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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06355-00

Fecha
14 de febrero de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06355-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Jordi Joel Camargo De La Ossa contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06355-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

14 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06355-00

Solicitante: JORDI JOEL CAMARGO DE LA OSSA

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B Y
OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. PRETENSION
ECONÓMICA. La acción de tutela no es la vía procesal para dirimir pretensiones económicas.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jordi Joel Camargo De La Ossa
contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B y otro.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 13 de noviembre de 2024, Jordi Joel Camargo De La Ossa, en nombre propio,
interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección a sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital, que considera
vulnerados por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL y el Consejo de
Estado-Sección Segunda-Subsección B al haber proferido la sentencia de 19 de
octubre de 2023 1 , que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho2 que interpuso contra el acto que le negó el pago del
retroactivo de la asignación de retiro causado desde el 1° de mayo de 2008 hasta el 30
de octubre de 2013, en su condición de hijo interdicto y beneficiario del señor Nevardo
Camargo Neira.

1
La sentencia se notificó a las partes el 27 de mayo de 2024
2
Identificado con el radicado nº. 25000-23-42-000-2019-01159-01

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-06355-00
Solicitante: Jordi Joel Camargo De La Ossa
Acción de tutela – Primera instancia

En virtud del amparo solicita:

1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y
mínimo vital del suscrito Jordi Joel Camargo de la Ossa, ordenando a CREMIL y al
CONSEJO DE ESTADO el reconocimiento y pago del retroactivo pensional desde el
fallecimiento de Nevardo Camargo Neira, es decir desde el 01-05-2008 hasta el 30-10-
2013, en cumplimiento de los principios de favorabilidad y protección reforzada a
personas en situación de discapacidad.

2. Declarar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de
Estado que REVOCÓ el retroactivo otorgado, restableciendo el derecho a la liquidación
completa de la pensión con efectos retroactivos.

2. Hechos relevantes

Según la solicitud de tutela y los documentos que la soportan, la parte actora
fundamenta la petición de amparo en los hechos que se resumen, así:

Jordi Joel Camargo De La Ossa es hijo del Sargento Primero Nevardo Camargo Neira
(q.e.p.d.) y la señora Nohora Elena De La Ossa Díaz, quien para el momento en que
presentó la demanda que cursó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección C contaba con 21 años; sin embargo no fue reconocido
por el pensionado, quien falleció el 1 de mayo de 2008.

Mediante Resolución 1525 del 26 de junio de 2008, la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares-CREMIL ordenó pagar todos los haberes dejados de cobrar por el causante
por concepto de sustitución de asignación de retiro en favor de la señora Guillermina
Rodríguez de Camargo, en su condición de cónyuge supérstite.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala de Familia, al decidir un
proceso de filiación, mediante providencia del 23 de julio de 2013 confirmó el fallo del
Juez 19 de Familia de Bogotá y reconoció a Joel Camargo De La Ossa como hijo del
Sargento Primero Nevardo Camargo Neira.

El 10 de octubre de 2013, Jordi Joel Camargo De La Ossa, a través de su madre,
solicitó a la CREMIL la sustitución de la asignación de retiro del señor Camargo Neira.
Según Resolución 7887 del 22 de noviembre de 2013, se le reconoció el derecho a la
sustitución de la asignación de retiro en proporción equivalente al 50% al entonces
menor Jordi Joel Camargo De La Ossa, omitiendo reconocer el retroactivo causado

3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-06355-00
Solicitante: Jordi Joel Camargo De La Ossa
Acción de tutela – Primera instancia

entre el 1 de mayo de 2008 (fecha del fallecimiento de su padre) y el 1 de noviembre
de 2013 fecha en que se le reconoció el derecho.

El 28 de abril de 2015 la señora De La Ossa Díaz solicitó a la CREMIL el pago de las
mesadas causadas desde el 1 de mayo de 2008 al 1 de noviembre de 2013. La entidad
demandada, mediante oficio No. 2014 / 83340 del 28 de octubre de 2014 negó el
reconocimiento del retroactivo al considerar que el derecho a la asignación de retiro se
había cancelado en favor de la señora Guillermina Rodríguez Camargo, en virtud de
que se desconocía la existencia de un hijo con igual o mejor derecho que la cónyuge.

El accionante sostuvo que el Juzgado 15 de Familia de Bogotá, a través de sentencia
del 26 de abril de 2016 decretó su interdicción judicial definitiva por discapacidad mental
absoluta y designó como curadora a su madre la señora Nohora Elena De La Ossa
Díaz.

El 22 de mayo de 2017, la Dirección de Sanidad del Ejército realizó el dictamen de
calificación de pérdida de la capacidad laboral del solicitante, le diagnosticó
esquizofrenia paranoide y le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 56.6%,
con fecha de estructuración en el año 2008.

En consecuencia, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de la Resolución
19737 del 12 de octubre de 2018, dispuso el cambio en el sistema de información de
prestaciones sociales del señor Jordi Joel Camargo De La Ossa, de hijo estudiante a
hijo interdicto, conforme a la reclamación administrativa elevada por la demandante el
30 de agosto de 2018.

Nhora Elena De La Ossa Díaz, en su condición de representante legal y curadora de
su hijo Jordi Joel Camargo De La Ossa, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL para que se dejara
sin efectos el acto que ordenó la redistribución de la asignación de retiro de los
beneficiarios del Sargento Primero del Ejército Nacional Nevardo Camargo Neira
(q.e.p.d.), así como el oficio 2014/83340 del 28 de octubre de 2014, por medio del cual
la entidad demandada negó el pago del retroactivo de la asignación de retiro a favor de
Jordi Joel Camargo De La Ossa.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-06355-00
Solicitante: Jordi Joel Camargo De La Ossa
Acción de tutela – Primera instancia

El asunto le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C que, mediante sentencia del 12 de
mayo de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares-CREMIL a reconocer y pagar el retroactivo de la sustitución de
la asignación de retiro que le correspondía a Jordi Joel Camargo De la, desde el 1 de
mayo de 2008 hasta el 30 de octubre de 2013, sin prescripción.

Inconforme con la decisión, la demandada interpuso recurso de apelación. La Sección
Segunda Subsección B del Consejo de Estado que, mediante sentencia del 19 de
octubre de 2023, notificada al accionante el 27 de mayo de 2024, revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

3. Fundamentos de la solicitud

El accionante manifiesta que tanto la sentencia proferida por el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B y la CREMIL le vulneraron los derechos
fundamentales invocados pues le negaron su derecho a acceder a una pensión justa,
y desconocieron el principio de favorabilidad, así como su condición de discapacidad.

Sostuvo que el desconocimiento del derecho al retroactivo pensional, bajo los
argumentos de la supuesta doble erogación y la sostenibilidad del sistema pensional,
vulnera sus derechos fundamentales, pues no se tuvo en cuenta que para el 2008 es
una persona inválida e incapaz absoluto, y por ello no pudo reclamar sus derechos
como beneficiario de la sustitución pensional, porque para el año 2008 ya presentaba
tales condiciones.

Señaló que si bien, la CREMIL actuó de buena fe al reconocer la pensión en favor de
la señora Guillermina Rodríguez Camargo, porque no tenía conocimiento de la
existencia del hijo interdicto, a su juicio el referido principio de buena fe debe
interpretarse en su favor debido a su condición.

Sustenta su alegato en que la Corte Constitucional, ha señalado que el debido proceso
en materia de seguridad social debe privilegiar el acceso efectivo a las prestaciones
cuando se trata de personas en condiciones de debilidad manifiesta.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-06355-00
Solicitante: Jordi Joel Camargo De La Ossa
Acción de tutela – Primera instancia

Trámite de instancia

El 29 de noviembre de 2024 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a
la autoridad judicial accionada y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL,
así como a la señora Nohora Elena De La Ossa como tercera interesada en el resultado
de esta acción. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B al
oponerse al amparo, adujo que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados, pues la sentencia reprochada se encuentra acorde con las sentencias del 3
de noviembre de 2016, 14 de octubre y 5 de agosto de 2021, en las que se estimó
improcedente ordenar una doble erogación, cuanto la entidad ha pagado el 100% de
la mesada al reclamante en sede administrativa.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C sostuvo
que la sentencia referida fue proferida por la sala con prevalencia de los principios de
la sana crítica y la buena fe, después de haberse surtido el procedimiento con garantía
de igualdad e imparcialidad de las partes en contienda, y en ella, se encuentran
consignados ampliamente los motivos que llevaron a la Sala a acceder a las
pretensiones de la demanda.

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares sostuvo que no incurrió en ninguna
vulneración de los derechos fundamentales del accionante por cuanto ha tenido a su
disposición los medios prejudiciales y judiciales de defensa, en los que se benefició de
todas las etapas procesales. Señaló que se han garantizado los derechos tanto de la
cónyuge como del hijo del exmilitar, pues se ha venido realizando el pago a los dos
beneficiarios en cuantía del 50% a cada uno.

La señora Nohora Elena De La Ossa Díaz, en su condición de curadora y madre del
accionante, solicitó dejar sin efectos la sentencia reprochada. Sostiene que la autoridad
judicial accionada y la CREMIL le vulneraron los derechos fundamentales a su hijo al
no reconocer el retroactivo pensional al que tenía derecho.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-06355-00
Solicitante: Jordi Joel Camargo De La Ossa
Acción de tutela – Primera instancia

CONSIDERACIONES

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
proferida por la Sección Segunda-Subsección B del Consejo de Estado que al revocar
el fallo estimatorio de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que el accionante interpuso contra CREMIL.

5. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental3. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i)
que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado
todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance,
salvo que se configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta trascienda a la
decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos
en los que funda la presunta vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya
proferido en una acción de tutela4.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto;
error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del “precedente”

3
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005
4
idem

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-06355-00
Solicitante: Jordi Joel Camargo De La Ossa
Acción de tutela – Primera instancia

constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional:
(i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con
enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las
razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales
derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y
no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además
de lo anterior, la Corte indicó que:

(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.

Caso concreto

El accionante sostiene que la providencia reprochada le vulneró los derechos
fundamentales alegados pues en su condición de hijo del pensionado y al ser

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-06355-00
Solicitante: Jordi Joel Camargo De La Ossa
Acción de tutela – Primera instancia

discapacitado, debió reconocérsele el retroactivo correspondiente a la asignación de
retiro causado y no pagado desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 1 de noviembre de
2013.

La providencia reprochada negó las pretensiones de la demanda al considerar que se
trata de un debate legal y no constitucional pues el derecho pensional del accionante
fue garantizado por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL al reconocerle
al accionante la sustitución de la asignación de retiro, primero como menor y luego
como interdicto. Señala que el litigio es meramente económico puesto que se refiere al
pago de un valor retroactivo por unas mesadas presuntamente causadas.

La autoridad accionada estimó que para que el accionante fuera considerado
beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro por el fallecimiento del señor
Nevardo Camargo Neira, se requería que el menor, Jordi Joel Camargo De La Ossa,
demostrara la condición de hijo, la cual solo se acreditó con la sentencia proferida por
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia el 23 de julio de 2013.

Con relación a la sostenibilidad del Sistema Pensional, la autoridad judicial citó las
sentencias de la Corte Constitucional SU 148 de 2021 y SU-140 de 2019 así: «más allá
de un principio, es una norma jurídica que establece en cabeza del operador judicial un
mandato hermenéutico encaminado a lograr una relación de medio a fin entre esta
última sostenibilidad y los propósitos de universalidad, solidaridad e integridad que
rigen el sistema de la seguridad social».

En virtud de lo anterior, el Órgano Colegiado estimó que el pago de las mesadas
pensionales del 1º de mayo de 2008 hasta el 30 de octubre de 2013 a cargo de CREMIL
y a favor del hijo del causante, conlleva a que se realice una doble erogación, ya que
la caja de previsión actuó acorde con el procedimiento reglado por el Decreto 4433 de
2004 con ocasión a la reclamación elevada por la cónyuge supérstite como única
peticionaria, resuelta mediante la Resolución 1525 del 26 de junio de 2008. Situación
que cambió cuando la madre del accionante aportó la sentencia de filiación y realizó la
reclamación de la sustitución pensional. En consecuencia, el día 10 de octubre de 2013,
la CREMIL procedió a suspender el pago del 50% de la prestación a la señora
Guillermina Rodríguez de Camargo, mediante orden interna No. 320 – 949 del 8 de
noviembre de 2013.

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Solicitante: Jordi Joel Camargo De La Ossa
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Así las cosas, la autoridad judicial accionada señaló que en el proceso no obraba
prueba que la madre del menor le hubiera informado a la CREMIL desde el 1º de mayo
de 2008 sobre la pretensión de la sustitución pensional y del proceso de reconocimiento
de filiación extramatrimonial que cursaba ante la jurisdicción de familia, lo que era de
importancia para la entidad demandada, para garantizar el derecho a la sustitución de
la asignación de retiro a partir del momento del deceso, en caso que fuera declarado
como hijo de Nevardo Camargo Neira. En este sentido, la sala consideró que:

(…) la entidad demandada al momento de reconocer la prestación en favor de la cónyuge
del causante no tenía conocimiento sobre otro posible beneficiario, lo que le hubiese
permitido dejar en suspenso el porcentaje pertinente mientras la jurisdicción de familia
se pronunciaba al respecto.

Cabe advertir entonces que no se puede reprochar la actuación de Cremil, entidad que
realizó el pago de la sustitución pensional de 2008 a 2013 a la única beneficiaria
reclamante, de modo que no podría el juez contencioso condenar a aquella a un pago
doble.

Frente a la doble erogación, en los casos donde mediante sentencia se dispone el
reconocimiento proporcional de la sustitución entre los beneficiarios del pensionado
fallecido, cuando algunos ya recibieron el 100% por decisión administrativa, se ha
establecido que es improcedente el pago desde la fecha del deceso del jubilado, para
quienes se les reconoce el derecho judicialmente, como puede observarse en la
providencia del 14 de octubre de 2021:

“Asimismo, se advierte que no hay lugar a la devolución de los dineros adicionales
reconocidos y pagados a favor de Joan Sebastián Ardila Dávila y María José Ardila Díaz,
como beneficiarios de la asignación de retiro del señor Evangelista Ardila, en su calidad de
hijos menores de dieciocho años, teniendo en cuenta que recibieron de buena fe dichos
valores, razón por la cual tampoco se puede reconocer la sustitución de la asignación de
retiro a favor de la cónyuge desde el fallecimiento del causante, ya que eso generaría una
doble erogación por este concepto”5.

Igualmente, en providencia del 5 de agosto de 2021 esta Subsección consideró que “el
reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la demandante, conforme lo ordenó
el a quo, implicaría una doble erogación a cargo de la entidad demandada quien, en
cumplimiento del deber constitucional de obrar de buena fe, ha venido pagando desde el
fallecimiento del causante el 100% del derecho pensional a la beneficiaria (cónyuge) a
quien creyó deberla en su momento por ser la única que se presentó dentro del término
de ley en el trámite de la actuación administrativa”6.

(…)

5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 14 de octubre de 2021, M.P. César Palomino
Cortés, proceso con radicado 68001-23-33-000-2013-01040- (3700-16).
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de agosto de 2021, M.P. César Palomino
Cortés, proceso con radicado 08001-23-33-000-2012-00022-01 (1290-15).

10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-06355-00
Solicitante: Jordi Joel Camargo De La Ossa
Acción de tutela – Primera instancia

Por ello, en criterio de esta Corporación, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares actuó
acorde con el procedimiento reglado, pues al recibir la solicitud por parte de la señora
Nhora Elena de la Ossa Díaz, en calidad de madre del menor Jordi Joel Camargo de la
Ossa, el día 10 de octubre de 2013, procedió a suspender el pago del 50% de la
prestación a la señora Guillermina Rodríguez de Camargo, mediante orden interna No.
320 – 949 del 8 de noviembre de 2013.

Posteriormente, Cremil expidió la Resolución 7887 del 22 de noviembre de 2013 que
ordenó la redistribución de la asignación de retiro y el reconocimiento de la sustitución
en favor de Jordi Joel Camargo de la Ossa, a partir del 1 de noviembre de 2013,
equivalente al 50% de la prestación.

La Sala advierte que los argumentos presentados por el accionante se encaminan a
volver sobre una controversia ya decidida por el juez de conocimiento y reflejan una
mera inconformidad del accionante con las resultas del proceso, esto es el no
reconocimiento del retroactivo correspondiente a la asignación de retiro causado y no
pagado desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 30 de octubre de 2013. Además de ello,
revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que
provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así
como del marco legal aplicable al caso.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la interpretación y
alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una instancia
adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e
independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas,
la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, toda
vez que se pretende volver a discutir lo ya probado y fallado tanto en primera como
segunda instancia por parte del juez de conocimiento lo que afectaría el principio de cosa
juzgada y de inmutabilidad de la sentencia

Además de lo expuesto, la pretensión que se ordene el pago del retroactivo
correspondiente a la asignación de retiro causado y no pagado desde el 1º de mayo de
2008 hasta el 30 de octubre de 2013, es netamente económica y escapa de la órbita
constitucional del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que
ese tipo de pretensiones «deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse
en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por

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Solicitante: Jordi Joel Camargo De La Ossa
Acción de tutela – Primera instancia

las jurisdicciones correspondientes» 7 . Dicha circunstancia reitera que la acción de
tutela carece de relevancia constitucional, toda vez que se trata de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas8.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Jordi Joel
Camargo De La Ossa contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

7
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.MP Cristina Pardo
8
Corte Constitucional Sentencia SU-134 de 2022. MP José Fernando Reyes Cuartas

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