Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06348-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06348-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06348-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06348 00
Demandante: Feliciana Ester Sarabia de Utría
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Temas: Tutela por la presunta vulneración de los derechos a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, al no resolver sobre el
recurso extraordinario incoado dentro de medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela presentada por la señora Feliciana Ester Sarabia de Utría contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B, para que se protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia cuya violación le atribuye a la falta de pronunciamiento respecto del «recurso
extraordinario de casación» interpuesto dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001 33 33 013 2021 00202 01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Pretensiones
La accionante solicita lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Feliciana Ester Sarabia de Utría
[…] se me protejan los derechos fundamentales y constitucionales consagrados en
nuestra Constitución Política […] a la igualdad, debido proceso y constitucional al
derecho al acceso a la administración de justicia arts. 13, 29 y 229,
respectivamente.
Además, solicito al […] juez constitucional, que le ordene AL HONORABLE TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – DESPACHO 003 – SALA DE
DECISIÓN ORAL – SECCIÓN B, que se pronuncie en un término perentorio de la
negación o concesión del recurso extraordinario de casación promovido por el
apoderado de la parte demandada señora ROSALBA ROSA BOLAÑO MARTÍNEZ.
2.2. Hechos
A través de apoderado promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para que se declarara nula la Resolución 2139 de 3 de mayo de 2021, dictada
por el distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla (Atlántico), Secretaría de
Gestión Humana, que fue repartido al Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla bajo la radicación 08001 33 33 013 2021 00202 00, despacho que
profirió sentencia en diciembre de 2023, ordenando el pago del 100 % de la pensión
de sobrevivientes, decisión notificada por estado en la plataforma Samai el 27 de enero
de 2024.
La señora Rosalba Rosa Bolaño Martínez, en su calidad de vinculada al proceso,
interpuso recurso ordinario de apelación contra el fallo de primer grado, que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, mediante providencia
del 5 de abril de 2024, confirmando lo resuelto por el a quo.
El 17 de mayo de 2024, el apoderado de la señora Bolaño Martínez, impetró recurso
«extraordinario de casación» ante la jurisdicción contencioso-administrativa, del cual
le dio traslado el Tribunal, término dentro del cual intervino para señalar que ese
mecanismo resulta improcedente y solicitó su rechazo de plano.
El 23 de mayo de 2024, el expediente pasó al Despacho 3 de la Sala de Decisión Oral
de la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, sin que hasta la fecha de
presentación de la acción de tutela, esto es, transcurridos más de cinco meses esa
corporación se haya pronunciado respecto a la negación o concesión del aludido
recurso.
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Demandante: Feliciana Ester Sarabia de Utría
2.3. Fundamentos jurídicos
La accionante aduce la vulneración de sus derechos a la igualdad, al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, con la actitud desplegada por el ente
accionado en relación con la casación incoada contra la providencia del 5 de abril de
2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B.
2.4. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 27 de noviembre de 2024, que ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, como
demandados. Así mismo, se dispuso notificar al distrito especial, industrial y portuario
de Barranquilla que actúa como parte demandada dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento con radicado 08001 33 33 013 2021 00202 00, como tercero
interesado en las resultas de este proceso, para que dentro del término de tres días, y
en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
2.5. Intervenciones
Del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B. El magistrado Óscar Wilches
Donado dio contestación a la demanda en los siguientes términos:
El defecto alegado por la accionante en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho a la fecha se encuentra superado, pues ya se efectuó la
notificación del auto que remite por competencia el recurso formulado por la señora
Rosalba Rosa Bolaño Martínez luego de su adecuación al recurso extraordinario de
revisión procedente ante esta jurisdicción. Al efecto se relacionan las actuaciones
surtidas, así:
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Demandante: Feliciana Ester Sarabia de Utría
Aduce que como quedó expuesto en segunda instancia se actuó de manera célere,
disponiéndose el trámite correspondiente al recurso extraordinario, por lo que en este
momento se hace ineficaz el estudio de los razonamientos expuestos en la tutela,
acaeciendo la carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que solicita sea
declarada, toda vez que, repite, «a día de hoy los hechos que la accionante alega en
su escrito no pueden sostenerse».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
3.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección
B, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de la señora Feliciana Ester Sarabia de Utría por la
aparente mora en tramitar el recurso extraordinario incoado dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001 33 33 013 2021 00202
01.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un medio de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este
mecanismo de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones
ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se
pueden pasar por alto.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
2 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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Demandante: Feliciana Ester Sarabia de Utría
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
3.3.2. La mora judicial
El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional,3 señala que el derecho al debido proceso
debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por su parte,
el artículo 288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado».
En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de
3 Al respecto, ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, C-341 de 2014. M.P. Mauricio
González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa,
entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen
en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas
de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas».
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Demandante: Feliciana Ester Sarabia de Utría
1996 establece como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción
a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional».
Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los falladores la
obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en sanciones
disciplinarias. Así mismo, prevén el deber de dictar sentencias respetando el orden en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.
En esa lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una demanda,
interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación
dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho
a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para
ello».4
Como se aprecia, tanto la Constitución como las normas legales y la jurisprudencia
constitucional son claras al imponer, para quienes administran justicia, la exigencia de
observar las garantías procesales y los términos previstos para la resolución de las
controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo, conscientes del alto tráfico
procesal que desborda la capacidad de los operadores jurídicos, advierten que tal
obligación debe atenderse en función del estricto orden de entrada de los expedientes
al despacho, salvo prelación legal.
Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la
Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o
inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten».5
Por esa razón, estableció tres supuestos para determinar cuándo los operadores
4 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
5 Sentencia T-297 de 2006.
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jurídicos incurren en mora judicial injustificada,6 así: «(i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial».7
En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye
lo que se ha denominado por la doctrina como la «mora judicial», fenómeno que
necesariamente implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de
la complejidad del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo —
como el exceso de carga laboral de los despachos—, sino de la falta de diligencia y
omisión sistemática de los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.8
3.4. Hechos probados
El 8 de septiembre de 2021, la señora Feliciana Ester Sarabia de Utría, por medio de
apoderado, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se declarara nula la Resolución 2137 del 3 de mayo de 2021, emitida por la
Secretaría de Gestión Humana del distrito especial, industrial y portuario de
Barranquilla, a través de la cual dejó en suspenso el reconocimiento y pago de una
sustitución pensional.9
El 14 de diciembre de 2023, el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Barranquilla profirió sentencia dentro del proceso con radicación 08001 33 33 013 2021
00202 00, en la que dispuso lo siguiente:10
PRIMERO.– CONCEDER LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA a la señora FELICIANA
ESTER SARABIA DE UTRÍA contra la (sic) DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA Y LA VINCULADA ROSALBA ROSA BOLAÑO MARTÍNEZ, conforme a
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo y/o Resolución No. 2137 de
fecha 03 de mayo de 2021, emanada del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
6 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.
7 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007.
8 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
9 Índice 8, del expediente electrónico.
10 Índice 8, del expediente electrónico.
9
Radicado: 11001 03 15 000 2024 06348 00
Demandante: Feliciana Ester Sarabia de Utría
PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, la cual dejó en suspenso el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional (pensión de sobrevivientes) a la señora FELICIANA ESTER SARABIA DE
UTRÍA.
TERCERO: ORDÉNASE a título de restablecimiento de derecho al DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA reconocer y pagar al 100 % Pensión de
Sustitución a la señora FELICIANA ESTER SARABIA DE UTRIA, con los ajustes
respectivos de Ley, en atención al fallecimiento de su finado compañero, el señor
JOSÉ MARÍA OSORIO PACHECO (Q.E.P.D.), quien ostentaba la calidad de pensionado.
[…]
QUINTO: Sin condena en costas.
[…]
El 5 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, al desatar el
recurso de apelación interpuesto por la vinculada, señora Rosalba Rosa Bolaño
Martínez, contra la decisión anterior, resolvió lo siguiente:11
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2023 por el
Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, en la demanda de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada por la señora FELICIANA ESTER
SARABIA DE UTRÍA, de acuerdo a lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO: Sin costas.
[…]
El 17 de mayo de 2024, la señora Rosalba Rosa Bolaño Martínez, por medio de
apoderado formuló «recurso extraordinaria (sic) de casación» contra el fallo de
segunda instancia emitido por la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico.12
El 20 de mayo de 2024, la señora Feliciana Ester Sarabia de Utría descorrió el traslado
del recurso incoado por la parte vinculada y solicitó se rechazara de plano, dado que
no está regulado en la Ley 1437 de 2011.13
11 Índice 9, del expediente electrónico.
12 Índice 9, del expediente electrónico.
13 Índice 9, del expediente electrónico.
10
Radicado: 11001 03 15 000 2024 06348 00
Demandante: Feliciana Ester Sarabia de Utría
El 23 de mayo de 2024, el proceso pasó al despacho del magistrado Óscar Wilches
Donado informando que fue impetrado el «recurso extraordinario de casación».14
El 27 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, expidió
auto en el que dispuso lo siguiente: 15
Primero. – remitir, por competencia, el recurso extraordinario de revisión de la
referencia a la Sección Segunda del Consejo de Estado, con miras a que dicho
proceso sea repartido para su conocimiento entre los magistrados que integran la
misma.
Segundo. – Por Secretaría, efectuar las anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI.
El 12 de diciembre de 2024, el expediente con radicación 08001 33 33 013 2021 00202
01, fue remitido al Consejo de Estado, Sección Segunda, para que provea sobre el
recurso extraordinario de revisión.16
3.5. El caso concreto
La señora Feliciana Ester Sarabia de Utría alega la violación de sus derechos a la
igualad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por parte del
Tribunal Administrativo del Atlántico, al no dictar decisión que defina sobre la
concesión o rechazo del recurso extraordinario interpuesto dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001 33 33 000 2021 00202
01, en el cual funge como accionante; no obstante se encuentra a despacho desde el
24 de mayo de 2024.
Advierte la Sala que la Subsección B del Tribunal Administrativo del Atlántico al rendir
informe dentro del presente trámite, que como consta en el Sistema de Información
Judicial (SAMAI), el 27 de noviembre de 2024 se dictó auto en el que se dispuso la
remisión por competencia al Consejo de Estado, Sección Segunda, del recurso
formulado por la señora Rosalba Rosa Bolaño Martínez luego de su adecuación al
14 Índice 9, del expediente electrónico.
15 Índice 9, del expediente electrónico.
16 Índice 9, del expediente electrónico.
11
Radicado: 11001 03 15 000 2024 06348 00
Demandante: Feliciana Ester Sarabia de Utría
recurso extraordinario de revisión, providencia que se notificó por estado fijado el 5 de
diciembre de 2024.
Así las cosas, se encuentra que en el presente caso la acción de tutela carece de
objeto, en atención a que el demandado a través del proveído del 27 de noviembre de
2024, resolvió sobre la concesión de la demanda extraordinaria de revisión que impetró
la parte vinculada contra la sentencia del 5 de abril de 2024, dictada por la Subsección
B del Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del expediente con radicación 08001
33 33 013 2021 00202 01; por consiguiente, el hecho que motivó la interposición de la
solicitud de amparo ya fue superado.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional17 cuando la situación
fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece, o se modifica en
el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio, podría generar
la vulneración de los derechos fundamentales del accionante «la solicitud de amparo
pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería
una eventual decisión del juez de tutela».18
Así las cosas, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o vulneración
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser como
mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues la decisión que puede
adoptar el juez, respecto del caso concreto, resultaría inocua e iría en contra del
objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.19
IV. CONCLUSIÓN
La Sala concluye que en el caso desapareció el objeto de la acción de tutela porque la
Subsección B del Tribunal Administrativo del Atlántico el 27 de noviembre de 2024,
profirió auto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
17 Véase, por ejemplo, la sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del
fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
18 Ibidem.
19 Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2003.
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06348 00
Demandante: Feliciana Ester Sarabia de Utría
radicación 08001 33 33 013 2021 00202 01, remitiendo por competencia el recurso
extraordinario de revisión a esta corporación, providencia que fue notificada por estado
fijado el 5 de diciembre de 2024.
En tal sentido, la Sala declarará la cesación de la actuación por carencia actual de
objeto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la tutela
interpuesta por la señora Feliciana Ester Sarabia de Utría, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la parte motiva del presente proveído.
Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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