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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06351-01

Fecha
7 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06351-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de diciembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06351-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06351-01
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia / INMEDIATEZ.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 9 de diciembre de 2024, por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B, mediante la cual declaró improcedente el amparo
solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 20 de noviembre de 2024, la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea
Colombiana instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y doble instancia. Consideró que dichas prerrogativas fueron vulneradas con
la expedición de los autos de 10 de octubre de 2023, 18 de diciembre de 2023 y 19
de agosto de 2024, dictados al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho1 que promovió el señor Alex Alfonso Navarro Estévez en su contra, con la
pretensión de que se declarara la nulidad de la resolución mediante la cual fue
separado del cargo que ostentaba en la entidad.

2. En sentencia del 2 de octubre de 2020 el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Medellín accedió a las pretensiones de la demanda. La Fuerza Aérea Colombiana
interpuso recurso de apelación contra esa decisión, el cual fue concedido en
audiencia de conciliación llevada a cabo el 10 de diciembre de 2021. No obstante,
mediante auto del 10 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia
rechazó el mencionado recurso porque consideró que la abogada que lo interpuso
no contaba con poder, pues si bien alguna vez representó a la entidad y en ejercicio
de ese mandato contestó la demanda, aquel terminó con la designación de una
nueva apoderada. Contra ese rechazo, la entidad interpuso recurso de reposición y

1 Radicado 05001-33-33-001-2017 00034-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06351-01
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

en subsidio queja, el cual fue igualmente rechazado en auto de 15 de noviembre de
2023.

3. La accionante solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación de la
sentencia de primera instancia, invocando como causal el numeral 4 del artículo 133
del CGP, por cuanto -a su juicio- se incurrió en una indebida representación.
Argumentó que, para la fecha en que se notificó dicha sentencia, esa entidad no
estaba representada por apoderado judicial dentro del proceso, puesto que el 4 de
marzo de 2020 la entonces abogada Lady Alexandra Jurado Coral había renunciado
al poder, y como el CPACA exige que las partes actúen a través de un profesional
del derecho y la entidad no tenía representación, debía declararse la nulidad de lo
actuado durante ese interregno de tiempo.

4. En proveído del 18 de diciembre de 2023 el Tribunal rechazó de plano la nulidad.
Para el efecto, indicó que la renuncia de la apoderada Jurado Coral no se acompañó
de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido, conforme a la exigencia del
artículo 76 del CGP, de tal manera que no surtió efectos.

5. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra esa decisión, el cual
fue rechazado mediante providencia del 19 de agosto de 2024, esto debido a que el
auto que resuelve un incidente de nulidad no es apelable en los términos del artículo
243 del CPACA.

6. La actora expresó que mediante auto de 10 de octubre de 2023 se lesionaron sus
intereses, puesto que con la concesión del recurso de apelación por parte del
Juzgado Primero Administrativo de Medellín se subsanó cualquier irregularidad que
se hubiese presentado con anterioridad. Además, el Tribunal debió requerir a la
entidad inadmitiendo el recurso, en aras de subsanar la ausencia de poder de quien
recurrió, misma que no debió ser causal de rechazo inmediato, pues como lo ha
indicado el Consejo de Estado, ese tipo de eventos se enmarca como una nulidad
subsanable.

7. Por otra parte, manifestó que la accionada incurrió en un defecto fáctico (no
explicó nada relacionado con el yerro enunciado), debido a que según lo señala el
artículo 133 numeral 4 del CGP, procede la solicitud de nulidad “cuando existe
indebida representación de alguna de las partes o, cuando quien actúa como
apoderado judicial carece íntegramente de poder”.

8. Indicó que el Tribunal debió decretar la nulidad de lo actuado y subsanar lo
relacionado al poder otorgado por la entidad a quien la representaba al momento de
la presentación del recurso de apelación. Estima que el rechazo de plano del recurso
de apelación fue una medida drástica que a todas luces lesionó el debido proceso
de la entidad, así como su derecho a la defensa y la garantía de doble instancia.

9. Agregó que, habiéndose superado la etapa de concesión del recurso de apelación
en audiencia de conciliación, sin que frente a esta decisión se presentara recurso
alguno por parte de la parte demandante o el despacho advirtiera alguna
irregularidad, debió entenderse saneado lo relativo a la legitimación del recurrente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06351-01
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10. Afirmó que la indebida representación de las partes es una causal que permite

decretar la nulidad de lo actuado, la cual es taxativa y está consagrada en el artículo
133 numeral 4 del Código General del Proceso; por lo que era dable decretar la
misma y conceder el recurso de apelación presentado por la Fuerza Aérea
Colombiana. Agregó que el Consejo de Estado se ha pronunciado en relación de la
carencia absoluta de poder y ha considerado que dicha circunstancia constituye una
nulidad saneable que puede ser alegada por la parte afectada. Citó la sentencia de
12 de abril de 2021, radicado 70001-23-33-000-2016-00288-02.

B. Sentencia de primera instancia
11.
En fallo de 9 de diciembre de 2024, la Sección Tercera – Subsección B del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo al no encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, en la medida en que se reiteran los mismos
argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario. Y, en
todo caso, se constataba que los cargos formulados en el escrito de tutela no tenían
vocación de prosperidad pues no se configuró la nulidad alegada y, ante la ausencia
de poder, era razonable que el Tribunal rechazara el recurso de apelación.

C. La impugnación
12.
La parte accionante reiteró los argumentos del escrito de tutela, e indicó que el
asunto tenía relevancia constitucional, en la medida en que el rechazo de plano del
recurso de apelación afectó sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa
y contradicción, lo cual conlleva a un menoscabo patrimonial, pues los dineros con
los cuales se tendrá que pagar la condena que no tuvo la oportunidad de ser revisada
en segunda instancia, provienen de los impuestos con los cuales contribuimos todos
los ciudadanos colombianos. Adicionó que no es un asunto meramente procesal, y
que el Juez de lo Contencioso Administrativo tiene como deber adicional evitar
cualquier decisión que afecte el erario.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

E. Cuestión previa: Delimitación del problema jurídico

14.
Los reproches planteados en la demanda, parecen estar orientados a censurar
toda la actuación surtida en la segunda instancia del proceso ordinario. No obstante,
en primera instancia constitucional la Sección Tercera – Subsección B del Consejo
de Estado centró su estudio en los 2 últimos autos dictados al interior de dicho

2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06351-01
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

asunto, concretamente, el de 18 de diciembre de 2023 y 19 de agosto de 20243. Por
ende, como en el escrito de impugnación la Fuerza Aérea Colombiana no manifestó
nada al respecto, esta Sala entiende que está conforme con la delimitación del
problema jurídico, por lo que también centrará el análisis en los mismos.

E. Análisis del caso concreto

15. La Subsección anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, pero, por

un motivo diferente, pues no encuentra superado el requisito general de inmediatez.

16.
Esta Corporación ha señalado que el plazo razonable para interponer la acción
de tutela contra providencias judiciales es de seis (6) meses contados desde la
notificación de la decisión que se cuestiona, debido a que es desde ese momento
que la parte actora conoce la decisión y puede advertir la posible vulneración de
derechos fundamentales. Esta Sala ha expresado que excepcionalmente procede
contabilizar dicho término desde la ejecutoria de la decisión, únicamente en los
casos en que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como
lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de una decisión o,
incluso, un incidente de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente
improcedentes. Dicha excepción se justifica porque los pronunciamientos que se
dicten con ocasión de esa clase de solicitudes podrían tener incidencia o modificar
el alcance de la decisión que se reprocha en sede de tutela. Por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

17. En ese sentido, la Sala encuentra que la actora alega la presunta vulneración de

sus derechos fundamentales con ocasión de los autos dictados el 18 de diciembre
de 2023 y 19 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través
de los cuales se negó la solicitud de nulidad y, se rechazó por improcedente el
recurso de apelación interpuesto contra esa decisión.

18. Según la información extraída del aplicativo SAMAI, así como del expediente

digital allegado en préstamo, se tiene que el proveído de 18 de diciembre de 2023
se notificó por estado el 11 de enero de 2024. No obstante, la demanda de tutela
fue formulada sólo hasta el 20 de noviembre de 2024, es decir, aproximadamente
10 meses y 19 días después de conocida la decisión por las partes; superando
considerablemente el término de los 6 meses establecido en la jurisprudencia
unificada, pacífica y reiterada de esta Corporación.

19. Además, no se advierte que la entidad accionante hubiera presentado alguna

solicitud adicional posterior a la expedición del auto cuestionado, que tuviera la
entidad de suspender el término de ejecutoria o incidir decisivamente en el sentido
del fallo. Esto, por cuanto si bien presentó recurso de apelación contra la anterior
decisión, el mismo era abiertamente improcedente, tal como lo indicó el Tribunal
Administrativo de Antioquia en su auto de 19 de agosto de 2024, por lo que no es
dable contar el término de inmediatez desde la notificación de este último.

3 Se aclara que al parecer por un error mecanográfico involuntario en dicho fallo quedó que se estudiaban los

autos de 19 de diciembre de 2023 y del 30 de agosto de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06351-01
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

20. Lo anterior, en la medida en que el artículo 243 del CPACA (norma especial que

regula el asunto) contempla cuáles son los autos apelables, dentro de los que no se
encuentra el auto que resuelve un incidente de nulidad, por lo que ese recurso no
procedía contra el proveído de 18 de diciembre de 2023. Más aún, si se tiene en
cuenta que el auto apelado fue dictado en el trámite de segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Antioquia. Si en gracia de discusión se aceptara que ese
es un auto apelable, por haber sido proferido en segunda instancia por el magistrado
sustanciador, los únicos recursos procedentes serían el de reposición o súplica, los
cuales no fueron promovidos.

21. En todo caso, el debate planteado en esta acción de tutela no pasa de ser
estrictamente de interpretación, pues redunda en los mismos aspectos que fueron
esgrimidos en el escrito donde se solicitó la nulidad de las actuaciones desde la
sentencia de primera instancia, lo cual fue resuelto en el auto de 18 de diciembre de
2023. Discusión que fue abordada en forma razonable por la autoridad judicial.

22.
En los términos precedentes, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 9 de
diciembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B, pero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

23.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de diciembre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

4 VF

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06351-01
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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