Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06386-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06386-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06386-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., cinco (05) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-06386-001
Demandante : Eduardo Jiménez Álvarez
Demandado : Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Acción : Tutela
Derecho : Igualdad, acceso a la administración de justicia y debido
presuntamente proceso
vulnerado
Decisión : Niega
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Eduardo Jiménez Álvarez contra el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al Igualdad,
acceso a la administración de justicia y debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por los tutelantes
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
Los accionantes interponen esta acción de tutela, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia y debido
proceso, presuntamente vulnerados por la Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
Por consiguiente, requirieron:
«ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B, que en
el término que para tales efectos fije está administración de justicia, emita nueva sentencia
de segunda instancia que desate el recurso de apelación interpuesto conjuntamente por el
apoderado judicial de la parte demandante y el ente territorial demandado en contra de la
sentencia de primera instancia adiada 17 de septiembre de 2012 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SUBSECCIÓN DE DESCONGESTIÓN dentro de la
acción, hoy medio de control: Reparación Directa promovida por EDUARDO JIMÉNEZ
ÁLVAREZ y otros en contra del MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA bajo la radicación No.
08-001-2331-703-2010-01037-00. A continuación, ORDENE a la CONSEJO DE ESTADO –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B, ordenándole que emita nuevo pronunciamiento en
donde estudie, incorpore y haga una valoración de fondo de la prueba anticipada inspección
judicial con intervención de peritos efectuada por el hoy tutelante con citación y
comparecencia del MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA por parte del JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA bajo la radicación
2010-00148; atendiendo que la misma fue practicada y estructurada bajo los parámetros
legales contenidos en las normas vigentes para la época de su recaudo y en conjunto con el
resto de pruebas acuñadas a dicha actuación».
1.3 Hechos2.
Señaló que, viene ejerciendo actos de posesión de «Un globo de terreno 25D-9 situado
en jurisdicción del municipio de puerto Colombia, dentro de los linderos, generales del
predio conocido como Pradomar sector el JOBAL Ubicado sobre la banda Noroeste del
camino de penetración. El cual consta de las siguientes medidas y linderos: Noroeste
364.02 mts, Sureste 308 mts; Noreste 196.37 mts, Suroeste 175.80 mts», por más de 20
años en compañía de otros individuos.
Relató que, el 21 de agosto del 2009 todos los que habitaban el terreno descrito fueron
desalojados por agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios - ESMAD, quienes hicieron
uso de fuerza excesiva y maquinaria pesada para tal fin, ocasionándoles daños en sus
bienes, razón por la cual, el 5 de mayo del 2010 radicó una solicitud de prueba anticipada
ante los juzgados administrativos del circuito de Barranquilla, consistente en una
«inspección judicial con intervención de perito», con el fin de determinar los bienes
dañados y la tasación del perjuicio.
Dicha solicitud fue asignada al Juzgado 2° Administrativo de Barranquilla que, mediante
providencia del 8 de junio del 2010 ordenó la práctica para el 13 de julio del 2010. En esa
fecha, se adelantó la diligencia judicial sin el apoyo de la representación del municipio de
Puerto Colombia por no haber remitido el poder judicial al expediente. Posteriormente, el
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Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
9 de agosto del 2010. El perito que acompañó la práctica probatoria remitió la experticia
identificando los bienes afectados y el valor aproximado de los detrimentos.
Debido a lo anterior, el 8 de septiembre del 2010 el juzgado administrativo dio por
terminada la práctica de la prueba y ordenó remitir copia de las diligencias a las partes,
en vista de ello, el actor notificó al municipio de dichas actuaciones y procedió a radicar
una acción de reparación directa, que fue asignada al Tribunal Administrativo del Atlántico
con radicado 08001-23-31-703-2010-01037-00, que mediante providencia del 17 de
septiembre del 2012 denegó parcialmente las pretensiones.
Contra esa decisión, el actor y la Procuraduría General de la Nación interpusieron recurso
de apelación, el cual, fue conocido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, quien, mediante fallo del 8 de julio del 2024, revocó la decisión al
encontrar que, de los 360 demandantes solo dos de ellos estaban legitimados por activa
para interponer la acción, pero frente a estos decidió negar las pretensiones por falta de
prueba del daño.
1.4 Argumentos de la tutela.
La parte actora indicó que, su inconformidad radica en que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “B” negó las pretensiones encaminadas a obtener la indemnización
por las pérdidas materiales de los actores, sin valorar debidamente la prueba anticipada
de inspección judicial con intervención de perito, la cual, según él, fue debidamente
notificada al municipio de Puerto Colombia. Argumenta que, el Consejo de Estado realizó
una interpretación exegética y no sistemática de las normas aplicables, y que, no tuvo en
cuenta que la prueba anticipada no solo incluía el dictamen pericial, sino también la
inspección judicial; motivo por el cual, alega la configuración de un defecto fáctico.
Adicional a lo anterior, cuestionó que la providencia desconoció el principio de
congruencia de las sentencias judiciales, contemplado en el Art. 304 del Código de
Procedimiento Civil, pero no desarrolló dicho argumento en su escrito de tutela.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección “B”, a través de auto del 25 de noviembre del 20243, admitió la presente
acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección
“B” del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo del Atlántico y al municipio de Puerto
Colombia como accionadas y se vinculó al trámite a 255 personas en calidad de terceros
con interés como se muestra a continuación:
Vinculado(a) Vinculado(a) Vinculado(a)
Astrid Cecilia Marimon Leiva Francisco Payo Gómez Soto Luz Marina De La Hoz Hurtado
Alba Rosa Zabala Castañeda Fredys Enrique Narváez Luzmila Del Carmen Marimon
Alemida Leiva
Alba Yanet Vanegas Zabala Gabriela Verónica Echeverri Madeleine Paola Cahuana
Visbal Montano
Alberto Antonio Algarin Gianella Patricia Jiménez Magalys Cecilia Hernández
González Marimon Cárdenas
Aleida Isabel Boullys Ariza Gilberto Antonio Caballero Maikol Jesús Escobar Arrieta
Meza
Alexander Rubén Leyva Gina Paola Arnedo Lemus Marelvis Esther Pérez Villarreal
Cuenta
Alexis Manuel Chico Arena Ginneys Alejandra Santiago Margoth Judith Guzmán Gutiérrez
Angulo
Aleyda Isabel Valdez Wharff Gislahinne Saray Vargas María Andrea Vanegas Zabala
Gómez
Amparo Vega García Gleidys Cecilia Reyes María Angelica Herrera Arrieta
Camargo
Ana Isabel Barbosa Martínez Grace Patricia Orellano María Camila Cabono Villegas
González
Ana Luz Castro Utria Greis Kenedy Leiva Rúa María Fernanda Leyva Valdez
Andrea Carouna Torres López Greisy Del Carmen Pérez María Fernanda Sanguino Campo
Leiva
Ángel Luis Vanegas Carbonó Gumercindo Antonio González María Isela Miranda Espejo
Rúa
Angelica María Cahuana Hamer Enrique Molinares Marina Osorio Arrieta
Montaño Cahuana
Angelica María Restrepo Hammer Steven Carbono Marisol Martínez Rincón
Muñoz
Angely Milena Arévalo Rivaldo Harold David Gutiérrez Moreno Marla Paola Pontón Marimon
Anthony Javier Corro Santiago Henry Duvan Quintero Marlon Francisco Pontón De La
Caballero Asunción
Antoliano Corro Carrillo Henry Quintero Martha Cahuana Montaño
Arcelia Esther Hernández Henry quintero Martha Cecilia Camargo Suarez
Cabrera
Arcilia Adela Algarin Lemus Hermer Damith Vásquez Martha Isabel Lemus Guerrero
Vergara
Armando Miguel Pérez Hosfman Hernandez Martín Antonio Méndez Acuña
Sampayo
Arturo Campo Rada Hosfman Hernández Escorcia Mauren Liseth Rivaldo Molina
Ayda Yolanda La Madrid Hugo Manuel Orellano Mauricio José Tamara Rivera
Domínguez
Belia Isabel Caballero Hugo Torres Charris Maybeth Corro Santiago
Hernández
Belia Isabel caballero Idelma Muñoz Salla Mayra Alejandra Campo Sánchez
Hernández
Breitner Arturo Arnedo Lemus Ismael Castro De La Cruz Melanie Boullys Reyes
Briggite Isabel Silvera Silva Jader Alfonso Miranda Espejo Melisa Johanna Camargo Suarez
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Expediente digital en SAMAI, índice 4.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
Camila Andrea Algarin Álvarez Jaider Rafael Hernández Melissa Lisney Hernández
Escorcia Escorcia
Candelaria Del Amparo Oro De Jaime Alfonso Miranda Novoa Michely Isabel Rua Boullys
Mejía
Caridad Arnedo Guzmán Jairo Antonio Leiva Fontalvo Miguel Angel De La Hoz Hurtado
Carlos Alberto Caballero Jairo Enrique Charris Santiago Miguel Ángel Rúa Boullys
Hernández
Carlos Arturo Arnedo Guzmán Jamilis Isabel Leiva Algarin Miguel Ángel Salgado Barboza
Carlos Eduardo Boully Rua Jarol Yesid Urango Vanegas Milagro Algarin González
Carlos José Baully Bauzan Jean Carlos Pérez Leiva Mileydis Isabel Charris Ortega
Carlos José Escorcia Jersid Leiva Loaiza Minerva Hurtado Álvarez
Bornacelly
Carlos Mario González Jesika Patricia Tamara Rivera Mónica Patricia López Posada
Escorcia
Carlos Mario López Campo Jesús Andrés Urango Navis Del Carmen Lemus Guerrero
Vanegas
Carmen Cecilia Arrieta Pérez Jesús David Salgado Barboza Neivis Esther Castro Rivera
Carmen Edith Campo Rada Jesús María Marimon Neivis Liliana Arnedo Lemus
Chamorro
Carolay Paola Urango Vanegas Jhonny Smith Carbono Nelda Rosa Rada López
Cesar Alejandro Mora Macias Jiclisf Darío Leiva Algarin Nicky Nelson Acuña Jaraba
Chelsey Paola Rivaldo Molina Johan Alejandro Corro Nicol Dayana Pontón Marimon
Santiago
Cindy Herrera Caballero Jorge Luis Rosales Navarro Nicolle Carbono Vanegas
Cindy Paola Orellano González Jorge Saul Martínez Padilla Omaira Martínez Cruz
Claudet Del Carmen Tamara José Darío Leiva Baldovino Omar José Boullys Ariza
Rivera
Daiberht Yair Vargas Gómez José María Leiva De La Rosa Paula Andrea Leyva Valdez
Danna Marcela Orellano José Miguel Sánchez Pedro Esteban Samudio Medina
González
Dario Leiva Torres Joseff Saul Martínez Ricardo Alfonso Orellano
Domínguez
Darwin De Moya Algarin Joyner David Corro Santiago Rita Isabel Ariza Barrera
Dayana Patricia Marimon Leiva Joyryeth Daniela García Robinson Manuel Tamara Pérez
Vanegas
Delia Rosa Carbonó Cárdenas Juan Camilo González Roger Gabriel Salgado Tovar
Escobar
Demetrio Rojas Fonseca Juan Carlos González Beltrán Salvadora Leiva De Marimon
Denilson Enrique Quintero Juan Carlos Herrera Montes Sandra Marcela Rodríguez Castro
Caballero
Denis Isabel Leiva Loaiza Juan José Corro Santiago Santiago Angulo
Diana María Vanegas Zabala Juan Manuel Barrientos Sebastián Antonio Acuna Hoyos
Orellano
Diana Patricia Villalobos Juan Sebastián Segreda Sebastián Darío Leiva Lavigne
Hurtado Arnedo
Diana Verónica Caballero Julieth Paola Sallaz Arrieta Shadya Isabel Silvera Silva
Salgado
Dilan Enrique Jimenez Karen Judith Herrera Arrieta Shayila Sivier Herrera Hurtado
Marimon
Dilia Del Carmen Jiménez Katherine Maury Castro Shelman Andrés Arnedo Lemus
Álvarez
Dulvis María Manzur Rada Katherine Patricia Escobar Shirley Patricia Escorcia Camargo
Arrieta
Eder Enrique Arévalo Borrero Keiner Alejandro González Sofia Alejandra Mora Macias
Cahuana
Eder Enrique Maury Salcedo Kelin Tatiana Jiménez Soris Isabel Álvarez Leiva
Marimon
Edilma Cemira Boullys Ariza Kelly Johana Benítez Tatiana Arleth Sánchez Pérez
Hernández
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
Edith Loaiza Cabrera Kevin David Algarin Arrieta Ulia Pérez Sampayo
Efraín Jr. Diaz Hernández Kevin Enrique De La Hoz Valentina Leiva Hernández
Hurtado
Elena Rosa Diaz Lemus Kevin Willian Jambos Carbonó Vanesa Joana Hoyos Jiménez
Elkin Alberto Algarin Arrieta Ledys Cárdenas De Carbono Vanessa Camargo Suarez
Elsy Mirella González Mozo Leidy Laura Orellano Marimon Veraldine Adela Leiva Hernández
Emilsa María Salgado Guerra Libadier Caballero Pérez Víctor Daniel González Cahuana
Emily Paola Leyva Valdez Libardo Alberto Caballero Vivian Victoria Benítez Hernández
Pérez
Emiro de Jesús Pérez Marimon Lilia Edith Sampayo Quiñonez Wendy Paola Villareal Diaz
Ena Esther Arrieta Pérez Lindis Maury Castro Wilmer Andrés Cahuana Montaño
Ena Margarita Rivera Reyes Lisbeth Campo Rada Xiomara De Jesús Macias Blanco
Enilba Rosa Sallaz Muñoz Luis Alberto De La Hoz Yair Leiva Sallaz
Hurtado
Enmanuel Pontón Marimon Luis Alberto Medina Leiva Yarelis del Carmen Gómez Pérez
Enrique Alfredo Vega Luís Alfredo Molinares Yeiner Martínez Cruz
Villalobos
Erika Leiva Sallaz Luis Carlos Tamara Pérez Yeinni Campo Rada
Etilvia Rosa Arrieta Pérez Luis David Miranda Espejo Yeison Andrés González Escorcia
Evelfaldis Isabel Castro Luis Eduardo Boully Ariza Yenis Alexis Castilla Jiménez
Narvaez
Fanny Álvarez De Hurtado Luís Eduardo Ibáñez Vega Yohans De Jesús Carbono
Cárdenas
Fanny Hurtado Álvarez Luis Eduardo Sallaz Arrieta Yuleima Esther Guevara Monroy
Fernando Rafael Silvera Silva Luis Guillermo Restrepo Yulena Margarita Tamara Rivera
Muñoz
Flor Marina Pérez Acosta Luis Miguel Pérez Macia Yuris Elena Miranda Espejo
Franchezka Julieth Carey Luis Roberto Pérez Acosta Yusneidis María Vargas Gómez
Lemus
Francisco José Caballero Meza Luz Daniela Restrepo Muñoz Zheril Michelle Martínez Martínez
Posteriormente, una vez revisadas las contestaciones y la información remitida al
expediente, fue evidente que existían personas que tenían interés en el asunto en
discusión por haber sido demandantes dentro del proceso que se acusa de ser violatorio
de los derechos fundamentales del actor, por ello, mediante auto del 21 de enero del
2025 se ordenó vincular al trámite como terceros con interés a las siguientes personas:
Demandante Demandante Demandante
Héctor Fabio Velázquez
Alba María Narváez Lemus Merlys Elena Boullys Ariza
Miranda
Albenis Enrique González Delgado Hender Genesi Silvera Silva Miguel Ángel de la Torre Rúa
Alexandra Paola Ana Rosmira Blanco
Isaac David Campo Villalobos Mileth Leiva Loaiza
Flórez
Isidora María Pérez Vda. De
Ana Carolina Oviedo Reyes Milton Rafael Meza Lemus
Moreno
Jeimmy Tatiana Narváez
Andrea Paola Gutiérrez Moreno Milton Tomas Meza Wharff
Caraballo
Neslith Katherine Estrada
Ángel David Estrada Illera Jesús David Torres Osorio
Illera
Néstor Enrique Estrada
Ángelo Meza Lemus Juan Pablo Guevara Pinzón
Barrios
Aníbal Gabriel Jiménez Blanco Keila Milagros Rodríguez Sallaz Nubia Estela Segura Hoyos
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
Paula Andrea Velázquez
Augusto Barrios Kelly Johanna Otero Gallego
Segura
Paula Cecilia Martínez
Ayline de la Torre Rúa Klaireth Boullys Aguirre
Betancourt
Brandon Yair Meza Lemus Leidys de la Torre Rúa Pedro Mario Diaz Hernández
Rafael Ricardo Ripoll
Briyirth Katherine Diaz Segura Lisa Johanna Camargo Suarez
Rodríguez
Carlos Alexander Mendoza
Lisset Katherine Illera Angulo Raúl Gutiérrez Moreno
Echeverria
Carlos Arturo Campo Sánchez Luis Eduardo Batista Ramos Roine Sanchez Boullys
Carlos Julio Boullys Ariza Luis Eduardo Donado Ramos Rolando Sanchez Salcedo
Rosa Siomara Angulo
Cielo Estela Francisco Caro Escobar Luz Aida Umaña Torres
Mendoza
Rosmira de Jesús Hernández
Cinthia Patricia González Viallobo Luz Enilda Flórez Duarte
Celin
Daniela Alejandra Segura Hoyos Luz Marina Moreno Flórez Solveig Georgia Otero Gallego
Darlyn Isabel Rúa Caballero Magnolia Cemira Boullys Ariza Stephanie Sofia Caro Martínez
Tania Melisa González
Dewin Augusto Donado Diaz Maiker Diaz Hernández
Rodríguez
Tulia Nancy Martínez de
Dubis Mercedes Sallas Muñoz Manuel González Castillejo
Cepeda
Marena del Carmen Angulo
Efraín Diaz Hernández Víctor Julio Moreno Pérez
Mendoza
Elisa Esther Rodríguez Sanjuan Marggie Milem Batista Lemus Willian Rodríguez Flórez
Yazmin del Carmen Donado
Eneida Rosa Osorio Arrieta Maria Cristina Pinzón Giraldo
Ramos
María de los Ángeles Lemus Yennis Esther Lemus
Erma Luz Aguirre Reyes
Guerrero Guerrero
María de los Santos Caballero Yesenia Cecilia Martínez
Farid Eduardo Batista Lemus
Meza Betancourt
Yomaira Esther Lemus
Fernando Guevara Patino Martha Oliva Gallego Silva
Guerrero
Mayra Alejandra Echeverria
Gina Paola Arnedo Lemus
Martínez
Gladys María Lemus Guerrero Merlainis Sanchez Boullys
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Tribunal Administrativo del Atlántico no contestó la acción de tutela.
2.1.2 El Municipio de Puerto Colombia4, indicó que, la acción de tutela es
improcedente, porque carece de relevancia constitucional, ello debido a que, la discusión
planteada se centra en la obtención de una indemnización que no fue probada dentro del
proceso judicial.
2.1.3 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B5. contestó manifestando
que, se somete a la decisión que se adopte en la acción de tutela.
2.2 Solicitudes de coadyuvancia.
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Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 45.
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Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 29.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
Las siguientes personas solicitaron ser tenidos como coadyuvantes en el proceso,
apoyando la prosperidad de las pretensiones de Eduardo Jiménez Álvarez en uso de esta
acción constitucional, en total fueron 100 solicitantes cuyos escritos reposan en el
expediente digital así:
Sujeto índice Sujeto índice
José Miguel Sanchez 11 Maybeth Liliana Corro Santiago 64
Tatiana Arleth Sánchez Pérez 11 Juan José Corro Santiago 65
María Zajha Sánchez López 11 Joyner David Corro Santiago 66
Dairo Rafael Lemus Sánchez 12 Marena del Carmen Ángulo Mendoza 69
Mayerlis María Lémus Sánchez 13 Ginneys Alejandra Santiago Angulo 70
Luis Eduardo Ibañez Vega 14 Anthony Javier Corro Santiago 71
Yennis Esther Lemus 15 Karen Paola Santiago Angulo 74
Valentina Johana Lemus Sánchez 17 Milton Meza Lemus 79
María de los Ángeles Lemus Guerrero 18 Juan Pablo Guevara Pinzón 81
Gladys María Lemus Guerrero 19 Hender G. silvera Silva 82
Fredy Rafael Lemus Guerrero 20 Elías Silvera Leiva 82
Gabriela Verónica Echeverri V. 21 Mileth Leiva Loiza 82
Farid Eduardo Batista Lemus 22 María Cristina Pizón Giraldo 83
Yomaida Ester Lemus B. 23 Antoliano Rafael Corro Carrillo 91
Brando Meza Lemus 23 Victor Julio Moreno Perez 93
Angelo Meza 23 Luz Enilda Florez Duarte 93
Milton Meza Wharff 23 Isidora María Pérez Viuda de Moreno 93
Shelman Andres Hernandez Arnedo 24 Ana Rosmira Blanco Flores 93
Neivis Arnedo Lemus 24 Ángeles Lemus Guerrero (REPETIDO 18) 95
Juan Cegiera 24 Darlyn Isabel Rua Caballero 97
Carlos Arturo Gusman 24 María de los Santos Caballero 98
Breiter Arnedo Lemus 24 Luz Marina Moreno Flórez 100
Navis Lemus guerrero 24 Alexandra Paola Gutiérrez Moreno 100
Gina Arnedo Lemus 24 Andrea Paola Gutiérrez Moreno 100
Marggie Batista Lemus 27 Harold David Gutiérrez Moreno 100
Franchezka Julieth Carey Lemus 32 Fernando Guevara Patiño 101
Alba María Narváez Lemus 32 Ana Carolina Oviedo 104
Fredy Enrique Narváez Almeida 32 Erma Luz Aguirre Reyes 105
Martha Isabel Lemus Guerrero 32 Merlis Elena Boullys Ariza 106
Jeimmy Tatiana Narváez Caraballo 34 Rolando Sanchez Salcedo 106
Danna Carolina Maur Charrys 36 Merlainis Sanchez Boullys 106
Carlos Jose Escorcia Bornacelli 37 Roime Sanchez Boullys 106
Elsy Mirella Gonzales Mozo 37 Klaireth Boullis Aguirre 107
Yeison Andrés Escorcia González 37 Marina de Jesús Osorio 108
Lucas Rene Maury 38 Jesus David Torres Osorio 108
Irama Charris Arnedo 39 Enaida Rosa Osorio Arrieta 108
Caridad Arnedo Guzman 40 Augusto Rafael Ariza Osorio 108
Havid Jair Maury Charris 41 Neslith Katherine Estrada Illera 109
Dilan Enrique Maury 42 Lisset Katherine Illera Angulo 109
Mileydis Isabel Charris Ortega 43 Néstor Enrique Estrada Barrios 109
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
Shirlys María Escorcia Gonzáles 44 Ángel David Estrada Illera 109
Dila Enrique Jiménez Marimon 46 Raúl Colina Torres 110
Astrid Cecilia Marimon Leiva 47 Carlos Julio Boullis Ariza 114
Kelin Tatiana Jimenez Marimon 48 Magnolia Boullys Ariza 115
Gilberto Antonio Caballero 49 Johan Alejandro Corro Santiago 116
Emilsa Maria Salgado 49 Wendy Paola Villarreal Díaz 117
Cindy Herra Caballero 49 Elena Díaz Lemus 118
Diana Caballero Salgado 49 Miguel Ángel de la Torre 135
Rosa Xiomara Angulo M. 50 Liz Leidy de la Torre Rua 138
Kelly Johana Otero Gallego 63 Aylinne de la Torre Rua 142
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia de unificación respecto a la figura
de la coadyuvancia en los trámites de tutela, explicó:
«60. El coadyuvante interviene dentro del proceso a partir de las facultades que son
permitidas. Esto en cuanto apoya con su actuación a una de las partes. En concreto, la Corte
ha delimitado que “aquellos no reclaman un derecho propio para que sobre él haya decisión
en el proceso, sino un interés personal en la suerte de la pretensión de una de las partes”. Se
trata de intervenir para afianzar y “sostener las razones de un derecho ajeno”.
61. La aplicación de esa figura procesal también se encuentra restringida a determinados
momentos procesales. Lo anterior, “pues la esencia de la coadyuvancia es la intervención
antes de la sentencia de única instancia o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no
para hacer valer pretensiones propias”. En ese sentido, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, la coadyuvancia tiene las siguientes reglas[49]. Por una parte, la participación
del coadyuvante debe estar acorde con las posiciones y pretensiones presentadas por el
accionante o el accionado en el trámite de tutela. Es decir, el interviniente no puede formular
pretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales. Por otra parte, la
coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la sentencia que finalice
el proceso de tutela (hasta antes de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión
ante la Corte Constitucional, según sea el caso)»6.
Así las cosas, la Sala admitirá la coadyuvancia presentada, pero sólo en lo que, respecta
a prestar apoyo a las pretensiones efectuadas por el señor Eduardo Jiménez Álvarez,
pero no para hacer valer las propias.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.
3.2 Problema jurídico.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-134 del 2022.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
Se debe determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad; de
superarse lo anterior, se analizará si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“B” vulnera los derechos fundamentales invocados por el accionante al estar viciada de
un defecto fáctico en atención a la falta de valor probatorio que le otorgó a la prueba
anticipada aportada al proceso judicial.
3.3 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017
y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales.
Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que
no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que, declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, no obstante, el reconocimiento al principio de autonomía funcional
del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial,
derechos fundamentales.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando
de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
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generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente si tiene indudable relevancia
constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales7; sin embargo, rectificó su posición mediante
7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
12
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sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer que, la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que, en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos9.
2.5 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, teniendo en cuenta que recae sobre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia del tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno;
(iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores, señalándose la configuración de un defecto fáctico; (iv) el requisito
de inmediatez se satisface, en vista que, la providencia atacada cobró ejecutoría el 13 de
agosto de 2024 y la acción de tutela se radicó el 21 de noviembre de la misma anualidad;
y (v) el fallo acusado no es una sentencia de tutela.
En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto, bajo la causal específica denominada defecto fáctico, teniendo en cuenta que, el
actor alega que, no se le dio valor probatorio a la prueba anticipada. No obstante, se
advierte que, el argumento de la falta de congruencia no fue desarrollado por el actor,
motivo por el cual, no se resolverá el mismo, más aún si se tiene en cuenta que también
hacía referencia a la falta de valoración de la prueba anticipada.
2.5.1 Defecto fáctico.
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»10.
La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra11.
En el presente caso, el demandante aduce que, la providencia cuestionada incurre en
defecto fáctico, comoquiera que no valoró debidamente una prueba anticipada de
inspección judicial con intervención de peritos, la cual, fue debidamente notificada al
municipio de Puerto Colombia, razón por la cual, alega que la providencia fue arbitraria y
vulneradora de sus garantías superiores.
Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura, consideró:
«8.3.- El dictamen pericial derivado de la inspección judicial con intervención de perito que
la parte demandante solicitó como prueba anticipada, si bien podría llegar a evidenciar la
legitimación en la causa por activa de algunos demandantes, no puede ser valorado dentro
de este proceso porque no fue sometido a contradicción. En efecto:
a.- El artículo 238 del CPC establece el trámite específico que se debe surtir a la hora de
someter a contradicción un dictamen pericial. De acuerdo con este procedimiento, la pericia
debe ser trasladada a las partes por tres (3) días, durante los cuales estas podrán objetarla
por error grave o podrán pedir que se complemente o aclare; y el juez deberá resolver tales
cuestionamientos <> de la forma como lo disponen, de forma explícita, los numerales 2 a 6
del mencionado artículo. Respecto a este trámite, la Corte Constitucional ha indicado lo
siguiente:
<<La prueba pericial tendrá valor probatorio y, por consiguiente, podrá ser apreciada por el
juez solamente si corresponde a un acto procesal que fue sometido al principio de
contradicción (…), conforme a las reglas previstas en la ley para el efecto. Dicho de otro
modo, si el dictamen pericial (…) no ha sido controvertido en el proceso, carece de mérito
probatorio y no puede ser valorado judicialmente>>
b.- En la sentencia C-830 de 2002, la Corte Constitucional también dispuso que, cuando se
solicita el recaudo de un dictamen pericial como prueba anticipada, le corresponde al juez
que practica la prueba someterla a contradicción conforme a la norma procesal vigente:
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
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<<El juez que practica el dictamen debe llevar a cabo su apreciación, con base en el decreto
y práctica, y la consiguiente apreciación, de otras pruebas, como es lógico y lo prevé la
citada disposición al señalar que “en el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán
las pruebas para demostrarlo. De aquel se dará traslado a las demás partes en la forma
indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir pruebas.
El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y
concederá el término de diez días para practicarlas (...)”
Dicho debate excluye, por razones de economía procesal, uno nuevo al respecto en el
proceso ulterior, al cual se aporte el dictamen, y se refleja necesariamente en el sentido de
la decisión que pueda adoptar el juez correspondiente, respecto de las pretensiones y
excepciones de las partes.
En esta situación, aunque es cierto que por parte del juez de conocimiento del proceso no
se cumple el principio de la inmediación en cuanto a la práctica del dictamen pericial y en
particular en cuanto a su apreciación en relación con la objeción formulada, se trata de una
excepción justificada por la necesidad práctica de recibir pruebas por fuera de los procesos
judiciales y por la necesidad jurídica de garantizar con ellas los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa.
(…) [L]a práctica el dictamen recibido sin contradicción es de poca utilidad en el proceso y
exigiría la recepción de uno nuevo en él, con lo cual la situación resultaría aproximada a la
generada por la negación de la prueba>>
(…)
d.- En este caso, la Sala no encuentra acreditado que el dictamen pericial que se solicitó de
forma anticipada hubiera sido sometido a la contradicción de la parte demandada. En efecto,
en el expediente no obra prueba de que, luego de que el perito entregara el dictamen al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Barranquilla, este haya sido trasladado al
Municipio de Puerto Colombia para su contradicción, de conformidad con el numeral 1° del
artículo 238 del CPC. Después de que se realizó dicha entrega, el único documento que
consta en el plenario es el auto mediante el cual se dio por terminado el trámite
preprocesal14. Por lo demás, la propia demandante aceptó, tanto en el incidente de nulidad
que propuso ante el Tribunal Administrativo de Atlántico como en su recurso de apelación,
que <>. Así las cosas, el dictamen pericial aportado por la parte demandante no es
susceptible de ser valorado por la Sala.
(…)
13.- Sin embargo, en el plenario no obran medios de prueba encaminados a acreditar que
los demandantes Fredy Rafael Lemus Guerrero y Eduardo Jiménez Álvarez sufrieron
perjuicios con ocasión del desalojo ordenado por la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia».
De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada, luego de un análisis fáctico y
probatorio del proceso de reparación directa con radicado 0800-1233-1000-2010-01037-
01, determinó, a partir de las pruebas obrantes en el proceso, que no se encontraban
probados los perjuicios alegados por los señores Fredy Rafael Lemus Guerrero y
Eduardo Jiménez Álvarez, ello, como consecuencia de no darle valor probatorio a la
prueba anticipada allegada con la demanda, en vista que no había sido agotado su
proceso de contradicción.
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Para fundar su decisión, se basó en lo establecido en el artículo 238 del C.P.C, norma
vigente para el momento de los hechos, y en lo considerado por la Corte Constitucional
en las sentencias C-830 de 2002 y T-274 de 2012, según las cuales «la prueba pericial
practicada de manera anticipada (…) podrá ser apreciada por el juez solamente si: 1. Fue sometida al
principio de contradicción y 2. Fue regular y legalmente incorporada al proceso en el cual se pretende hacer
valer»
Resulta oportuno advertir que el hecho que la autoridad judicial accionada no hubiera
valorado las pruebas en el sentido que pretendía el demandante, no involucra la causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias
jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la legalidad, pertinencia, utilidad y
conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como la de
otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera integral y
amparado en el ordenamiento jurídico.
Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de una
valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita al
juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte
Constitucional12 sostuvo:
«Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela
la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración
de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo
de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce
de un asunto».
En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de una
interpretación caprichosa de la autoridad accionada, en la medida que, sus afirmaciones
12
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06386-00
Demandante: Eduardo Jiménez Álvarez
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
estuvieron debidamente motivadas, conforme a las pruebas que fueron aportadas en el
proceso ordinario, por lo que, no se encuentra acreditado el defecto fáctico alegado en la
demanda.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor no
acreditó que la providencia proferida el 8 de julio de 2024 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado estuviera afectada de un defecto fáctico, motivo
por el cual, se negarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas por las personas
indicadas en el acápite 2.2 de esta providencia.
SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela interpuesta por Eduardo Jiménez Álvarez,
comoquiera que, no se acreditó un defecto fáctico en la sentencia del 8 de julio de 2024
proferida en el proceso con radicado 0800-1233-1000-2010-01037-01, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como
lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
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