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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06336-00

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06336-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Simón Mateo Arias Ruiz, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06336-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de diciembre de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06336-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06336-00
Accionante: Simón Mateo Arias Ruiz
Accionado: Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla»

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo que publicó los resultados
de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Simón Mateo Arias
Ruiz, en nombre propio, en contra de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla».

ANTECEDENTES

El accionante pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la confianza legítima, a la buena fe y al acceso a cargos públicos, los
cuales considera vulnerados por la entidad antes señalada.

HECHOS

Manifestó que es discente en el IX Curso de Formación Judicial para Jueces y
Magistrados.

Que a través de la Resolución EJR24 298 del 21 de junio de 2024 se publicaron
los resultados del examen, donde obtuvo 777 puntos, contra este acto interpuso
recurso de reposición, el cual se resolvió en la Resolución EJR24-949 del 5 de
noviembre del año en curso, donde le reconocieron 788 puntos.

Alegó que la autoridad accionada en la pregunta 79 del módulo de filosofía del
derecho e interpretación constitucional «no me reconoció 3.33 puntos, por haber

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escogido el vocablo “criterio” en vez de “parámetro”» situación que puso de
presente en el recurso de reposición donde argumentó que el hecho de haber
seleccionado diferente palabra «en nada varía el sentido y comprensión del texto
desde la práctica judicial — que era lo que en (sic) se buscaba evaluar, no la
capacidad de memorizar—. Incluso, la palabra criterio es coherente con el uso
que en la práctica judicial se brinda a estos vocablos»; además, nombró las
siguientes providencias: T 1396 de 2000, C480 de 2007, T 370 de 2013 y A 761
de 2021 entre otras, a efectos de demostrar que la Corte Constitucional «en la
práctica judicial usa sin distingo en sus providencias los términos parámetro o
criterio, incluso también usa el vocablo subreglas para significar lo mismo».

Expuso que en la pregunta 40 del módulo ética, independencia judicial y
autonomía judicial la Escuela Judicial no le reconoció 3.33 puntos por haber
escogido el vocablo penal en vez de judicial, sin tener en cuenta que la instrucción
brindada era «completar de manera coherente el párrafo y no que el discente
completara con la palabra exacta encontrada en el texto de origen (competencia
memorística impropia de un taller)».

Frente a la pregunta 83 del módulo argumentación judicial y valoración probatoria
señaló que la forma en la cual fue redactada pretende que el discente realice un
«ejercicio mnemotécnico acerca de la propuesta teórica de un autor en
específico» y no un análisis crítico y comprensivo. La pregunta 84 del módulo
antes referenciado en su criterio omite elementos relevantes para su
comprensión

Afirmó que de las consideraciones de la Resolución EJR24- 949 se infiere que la
Escuela «optó por verificarme únicamente la literalidad frente a los textos
evaluados y no mi apropiación del contenido académico ni mi capacidad para
interpretar textos jurídicos de manera lógica; que fue lo que hice, conforme queda
planteado en los argumentos séptimo y octavo, que son las razones por las que
seleccioné mis respuestas y que junto a otros argumentos, fue lo que le plantee
en sede administrativa a la entidad accionada».

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PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar a
la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» que: 1) realice la sumatoria correcta
de las preguntas que se tuvieron como acertadas en la resolución que resolvió el
recurso; 2) reconozca correctas las preguntas 40, 79, 83 y 84 del examen y 3)
disponga la inclusión definitiva o transitoria del actor en la subfase especializada
del concurso.

De manera subsidiaria solicitó que se ordene a la Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla» incluir al accionante en la subfase especializada del concurso, hasta que
el juez administrativo resuelva la demanda que interpondrá.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 21 de noviembre de 2024 se admitió, se negó la medida provisional
solicitada y se ordenó la notificación de la entidad accionada.

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» fue debidamente notificada; sin
embargo, guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A efectos de decidir la presente acción se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia excepcional de la acción de
tutela contra actos dictados en los concursos de méritos y III) caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando

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éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

II) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos dictados en
los concursos de méritos

Toda persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, el
restablecimiento de sus derechos fundamentales mediante la acción de tutela,
siempre que no cuente con otro medio judicial de protección; la acción se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o existiendo
otro medio judicial de protección, éste no resulte idóneo para la defensa de los
derechos presuntamente conculcados, de conformidad con los artículos 86 de
la Constitución Política y 6.° del Decreto 2591 de 1991.

Así las cosas, cuando lo que se pretende es discutir actos administrativos
expedidos en el marco de un concurso de méritos, la acción de tutela es
procedente únicamente cuando la determinación que se busque discutir no esté
contenida en un acto definitivo, toda vez que, en ese caso, debe acudirse a los
medios que para tales fines existen en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, debido a la naturaleza subsidiaria que rige esta acción de origen
constitucional, salvo que se encuentren reunidos los elementos que permitan
evidenciar la probable configuración de un perjuicio irremediable o que el medio
con el que se cuenta no sea idóneo o eficaz, según las particularidades del
asunto, aspecto que deberá definir el juez en cada caso concreto.

III) Caso concreto

En síntesis, el señor Simón Mateo Arias Ruiz solicitó la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la confianza legítima, a la buena fe
y al acceso a cargos públicos, los cuales estima vulnerados por la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» con ocasión de la Resolución EJR24-949 del 5
de noviembre de 2024 que resolvió recurso de reposición en contra del acto
administrativo que publicó los resultados del IX Concurso de Formación Judicial.

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Al respecto, encuentra la Sala que la acción de tutela no es procedente para
solventar la inconformidad planteada por el actor en relación con la Resolución
EJR24-949 del 5 de noviembre de 2024, en la cual considera que la Escuela
Judicial no evaluó en debida forma las respuestas que éste dio a las preguntas
40, 79, 83 y 84 del examen y, que la sumatoria de las preguntas que tuvo como
correctas en el acto, no corresponde con los 788 puntos que se le reconocieron.

Lo anterior, habida cuenta que el actor puede promover el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, donde podrá alegar la presunta violación
de los derechos invocados y discutir la legalidad del acto administrativo antes
citado. Dicho medio resulta ser idóneo y eficaz, puesto que éste le permite
solicitar medidas cautelares incluso de urgencia, como lo son: i) la suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo objeto de controversia hasta que
se defina la declaración o no de la nulidad; ii) ordenar la adopción de una decisión
administrativa, y iii) impartir órdenes o imponer obligaciones a la autoridad
accionada. Herramientas que demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser
remediada antes de que se profiera una decisión definitiva, como ocurre en el
caso particular.

Tampoco advierte la Sala que se configuren los elementos del perjuicio
irremediable, toda vez que no se mencionó y acreditó cuál es el daño que no se
puede retrotraer o revertir, la certeza e inminencia de éste, la gravedad y la
urgencia, que ameritan la intervención del juez constitucional de manera
transitoria.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer
el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06336-00
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FALLA:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Simón Mateo Arias Ruiz, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC

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