Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06349-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06349-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06349-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
23 de enero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06349-00
Demandante: Blanca Judith Cabezas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06349-00
Demandante: BLANCA JUDITH CABEZAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Tema: Contra sentencia que declaró la cosa juzgada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Blanca Judith Cabezas contra el
Tribunal Administrativo de Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 20 de noviembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio,
Blanca Judith Cabezas pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la dignidad
humana y al mínimo vital.
A juicio de la demandante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva del
fallo del 28 de junio de 2024, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la decisión de declarar
probada la excepción de cosa juzgada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001-33-42-055-2018-00368-00/01.
2. Pretensiones
La tutelante formuló las siguientes pretensiones:
1. Se amparen los derechos fundamentales invocados y que fueron vulnerados en la acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte del Juzgado 55 Administrativo de Bogotá de 28
de abril de 2023, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fallo del 28 de
junio de 2024 y se declaren por su despacho la nulidad de los actos administrativos: No. 0462 del
13 de abril de 1988, 492 del 23 de julio de 1992, 425 del 13 de marzo de 2002, 0942 del 06 de
mayo de 2002, 3062 – 2016 07744-SIGEF id 89989 expedidas por el FONCEP, los cuales se
encuentran en el expediente administrativo del pensionado causante Luis Alberto Montaña Díaz
Granados, el cual solicito a su despacho se envié (sic) para su estudio.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del
derecho se ordene FONDO DE PRESTACIONES, CESANTIAS Y PENSIONES – FONCEP, a
reconocerle la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes con las mesadas retroactivas
generadas, con sus respectivos intereses moratorios establecidos en el Art 141 de la Ley 100 de
1993, con fecha de causación del 03 de diciembre de 1980 fecha de fallecimiento de mi compañero
Luis Alberto Díaz Granados.
1 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06349-00
Demandante: Blanca Judith Cabezas
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Actuación administrativa
La demandante y el señor Luis Alberto Montaña Díaz Granados empezaron a convivir en
1962 y tuvieron 2 hijos.
Mediante Resolución 3415 del 7 de septiembre de 1967, la entonces Caja de Previsión Social
Distrital de Bogotá le reconoció al señor Montaña Díaz Granados pensión de jubilación.
El 3 de diciembre de 1980, el señor Montaña Díaz Granados falleció.
La señora Blanca Judith Cabezas solicitó la sustitución de la prestación en varias
oportunidades y fueron denegadas por el entonces Fondo de Pensiones Públicas de
Bogotá a través de las Resoluciones 492 del 23 de julio de 1992, 462 del 13 de abril de
1998 y 425 del 13 de marzo de 2002 por el entonces Fondo de Pensiones Públicas de
Bogotá, en razón a que la peticionaria no era la cónyuge del difunto.
El 16 de mayo de 2016 la demandante pidió al Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones (Foncep) sustitución pensional conforme a la Ley 100 de 1993, lo
que fue desestimado a través de oficio (sin número) del 31 de mayo de 2016, con el
argumento de que las normas vigentes al momento del fallecimiento del señor Montaña
Díaz Granados eran el Ley 33 de 1973 y el Decreto 690 de 1974 y esas normas no
contemplaban la posibilidad de que las compañeras permanentes fueran beneficiarias de
hombres casados.
3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Blanca Judith Cabezas promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Foncep (a la que se le asignó el número de radicación 11001-33-42-
055-2018-00368-00/01), para que se declarara la nulidad del oficio (sin número) del 31
de mayo de 2016, se aplicara de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993 y, en
consecuencia, le fueran reconocida la sustitución pensional.
El asunto fue asignado por reparto al Juzgado 55 Administrativo de Bogotá, que por
sentencia del 28 de abril de 2023 declaró probada la excepción de cosa juzgada, al
encontrar acreditado que la demandante ya había promovido demanda ante la
jurisdicción ordinaria (a la que se le asignó el número de radicación 11001-31-05-006-
2007-00548-00) con el fin de que se le reconociera la pensión pretendida, súplica que
negó el 31 de agosto de 2009 el Juzgado Sexto Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá 2,
confirmada el 31 de agosto de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de
Descongestión Laboral3.
Inconforme, la demandante apeló con el argumento de que la controversia debía
decidirse de fondo ya que era una persona de la tercera edad y no contaba con lo
necesario para subsistir. Además, que al denegar el reconocimiento de la pensión
pretendida por no tener un vínculo matrimonial con el difunto desconocía el marco jurídico
superior, en especial, el principio de igualdad, máxime cuando estaba demostrado que
formó una familia con aquel. Por último, señaló que no hubo cosa juzgada por no haber
identidad de objeto entre demandas, pues en la contencioso-administrativa se pretendía
la anulación de actos administrativos mientras que en la laboral no.
2 Al estimar que las normas vigentes al momento del deceso del señor Luis Alberto Montaña Díaz Granados no
contemplaban la posibilidad de que las compañeras permanentes recibieran la pensión cuando existía un vínculo
matrimonial vigente.
3 Con fundamento en los mismos argumentos expuestos por el a quo.
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Demandante: Blanca Judith Cabezas
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por
sentencia del 28 de junio de 2024, confirmó la declaratoria de configuración de la
excepción de cosa juzgada pues la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
y la ordinaria laboral tenían identidad de partes, objeto y causa, porque en ambas la
demandante pretendió del Foncep la sustitución pensional conforme a la Ley 100 de 1993
por ser la compañera permanente del difunto Luis Alberto Montaña Díaz Granados.
Que si bien en la demanda contencioso-administrativo se pretendía la nulidad del acto
administrativo que le negó la prestación, este se emitió luego de proferirse la sentencia
que decidió en segunda instancia la demanda ordinaria laboral, de lo que se infería que
acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa luego de que las mismas pretensiones
fueran desestimadas en la jurisdicción laboral, lo que denotaba un uso inadecuado del
derecho de acción. Además, aunque hubo un cambio jurisprudencial respecto a la
jurisdicción encargada de conocer asuntos como el debatido para concluir que era la
contencioso-administrativa, ello aconteció luego de que se decidiera la demanda
ordinaria laboral, por ende, lo allí actuado conservaba validez.
4. Fundamentos de la tutela
La accionante afirmó que es una persona de la tercera edad, con afecciones de salud,
sin posibilidad de emplearse y que no devenga pensión alguna porque el Foncep se la
ha negado en múltiples oportunidades y solo se la concedieron a sus hijos hasta que
cumplieron la mayoría de edad. Que la negativa de concederle la prestación reclamada
se derivada de una anotación de un «registro civil» consistente en el que el difunto se
había casado con la señora Leonor Fajardo.
Que antes de promover la tutela uno de sus hijos encontró un «registro civil» que da cuenta
de que el 7 de diciembre de 1935 se celebró un matrimonio entre Leonor Fajardo y
Hernando Matallana Laverde, de manera que, a su juicio, resulta inválida la anotación de
que estaba casada con Luis Alberto Montaña Díaz Granados, máxime cuando ella nunca
aportó prueba de su vínculo y tampoco mostró interés por recibir la pensión que
devengaba el causante, circunstancias que imponían concederle la prestación para
salvaguardar sus derechos fundamentales.
Sostuvo que las pruebas que reposan en su expediente administrativo dan cuenta de que
convivió con el señor Luis Alberto Montaña Díaz Granados por más de 20 años, dependía
económicamente de él y forjó una familia, circunstancias que la hacían merecedora de la
pensión pretendida, sin embargo, al no reconocérsele se desconoció el precepto superior
de igualdad, pues esa negativa comportaba discriminación en su condición de compañera
permanente, máxime cuando el ordenamiento jurídico permite aplicar la Ley 100 de 1993
de manera retrospectiva.
5. Trámite procesal
Por auto del 22 de noviembre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como
terceros con interés al director general del Foncep y al juez 55 administrativo de Bogotá.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 28 de
noviembre de 2024.
6. Intervenciones
El Foncep adujo que si bien a través de la Resolución 3415 del 7 de septiembre de 1967
se le concedió pensión de jubilación al señor Luis Alberto Montaña Díaz Granados (q. e.
p. d.), tras su fallecimiento le fue sustituida a su cónyuge Leonor Fajardo de Montaña y a
sus menores hijos Javier y Luis Jairo Montaño Cabezas (representados por su madre
Blanca Judith Cabezas), con Resolución 1015 del 16 de agosto de 1984.
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Que mediante las Resoluciones 0462 del 13 de abril de 1998 y 425 del 13 de marzo de
2002 le negó a la tutelante la sustitución de la pensión del señor Montaña Díaz Granados
porque las normas vigentes al momento de su fallecimiento (artículo 55 de la Ley 90 de
1946) no permitían tener como beneficiaria a la compañera permanente de una persona
con matrimonio vigente.
Concluyó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-055-
2018-00368-00/01 se adelantó en atención al ordenamiento jurídico y ello permitió
evidenciar que se configuró el fenómeno procesal de la cosa juzgada, como se indicó en
las providencias cuestionadas, situación por la que no se evidencia vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
El Juzgado 55 Administrativo de Bogotá indicó que el proceso contencioso-
administrativo en el que se emitieron las providencias que aquí se cuestionan se surtió
en atención a los pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la configuración de la
cosa juzgada y luego de efectuar un análisis probatorio integral, situación que impide
atribuirles vulneración de los derechos fundamentales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
guardó silencio, pese a que se le notificó al auto admisorio de la acción de tutela de la
referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Blanca
Judith Cabezas para dejar sin efectos la sentencia del 28 de junio de 2024, dictado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
confirmó la decisión de declarar probada la excepción de cosa juzgada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-055-2018-00368-00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional, dado que la demandante no expuso una carga
argumentativa adecuada contra la providencia cuestionada, pues no formuló motivos de
inconformidad frente a las consideraciones en virtud de las cuales se concluyó que se
configuró la cosa juzgada en el mencionado asunto contencioso-administrativo.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En la sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.
En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos ».
Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima « de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección»4.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste
relevancia constitucional».
Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.
4. Análisis del caso concreto
Al estudiar las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001-33-42-055-2018-00368-00/01, la Sala encuentra que en la sentencia del
28 de abril de 2023 el Juzgado 55 Administrativo de Bogotá declaró probada la excepción
de cosa juzgada, en razón a que la demandante ya había promovido una demanda7 ante
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7 A la que se le asignó el número de radicación 11001-31-05-006-2007-00548-00.
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la jurisdicción ordinaria laboral con el fin de que se le reconociera la pensión pretendida
y que fue denegada por el Juzgado Sexto Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral, mediante sentencias de
primera y segunda instancia del 31 de agosto de 2009 y del 31 de agosto de 2010, en su
orden.
Contra esa decisión la demandante interpuso recurso de apelación, en el que consignó
lo siguiente:
Respecto de la excepción de cosa juzgada, se considera respetuosamente que en el presente caso no
se configura, pues no confluyen el elemento identidad del objeto y de la causa petendi, toda vez que de
la lectura de la demanda se establece que se está solicitando es: i) la nulidad de los actos
administrativos expedidos por autoridad distrital, ii) para que sea definido por parte del juez competente,
esto es, el juez contencioso administrativo, [porque] el causante pensional [es] un servidor público
pensionado por parte de una caja de previsión territorial, y [iii]) teniendo como fundamentos de la
violación, el reconocimiento de la familia extramatrimonial ante el sistema de seguridad social, y por
ello, con la consecuente necesidad de la aplicación de la retrospectividad de la Constitución Nacional
de 1991, que permita garantizar el derecho fundamental a la igualdad y a la seguridad social de la familia
natural o sin vínculo matrimonial del pensionado que fallece, que es superior e imprescriptible conforme
Io consagrado por las diversas normas que conforman el Bloque de Constitucional.
El caso que nos ocupa presenta las siguientes características o particularidades: la existencia de
compañera de vida de un pensionado del sector público del Distrito Capital, con convivencia superior a
15 años de forma singular, publica e ininterrumpida hasta el deceso, además de procreación de hijos
que fueron reconocidos por el causante pensional, sin embargo, no contar con un vínculo matrimonial
vigente al momento del deceso, precisando que, bajo el imperio de la Constitución de 1886, que es la
fecha en que ocurrió el fallecimiento el día 3 de diciembre de 1980, no se consagraba norma
constitucional y legal que estableciera el derecho a la sustitución pensional de una compañera
permanente o concubina, en el Distrito Capital.
[…] la Corte se pronuncia dando aplicación primigenia al principio de la retrospectividad para garantizar
los derechos pensionales, dicha ratio decidendi fue seguida igualmente en las sentencias T-1009 de
2007, T - 932 de 2008, T-584 de 2009 y T- 098 de 2010 en las cuales reafirmo su posición protectora
de los derechos fundamentales señalando para tal efecto que una entidad encargada del
reconocimiento y pago de los derechos pensionales vulnera las garantías a la igualdad, a la seguridad
social y al mínimo vital cuando niega el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución
pensional solicitada por el compañero o compañera permanente bajo el pretexto de que dicho núcleo
familiar no tenía norma que regulara el caso para la compañera permanente o denominada en otrora
concubina en vigencia de la Constitución de 1886, diferente a Io que para tal efecto señala el Sistema
General de Pensiones, articulo 47 de la Ley 100 de 1993.
Con base en esa argumentación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, el 28 de junio de 2024, resolvió lo siguiente:
[…] advierte la Corporación que entre la demanda que fue de conocimiento de la jurisdicción Ordinaria
Laboral y la presente actuación, se encuentra demostrada la identidad de objeto, Io anterior por cuanto
los hechos describen la relación de pareja con la que se pretende demostrar que la señora BLANCA
JUDITH CABEZAS era la compañera permanente del señor ALBERTO MONTANA DIAZ GRANADOS;
y que como consecuencia de ello, tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional del
causante, quien falleció el 3 de diciembre de 1980, solicitando se aplique de manera retrospectiva la ley
100 de 1993 al resultar más beneficiosa que las normas que se encontraban vigentes para la época del
deceso del señor en mención. En este punto, conviene precisar que en el presente medio de control se
mencionan otros actos administrativos adicionales proferidos por el FONCEP, pero esto obedece a que,
estos fueron expedidos con posterioridad a la presentación del medio de control radicado bajo el No.
2007-0548-00, Io que evidencia que luego de los fallos proferidos por la Jurisdicción Ordinaria Laboral,
se intentó nuevamente en sede administrativa el reconocimiento que en reiteradas ocasiones se había
elevado ante la accionada.
Ahora al verificar las pretensiones, se observa que son las mismas, esto es que se ordene a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en favor de la señora BLANCA JUDITH
CABEZAS en su condición de compañera permanente del señor ALBERTO MONTANA DIAZ
GRANADOS, desde la fecha de la muerte del causante. Así mismo que, las sumas a cancelarse se
indexen en debida forma, se cancelen los intereses de mora a que haya lugar conforme a la ley 100 de
1993 y se condene en costas y agendas en derecho a la accionada. Se recaba que, la parte actora
funda sus pretensiones en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, por resultar ser la condición
más beneficiosa para la demandante, quien eleva la solicitud en calidad de compañera permanente.
Por Io anterior se reitera, existe identidad de objeto entre las dos demandas analizadas.
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Demandante: Blanca Judith Cabezas
Ahora respecto a la identidad de causa, advierte la Sala que la misma se encuentra demostrada, pues
tanto los hechos como las pretensiones se plantean en formas similares, la norma que se solicita aplicar
para resolver el presente asunto es la ley 100 de 1993 (de manera retroactiva) por considerarse que
esta resulta ser más favorable, y beneficiosa para la seora BLANCA JUDITH, alegando que en esta se
contempla a la compañera permanente como beneficiara de la pensión de sobrevivientes o sustitución
pensional, Io que no ocurre con las normas vigentes para la fecha del deceso del señor ALBERTO
MONTANA DIAZ GRANADOS.
Con relación a la identidad jurídica de las partes, advierte el Despacho que tanto en la demanda
presentada en la Jurisdicción Ordinaria Laboral como en la que hoy nos ocupa, la parte demandante es
la señora BLANCA JUDITH CABEZAS y la entidad demandada el FONDO DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES – FONCEP.
[…] si bien casos como el que hoy nos ocupa, son en efecto de conocimiento de la Jurisdicción
Contenciosa, Io cierto es que, esta competencia se ha ido asumiendo con ocasión de los cambios
jurisprudenciales que se han presentado desde unos años atrás, sin que por este hecho se invalide,
deje sin efecto o se anulen, las decisiones que en su momento fueron proferidas por la Jurisdicción
Ordinaria Laboral, que conocía de estas controversias, dada la naturaleza de la vinculación que
ostentara el afiliado o causante en este caso. Así las cosas y al tratarse de decisiones que se encuentran
debidamente ejecutoriadas, son estas las que resolvieron de fondo la controversia suscitada por la
señora BLANCA JUDITH CABEZAS en cuanto al reconocimiento pensional que reclama, las cuales se
fundaron en las normas y jurisprudencia aplicables para el caso en concreto.
En la solicitud de amparo la actora fundamenta sus pretensiones en los siguientes
argumentos: (i) que es una persona de la tercera edad con afecciones de salud que no
devenga mesada alguna; (ii) que debía concedérsele la prestación reclamada en virtud
de la retrospectividad de la Ley 100 de 1993 y del principio de igualdad, máxime cuando
convivió por más de 20 años con Luis Alberto Montaña Díaz Granados (q. e. p. d.); y (iii)
que su hijo «encontró» un registro civil de matrimonio católico celebrado el 7 de diciembre
de 1935 entre Leonor Fajardo y Hernando Matallana Laverde, por lo que es invalida la
anotación de los documentos en lo que se consigna que ella era esposa del difunto
Montaña Díaz Granados.
Así las cosas, la Sala evidencia que la demandante no expuso motivos orientados a
cuestionar o debatir la declaratoria de cosa juzgada que realizó la autoridad accionada
en la providencia censurada, pues no argumentó que entre la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-42-055-2018-00368-00/01 y la 11001-31-05-006-
2007-00548-00 no había identidad de partes, objeto o causa, sino que se limitó a insistir
en que era una persona de la tercera edad con quebrantos de salud y que no recibía
mesada alguna, por lo que debía sustituírsele la pensión que devengaba su compañero
permanente Luis Alberto Montaña Díaz Granados (q. e. p. d.) en atención a la
retrospectividad de la Ley 100 de 1993.
En ese orden de ideas, se constata que la actora no señaló porqué las consideraciones
allí consignadas contrariaran el ordenamiento jurídico, lo que le impide al juez realizar un
análisis de fondo en este asunto constitucional.
De hecho, si bien la demandante señala que antes de promover la acción de tutela de la
referencia su hijo encontró un «registro civil» en el que se consigna que la señora Leonor
Fajardo y Hernando Matallana Laverde se casaron el 7 de diciembre de 1935, de lo que
se podía inferir que ella no estaba casada con el señor Luis Alberto Montaña Díaz
Granados (q. e. p. d.) al momento de su deceso, este es un argumento no solo no
controvierte la decisión cuestionada, sino que además es un argumento nuevo que no
fue planteado en el proceso 11001-33-42-055-2018-00368-00/01 y sobre el cual no es
dable que la Sala se pronuncie, pues el juez de tutela no puede tener en cuenta aspecto
fácticos que no fueron valorados por la autoridad accionada por no ser puestos en su
conocimiento oportunamente.
Es de anotar que era el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el escenario
en el que la actora debió actuar con diligencia para recolectar pruebas sobre las cuales
se pudiere acceder a sus pretensiones, pero no lo hizo, pues fue luego de que terminó el
trámite contencioso-administrativo cuando encontró el registro civil al que hace referencia
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06349-00
Demandante: Blanca Judith Cabezas
y la acción de tutela no es un instrumento para que las partes de un proceso suplan las
omisiones probatorias en las que allí incurrieron (máxime cuando no se indicaron los
motivos por los cuales no se pudo acceder antes al documento).
Por otra parte, aunque la actora también pide dejar sin efectos los actos administrativos
a través de los cuales el Foncep le negó la sustitución de la pensión del señor Luis Alberto
Montaña Díaz Granados (q. e. p. d.), la Sala no se pronunciara sobre el particular, por
cuanto era el objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-
42-055-2018-00368-00/01 y sobre el particular la autoridad accionada no hizo un
pronunciamiento de fondo, por ende, no es dable efectuarlo en esta instancia judicial.
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Blanca Judith Cabezas, por incumplir el requisito de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Blanca Judith Cabezas,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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