RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06375-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06375-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06375-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de febrero de 2025 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06375-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06375-01
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la impugnación presentada por Bladimir Meléndez Herrera
contra la Sentencia de 7 de febrero de 2025 de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 21 de noviembre de 2024, Bladimir Meléndez Herrera interpuso una acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, al considerar que la
Sentencia de 9 de junio de 2022, Rad. 680013333002-2020-00215-01, vulneró su
derecho fundamental al «debido proceso dentro de las formas propias de cada
juicio, conexo con el principio de favorabilidad en materia laboral, la dignidad
humana, la irrenunciabilidad de derechos laborales». A título de amparo
constitucional, solicitó:

«PRIMERA: Conceder la presente acción constitucional por vía de hecho por los
defectos material sustantivo, fáctico y violación directa a la Constitución.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander proferida en
la causa de fecha 09 de junio de 2022 con radicado 68001333300220200021501 y en
su lugar se ordene la protección de los Derechos demandados al DEBIDO PROCESO
DENTRO DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO, CONEXO CON EL
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA LABORAL, LA DIGNIDAD HUMANA,
LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS LABORALES debiendo proferir el
accionado una nueva sentencia que confirme la sentencia de primera instancia del
Juzgado Segundo Administrativo oral de Bucaramanga de fecha 05 de mayo de 2021
con radicado 68001333300220200021500.

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06375-01
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera

TERCERA: Con base en lo consagrado en la aplicación del reciente precedente judicial
del Honorable Consejo de Estado, solicito respetuosamente, se de aplicación a las
sentencias citadas en el presente documento en el acápite de criterio jurisprudencial
las cuales dilucidan la resolución del problema.»

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante indicó
que laboró como dragoneante en el INPEC desde el 12 de enero de 1994 hasta el
31 de marzo de 2016.

4. Mediante Resolución GNR 299088 de 28 de septiembre de 20162, la
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) le fue reconocido la
pensión de jubilación con base en el 75% de lo devengado durante los últimos 10
años, sin tener en cuenta «sueldo básico, sobresueldo, bonificación por servicios
prestados, auxilio de alimentación, auxilio transporte, prima de vacaciones, prima
de servicios, prima de navidad, prima de riesgo y bonificación de recreación».

5. El 7 de octubre de 2020, el señor Meléndez Herrera presentó una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, orientada a obtener la reliquidación de su
pensión3.

6. Mediante Sentencia de 5 de mayo de 2021, el Juzgado 2 Administrativo de
Bucaramanga declaró la nulidad parcial de las Resoluciones No. GNR 299088 de
28 de septiembre de 2015, GNR 99766 de 8 de abril de 2016 y DIR 38769 de 12
febrero de 2018, por medio de las cuales COLPENSIONES le reconoció y liquidó la
pensión de vejez al señor Meléndez Herrera y la nulidad total de las Resoluciones
No. SUB 295065 de 25 de octubre 2019 y DPE 101 de 3 de enero de 2020, por
medio de las cuales la entidad accionada negó la reliquidación de dicha pensión al
actor.

7. COLPENSIONES por medio de apoderado judicial, presentó recurso de
apelación, argumentando que no se le podía dar aplicación a las disposiciones del
Decreto 1045 de 1978, por lo que debía regir las disposiciones de la Ley 100 de
1993.

8. El 9 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la
sentencia de primer grado y negó las pretensiones de la demanda. La decisión se
basó en que el demandante no cumplía con los requisitos para acceder al régimen
de transición establecido en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003. En efecto, al
momento de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el accionante tenía 19 años y
no los 40 exigidos para beneficiarse del régimen transicional. Además, tampoco
contaba con los 15 años de servicio requeridos conforme al artículo 36 4 de dicha
ley. Por esta razón, le resultaba aplicable en su totalidad el Decreto 2090 de 2003 y
no la Ley 32 de 1986.

2
Frente a la anterior decisión se presentaron recursos administrativos llevando a que se reliquidara de forma parcial la pensión
de accionante: No. GNR 99766 del 08 de abril de 2016; DIR 38769 12 febrero de 2018, SUB 295065 de 25 de octubre 2019
y DPE 101 de 03 de enero de 2020 expedidas por COLPENSIONES.
3
Rad. 68001333300220200021500
4
Requisitos contenidos en el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06375-01
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera

9. El accionante interpuso un recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander. Sin embargo, mediante Auto del 23 de noviembre de 2023, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó de plano dicho
recurso5. Frente a la anterior decisión, el accionante interpuso el recurso de súplica,
el cual fue resuelto de forma negativa el 10 de julio de 20246.

10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora señaló que el Tribunal
Administrativo de Santander incurrió en defecto sustantivo al aplicar los artículos 21
y 36 de la Ley 100 de 1993, cuando al señor Martínez Herrera pertenece a un
régimen especial (artículo 4 de la Ley 4 de 19667).

11. Sostuvo que se incurrió en un defecto fáctico, al no haberse valorado
debidamente los certificados salariales y prestacionales correspondientes al último
año en que laboró como servidor público, los cuales debían ser considerados para
el cálculo del ingreso base de liquidación (IBL) de su pensión.

12. Asimismo, alegó una vulneración directa de los artículos 29 y 53 de la
Constitución Política, al no aplicarse la normativa específica a los servidores
públicos en la determinación del IBL, ni reconocerse la irrenunciabilidad de derechos
laborales adquiridos. En este sentido, argumentó que su situación debía ser
interpretada bajo los principios constitucionales de favorabilidad y retroactividad en
materia laboral.

13. Por último, citó las Sentencias T-012 de 2022 de la Corte Constitucional y de
22 de junio de 20238, 22 de octubre de 20209 y 18 de mayo de 2023 del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A10.

5
«Los argumentos consisten en que el Tribunal Administrativo de Santander realizó una argumentación equivocada, al
considerar que erró en la aplicación del régimen pensional al que tienen derecho los empleados del Cuerpo de Vigilancia y
Custodia del INPEC, en tanto que les aplicó el régimen general previsto en la Ley 100 de 1993 sin tener en cuenta que son
beneficiarios de un régimen especial que les permite pensionarse con el 75% del salario promedio del último año de servicios.
Sin embargo, del análisis de las dos sentencias de unificación del Consejo de Estado, el Despacho considera que no existe
unidad de materia entre la situación particular del señor Bladimir Meléndez Herrera y lo allí resuelto, toda vez que las
sentencias del 4 de agosto de 2010 y 1.° de agosto de 2013 unificaron lo relacionado con los factores salariales que deben
liquidarse en las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, a quienes les aplicará la Ley
33 de 1985 (en el primer caso) y la inclusión de la prima de riesgo como factor computable para pensión en el caso de los
servidores del DAS (en el segundo); mientras que en el presente asunto se discute el régimen pensional aplicable a los
miembros del INPEC.
Así las cosas, se advierte que las razones de la decisión de las sentencias de unificación no guardan relación con los
argumentos expuestos por el recurrente, ya que dichas providencias no fijaron reglas o subreglas que abarquen la situación
planteada en el recurso extraordinario de la referencia.
Por consiguiente, y como las sentencias de unificación invocadas no son aplicables al caso concreto, se rechazará de plano
el recurso extraordinario de unificación de la referencia, en atención a lo previsto en el parágrafo del artículo 265 del CPACA;
sin embargo, no se condenará en costas al recurrente, con base en el numeral 8.º del artículo 365 del Código General del
Proceso2, toda vez que no están causadas ni comprobadas, ya que la entidad no ha realizado actuación alguna en el trámite
del presente medio de impugnación.»
6
«Así las cosas, la sala considera que no existe unidad temática entre las sentencias de unificación del 4 de agosto de 2010
y 1.° de agosto de 2013 y la situación específica del señor Bladimir Meléndez Herrera, pues en este caso se controvierte el
régimen pensional aplicable a los miembros del Cuerpo de Vigilancia y Custodia del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario. Así las cosas, la ratio decidendi desarrollada en los fallos de unificación citados no es consonante con la aplicada
en la providencia del 9 de junio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander.»
7
Artículo 4.- A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores
de una o más entidades de Derecho Público se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%)
del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.
8
Radicado No 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021)
9
Radicado No. 88001-23-33-000-2014-00006-01 (4678-14)
10
Radicación No. 63001-23-33-000-2019-00128-01 (1958-2021)

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06375-01
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera

Intervenciones11

14. El Tribunal Administrativo de Santander señaló que la decisión se adoptó
con fundamento en los principios de autonomía judicial, independencia, acceso a la
justicia y legalidad. Asimismo, indicó que la sentencia se sustentó en las normas y
en la jurisprudencia vigente para la fecha en que fue proferida.

15. COLPENSIONES manifestó que la acción de tutela no puede convertirse en
una tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate, razón por la cual se
tornaba improcedente. En ese orden, decidir de fondo las pretensiones del
accionante invadiría la órbita del juez ordinario.

Sentencia impugnada

16. El 7 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela. La decisión se fundamentó en
el incumplimiento del requisito de inmediatez y en la ausencia de relevancia
constitucional. Indicó que la sentencia impugnada fue notificada a las partes el 16
de junio de 2022, mientras que la acción de tutela fue presentada el 21 de noviembre
de 2024, superando así el plazo de 6 meses que la jurisprudencia ha considerado
razonable para la interposición de este mecanismo. Además, se señaló que el
accionante no expuso ninguna circunstancia excepcional que justificara la
flexibilización del referido requisito temporal.

17. Adicionalmente, consideró que el debate planteado por el accionante era de
naturaleza estrictamente legal, pues se centraba en la interpretación y aplicación de
la legislación vigente, sin demostrar una afectación concreta de derechos
fundamentales ni establecer la relevancia constitucional del asunto. En ese sentido,
se resaltó que los argumentos propuestos ya habían sido objeto de análisis por parte
del Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso ordinario.

Impugnación

18. El accionante presentó escrito de impugnación en el que alegó que no tuvo
conocimiento del resultado del proceso sino hasta el 10 de julio de 2024. Por tanto,
argumentó que esta debía ser la fecha a partir de la cual se contabilizara el término
para presentar la acción de tutela. Afirmó que, de haberse presentado con
anterioridad, la tutela habría sido rechazada de plano, debido a que aún se
encontraba en curso un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

19. Asimismo, reiteró que las sentencias invocadas confirman la existencia de
defectos en la decisión judicial, específicamente por la aplicación de la Ley 100 de
1993, en lugar de las Leyes 32 de 1986 y 4 de 1992 (artículo 4), el Decreto 446 de
1994 y el Acto Legislativo No. 1 de 2005.

11
Mediante Auto del 26 de noviembre de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación al Tribunal
Administrativo de Santander, así como a COLPENSIONES así como tercero con interés en el proceso.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06375-01
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera

20. Sostuvo que no incurrió en una actuación extemporánea al interponer la acción
de tutela, ya que previamente había agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios. Añadió que no debe perderse de vista el fondo del asunto, esto es,
que la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander le aplicó un régimen
pensional que no corresponde a su situación particular, dado que fue exmiembro
del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, el cual cuenta con un régimen
especial. Por tal razón, consideró que sí existía un motivo válido y legítimo para
acudir al mecanismo excepcional de tutela.

Actuaciones durante el trámite de segunda instancia

21. Los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis Eduardo Mesa Nieves
manifestaron su impedimento para conocer del asunto de la referencia por
considerarse inmersos en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal12. El primero, porque conoció del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia y, el segundo, porque hizo parte de
la Sala de Decisión que resolvió el recurso de súplica contra el auto que rechazó de
plano el mencionado recurso extraordinario.

22. Mediante Auto de 21 de abril de 2025, el despacho ponente ordenó el sorteo
de 2 conjueces y, el 25 de abril de 2025, se llevó a cabo dicha diligencia. En ella
resultaron designados Nubia González Cerón y Miguel Arcángel Villalobos
Chavarro, quienes fueron comunicados el 30 de abril de 2025, mediante correo
electrónico.

23. El 14 de mayo de 2025, fueron declarados fundados los impedimentos
manifestados por los consejeros Duque Gutiérrez y Mesa Nieves y se les separó
del conocimiento del caso

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

24. Aunque el accionante mencionó haber presentado un recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia contra la Sentencia de 9 de junio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander (Radicado 680013333002-2020-00215-
01), lo cierto es que todos los argumentos expuestos en la presente acción se
dirigen exclusivamente contra dicha sentencia y no contra la providencia que
rechazó aquel recurso, ni contra el auto que confirmó en súplica dicho rechazo. Por
lo tanto, el análisis se centrará únicamente en el contenido de la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Santander.

Problema jurídico

12
«6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea
cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar»

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06375-01
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera

25. Corresponde a la Sala establecer si la presente acción de tutela cumplió con
los requisitos generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia de 9 de
junio de 2022, Rad. 68001-33-33-002-2020-00215-01 del Tribunal Administrativo de
Santander. En caso afirmativo, se analizará si dicha providencia judicial vulneró el
derecho al debido proceso del accionante, al presuntamente aplicar de forma errada
la Ley 100 de 1993, en lugar de las Leyes 32 de 1986 y 4 de 1992 (artículo 4), el
Decreto 446 de 1994 y el Acto Legislativo No. 1 de 2005.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia,
por no satisfacer el requisito de inmediatez, como pasa a explicarse:

27. Tras revisar los documentos del expediente digital, se concluye que la
sentencia fue notificada a las partes, a través de mensajes de datos enviados entre
el 16 y el 23 de junio de 2022. Por su parte, según el aplicativo del Sistema de
Gestión Judicial electrónico del Consejo de Estado - SAMAI, la acción de tutela se
radicó el 11 de noviembre de 2024, lo que implica un lapso superior a 2 años entre
ambos eventos.

28. Aunque la acción de tutela no cuenta con un plazo de caducidad estricto, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que, dada su naturaleza preferente y
sumaria, debe presentarse dentro de un plazo razonable y proporcional desde el
hecho que origina la supuesta amenaza o violación a los derechos fundamentales.
Este criterio busca, entre otros fines: i) proteger los derechos de terceros, ii) evitar
que el amparo genere inseguridad jurídica, y iii) impedir que se utilice como recurso
complementario ante la negligencia en la defensa de derechos, lo cual iría en contra
de su verdadera finalidad13.

29. En la Sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena del Consejo de Estado
estableció como regla general un plazo de 6 meses desde la notificación o ejecutoria
de la sentencia para evaluar la oportunidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Esta decisión subraya la importancia de la inmediatez,
especialmente cuando el amparo busca cuestionar decisiones judiciales, dado que
están en juego principios como la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

30. Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez no se limita exclusivamente al cálculo del tiempo transcurrido entre el
hecho que se estima como vulnerador y la presentación de la solicitud de amparo,
sino que debe incluir una valoración de la razonabilidad del plazo acorde con las
circunstancias particulares de cada caso. En este sentido, el juez de tutela debe
ponderar si existen justificaciones válidas para la demora, si la vulneración o
amenaza persiste y si la parte afectada se encuentra en una situación de
vulnerabilidad que haga desproporcionada o injusta la exigencia en comento14.

13
Sobre el requisito de inmediatez, puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-184 de 2019.
14
Ídem.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06375-01
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera

31. En el presente caso, no se presentaron pruebas que acreditaran
circunstancias particulares y/o especiales, ni se evidenció un perjuicio irreparable.
En otras palabras, la Sala no encontró elementos suficientes que expliquen el retado
de la parte actora para solicitar la protección de sus derechos fundamentales.

Conclusión

32. Con los argumentos, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en el
sentido de declarar improcedente la acción constitucional interpuesta por el
accionante por no encontrar acreditado el presupuesto de inmediatez y se abstendrá
de emitir pronunciamiento alguno sobre las demás causales de improcedencia de
la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de febrero de 2025 de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

NUBIA GONZÁLEZ CERÓN
Firmado electrónicamente

MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.