orgánico está identificado de manera
razonable en la demanda de tutela: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
carece por completo de competencia para vincular a la accionante como sujeto
procesal y, por ende, para juzgarla y condenarla. Esta circunstancia, incluso bajo la
hipótesis de que fuese cierta, existía desde la vinculación de la accionante al proceso
y, en manera alguna, puede afirmarse que es una circunstancia que ocurre en la
sentencia o con posterioridad a ella. En este contexto, al revisar la conducta de la
accionante en el proceso, a partir de referentes como el recurso de reposición
que se presentó contra la resolución interlocutoria de la fiscalía que vinculó a
la accionante al proceso, su sustentación, la solicitud de que no se cierre la
investigación, el alegato precalificatorio y el alegato de conclusión, se aprecia
que la accionante no alegó esta circunstancia, a pesar de haber dispuesto de
al menos cinco oportunidades para hacerlo. Por lo tanto, no se cumple el
requisito sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional29 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
28 Corte Constitucional, sentencia SU-770 de 16 de octubre de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
29 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
35. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
Análisis del caso concreto
37. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Subsección C de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio:
i) el Consejo de Estado, al proferir el auto de 23 de septiembre de 2024; y ii) el
Tribunal, al proferir el auto de 31 de enero de 2024, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales identificado con el
número único de radicación 250002336000202300392-00/01: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
38. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
39. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas
jurídicos planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
40. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
40.1 Copia del informe rendido por parte de la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en el presente trámite de tutela.
40.2 Copia del informe rendido por parte de la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el presente trámite de tutela.
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Actora: Sermovías Limitada
40.3 Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales de controversias contractuales, identificado con el
número único de radicación 250002336000202300392-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
41. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente31:
“[…] En la sentencia de primera instancia el mismo Consejo de Estado admite que
se cumplen con estos requisitos, tanto que hace un examen minucioso, punto por
punto.
Ante tal perspectiva, entonces argumenta, como último recurso para negar la
protección exigida, que los argumentos traídos a la tutela no fueron ventilados en
sede de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Esto es el Consejo
de Estado acaba de inaugurar un nuevo requisito para la procedencia de la acción
de tutela pero asimilado este nuevo requisito a la subsidiaridad que la Corte
Constitucional exige.
No puede dudarse que el requisito de subsidiaridad se cumple a cabalidad con
base en la definición de la misa Corte Constitucional ha reiterado en sus numerosas
pero uniformes decisiones, la prevista en el literal b) arriba, cual es que se haya
agotado “todos los medios ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada”.
Dicho de modo distinto, el requisito de subsidiaridad se cumple, se interpusieron
los recursos de reposición y en subsidio de apelación. No puede haber discusión
alguna sobre este hecho.
La sociedad SERMOVIAS LIMITADA agotó, como corresponde, todos los
instrumentos legales a su disposición para opugnar las decisiones que se
adoptaron y que en sede constitucional se reprocha. […]”.
[…]
“[…] 8. Amen de lo anterior, la apelación se interpone tomando en cuenta los
fundamentos de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
rechaza la demanda por considerar que ha caducado la acción.
La acción de tutela se interpone exponiendo los argumentos que muestran que
ambas decisiones son inconstitucionales por violar el principio de la primacía del
31 Transcripción literal del texto.
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Actora: Sermovías Limitada
derecho sustantivo sobre el adjetivo y que por esa vía, se esta cercenando el
derecho que tiene SERMOVIAS LIMITADA al acceso a la justicia.
Por lo expuesto debe, sin dubitación alguna, revocarse la sentencia de segunda
instancia dictada por el Consejo de Estado, y en su lugar, dictar providencia que
ampare los derechos fundamentales de la sociedad SERMOVIAS LIMITADA. […]”.
42. Para la Sala el asunto controvertido por la actora, ya fue objeto de estudio por
las autoridades judiciales accionadas y la acción de tutela contra providencia judicial
no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades judiciales accionadas
incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.
43. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de controversias contractuales y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
44. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
45. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
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Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
46. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza
puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.
47. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales
accionadas, es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección
del criterio jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio, concluido
que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la
actora alega la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el
criterio de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación,
sino mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración del mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
48. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, enunciados por la actora, no se
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de controversias
contractuales se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias
del proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas
allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal de
vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de
amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección constitucional.
49. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma, la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
50. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora
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Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en un
debate estrictamente legal y probatorio.
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia dispuesto en
el literal e de aquellos establecidos en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005
51. En el caso sub examine, de conformidad con el expediente del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de controversias contractuales,
identificado con el número único de radicación 250002336000202300392-01, la
Sala observa que el recurso de apelación que interpuso la actora dentro del referido
medio de control se sustentó de la siguiente manera32:
“[…] Como regla general, es menester reconocer que la jurisdicción competente para
resolver conflictos contractuales con una entidad del Estado es la Contenciosa
Administrativa. Y de allí se seguiría que el competente para conocer del presente
asunto no correspondería a la Jurisdicción Ordinaria.
2. No obstante, es importante recordar que la Ley 1118 de 2006 dispuso que los
actos y negocios que celebre ECOPETROL S.A. se regirán exclusivamente por las
reglas del derecho privado. […]”.
[…]
“[…] El contrato 5202905 suscrito entre SERMOVÍAS LIMITADA y ECOPETROL
S.A. fue suscrito el 18 de diciembre de 2007, siendo completa y claramente aplicable
lo dispuesto en la Ley 1118 de 2006. […]”.
[…]
“[…] Sumado a esto, es importante señalar que el contrato 5202905 no estipula que
el mismo se rige exclusivamente por la Ley 80 de 1993, cosa que, bajo la libertad de
configuración contractual, las partes ECOPETROL S.A. y SERMOVÍAS LIMITADA
establecieron el marco jurídico dentro del cual desarrollarían el contrato y, por
supuesto, marco mismo que debe servir para dirimir los conflictos que surgen del
mencionado contrato. Es así como, en el numeral 5° del artículo 7°, OBLIGACIONES
DE ECOPETROL se consigna que el CONTRATANTE se obliga a:
“Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato que se celebre, las
que se consignen en otras cláusulas del mismo y las que se desprendan de
la Ley 80 de 1993 que resulten aplicables, en especial en al artículo 4°
de la misma”.
De esto resulta colegir que la Ley 80 es aplicable en cuanto le resulte aplicable, o
dicho de otro modo, para llenar los vacíos que pudiera existir en la interpretación del
contrato bajo los cánones de la legislación civil o comercial. […]”.
32 Transcripción literal del texto
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Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
[…]
“[…] 6.1 De acuerdo con el numeral 1.12 de las CONDICIONES GENÉRICAS DE
CONTRATACIÓN DE ECOPETROL S.A. este contrato “estará sometido al Manual
de Contratación de ECOPETROL y en especial, se regirá por las disposiciones
pertinentes del Código del Comercio y del Código Civil en lo que éstas fueren
aplicables. […]”.
[…]
“[…] Forzoso es concluir, entonces, que la jurisdicción competente es la ORDINARIA
y el competente es el Juez Civil del Circuito de la ciudad de Bogotá, domicilio
principal de ECOPETROL S.A.
Con Fundamento en lo hasta aquí expuesto basado en disposiciones vigentes y con
sustento en providencia del Consejo de Estado, el auto de declaratoria de
CADUCIDAD de la acción de controversias contractuales- acción nunca impetrada-
y el rechazo de la demanda deberá revocarse. […]”. (Resaltado y subrayado en el
texto original).
52. Por otra parte, la Sala advierte que, la Subsección C de la Sección Tercera del
del Consejo de Estado al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 31 de enero de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, consideró lo siguiente:
“[…] Pues bien, el artículo 104 CPACA prevé que «la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados
en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los
particulares cuando ejerzan función administrativa». En ese orden de ideas, el
numeral segundo precisa que «la jurisdicción también conocerá de los asuntos
relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una
entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado». […]”.
[…]
“[…] El recurrente argumentó que el régimen jurídico aplicable a los contratos
suscritos por ECOPETROL es el privado, por aplicar las reglas del Código Civil,
Código de Comercio y el Manual de Contratación de la entidad. Al respecto, tiene
razón en que el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 prevé que todos los actos jurídicos,
contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de
ECOPETROL S.A. se someterán exclusivamente a las reglas del derecho privado,
es decir, están exceptuados del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
Ahora bien, en los regímenes exceptuados toda la actividad contractual -en sentido
amplio- se rige por el derecho privado, de ahí que la excepción no se limita a las
fases de celebración y ejecución del contrato propiamente dichas, sino que abarca
todo el proceso contractual, es decir, desde la formación del negocio jurídico hasta
la etapa postcontractual. Por ello, la regla predominante será, también, la autonomía
privada (arts. 1602 CC y 870 C.Co).
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Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
A pesar de lo anterior, se reitera que el artículo 104.2 CPACA establece que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias originadas
en contratos, «cualquiera que sea su régimen». Es decir: así los contratos se rijan
por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de
1993 y demás) o exclusivamente por el derecho civil y comercial, si es parte una
entidad pública, será de conocimiento de esta jurisdicción. Por lo tanto, el cargo
planteado por la parte actora en el recurso de apelación no está llamado a prosperar.
.
4. Por otra parte, el artículo 328 CGP ordena al juez de segunda instancia a
pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante y las demás
decisiones que, por mandato de la ley, deba adoptar de oficio, como es el caso del
presupuesto procesal de la oportunidad para acudir a la jurisdicción –caducidad–.
De modo que, si bien, la recurrente no formuló reparo alguno sobre la contabilización
de términos que realizó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala
encuentra que, en efecto, operó la caducidad del término para formular el medio de
control de controversias contractuales, vía procesal que resultaría procedente dadas
las pretensiones de la demanda.
El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley
para acudir ante los jueces para demandar. Límite que está concebido para definir
un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte
por accionar. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término
perentorio fijado por la ley. El numeral iii), literal j), numeral 2 del artículo 164 del
CPACA establece que el término para formular el medio de control de controversias
contractuales en los contratos que requieren liquidación y se efectúe de común
acuerdo es de dos años que empiezan a contar a partir del día siguiente de la firma
del acta.
En efecto, del estudio de la demanda y sus anexos, se evidencia que el 2 de agosto
de 201212 se liquidó bilateralmente el contrato No. 5202905 de 18 de diciembre de
2007, suscrito entre ECOPETROL S.A. y Sermovías Ltda. Por ese motivo, el término
de caducidad empezó a correr el día siguiente y vencía el 4 de agosto de 2014. De
manera que, como la demanda se presentó el 9 de marzo de 202114, operó el
fenómeno preclusivo de la caducidad y se confirmará la decisión de primera
instancia. […]”.
53. Ahora bien, la Sala advierte que, si bien el A quo indicó que “[…] en el presente
asunto no se cumple el requisito de subsidiariedad en cuanto a esos cargos, lo que
impide un estudio sobre el particular en esta sede, en la medida que la falta de
proposición de ese disenso impidió que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, se pronunciara sobre el particular, al estar limitado por los
argumentos expuestos en el recurso interpuesto en contra de la decisión de primera
instancia. […]”, la Sala considera que frente a que: “[…] ii) debía inaplicarse el
artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse de una norma de orden
procedimental, respecto de la cual prevalece el derecho sustancial […]”, así como
lo relacionado con: “[…] iii) en gracia de discusión, el hecho de que la jurisdicción
de lo contencioso administrativa debería conocer del asunto no implicaría que debía
tramitarse mediante el medio de control de controversias contractuales, sino que
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Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
podía adelantarse por la vía de la responsabilidad contractual prevista en el artículo
50 de la Ley 80 de 1993. […]”, no se cumple con la causal e establecida en la
Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005.
54. Para tal efecto, la actora indicó lo siguiente33:
“[…] 3. Ante tal perspectiva, entonces argumenta, como último recurso para negar la
protección exigida, que los argumentos traídos a la tutela no fueron ventilados en
sede de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Esto es el Consejo
de Estado acaba de inaugurar un nuevo requisito para la procedencia de la acción
de tutela pero asimilando este nuevo requisito a la subsidiaridad que la Corte
Constitucional exige.
4. No puede dudarse que el requisito de subsidiaridad se cumple a cabalidad con
base en la definición de la misa Corte Constitucional ha reiterado en sus numerosas
pero uniformes decisiones, la prevista en el literal b) arriba, cual es que se haya
agotado “todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada”. […]”.
[…]
“[…] 6. En el presente asunto, no existen “otros recursos o medios de defensa
judiciales”.
7. De lo anterior debe necesariamente colegirse que la subsidiaridad se predica,
conforme a decantada decisiones de la Corte Constitucional, de la disponibilidad o
no de medios de defensa para oponerse a la decisión de que trata. Por parte alguna
se impone como requisito que el actor haya empleado idénticos argumentos al agotar
los recursos.
Aquí no queda duda alguna que no existen recursos ordinarios o extraordinarios,
distintos a la acción de tutela que permitan atacar la decisión que pretenden imponer
el Tribunal y el Consejo de Estado.
Ese condicionamiento, que le último recurso legal debe contener los mismos
argumentos que los que sirven de fundamento a la acción de tutela, es de la cosecha
del Consejo de Estado que nunca fue prevista por la Corte Constitucional.
8. Amén de lo anterior, la apelación se interpone exponiendo los argumentos que
muestran que ambas decisiones son inconstitucionales por violar el principio de la
primacía del derecho sustantivo sobre el adjetivo y que, por esa vía, se está
cercenando el derecho que tiene SERMOVÍAS LIMITADA el acceso a la justicia.
[…]”.
55. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que dentro de los argumentos
jurídicos que expuso la actora en su escrito de apelación y conforme con los cuales
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
se pronunció, no se encuentran aquellos que alegó en su escrito de tutela, a saber,
33 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
lo referente a que “[…] ii) debía inaplicarse el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011,
por tratarse de una norma de orden procedimental, respecto de la cual prevalece el
derecho sustancial […]”, así como el reparo relacionado con: “[…] iii) en gracia de
discusión, el hecho de que la jurisdicción de lo contencioso administrativa debería
conocer del asunto no implicaría que debía tramitarse mediante el medio de control
de controversias contractuales, sino que podía adelantarse por la vía de la
responsabilidad contractual prevista en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993. […]”.
56. En ese orden de ideas, pese a que la actora contó con la posibilidad de poner
en conocimiento del juez de la segunda instancia dichos argumentos jurídicos
consistentes en su desacuerdo con la inaplicación del artículo 104 de la Ley 1437
de 2011 y que el proceso debería tramitarse como de responsabilidad contractual y
no como controversias contractuales, lo cierto es que estos argumentos jurídicos no
fueron mencionados en la sustentación del recurso de apelación, oportunidad en la
que pudo haber planteado dentro del proceso ordinario las razones por las cuales
el ordinal primero de la sentencia de segunda instancia, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debía ser
revocado al afectar sus derechos fundamentales.
57. La Sala considera que, tal cual como lo ha indicado en otras oportunidades, no
puede pretender la actora suplir su inactividad con esta acción constitucional, toda
vez que, si estaba inconforme con lo que se había decidido en la sentencia de
primera instancia, el escenario idóneo para discutirlo era el respectivo recurso de
apelación, oportunidad en la cual debió poner de presente ante el juez natural de la
causa, las razones por las que se debía revocar la decisión.
58. Al respecto, esta Sección ha considerado que34:
“[…] En efecto, al revisar el recurso de apelación35 interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, el actor únicamente se refirió respecto de la falta descrita en el
numeral 1 ibídem, no así de la prevista en el numeral 2, tal como se observa de los
siguientes apartes que pasan a transcribirse:
[…]
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre
de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03852-00 (AC), C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
35 Folios 169 a 190 del expediente identificado con número único de radicación 2017-00364-00.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
Es así como al revisar el expediente contentivo del proceso disciplinario, la Sala
evidencia que el actor al presentar los alegatos de conclusión36 y el recurso de
apelación37, guardó silencio en cuanto a la prescripción de la acción.
Significa entonces que la acción de tutela no cumple con el requisito general
establecido en la causal quinta que exige la sentencia C-590 del 2005, para la
procedencia contra providencia judicial, debido a que: los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados no fueron alegados
por el accionante en el proceso disciplinario judicial contencioso
administrativo38, dado que el actor no solo guardó silencio respecto de la falta
descrita en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1123, sino también de la alegada
prescripción de la acción, inconformidades que ahora pretende retrotraer a esta
instancia constitucional, no siendo este el escenario idóneo para el efecto.
Se destaca que no puede pretender el actor suplir su inactividad con esta acción
constitucional, toda vez que, si de una parte, estaba inconforme con la falta endilgada
y, de otra, consideraba que operó el fenómeno jurídico de la prescripción para
investigar las conductas cuestionadas, el escenario idóneo para discutirlas era el
recurso de apelación.
Es del caso advertir, que la Sala en un asunto con similar situación fáctica a la
presente, declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no se
acreditó el cumplimiento de la causal quinta establecida la citada sentencia C-590
de 200539, de la siguiente manera:
“[…] Si bien es cierto en el escrito de la demanda de tutela los hechos que
generarían el defecto sustantivo por i) desconocimiento del precedente judicial, ii)
falta de aplicación de una norma jurídica relevante y iii) por violación directa de la
Constitución, por no haberse aplicado la excepción de inconstitucionalidad están
identificados de manera razonable al igual que los derechos fundamentales
vulnerados40, estos debieron ser alegados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho […]”.
[…]
Resalta la Sala que le corresponde a las partes el cuidado y atención que deben
procurar sobre los asuntos judiciales que les concierne, cuya omisión no puede
pretender subsanarse por medio del mecanismo subsidiario de la acción de tutela,
de manera que resulta claro que el presente mecanismo subsidiario y residual no
puede desplazar el recurso ordinario de defensa con que contaba la parte actora
[…]”. (Resaltado por la Sala)
59. De igual manera, la Sala acoge la siguiente regla jurisprudencial establecida por
la Corte Constitucional:
“[…] En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo,
adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma
indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello,
36 Folios 134 a 144 ibídem.
37 Folios 169 a 190 ibídem.
38Acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor Jorge Arturo Infante Trespalacios
contra la NACIÓN-DAS (Radicado 54001-33-31-005-2008-00049-01).
39 Ut supra página 7.
40 Folios 2 al 14 del cuaderno de tutela.
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Actora: Sermovías Limitada
cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que,
en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo
trasgredidos (sic). Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible
por razones ajenas a su voluntad. De esta manera, una carga exigible al
interesado supone que -de haber sido posible- haya expuesto con claridad la
presunta transgresión de sus derechos fundamentales ante el juez natural
[…]”.41 (Resaltado por la Sala)
Conclusiones de la Sala
60. Con fundamento en lo anterior, la Sala modificará la sentencia de tutela de 11
de diciembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual resolvió “[…] PRIMERO. CONFIRMAR el
auto proferido por el Tribunal Administrativo de Atlántico (sic) -Sección C el 31 de
enero de 2024. […]”, en el entendido que, para la Sala habrá lugar la improcedencia
de la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela de 11 de diciembre de 2024
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela
presentada por la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia”.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
41 Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 4 de julio de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406334-01
Actora: Sermovías Limitada
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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