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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06362-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06362-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- DENEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Unión Temporal de Formación Judicial 2019. Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Frankly Fabián Fúquene Rivera, quien actúa en nombre propio, por las razones aquí expuestas. Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06362-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

6 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06362-00
Demandante: Frankly Fabián Fúquene Rivera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06362-00
Demandante: FRANKLY FABIÁN FÚQUENE RIVERA
Demandado: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”

Temas: Tutela contra acto administrativo. Exclusión de IX Curso de
Formación Judicial Inicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Frankly Fabián Fúquene Rivera, quien actúa en nombre
propio, contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El señor Jhon Alexander Forero Jiménez relató que se encuentra participando en
el concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial (convocatoria 27), adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto del 2018, para el cargo de
juez penal.

Expuso que el mencionado concurso se encuentra a cargo de la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” y las subfases se rigen conforme al Acuerdo No. PCSJA19-
11400 de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX
Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y
Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”.

Señaló que por medio de la Resolución No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y
su anexo, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” publicó en su página web los
resultados de las evaluaciones aplicadas para la subfase general del Curso
Concurso de Formación Judicial1, obteniendo un puntaje final de 785 puntos, es
decir, reprobado.

Mencionó que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto mediante Resolución No. EJR24-1791 del 7 de noviembre de 2024
notificada el 8 del mismo mes y año a las 09:37 pm, en el sentido de reponer

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IX Curso de Formación Judicial.
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parcialmente el acto objetado ajustando la calificación de la evaluación inicial a
una puntación de 794 con la calificación de reprobado, “es decir, 06 puntos menos
de los requeridos para continuar a la subfase especializada”.

Para terminar, afirmó que “[r]especto de la decisión adoptada” tiene “multiples reparos”
porque varias preguntas realizadas no se ajustaron a los propósitos de la
evaluación indicados en el acuerdo pedagógico que rige el IX Curso de Formación
Judicial, como “preguntas que fueron calificadas sin tener en cuenta la apropiación del
contenido académico enfocado a la práctica judicial ni el desarrollo de competencias
sobre la función judicial, ni la interpretación de textos jurídicos, ni la lógica del
razonamiento para la solución de problemas jurídicos ni los rangos de lecturas
obligatorias, entre otros aspectos”, por lo que mencionó que “de ser necesario discutiré
judicialmente en sede ordinaria, dado que la sede administrativa se agotó con la
expedición de la Resolución EJR24-1473, tal y como queda claro en el ordinal cuarto de
dicha resolución. Sin embargo, espero que ello no sea necesario, dado protuberante que
resulta la violación a mis DDFF”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a cargos públicos, así como de los principios de confianza
legítima y buena fe, supuestamente vulnerados con la Resolución No. EJR24-
1791 del 7 de noviembre de 2024, por medio de la cual se modificó parcialmente
la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, en el sentido de ajustar la
calificación del actor a 794 puntos con una calificación de “reprobado”.

Explicó que las preguntas realizadas en el curso-concurso tienen los siguientes
reparos:

i) Adujo que en el módulo denominado habilidades humanas, la pregunta No. 1
se formuló de manera errónea porque menciona el nombre de una obra como
“organización” del talento humano de los servidores de la rama judicial, cuando la
palabra correcta es “optimización”, a saber:

“Número de ítem :1

Invocando un fragmento de un texto sobre organización de talento humano, que en el examen
se citó inapropiadamente de esta manera “Organización del talento humano de los servidores
de la rama judicial Morales, Espinel, J.R, Muñoz Cifuentes, J.A. Consejo Superior de la
Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Pág. 47 a 59 Bogotá, D.C. 2006”, se solicitó
la identificación de una conclusión sobre el mismo, la cual supuestamente se encontraba
camuflada entre otros 3 distractores”.

ii) Indicó que en el módulo de argumentación judicial y valoración probatoria, la
pregunta No. 48, no fue analizada en la resolución acusada por lo que se entiende
que fue marcada como correcta2, sin embargo, aparece con calificación 0.0,
“cuando lo correcto es obtener una calificación de 1.25, precisamente acudiendo al
principio de Buena fe, Confianza Legítima y respeto del acto propio”.

2
En la Resolución No. EJR24-1791 del 7 de noviembre de 2024, se indicó que: “En ese mismo sentido, se precisa que no
serán objeto de pronunciamiento las preguntas que se hayan puntuado y se hayan tomado como marcadas correctamente
para el recurrente”.

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iii) Señaló que la pregunta No. 4 de habilidades humanas de la sesión del 19 de
mayo de 2024, “fue tomada de KOTTER (2005) que según lo exigido en el curso
concurso debía ser leído de la página 17 a 25, se advierte que, el texto que se expuso en
la pregunta, entre comillas, no aparece de manera literal y exacta del texto “Lo que de
verdad hacen los líderes”, lo que más se asemeja aparece en la página 18 “La gestión
desarrolla la capacidad para cumplir con su plan mediante la organización y la dotación de
personal: creando una estructura organizacional y un conjunto de cargos para cumplir los
requerimientos del plan, dotando a esos puestos con individuos calificados comunicando
el plan a esas personas”.

Precisó que las comillas se utilizan para las citas textuales exactas, por lo que al
usarla para parafrasear el texto es un “error garrafal que atenga contra los
lineamientos de estilo” y vulnera el derecho fundamental al debido proceso. Agregó
que la autoridad demandada no emitió respuesta a lo planteado en el recurso de
reposición, sino que otorgó una respuesta general a los recurrentes.

iv) Expuso que la pregunta No. 5 del módulo habilidades humanas de la sesión
realizada el 19 mayo de 2024 -jornada de la mañana-, también se formuló con
comillas que no corresponden al texto de las lecturas obligatorias, por lo que
indicó que: “NO ES TRANSPARENTE, NI ADECUADO vulnerar el DEBIDO PROCESO
que se tiene (en este caso el uso de comillas) para construir una pregunta con un
parafraseo y hacerla ver como si fuera un apartado textual cuando no lo es, es un ERROR
GARRAFAL que atenta contra los lineamientos de las normas de estilo que además raya
en el plagio presentar como textual un texto que no lo es (…)”.

Se refirió al artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, que regula la facultad de corregir
las irregularidades que surjan en el desarrollo de una actuación administrativa y la
sentencia de la Corte Constitucional SU-067 de 2022, para indicar que “tanto la
probidad como la honestidad son esenciales para asegurar que los procesos de
selección en la administración pública sean justos, transparentes y dignos de
confianza”. De igual forma, reiteró que la autoridad accionada emitió una
respuesta general a los recurrentes, sin pronunciarse respecto a lo planteado en el
recurso de reposición.

v) Indicó que la pregunta No. 84 evaluación subfase general de la sesión del 19
de mayo de 2024 -jornada tarde-, fue planteada de la siguiente manera:

“También la Corte Suprema de Justicia, se pronunció al respecto, para señalar que:
“Esos desarrollos han dado lugar a nuevos conceptos, como el de “mensaje de datos”,
que según autorizada doctrina, “participa de una naturaleza jurídica escrita o no escrita,
mueble y probatoria... La naturaleza escrita del documento electrónico tal como lo
entendemos, es decir, “como texto en claro”, es innegable, ya sea en su forma
denominada “documento electrónico”, es decir, legible y entendible, o en su forma
‘encriptada’, es decir, con posibilidad de ser leído y entendido mediante un
procedimiento tecnológico normalizado... (citado en: López Martínez A., Desarrollo de
la prueba por mensaje de datos y nuevas tecnologías, p. 798)”.

Precisó que conforme con la autoridad demandada, la respuesta correcta es:

“También la Corte Suprema de Justicia, se pronunció al respecto, para señalar que:
“Esos desarrollos han dado lugar a nuevos conceptos, como el de “[documento
electrónico]”, que según autorizada doctrina, “participa de una naturaleza jurídica
escrita o no escrita, mueble y probatoria... La naturaleza escrita del documento
electrónico tal como lo entendemos, es decir, como [mensaje de datos], es innegable,
ya sea en su forma denominada [texto en claro], es decir, legible y entendible, o en su

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forma ‘encriptada’, es decir, con posibilidad de ser leído y entendido mediante un
procedimiento tecnológico normalizado... (citado en: López Martínez A., Desarrollo de
la prueba por mensaje de datos y nuevas tecnologías, p. 798)”.

Sin embargo, puso de presente que conforme con la sentencia de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado del 10 de febrero de 20113 y a la doctrina4, el
mensaje de datos es el mismo documento electrónico, por lo que es dable calificar
la respuesta como acertada, pues “la ambivalencia en la construcción
“acomodada” del ítem, lleva a que el mismo adolezca de confiabilidad, pero
además lo que quiere la UT-EJRLB es que la respuesta sea memorística
completando un texto”.

vi) En relación con la pregunta 76 de la jornada de 2 de junio de 2024, en el
módulo de derechos humanos y género, sostuvo que las cuatro opciones de
respuesta eran correctas de acuerdo con los criterios de interpretación para la
escogencia de la medida idónea de la Corte Constitucional en la sentencia T-462
de 2018.

Advirtió que la autoridad accionada desarrolló respuestas de memoria que atenta
contra los principios pedagógicos en el contexto educativo y añadió que en la
resolución acusada no se resolvió lo planteado respecto de esta pregunta, sino
que se emitió una respuesta general a los recurrentes, lo que, en su concepto,
atenta contra el derecho fundamental al debido proceso.

Mencionó el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, para indicar que la ejecución del
taller virtual es ilegal porque ponen en duda la legalidad y construcción de 480
puntos. Cabe resaltar que la (sic) en estas preguntas solo se midió la memoria
textual de lecturas que debía leerse entre diciembre de 2023 y mayo de 2024.
Pero fue una única evaluación un día en mayo y otro día en junio”.

Sostuvo que el cambio de evaluaciones parciales a acumuladas atenta contra la
legalidad reglamentaria del IX Curso de Formación Judicial, pues “durante el
transcurso del cada uno de los 8 programas debían evaluarse 3 notas, pero en la
práctica se acumularon 28 evaluaciones una vez finalizado los 8 programas y se
impuso un único examen escrito que preponderamente (sic) midió la memoria.
Según dictamen que anexo”.

Manifestó que el proceso administrativo finalizó el 8 de noviembre de 2024, por lo
que cuenta con cuatro meses para presentar la demanda ante el juez ordinario, sin
embargo, indicó que “el IX Curso se reinicia el 16 de noviembre por lo que en una
semana el estado me impuso la carga de contratar abogado, redactar una
demanda de esta (sic) complejidades y lograr que el Juez administrativo conceda
una medida cautelar de urgencia”.

Por otra parte, mencionó que de acuerdo con la sentencia SU-067 de 2022 de la
Corte Constitucional y la jurisprudencia Consejo de Estado5, la acción de tutela es
procedente en el contexto de concursos de méritos cuando se presenta una

3
Radicado No. 25000-23-27-000-2004-01271-01(17155), C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas
4
I Convención Internacional de Derecho informático, documentación y documento electrónico. Artículo “El documento
electrónico y su alcance probatorio”.
5
Radicado No. 11001-03-15-000-2014-03142-01, Consejo de Estado Sala, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Gerardo
Arenas Monsalve.
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flagrante violación a los derechos fundamentales y no existe otro medio judicial
eficaz para su protección.

Por último, adujo que el mecanismo constitucional es procedente por cuanto de no
producirse una orden de amparo, se afectarían irremediablemente sus garantías
ius fundamentales, teniendo en cuenta que de “no ingresar prontamente, así sea
de manera transitario al Subfase especializada del IX Curso de Formación
Judicial, perderé la oportunidad acceder al servicio público en las cargos ofertados
porque un proceso ordinaria demoraría más de una año y esta subfase terminaría
en agosto del año entrante (sic)”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legítima, la
buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada que en un término
improrrogable de 48 horas:

-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las respuestas
que di a las preguntas referidas en los argumentos sexto de la presente acción ii)
DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria en la subfase especializada del curso
concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial).

Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que se
DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso de
formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario resuelva
la demanda que, en ese evento, presentaré contra los resultados de la subfase general
del mencionado curso de formación judicial.

SU SEÑORÍA LAS MEDIDAS PROVISIONALES HAN SIDO OTORGADAS POR
VARIOS JUECES DEL CIRCUITO EN EL PAÍS Y LE RELACIONO LOS RADICADOS:

-JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO PROCESO:
ACCIÓN DE TUTELA RADICACIÓN: 52-001-33-33-005-2024- 00249-00
ACCIONANTE: ANDRÉS ORLANDO VILLOTA BENAVIDES ACCIONADO: ESCUELA
JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”.

• JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA AUTO ADMITE TUTELA EXPEDIENTE: 680013333001- 2024-
000265-00 ACCIÓN: TUTELA ACCIONANTE: ADRIANA ROCIO HORTÚA SUÁREZ
ACCIONADO: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”.

• Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, mediante auto del 14 de
noviembre de 2024, dentro del proceso de tutela con radicado 05001-3107-005-2024-
00155.

• Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja ACCIONANTE: ANGELA
PATRICIA CASTRO SUAREZ ACCIONADO: ESCUELA JUDICIAL RODRIGUO LARA
BONILLA RADICACIÓN: 15001-3333- 014-2024-00205- 00”.

• Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja ACCIONANTE: ANGELA
MARGOTH ROJAS GARCÍA ACCIONADO: ESCUELA JUDICIAL RODRIGUO LARA
BONILLA RADICACIÓN: 15001-3333- 013-2023-00196-00.

• Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja ACCIONANTE: ANGELA
MARGOTH ROJAS GARCÍA ACCIONADO: ESCUELA JUDICIALRODRIGUO LARA
BONILLA RADICACIÓN: 15001-3333- 013-2023-00196- 00.
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• JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO ARMENIA – QUINDÍO
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA ACCIONANTE: NATALIA MARGARITA LUJÁN
CHAVARRÍA ACCIONADOS: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” Y LA
UNIÓN TEMPORAL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019 VINCULADOS:
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y
PARTICIPANTES DEL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL. RADICACIÓN: 63001-
33-33-003- 2024- 00337-00”.

4. Trámite procesal

Por auto del 20 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Tuluá, Valle del Cauca, ordenó remitir por competencia la acción de tutela al
Consejo de Estado. Contra esa decisión, el actor interpuso recursos de reposición
y en subsidio apelación y el mencionado despacho judicial, por auto del 21 del
mismo mes y año los rechazó por improcedentes.

Una vez se recibió el expediente en la corporación y se dispuso el reparto
administrativo, en proveído del 26 de noviembre de 2024, el despacho
sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar a la accionante y a la parte
accionada, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y,
además se negó la medida provisional solicitada. En providencia del 16 de enero
de 2025, se vinculó a la Unión Temporal Formación Judicial 2019, en calidad de
demandada.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 29976 a 29979 y
4263 a 4264 del 3 de diciembre de 2024 y 21 de enero de 2025, respectivamente,
con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

Por intermedio de su directora pidió que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela, o que se niegue la solicitud de amparo por carecer del requisito
de subsidiaridad, en tanto conforme con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante cuenta con otros medios de defensa judicial. Agregó que no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la vulneración de derecho
fundamental alguno. Así mismo, pidió que se vinculara a la contratista Unión
Temporal Formación Judicial 2019, para que se pronuncie sobre los hechos
endilgados en el escrito de tutela.

Afirmó que conforme al proceso de selección y convocatoria al concurso de
méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
reglamentado por el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el actor
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
objetar el acto administrativo cuestionado en sede constitucional, proceso en el
cual puede solicitar la adopción de medidas cautelares de ser necesario.

Mencionó que el actor no superó la prueba de la subfase general del curso-
concurso porque obtuvo una calificación inferior a 800 puntos y al interponer el
recurso de reposición contra la Resolución No. EJR24-298 del 21 de junio de
2024, el cual fue resuelto a través de la Resolución No. EJR24-1791 del 7 de
noviembre de 2024, agotó la vía administrativa por lo que, reiteró, le
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correspondería acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para atacar la mencionada decisión.

Afirmó que el actor pretende usar la tutela como un nuevo recurso frente a la
resolución que resolvió la reposición y, además, precisó que los reparos
presentados se limitan a solicitar la expedición de un nuevo acto administrativo
relacionado con su inclusión provisional en la subfase especializada del IX Curso
de Formación Judicial, sin que se evidencia la vulneración de algún derecho
fundamental, lo cual va en contravía de la naturaleza residual y subsidiaria de la
acción de tutela.

Indicó que la Unión Temporal de Formación Judicial 2019, no hizo uso de
herramientas basadas en inteligencia artificial para el análisis y expedición de las
resoluciones relacionadas con los discentes del IX Curso de Formación Judicial
Inicial, sino que “fueron atendidas de manera individual y con fundamento en la
razonabilidad y juicio profesional del equipo de la unidad correspondiente del
Consejo Superior”. Sin embargo, destacó que conforme con la sentencia de la
Corte Constitucional T-323 de 2024, el uso de inteligencia artificial no está
prohibido.

Por último, sostuvo que cumplió con las reglas para el desarrollo del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, así como para el instrumento de evaluación, por lo que
en el diseño y estructuración de cada una de las preguntas se tuvieron en cuenta
los criterios de pertinencia, conducencia y documentos del syllabus en su
elaboración, por lo que afirmó que no vulneró ningún derecho fundamental.

5.2. Respuesta de la Unión Temporal de Formación Judicial 2019

Por intermedio de su representante legal suplente, rindió informe en el que solicitó
que se desvincule de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva y afirmó que la acción de tutela no es el medio adecuado para reclamar la
protección de los derechos fundamentales en los términos que pretende el
demandante.

Explicó que no puede atender a las pretensiones del actor, toda vez que no es la
competente para expedir un acto administrativo en el que se reconozcan como
acertadas las respuestas del examen de la subfase general que se señala como
desconocidas, así como tampoco puede disponer sobre la inclusión del
demandante en la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial,
porque carece de potestades para adoptar la decisión, pues actúa exclusivamente
como una alidada estratégica de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Precisó que conforme con el numeral 9 del capítulo VII del Acuerdo Pedagógico, la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” tiene la competencia para resolver todos
los recursos previstos en el desarrollo del mencionado curso, por lo que, afirmó, es
esta la entidad legitimada para responder respecto de la presunta vulneración de
los derechos fundamentales alegados como desconocidos y no la Unión Temporal
de Formación Judicial 2019.

Sostuvo que el resultado del actor de la evaluación de la subfase general no le
permitió seguir participando del IX curso de Formación Judicial, por lo que no es
posible que continue con la subfase especializada. Agregó que pese a que el actor
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interpuso recurso de reposición contra la Resolución EJR 24-298 del 21 de junio
de 2024, la calificación es “reprobado”.

Mencionó que conforme con el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019, contra los resultados de las evaluaciones de las subfases general y la
especializada en forma independiente del IX Curso de Formación Judicial Inicial
procede el recurso de reposición, por lo que teniendo en cuenta que el
demandante hizo ejercicio del mismo, el cual fue resuelto mediante la Resolución
No. EJR24-1791 del 7 de noviembre de 2024, la actuación administrativa finalizó
conforme con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Por último, puso de presente que la Corte Constitucional ha establecido que la
solicitud de amparo no es procedente para controvertir actos administrativos, por
cuanto las inconformidades que puedan surgir deben ser dirimidas ante la
jurisdicción contencioso administrativa a través de los medios de control previsto
para ello, por lo que concluyó que la acción de tutela no puede ser utilizada como
un mecanismo alterno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión preliminar

La Unión Temporal de Formación Judicial 2019, en la contestación de la acción de
tutela indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque no es la
competente para expedir los actos administrativos en el que se reconozcan como
acertadas las respuestas del examen de la subfase general que se señalan como
desconocidas, así como tampoco puede disponer sobre la inclusión de la
demandante en la subfase especializada.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
6
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 2022 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de
ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

La Sala pone de presente que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y la Unión
Temporal de Formación Judicial 2019 suscribieron contrato No.
CO1.PCCNTR.1240112 de 2019, en el que se pactó el “Diseño, estructuración
académica y desarrollo en modalidad virtual y presencial del IX Curso de Formación
Judicial Inicial para los aspirantes a Magistrados/as y Jueces/zas de la República de todas

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M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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las especialidades y jurisdicciones ”.

De conformidad con lo expuesto, la Sala negará a la solicitud de desvinculación
debido a que la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 participó en el diseño
del IX Curso de Formación judicial, respecto del cual se alega la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
cargos públicos, así como los principios de confianza legítima y buena fe del
accionante, por lo que es necesario que comparezca a este trámite constitucional
en calidad de demandada.

3. Planteamiento del problema jurídico y solución

Le corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela es procedente para
controvertir la Resolución No. EJR24-1791 del 7 de noviembre de 2024, por medio
de la cual se modificó parcialmente la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de
2024, en el sentido de ajustar la calificación del actor a 794 puntos -reprobado-, en
el marco del IX Curso de Formación Judicial Inicial, y si la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a cargos públicos, así como los principios de confianza legítima y buena fe
del accionante, al considerar que se presentaron vicios de nulidad en el Acuerdo
PCSJA19-11400 de 2019, específicamente, en el proceso de formación, en el
instrumento de evaluación y en la ejecución del curso.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, en tanto se
logró establecer que en el asunto no se cumple con el requisito de procedibilidad
de subsidiariedad y no se acreditó una circunstancia que involucre un perjuicio
irremediable.

4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de los concursos de méritos

4.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia

7
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” / Unión Temporal Formación Judicial 2019. Anexo técnico especificaciones
técnicas para la realización del IX Curso de Formación Judicial Inicial. (Documento de Trabajo), 2019. p. 4
9

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de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.

No obstante, la Corte Constitucional ha reconocido tres eventos en los cuales el
mecanismo constitucional es procedente para controvertir las decisiones
adoptadas en un concurso de méritos, a saber: i) inexistencia de un mecanismo
judicial: “Se trata del reconocimiento “de la existencia de ciertos actos que, de
conformidad con las reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a
escrutinio judicial”. Esto sucede, por ejemplo, frente a los actos administrativos de trámite.
En estos eventos, la acción de tutela opera como mecanismo definitivo”, ii) urgencia de
evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable: “por las circunstancias
excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de
amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la
persona que interpone la acción” y iii) planteamiento de un problema constitucional
que desborde el marco de competencias del juez administrativo: se aplica este
supuesto cuando existen criterios de discriminación, “Por ejemplo, en la Sentencia T-
160 de 2018 se excluyó al concursante por tener un tatuaje. En la Sentencia T-438 de
2018 esto se dio por la estatura del aspirante” .
8

En conclusión, pese a que por regla general la acción de tutela es improcedente
contra actos administrativos que se produzcan con ocasión de un concurso de
méritos, la Corte Constitucional ha admitido que procede de manera excepcional
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.

4.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado
dos supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
dictados en el marco de los concursos de méritos.

El primero hace relación con los actos de trámite en cuyo caso ha considerado
que el medio de defensa judicial idóneo es la acción de tutela porque los mismos
no son susceptibles de control judicial9. El segundo se refiere a la improcedencia
de la acción de tutela cuando ha sido publicada la lista de elegibles, teniendo en
cuenta que es contra ese acto administrativo que se debe dirigir el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Empero, ha considerado que en
aquellos casos en los que se expidan actos en desarrollo del concurso de méritos,
antes de la lista de elegibles, es procedente la acción de tutela para analizar, por
ejemplo, que una decisión de exclusión de un aspirante por no haber cumplido

8
Corte Constitucional, sentencia T-156 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas
9
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-04643-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-03787-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; sentencia de 29 de abril de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez;
sentencia de 14 de junio de 2018, exp. Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10

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determinado requisito se encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde
se fijan las reglas aplicables en el proceso de selección10.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 201911
indicó que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra
los actos de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar
continuidad a las convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias
suscitadas en el desarrollo de un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó
que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la
acción de tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de
méritos para la provisión de empleos públicos si el proceso de selección se
encuentra en curso”.

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de
elegibles se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y
derechos ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en
algunos casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela
cuando se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y
eficaces (T-551 de 2017 y T-160 de 2018).

4.3. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de
202212 señaló que si bien la regla general indica la improcedencia de la acción de
tutela para resolver los conflictos que se enmarcan en los concursos de méritos
cuando existen actos susceptibles de control judicial, lo cierto es que la
jurisprudencia ha fijado algunas subreglas para los eventos en los cuales el medio
de control no resulta eficaz. En tal sentido que el mecanismo constitucional es
procedente de forma definitiva en los siguientes casos: (i) el empleo ofertado se
encuentra con un periodo fijo; (ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a
quien ocupó el primer puesto en la lista de elegibles; (iii) presenta elementos que
podrían escapar del control del juez de lo contencioso administrativo por su
relevancia constitucional y, (iv) cuando por las condiciones particulares del
demandante resulta desproporcionado acudir al mecanismo.

En igual sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-156 de 202413, indicó
que existe un medio de control idóneo y eficaz para controvertir los actos
administrativos definitivos dictados en un concurso de méritos, como lo es el de
nulidad y restablecimiento del derecho por cuanto la “(...) discusión se relaciona con
un debate sobre la legalidad del acto administrativo y las condiciones en las que este
debía emitirse, debate que es propio del juez de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo”. Y recordó que “el medio de control de nulidad puede adelantarse cuando
los actos administrativos “hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del

10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-05555-01, C.P.
Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00928-00, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto (E).
11
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
11

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derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió”.

De igual forma, analizó cuándo se configura un perjuicio irremediable que haga
viable el amparo de manera transitoria en dichos eventos, ante lo cual sostuvo “no
se configura un perjuicio irremediable cuando los accionantes “contaban con una mera
expectativa de ser nombradas en los cargos a los cuales concursaron, sin que se haya
consolidado un derecho a acceder de inmediato a los cargos públicos”. Para considerar
que existe un derecho adquirido en materia de concursos, esta corporación ha sostenido
que se requiere acreditar “(a) [que] la persona participó en un concurso de méritos; (b)
que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe una vacante para ser
designado”.

En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite, bajo los
supuestos que ha identificado la jurisprudencia constitucional. No obstante,
cuando se controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el
registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la
acción de tutela, en principio, es improcedente, porque existen otros medios de
defensa judicial, como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en los que se puede hacer uso de las medidas cautelares, para lo
cual se han precisado unas subreglas jurisprudenciales que habilitan,
excepcionalmente, el ejercicio de la acción de tutela.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. El señor Frankly Fabián Fúquene Rivera, quien actúa en nombre propio,
acude a la acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos, así como de los
principios de confianza legítima y buena fe, supuestamente vulnerados con la
Resolución No. EJR24-1791 del 7 de noviembre de 2024, que resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución No. EJR24-298 del 21 de junio de
2024, en el sentido de otorgar una calificación de 794 puntos, lo que conllevó que
reprobara la evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
adelantado en el marco de la Convocatoria 27, en el que participó para el cargo de
juez penal.

Lo anterior porque, a su juicio, el resultado desfavorable que obtuvo fue producto
de los errores en las preguntas 1 del módulo de habilidades humanas, 48 del
módulo de argumentación judicial y valoración probatoria, 4 y 5 del módulo de
habilidades humanas de la sesión del 19 de mayo de 2024 -jornada mañana-, 84
de la evaluación subfase general de 19 de mayo de 2024 -jornada tarde- y 76 del
módulo de derechos humanos y de género, de la jornada del 2 de junio de 2024.

Del mismo modo, indicó que en el mencionado concurso se presentaron vicios de
legalidad y vulneración del debido proceso en el proceso de formación, en el
instrumento de evaluación y en la ejecución del curso, a lo que agregó que se
formularon preguntas para responder de memoria, por lo que, en su sentir, supera
los 800 puntos requeridos para su inclusión provisional en la subfase
especializada en el IX Curso de Formación Judicial.

5.2. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque en el caso
bajo examen no se cumple con el requisito de subsidiaridad, en tanto se acude
12

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con el propósito de controvertir la legalidad de la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, por medio de la cual se publicó el resultado de la evaluación de la
subfase general del Curso Concurso de Formación Judicial14 y de la Resolución
No. EJR24-1791 de 7 de noviembre de 202415 que resolvió el recurso de
reposición, ajustando la calificación del actor de 785 a 794 puntos, para lo cual el
accionante cuenta con otro medio de defensa judicial que goza de idoneidad y
eficacia.

Al respecto, la Sala precisa que la Resolución No. EJR24-1791 de 7 de noviembre
de 202416, tiene naturaleza definitiva, porque fue proferida en virtud del recurso de
reposición que presentó el actor contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio
de 2024, definiendo su situación particular al impedirle continuar en el IX Curso de
Formación Judicial Inicial y excluirlo del procedimiento de selección por obtener
menos de 800 puntos.

Como se indicó en las consideraciones, la acción de tutela se torna procedente,
cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa, se evidencia la
configuración de un perjuicio irremediable y se esté en presencia de las
excepciones señaladas en la jurisprudencia para admitir de manera excepcional el
mecanismo constitucional para controvertir decisiones en concursos de méritos,
tales como “(i) la inexistencia de un medio de control; (ii) la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que la discusión desborde la competencia del juez administrativo”.
Sobre el último supuesto, la Corte Constitucional ha sostenido que se trata de
argumentos de índole estrictamente constitucional que no puedan ser conocidos
por el juez de lo contencioso administrativo.

En este sentido, teniendo en cuenta los argumentos propuestos por el accionante,
la Sala advierte que el demandante cuenta con otro medio de defensa judicial,
como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se
encuentra regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA17.

Bajo ese contexto, la Sala no encuentra razones válidas para habilitar la
procedencia de este mecanismo de protección constitucional de naturaleza
residual y subsidiaria, pues ello sería desconocer que el ordenamiento jurídico ha
previsto un medio de defensa judicial con la aptitud suficiente para ventilar estas
controversias de naturaleza estrictamente legal, tan es así que el mismo
accionante manifestó acudir a la jurisdicción contencioso administrativo, motivo
por el cual la acción de tutela es improcedente porque cuenta con otro mecanismo
de defensa judicial, como, se reitera, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

14
IX Curso de Formación Judicial.
15
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024,
corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024” en el sentido de modificar la calificación obtenida por el
accionante a 794 puntos con un estado de reprobado.
16
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024,
corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024” en el sentido de modificar la calificación obtenida por el
accionante a 794 puntos con un estado de reprobado.
17
“Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel”.
13

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Sobre la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela la Corte
Constitucional señaló que, en línea de principio, “quien pretenda controvertir en sede
judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que para tales fines existen en la
jurisdicción contenciosa administrativa”18.

Ahora, la acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto
que el accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable, pues si
bien el señor Frankly Fabián Fúquene Rivera sostuvo que “no ingresar prontamente,
así sea de manera transitario al Subfase especializada del IX Curso de Formación
Judicial, perderé la oportunidad acceder al servicio público”, lo cierto es que el proceso
contencioso administrativo prevé medidas cautelares que permiten al juez adoptar
las decisiones pertinentes para que no se vulneren derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha reiterado que tratándose de la provisión de cargos
públicos mediante el sistema de concurso de méritos, el único perjuicio que
habilita el amparo es aquel que cumple con las siguientes condiciones: “(i) se
produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir no
existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta
urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata
de los derechos constitucionales fundamentales19”.

Así las cosas, verificadas las circunstancias del caso, la Sala encuentra que no se
configura un perjuicio que se pueda catalogar como irremediable, pues no se
observan circunstancias particulares que ameriten la intervención del juez
constitucional ante la existencia de una situación grave, urgente, inminente e
impostergable que afecte los derechos fundamentales del demandante.

De esta manera, el actor no puede pretender acudir a la acción de tutela para la
defensa de sus derechos fundamentales, pues, se insiste, la legalidad de las
Resoluciones Nos. EJR24-298 y EJR24-1791 de 21 de junio y 7 de noviembre de
2024, puede ser cuestionada ante la jurisdicción contencioso administrativa de
conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, a lo que se suma que el
accionante puede reclamar la adopción de medidas cautelares en virtud del
artículo 229 y siguientes de la misma normativa.

Como lo estableció esta Sala en la sentencia de 12 de diciembre de 202420, no se
advierte que la decisión de la autoridad demandada consistente en excluir al
demandante del IX Curso de Formación Judicial Inicial, realizado en el marco de la
convocatoria 27, constituya una actuación que ocasione un riesgo cierto y real que
amenace o afecte un derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela, máxime cuando los participantes en un concurso de
méritos no les asiste un derecho adquirido21.

18
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
19
Sentencia T-716 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterada en la sentencia de 24 de abril de 2019, exp. 2019-
01152-00 y de 28 de abril de 2022, ex 2021-06364-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
20
Exp. 11001-03-15-000-2024-05158-01, C.P. Wilson Ramos Girón.
21
Corte Constitucional, sentencia T-081 del 2021, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar: «[…] no cabe alegar que existe un
derecho adquirido, en la medida en que para que ello confluya se requiere acreditar que (a) la persona participó en un
concurso de méritos; (b) que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe una vacante definitiva para ser
designado, por lo que los demás participantes tan solo tendrán una expectativa […]».
14

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06362-00
Dem andante: Frankly Fabián Fúquene Rivera

En definitiva, la acción de tutela formulada por el señor Frankly Fabián Fúquene
Rivera resulta improcedente porque no cumple con el presupuesto de la
subsidiariedad, en tanto cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ordinario
para ventilar la discusión propuesta ante el juez constitucional, y no se encuentra
acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que habilite el mecanismo de
protección constitucional de manera excepcional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- DENEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Unión
Temporal de Formación Judicial 2019.

Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Frankly Fabián Fúquene Rivera, quien actúa en nombre propio, por las
razones aquí expuestas.

Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

15

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