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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06386-01

Fecha
12 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06386-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 5 de marzo de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Eduardo Jiménez Álvarez por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06386-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

12 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Tribunal
Administrativo del Atlántico y municipio de Puerto Colombia1
Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora y los coadyuvantes, en contra
de la sentencia del 5 de marzo de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Eduardo Jiménez Álvarez presentó escrito de tutela en el que solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la defensa, que
consideró vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con
ocasión de la sentencia del 8 de julio de 2024 que i) revocó del fallo del 17 de septiembre
de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar; ii) declaró la
falta de legitimación en la causa por activa “de todos los demandantes” con excepción de
los señores Fredy Rafael Lemus Guerrero y Eduardo Jiménez Álvarez y iii) frente a estos
dos últimos, negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso
de reparación directa identificado con el radicado número 0800-1233-1000-2010-01037-
00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

1 En la demanda de tutela se solicitó la vinculación del Tribunal Administrativo del Atlántico y del municipio de Puerto

Colombia, no obstante, el auto que admitió la solicitud los tuvo como accionados.
2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012331000201001037011100103

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

2.1. El accionante afirmó que ejerce la posesión de una porción de un inmueble que
identificó de la siguiente manera: “Un globo de terreno 25D-9 situado en jurisdicción del
municipio de puerto Colombia, dentro de los linderos, generales del predio conocido como
Pradomar sector el JOBAL Ubicado sobre la banda Noroeste del camino de penetración.
El cual consta de las siguientes medidas y linderos: Noroeste 364.02 mts, Sureste 308
mts; Noreste 196.37 mts, Suroeste 175.80 mts.”.

2.2. El municipio de Puerto Colombia, Atlántico, mediante providencia policiva del 5 de
noviembre de 2002 ordenó el desalojo del actor y de un grupo de personas que afirmaron
tener posesión de diferentes predios por espacio superior a 20 años.

La diligencia de desalojo fue programada para el 8 de mayo de 2009, sin embargo, la
Inspección de Policía del corregimiento de Salgar, encargado dicho trámite se abstuvo
de ejecutar la orden debido a que encontró que los habitantes del predio tenían la calidad
de poseedores. No obstante, mediante decisión del 21 de mayo de 2009 el municipio de
Puerto Colombia ordenó ejecutar el amparo policivo.

La actuación tuvo lugar el 21 de agosto de 2009 de manera violenta y abusiva, y durante
su desarrollo se destruyeron noventa (90) viviendas. Esto, por parte de miembros del
ESMAD y con el uso de maquinaria pesada.

Agregó que los afectados habían presentado una demanda ordinaria de declaración de
pertenencia, que fue asignada al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla bajo
el número de radicado 2008-00207.

2.3. El accionante, en nombre propio y en representación de todos los poseedores,
interpuso acción de tutela con el fin de impedir la ejecución de la orden de desalojo.
Mediante fallo de primera instancia del 11 de febrero de 2010 el Juzgado Promiscuo
Municipal de Puerto Colombia resolvió: (i) amparar los derechos fundamentales del
tutelante; y (ii) ordenar a la alcaldesa de la entidad territorial dejar sin efectos la
providencia dictada el 21 de mayo de 2009. Esta decisión fue confirmada por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, en fallo del 24 de mayo del mismo año.

2.4. El 5 de mayo de 2010, mediante apoderado, todos los afectados presentaron solicitud
de práctica de prueba anticipada con el fin de establecer los daños materiales en la
modalidad de daño emergente y lucro cesante. El asunto se asignó por reparto al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Barranquilla bajo el radicado número 2010-00148-
00.

Dicho juzgado, a través de auto del 8 de junio de 2010 ordenó la práctica de una
inspección judicial con la asistencia de un perito arquitecto, a realizarse el 13 de julio del
mismo año.

La diligencia se llevó a cabo sin la participación de la apoderada del municipio de Puerto
Colombia a quien no se le reconoció personería para actuar, debido a irregularidades en

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el poder. El 9 de mayo de 2010 el perito designado hizo entrega de la prueba pericial y
con auto del 8 de septiembre de ese año el juzgado declaró terminado el trámite.

2.5. El tutelante, junto con los afectados, presentó solicitud de conciliación prejudicial ante
la Procuraduría General de la Nación. Agotado dicho procedimiento, presentaron
demanda de reparación directa en contra del municipio de Puerto Colombia, la cual se
identificó con el número de radicado 0800-1233-1000-2010-01037-01 y se asignó por
reparto, en primera instancia, al Tribunal Administrativo del Atlántico.

La Subsección de Descongestión de esa corporación dictó sentencia de fecha 17 de
septiembre de 2012 mediante la cual dispuso i) negar las pretensiones respecto de la
mayoría de los demandantes3; ii) declaró administrativamente responsable al municipio
de Puerto Colombia por los perjuicios causados “a los demandantes que se indican en el
numeral siguiente, como consecuencia de la actuación policiva que culminó en la
diligencia de desalojo practicada el 21 de agosto del 2009 en el predio denominado B
Jobal y distinguido con el número 2509 del Corregimiento de Salgar, jurisdicción del
Municipio de Puerto Colombia – Atlántico, de conformidad con las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia”.

En tal sentido, condenó a la entidad territorial a reconocer y pagar a. el daño emergente
identificado como “las sumas de dinero que hayan sido sufragadas o dejadas de recibir
por los demandantes singularizados en el numeral que antecede, como consecuencia de
la diligencia de desalojo practicada el 21 de agosto del 2009 por el Inspector de Policía
de Sabanilla Montecarlo, por los bienes muebles e inmuebles que fueron destruidos y
que debieron reconstruir, así como los valores que debieron sufragar por el tiempo que
duró su permanencia por fuera del lote sobre el que ejercían la posesión, siguiendo los
parámetros definidos en este proveído”; b. los perjuicios morales, conforme a la siguiente
tabla:

3 Cuyos nombres están identificados en las páginas 1 a 4 de la providencia del 8 de julio de 2024 dictada por la Sección

Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que puede ser consultada en el siguiente enlace web
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012331000201001037011100103
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Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

2.6. Inconformes con dicha decisión, tanto los demandantes como el demandado
interpusieron recurso de apelación.

2.7. Mediante fallo del 8 de julio de 2024 la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado i) revocó la sentencia de primer grado; ii) declaró la falta de legitimación en la
causa por activa de todos los demandantes, con excepción de Fredy Rafael Lemus
Guerrero y Eduardo Jiménez Álvarez y; iii) frente a estos últimos, negó las pretensiones
de demanda.

Respecto a la falta de legitimación en la causa por activa concluyó que: a. la mayoría de
los demandantes en el proceso ordinario no acreditaron su calidad de poseedores ni
demostraron haber sido desalojados en la diligencia del 21 de agosto de 2009; b. la sola
presentación de las demandas de pertenencia no es prueba suficiente de la posesión,
además, que el material videográfico aportado únicamente permitió constatar la
ocurrencia del desalojo, pero no posibilitó identificar a las personas directamente
afectadas; c. el dictamen pericial presentado como prueba anticipada carecía de mérito
probatorio dado que no fue objeto de contradicción; d. la prueba del desalojo de Fredy
Rafael Lemus Guerrero y Eduardo Jiménez Álvarez se demostró a través de un
testimonio y de las sentencias de tutela, respectivamente.

En cuanto a la negación de las pretensiones respecto de los señores Lemus Guerrero y
Jiménez Álvarez, reiteró que los videos y fotografías mostraron el desalojo, pero no un
menoscabo concreto en sus bienes, en su salud o en su proyecto de vida.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar los derechos fundamentales
solicitados. Como consecuencia de ello, pidió ii) ordenar a la autoridad judicial accionada
que “emita nuevo pronunciamiento en donde estudie, incorpore y haga una valoración de
fondo de la prueba anticipada inspección judicial con intervención de peritos efectuada
por el hoy tutelante con citación y comparecencia del MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA por parte del JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA bajo la radicación 2010-00148; atendiendo que la misma fue practicada
y estructurada bajo los parámetros legales contenidos en las normas vigentes para la
época de su recaudo y en conjunto con el resto de pruebas acuñadas a dicha actuación”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte accionante adujo que la
controversia planteada tiene relevancia constitucional, en tanto la providencia
cuestionada vulneró las garantías fundamentales invocadas, al estar soportada en una
valoración probatoria arbitraria y caprichosa, constitutiva de un defecto fáctico.

Sobre el particular, afirmó que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
omitió otorgar el valor probatorio que corresponda al dictamen pericial consolidado a
través del trámite de prueba anticipada, pese a que se contó con la intervención del
municipio de Puerto Colombia a instancias del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Barranquilla. Consideró que la autoridad encartada efectuó una interpretación

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Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

meramente exegética del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y se apartó de
una interpretación sistemática de otras normas del mismo estatuto que debían ser
aplicables para desatar este punto en particular. En particular, invocó el artículo 187 del
CPC, según el cual, las pruebas deberán ser apreciadas por el juez en su conjunto, así
como al artículo 300 del CPC que ordena valorar de manera armónica el dictamen pericial
y la inspección judicial.

De igual manera, resaltó que el auto que dispuso la práctica de la prueba anticipada fue
debidamente notificado al municipio de Puerto Colombia y que en la diligencia del 13 de
julio de 2010 se dejó constancia de la comparecencia de su apoderada, sin que fuera
posible el reconocimiento de su personería debido a irregularidades en el poder
presentado. Añadió que la prueba pericial, además de haberse constituido legalmente,
fue oportunamente incorporada al proceso ordinario bajo el amparo de los lineamientos
previstos en el artículo 183 del CPC, vigente para la época.

En punto a lo anterior, señaló que pese a lo anterior la autoridad judicial accionada decidió
no valorar la prueba pericial, circunstancia que afectó directamente las garantías del
accionante quien cumplió con la carga prevista en el artículo 177 ibídem.

3.3. El tutelante afirmó que la sentencia criticada desconoció al precedente del Consejo
de Estado en materia de pruebas anticipadas, identificado en las sentencias dictadas en
la siguientes fechas:

a. 14 de diciembre de 2022 (expediente 05001233100020100173801).
b. 22 de octubre de 2015 (radicado 25000232600020010241601).
c. 4 de febrero de 2010 (expediente 18320).
d. 12 de diciembre de 2012 (radicado 05001232400019950180901).
e. 5 de junio de 2008 (expediente 68001231500019950125901).
f. 22 de abril de 2004 (radicación 85001233100019950017801).
g. 10 de marzo de 2011 (exp. 19001233100019980045100).
h. 15 de noviembre de 2011 (radicado 05001232600019950064000).
i. 7 de junio de 2012 (expediente 1800123100019990006201).
j. 26 de julio de 2012 (radicado 15001233100019970738601).
k. 13 de mayo de 2015 (rad. 52001233100020020044702).
l. 21 de junio de 2018 (exp. 13001233100020030168101).

Igualmente, denunció que la referida decisión se apartó de lo decidido en la sentencia T-
645 de 2014 de la Corte Constitucional.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 25 de noviembre de 20244 la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, vinculó como terceros con interés a:
Astrid Cecilia Marimon Leiva, Dilan Enrique Jiménez Marimon, Gianella Patricia Jiménez
Marimon, Aleida Isabel Boullys Ariza, Miguel Ángel Rúa Boullys, Michely Isabel Rua

4 Índice 00004 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

Boullys, Marina Osorio Arrieta, Harold David Gutiérrez Moreno, Magalys Cecilia
Hernández Cárdenas, Francisco José Caballero Meza, Belia Isabel Caballero Hernández,
Henry Quintero, Denilson Enrique Quintero Caballero, Henry Duvan Quintero Caballero,
Martín Antonio Méndez Acuña, Hermer Damith Vásquez Vergara, Jorge Saul Martínez
Padilla, Omaira Martínez Cruz, Joseff Saul Martínez, Martha Cecilia Camargo Suarez,
Luis Carlos Tamara Pérez, Melisa Johanna Camargo Suarez, Vanessa Camargo Suarez,
Amparo Vega García Luís Eduardo Ibáñez Vega, Denis Isabel Leiva Loaiza, Emiro de
Jesús Pérez Marimon, Jean Carlos Pérez Leiva, Greisy Del Carmen Pérez Leiva,
Gabriela Verónica Echeverri Visbal, Arturo Campo Rada, Diana Patricia Villalobos
Hurtado, Mayra Alejandra Campo Sánchez, Luís Alfredo Molinares Villalobos, Martha
Isabel Lemus Guerrero, Fredys Enrique Narváez Alemida, Franchezka Julieth Carey
Lemus, Carlos José Baully Bauzan, Rita Isabel Ariza Barrera, Edilma Cemira Boullys
Ariza, Alberto Antonio Algarin González, Ena Esther Arrieta Pérez, Elkin Alberto Algarin
Arrieta, Kevin David Algarin Arrieta, Katherine Patricia Escobar Arrieta, Maikol Jesús
Escobar Arrieta; Juan Camilo González Escobar; Francisco Payo Gómez Soto, Flor
Marina Pérez Acosta, Gislahinne Saray Vargas Gómez; Yusneidis María Vargas Gómez,
Daiberht Yair Vargas Gómez, Dario Leiva Torres, Arcilia Adela Algarin Lemus, Jiclisf
Darío Leiva Algarin, José Darío Leiva Baldovino, Sebastián Darío Leiva Lavigne,
Veraldine Adela Leiva Hernández; Valentina Leiva Hernández, Edith Loaiza Cabrera;
Jersid Leiva Loaiza, Neivis Esther Castro Rivera, José María Leiva De La Rosa; Carmen
Cecilia Arrieta Pérez; Luis Eduardo Sallaz Arrieta; Julieth Paola Sallaz Arrieta, Juan
Carlos González Beltrán; Jesús María Marimon Chamorro, Salvadora Leiva De Marimon,
Kelin Tatiana Jiménez Marimon, Luis Eduardo Boully Ariza, Carlos Eduardo Boully Rua,
Omar José Boullys Ariza, Gleidys Cecilia Reyes Camargo, Melanie Boullys Reyes, Carlos
Alberto Caballero Hernández, Marelvis Esther Pérez Villarreal, Libadier Caballero Pérez,
Libardo Alberto Caballero Pérez, Elena Rosa Diaz Lemus, Wendy Paola Villareal Diaz,
Luis Roberto Pérez Acosta, Ana Luz Castro Utria, Sandra Marcela Rodríguez Castro,
Vanesa Joana Hoyos Jiménez, Nicky Nelson Acuña Jaraba; Sebastián Antonio Acuna
Hoyos, Dilia Del Carmen Jiménez Álvarez, Mónica Patricia López Posada, Hugo Torres
Charris, Andrea Carouna Torres López, Angelica María Cahuana Montaño, Madeleine
Paola Cahuana Montano, Wilmer Andrés Cahuana Montaño, Yohans De Jesús Carbono
Cárdenas, Diana María Vanegas Zabala, María Andrea Vanegas Zabala, Soris Isabel
Álvarez Leiva, Camila Andrea Algarin Álvarez, Alba Rosa Zabala Castañeda, Alba Yanet
Vanegas Zabala, Carolay Paola Urango Vanegas, Jesús Andrés Urango Vanegas, Jarol
Yesid Urango Vanegas, Jamilis Isabel Leiva Algarin, Milagro Algarin González, Darwin
De Moya Algarin, Shirley Patricia Escorcia Camargo, Hosfman Hernandez; Hosfman
Hernández Escorcia, Jaider Rafael Hernández Escorcia, Melissa Lisney Hernández
Escorcia, Margoth Judith Guzmán Gutiérrez, Jairo Enrique Charris Santiago, Caridad
Arnedo Guzmán, Mileydis Isabel Charris Ortega, Fernando Rafael Silvera Silva, Yenis
Alexis Castilla Jiménez, Shadya Isabel Silvera Silva, Briggite Isabel Silvera Silva, Enrique
Alfredo Vega, Candelaria Del Amparo Oro De Mejía, José Miguel Sánchez, Tatiana Arleth
Sánchez Pérez, Yuleima Esther Guevara Monroy, Ricardo Alfonso Orellano Domínguez,
Cindy Paola Orellano González, Danna Marcela Orellano González, Grace Patricia
Orellano González, Alexis Manuel Chico Arena, Luz Marina De La Hoz Hurtado, Miguel
Angel De La Hoz Hurtado, Kevin Enrique De La Hoz Hurtado, Luis Alberto De La Hoz
Hurtado, Jorge Luis Rosales Navarro, Greis Kenedy Leiva Rúa, Luis Alberto Medina

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

Leiva, Santiago Angulo, Antoliano Corro Carrillo, Juan José Corro Santiago, Maybeth
Corro Santiago, Joyner David Corro Santiago, Anthony Javier Corro Santiago, Johan
Alejandro Corro Santiago, Ledys Cárdenas De Carbono, Jhonny Smith Carbono, Hammer
Steven Carbono, Diana Verónica Caballero Salgado, Cindy Herrera Caballero, Gilberto
Antonio Caballero Meza, Emilsa María Salgado Guerra, Elsy Mirella González Mozo,
Carlos José Escorcia Bornacelly, Carlos Mario González Escorcia, Yeison Andrés
González Escorcia, Aleyda Isabel Valdez Wharff, Alexander Rubén Leyva Cuenta, Paula
Andrea Leyva Valdez, María Fernanda Leyva Valdez, Emily Paola Leyva Valdez, Marisol
Martínez Rincón, Yeiner Martínez Cruz, Zheril Michelle Martínez Martínez, Delia Rosa
Carbonó Cárdenas, Ángel Luis Vanegas Carbonó, Kevin Willian Jambos Carbonó, Nelda
Rosa Rada López, Carmen Edith Campo Rada, Dulvis María Manzur Rada, Lisbeth
Campo Rada, Yeinni Campo Rada, Carlos Mario López Campo, María Fernanda
Sanguino Campo, Jaime Alfonso Miranda Novoa, Yuris Elena Miranda Espejo, Luis David
Miranda Espejo, María Isela Miranda Espejo, Jader Alfonso Miranda Espejo, Lilia Edith
Sampayo Quiñonez, Ulia Pérez Sampayo, Armando Miguel Pérez Sampayo, Luis Miguel
Pérez Macia; Navis Del Carmen Lemus Guerrero, Carlos Arturo Arnedo Guzmán, Neivis
Liliana Arnedo Lemus, Breitner Arturo Arnedo Lemus, Gina Paola Arnedo Lemus, Juan
Sebastián Segreda Arnedo, Shelman Andrés Arnedo Lemus, Etilvia Rosa Arrieta Pérez,
Juan Carlos Herrera Montes, María Angelica Herrera Arrieta, Karen Judith Herrera
Arrieta, Jairo Antonio Leiva Fontalvo, Yair Leiva Sallaz, Enilba Rosa Sallaz Muñoz, Erika
Leiva Sallaz, Leidy Laura Orellano Marimon, Juan Manuel Barrientos Orellano, Eder
Enrique Arévalo Borrero, Mauren Liseth Rivaldo Molina, Angely Milena Arévalo Rivaldo,
Chelsey Paola Rivaldo Molina, Luzmila Del Carmen Marimon Leiva, Hugo Manuel
Orellano Domínguez, Marlon Francisco Pontón De La Asunción, Dayana Patricia
Marimon Leiva, Marla Paola Pontón Marimon, Nicol Dayana Pontón Marimon, Enmanuel
Pontón Marimon, Xiomara De Jesús Macias Blanco, Sofia Alejandra Mora Macias, Cesar
Alejandro Mora Macias, Ena Margarita Rivera Reyes, Robinson Manuel Tamara Pérez,
Jesika Patricia Tamara Rivera, Claudet Del Carmen Tamara Rivera, Mauricio José
Tamara Rivera; Yulena Margarita Tamara Rivera, Eder Enrique Maury Salcedo, Evelfaldis
Isabel Castro Narvaez, Lindis Maury Castro, Katherine Maury Castro, Idelma Muñoz
Salla, Luz Daniela Restrepo Muñoz, Angelica María Restrepo Muñoz, Luis Guillermo
Restrepo Muñoz, Martha Cahuana Montaño, Gumercindo Antonio González Rúa, Keiner
Alejandro González Cahuana, Hamer Enrique Molinares Cahuana, Víctor Daniel
González Cahuana, Ana Isabel Barbosa Martínez, Roger Gabriel Salgado Tovar, Miguel
Ángel Salgado Barboza, Jesús David Salgado Barboza, Pedro Esteban Samudio Medina,
Ayda Yolanda La Madrid, Fanny Hurtado Álvarez, Shayila Sivier Herrera Hurtado,
Minerva Hurtado Álvarez, Fanny Álvarez De Hurtado, Demetrio Rojas Fonseca, Arcelia
Esther Hernández Cabrera, Vivian Victoria Benítez Hernández, Kelly Johana Benítez
Hernández, María Camila Cabono Villegas, Joyryeth Daniela García Vanegas, Nicolle
Carbono Vanegas, Ginneys Alejandra Santiago Angulo, Efraín Jr. Diaz Hernández, Belia
Isabel caballero Hernández, Henry quintero, Ismael Castro De La Cruz y Yarelis del
Carmen Gómez Pérez.

A partir del examen de las contestaciones y la información remitida al expediente, el a
quo constitucional advirtió la existencia de un número adicional de ciudadanos que
podían tener interés en este asunto. En tal sentido, mediante auto del 21 de enero de

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Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

20255 vinculó a las siguientes personas: Alba María Narváez Lemus, Albenis Enrique
González Delgado, Alexandra Paola Ana Rosmira Blanco Flórez, Ana Carolina Oviedo
Reyes, Andrea Paola Gutiérrez Moreno Ángel David Estrada Illera, Ángelo Meza Lemus,
Aníbal Gabriel Jiménez Blanco, Augusto Barrios, Ayline de la Torre Rúa, Brandon Yair
Meza Lemus, Briyirth Katherine Diaz Segura, Carlos Alexander Mendoza Echeverria,
Carlos Arturo Campo Sánchez, Carlos Julio Boullys Ariza, Cielo Estela Francisco Caro
Escobar, Cinthia Patricia González Viallobo, Daniela Alejandra Segura Hoyos, Darlyn
Isabel Rúa Caballero, Dewin Augusto Donado Diaz, Dubis Mercedes Sallas Muñoz,
Efraín Diaz Hernández, Elisa Esther Rodríguez Sanjuan, Eneida Rosa Osorio Arrieta,
Erma Luz Aguirre Reyes, Farid Eduardo Batista Lemus, Fernando Guevara Patino, Gina
Paola Arnedo Lemus, Gladys María Lemus Guerrero, Héctor Fabio Velázquez Miranda,
Hender Genesi Silvera Silva, Isaac David Campo Villalobos, Isidora María Pérez Vda. De
Moreno, Jeimmy Tatiana Narváez Caraballo, Jesús David Torres Osorio, Juan Pablo
Guevara Pinzón, Keila Milagros Rodríguez Sallaz, Kelly Johanna Otero Gallego, Klaireth
Boullys Aguirre, Leidys de la Torre Rúa, Lisa Johanna Camargo Suarez, Lisset Katherine
Illera Angulo, Luis Eduardo Batista Ramos, Luis Eduardo Donado Ramos, Luz Aida
Umaña Torres, Luz Enilda Flórez Duarte, Luz Marina Moreno Flórez, Magnolia Cemira
Boullys Ariza, Maiker Diaz Hernández, Manuel González Castillejo, Marena del Carmen
Angulo Mendoza, Marggie Milem Batista Lemus, María Cristina Pinzón Giraldo, María de
los Ángeles Lemus Guerrero, María de los Santos Caballero Meza, Martha Oliva Gallego
Silva, Mayra Alejandra Echeverria Martínez, Merlainis Sánchez Boullys, Merlys Elena
Boullys Ariza, Miguel Ángel de la Torre Rúa, Mileth Leiva Loaiza, Milton Rafael Meza
Lemus, Milton Tomas Meza Wharff, Neslith Katherine Estrada Illera, Néstor Enrique
Estrada Barrios, Nubia Estela Segura Hoyos, Paula Andrea Velázquez Segura, Paula
Cecilia Martínez Betancourt, Pedro Mario Diaz Hernández, Rafael Ricardo Ripoll
Rodríguez, Raúl Gutiérrez Moreno, Roine Sánchez Boullys, Rolando Sánchez Salcedo,
Rosa Siomara Angulo Mendoza, Rosmira de Jesús Hernández Celin, Solveig Georgia
Otero Gallego, Stephanie Sofia Caro Martínez, Tania Melisa González Rodríguez, Tulia
Nancy Martínez de Cepeda, Víctor Julio Moreno Pérez, Willian Rodríguez Flórez, Yazmin
del Carmen Donado Ramos, Yennis Esther Lemus Guerrero, Yesenia Cecilia Martínez
Betancourt y Yomaira Esther Lemus Guerrero.

4.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico6 remitió el expediente ordinario en medio
digital. Sin embargo, no se pronunció frente a los fundamentos de la acción de tutela.

4.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B7 manifestó que acogerá la
decisión que se adopte en este trámite.

4.4. El municipio de Puerto Colombia8 solicitó que se declare improcedente el amparo
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, en tanto la parte actora
pretende el reconocimiento de la una indemnización que ya fue negada.

5 Índice 00059 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
6 Índice 00010 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
7 Índice 00029 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
8 Índice 00045 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

4.5. En desarrollo de este trámite constitucional, se presentaron cien (100) solicitudes
de coadyuvancia que fueron identificadas en el fallo de primera instancia, de la siguiente
manera:

5. La sentencia de primera instancia

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado profirió sentencia el 5 de
marzo de 20259 mediante la cual admitió todas las solicitudes de coadyuvancia y negó
el amparo solicitado.

9 Índice 00156 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

De manera preliminar estimó que superado el requisito de relevancia constitucional
“teniendo en cuenta que recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia del
tutelante”.

Respecto del estudio del defecto fáctico, se indicó que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, al realizar el análisis de las pruebas allegadas al proceso
ordinario, concluyó que no se encontraban acreditados los perjuicios invocados por Fredy
Rafael Lemus Guerrero y Eduardo Jiménez Álvarez. Lo anterior, en razón a la
imposibilidad de otorgar valor probatorio al dictamen pericial presentado con la demanda
de reparación directa, por cuanto no se surtió la etapa de contradicción.

Explicó que tal decisión se fundamentó en el artículo 238 del Código de Procedimiento
Civil, así como en las sentencias C-830 de 2022 y T-247 de 2012 de la Corte
Constitucional, de las cuales se desprende que la prueba pericial anticipada únicamente
puede ser valorada cuando haya sido sometida al principio de contradicción.

Agregó que, el hecho de que la autoridad accionada no hubiera valorado las pruebas en
el sentido que pretendía el tutelante, no configura del defecto alegado, en la medida en
que el juez está facultado para verificar la legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia
de los medios de convicción obrantes en el expediente, así como para asignarles el grado
de certeza que corresponda, siempre que lo haga de manera integral y con fundamento
en el ordenamiento jurídico.

6. Solicitudes de nulidad y de adición

Juan Pablo Guevara Pinzón10 y María Cristina Pinzón Giraldo11, en calidad de terceros
con interés, alegaron la nulidad del trámite debido a que no se vinculó al juzgado ante
quien se adelantó el trámite de prueba anticipada. Por su parte, el tutelante12 pidió la
adición del fallo de primer grado, puesto que, a su juicio, los argumentos con los que se
fundamentó el cargo de desconocimiento del precedente fueron evaluados ni decididos.

A través de auto del 30 de mayo de 202513 el a quo negó dichas solicitudes y concedió
los recursos de impugnación presentados por la parte actora y los coadyuvantes.

7. Impugnación

7.1. En contra de la sentencia de primera instancia, las siguientes personas impugnaron
y manifestaron que “los reparos concretos se sustentarán dentro del momento oportuno
ante el superior”.

10 Índices 00254 y 00255 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
11 Índice 00262 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
12 Índice 00164 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
13 Índice 00290 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

Recurrente Calidad reconocida en Índice del aplicativo Samai
el trámite
Tercera con interés 165 - 201
Alba María Narváez Lemus
Martha Isabel Lemus Guerrero Tercera con interés 166 - 199
Fredy Rafael Lemus Guerrero Coadyuvante 167 - 173
Fredys Enrique Narváez Lemus Tercero con interés 168 - 175
Mayerlis Lemus Coadyuvante 169
Anthony Javier Corro Santiago, Tercero con interés 170 - 241
Mileydis Charris Tercera con interés 171 - 182
Elena Rosa Díaz Lemus Tercera con interés 172 – 179 – 183 - 265
Dairo Lemus Coadyuvante 174
Farid Eduardo Batista Tercero con interés 176
Yomaida Lemus Coadyuvante 177 - 202
Milton Meza Coadyuvante 177 - 202
Ángelo Meza Coadyuvante 177 - 202
Brando Meza Coadyuvante 177 - 202
Milton Meza Lemus Coadyuvante 177 - 202
Maybeth Corro Tercera con interés 178
Fernando Silvera Tercero con interés 180 – 195 – 218 – 219 - 220
Juan José Corro Santiago Tercero con interés 181
Mileth Leiva Loaiza Tercera con interés 184 - 215
Hender Silvera Silva Tercero con interés 184 - 215
Valentina Lemus Coadyuvante 185
Tatiana Sánchez Tercera con interés 186 - 288
María Zajha Sánchez López Coadyuvante 186 - 288
José Miguel Sánchez Tercero con interés 186 - 288
Joyner David Corro Tercero con interés 187
Ginneys Alejandra Santiago Tercera con interés 188
Briggite Silvera Tercera con interés 189 – 194 – 207 -221
Shadya Silvera Tercera con interés 190 - 209
Raúl Colina Torres Coadyuvante 191 - 212
Havid Jair Maury Charris Coadyuvante 192 - 193
María de los Ángeles Lemus Tercera con interés 196 - 214
Danna Maury Charris Coadyuvante 197 - 213
Yennis Lemus Guerrero Tercera con interés 198 - 217
Franchezka Julieth Carey Lemus Tercera con interés 200
Wendy Paola Villarreal Díaz Tercera con interés 203 – 204 – 205 – 206 – 210 –
211 – 227 - 264
Navis Lemus Tercera con interés 208 – 222 – 231 - 232
María de los Santos Caballero Meza Tercera con interés 216 - 223
Caridad Arnedo Guzmán Coadyuvante 225 – 226
Luis Eduardo Ibáñez Vega Tercero con interés 228
Lucas René Mauri Charris Coadyuvante 229 – 230
Luz Marina Moreno Flórez Tercera con interés 234 - 240
Alexandra Paola Gutiérrez Moreno Coadyuvante 234 - 240
Andrea Paola Gutiérrez Moreno Tercera con interés 234 – 240
Harold David Gutiérrez Moreno Tercero con interés 234 - 240
María Isela Miranda Espejo Tercera con interés 235
Jaime Alfonso Miranda Novoa Tercero con interés 235
Jader Alfonso Miranda Espejo Tercero con interés 235
Luis David Miranda Espejo Tercero con interés 235
Yuris Elena Miranda Espejo Tercera con interés 235
Ana Rosmira Blanco Flores Tercera con interés 236 - 238
11

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

Isidora María Pérez Vda de Moreno Tercera con interés 236 - 238
Luz Enilda Flórez Duarte Tercera con interés 236 - 238
Víctor Julio Moreno Pérez Tercero con interés 236 - 238
Antoliano Corro Carrillo Tercero con interés 237
Magnolia Cemira Boullys Ariza Tercera con interés 239
Carlos Julio Boullys Ariza Coadyuvante 242
Erma Luz Aguirre Reyes Coadyuvante 242
Klaireth Boullus Aguirre Coadyuvante 242
Ana Carolina Oviedo Coadyuvante 242
Greis Kenedy Leiva Rúa Tercera con interés 243 - 247
Darlyn Isabel Rúa Caballero Coadyuvante 244 - 260
Ayline de la Torre Rúa Tercera con interés 245 - 261
Luis Medina Tercero con interés 246
Johan Alejandro Corro Santiago Tercero con interés 248
Jorge Luis Rosales Navarro Tercero con interés 249 – 250 – 256 – 258 - 263
Rolando Sánchez Salcedo Coadyuvante 251
Roime Sánchez Boullys Coadyuvante 251
Merlis Elena Boullys Ariza Coadyuvante 251
Merlainis Sánchez Boullys Coadyuvante 251
Rosa Siomara Angulo Mendoza Tercera con interés 252- 253
Miguel Ángel de la Torre Coadyuvante 257 - 259
Liz Leidy de la Torre Rúa Coadyuvante 266
Eduardo Jiménez Álvarez Tutelante 267 - 270 - 273
Marena del Carmen Angulo Mendoza Tercera con interés 268
Karen Paola Santiago Angulo Coadyuvante 269
Lisset Katherine Illera Angulo Tercera con interés 271
Ángel David Estrada Illera Tercero con interés 272
Erika Leiva Sallaz Tercera con interés 274 - 275
Enilba Rosa Sallaz Muñoz Tercera con interés 274 - 275
Jairo Antonio Leiva Fontalvo Tercero con interés 274 – 275
Edith Loaiza Cabrera Tercera con interés 276 - 281
Jersid Leiva Loaiza Tercero con interés 276 - 281
Neivis Esther Castro Rivera Tercera con interés 276 - 281
Jean Carlos Pérez Leiva Tercero con interés 277 - 280
Denis Isabel Leiva Loaiza Tercera con interés 277 - 280
Emiro de Jesús Pérez Marimon Tercero con interés 277 - 280
Soris Isabel Álvarez Leiva Tercera con interés 279
Camila Andrea Algarin Álvarez Tercera con interés 279
Marina Osorio Arrieta Tercera con interés 282 – 283
Jeimmy Tatiana Narváez Caraballo Tercera con interés 284 - 285

7.2. El señor Fernando Guevara Patiño14 presentó un escrito que identificó con el asunto
“impugnación del fallo de tutela de primera instancia”. No obstante, consideró que se
debe declarar la nulidad de toda la actuación constitucional. Para ello, indicó que no se
integró de debida forma el contradictorio por falta de vinculación del “Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, que es la autoridad judicial ante la
cual se tramitó la prueba anticipada” (sic). Como consecuencia de lo anterior pidió i)
declara la nulidad de todo lo actuado por el a quo; ii) vincular al referido juzgado y; iii)
revocar el fallo del 5 de marzo de 2025.

14 Índices 00224 y 00233 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

Se advierte que, mediante auto del 30 de mayo de 2025, el a quo constitucional negó las
solicitudes presentadas por Juan Pablo Guevara Pinzón y María Cristina Pinzón Giraldo,
las cuales se fundaban en idénticos argumentos y perseguían la misma pretensión. En
consecuencia, aun cuando la petición formulada por el señor Guevara Patiño no fue
decidida de manera expresa en dicha providencia, la Sala, en atención al principio de
economía procesal, se abstiene de emitir un pronunciamiento adicional.

7.3. Por otro lado, Irma Charris15, Cindy Miranda16, Michelle Paola Vitola Álvarez17 ,
Shirley Álvarez Leiva18 presentaron impugnación, sin embargo, revisado el expediente,
no se encuentra su vinculación al trámite en calidad de tercera o de coadyuvante. En
consecuencia, la Sala abstendrá de evaluar sus peticiones.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591
de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Eduardo
Jiménez Álvarez al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que
actuó como demandante en el trámite de la demanda de reparación directa identificado
con el radicado número 0800-1233-1000-2010-01037-00/01

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, por cuanto fungió como juez de segunda
instancia dentro del proceso mencionado y fue su actuación a la que la parte accionante
le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para revocar, modificar o confirmar el fallo de primera
instancia que negó el amparo solicitado.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un

15 Índice 00225 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia. Certificado 871A458E1DBD3E45

C775DF04EB0EA960 27E6E197C8B70EB8 04F2B6631ACD51F9. Reiterado en el índice 00226.
16 Índice 00235 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
17 Índice 00278 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
18 Índice 00278 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200519 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela20 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto21.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”22.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

19 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
21 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
21 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”23.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto24.

23 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
24 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional y, por consiguiente, modificará el fallo de primera instancia para
su en lugar, declarar improcedente la solicitud. Esto, por las razones que se exponen a
continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, así como las impugnaciones presentadas, se advierte
que los reproches formulados frente a la sentencia del 8 de julio de 2024 se concentran
en los siguientes aspectos: i) la omisión de otorgar valor probatorio al dictamen pericial
practicado en el marco del trámite de sentencia anticipada; ii) la interpretación meramente
exegética del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil; y iii) el desconocimiento del
precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

5.2. Ahora, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestionada dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y que puso fin a la actuación,
así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las
siguientes conclusiones:

Respecto del valor probatorio de la prueba pericial:

“8.3.- El dictamen pericial derivado de la inspección judicial con intervención de
perito que la parte demandante solicitó como prueba anticipada, si bien podría
llegar a evidenciar la legitimación en la causa por activa de algunos
demandantes, no puede ser valorado dentro de este proceso porque no fue
sometido a contradicción. En efecto:

a.- El artículo 238 del CPC establece el trámite específico que se debe surtir a
la hora de someter a contradicción un dictamen pericial. De acuerdo con este
procedimiento, la pericia debe ser trasladada a las partes por tres (3) días,
durante los cuales estas podrán objetarla por error grave o podrán pedir que se
complemente o aclare; y el juez deberá resolver tales cuestionamientos
<<dentro del incidente dentro del cual se practicó el dictamen>> de la forma
como lo disponen, de forma explícita, los numerales 2 a 6 del mencionado
artículo. Respecto a este trámite, la Corte Constitucional ha indicado lo
siguiente:

<<La prueba pericial tendrá valor probatorio y, por consiguiente, podrá ser
apreciada por el juez solamente si corresponde a un acto procesal que fue
sometido al principio de contradicción (…), conforme a las reglas previstas
en la ley para el efecto. Dicho de otro modo, si el dictamen pericial (…) no
ha sido controvertido en el proceso, carece de mérito probatorio y no puede
ser valorado judicialmente>>.

b.- En la sentencia C-830 de 2002, la Corte Constitucional también dispuso que,
cuando se solicita el recaudo de un dictamen pericial como prueba anticipada,
le corresponde al juez que practica la prueba someterla a contradicción
conforme a la norma procesal vigente:

<<El juez que practica el dictamen debe llevar a cabo su apreciación, con
base en el decreto y práctica, y la consiguiente apreciación, de otras
pruebas, como es lógico y lo prevé la citada disposición al señalar que “en
el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para
16

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

demostrarlo. De aquel se dará traslado a las demás partes en la forma
indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas
pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver
sobre la existencia del error, y concederá el término de diez días para
practicarlas (...)”.

Dicho debate excluye, por razones de economía procesal, uno nuevo al
respecto en el proceso ulterior, al cual se aporte el dictamen, y se refleja
necesariamente en el sentido de la decisión que pueda adoptar el juez
correspondiente, respecto de las pretensiones y excepciones de las partes.

En esta situación, aunque es cierto que por parte del juez de conocimiento
del proceso no se cumple el principio de la inmediación en cuanto a la
práctica del dictamen pericial y en particular en cuanto a su apreciación en
relación con la objeción formulada, se trata de una excepción justificada
por la necesidad práctica de recibir pruebas por fuera de los procesos
judiciales y por la necesidad jurídica de garantizar con ellas los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y
defensa.

(…) [L]a práctica el dictamen recibido sin contradicción es de poca utilidad
en el proceso y exigiría la recepción de uno nuevo en él, con lo cual la
situación resultaría aproximada a la generada por la negación de la
prueba>>

c.- En consideración a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sido
reiterativa al indicar que <<la prueba pericial practicada de manera anticipada (…)
podrá ser apreciada por el juez solamente si: 1. Fue sometida al principio de
contradicción y 2. Fue regular y legalmente incorporada al proceso en el cual se
pretende hacer valer>>.

d.- En este caso, la Sala no encuentra acreditado que el dictamen pericial que se
solicitó de forma anticipada hubiera sido sometido a la contradicción de la parte
demandada. En efecto, en el expediente no obra prueba de que, luego de que el
perito entregara el dictamen al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Barranquilla13, este haya sido trasladado al Municipio de Puerto Colombia para
su contradicción, de conformidad con el numeral 1° del artículo 238 del CPC.
Después de que se realizó dicha entrega, el único documento que consta en el
plenario es el auto mediante el cual se dio por terminado el trámite preprocesal.
Por lo demás, la propia demandante aceptó, tanto en el incidente de nulidad que
propuso ante el Tribunal Administrativo de Atlántico como en su recurso de
apelación, que <<no se dio traslado del dictamen pericial para que el Municipio
de Puerto Colombia y los actores presentaran las consideraciones que estimaran
pertinentes y conducentes, en atención a lo dispuesto en el artículo 238 del
C.P.C.>>. Así las cosas, el dictamen pericial aportado por la parte demandante
no es susceptible de ser valorado por la Sala.

e.- Cabe anotar que, al contrario de lo alegado por la parte actora en su recurso
de apelación, la irregularidad señalada –consistente en la falta de contradicción
del dictamen pericial– no se encuentra saneada por el hecho de que el Municipio
de Puerto Colombia no la cuestionó. Por una parte, es claro que la parte
demandante debía aportar una prueba susceptible de ser valorada, por lo que era
esta, y no la entidad demandada, quien tenía la carga de asegurarse de que se
surtiera el proceso de contradicción reglado por la ley. Por otra parte, no otorgarle
a la parte demandada la oportunidad de controvertir una prueba, no es una
irregularidad que se pueda entender como saneada simplemente porque el
proceso continuó su curso; lo anterior, teniendo en cuenta que con dicha
irregularidad se transgrede, de forma evidente y directa, el derecho de defensa.
17

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

Y el numeral 4 del artículo 144 del CPC establece que <<la nulidad se considerará
saneada (…) [c]uando, a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y
no se violó el derecho de defensa>>. La consecuencia legal frente a una prueba
practicada sin el cumplimiento de los requisitos legales es que ella no puede ser
valorada por el juez”

En punto a lo anterior, concluyó la falta de prueba del daño alegado por Eduardo Jiménez
Álvarez (tutelante) bajo las consiguientes consideraciones:

“13.- Sin embargo, en el plenario no obran medios de prueba encaminados a
acreditar que los demandantes Fredy Rafael Lemus Guerrero y Eduardo Jiménez
Álvarez sufrieron perjuicios con ocasión del desalojo ordenado por la Alcaldía
Municipal de Puerto Colombia. 13.1.- En efecto, en el escrito de la demanda se
solicitó una indemnización por concepto de: (i) perjuicios morales, consistentes
en <<la angustia, el terror, la impotencia, el dolor y las graves afecciones
psíquicas y psicológicas (…) derivadas de la diligencia de desalojo>>; (ii) daño a
la vida en relación, consistente en << las graves alteraciones a las condiciones
de existencia (…) y el daño al proyecto de vida derivados de la diligencia de
desalojo>>; y (iii) perjuicios materiales, consistentes tanto en lucro cesante como
en daño emergente. No obstante, ante la imposibilidad de valorar el dictamen
pericial recaudado por la parte demandante como prueba anticipada –por las
razones expuestas en el numeral 8.3. de esta providencia–, tales perjuicios no se
encuentran acreditados”.

En conclusión, la autoridad accionada consideró que el dictamen pericial allegado por los
demandantes como prueba con la demanda de reparación directa no cumplía los
requisitos previstos en el Código de Procedimiento Civil ni en la jurisprudencia
constitucional, razón por la cual no era susceptible de valoración para acreditar la
legitimación ni la existencia de los daños cuya indemnización se reclamaba. En la
providencia cuestionada se puntualizó la ausencia de contradicción de dicho medio
probatorio, circunstancia que, además, fue reconocida por la parte actora al interponer el
recurso de apelación contra la sentencia ordinaria de primera instancia.

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y
fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la
parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración25.

25 Sentencia SU215 de 2022.

18

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso ordinario sin que haya demostrado la violación del
derecho fundamental para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate ya surtido toda vez que reitera argumentos de
índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar las razones concretas por las cuales
el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta
en el principio de autonomía judicial.

5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada26, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario27.

5.5. Finalmente, respecto del cargo de desconocimiento del precedente, se advierte que
la solicitud de amparo se limitó transcribir apartes de algunas providencias sin desarrollar
un análisis metodológico y comparativo de los elementos fácticos y jurídicos en relación
con los fundamentos del fallo que aquí se censuró.

Adicionalmente, no explicó las razones por las cuales sostiene que dichos asuntos
contaban con el mismo marco fáctico y jurídico del proceso de reparación en el que se
dictó la providencia cuestionada y no identificó ninguna regla que, en su criterio, debía
ser atendida para proferir la decisión. En consecuencia, se advierte una falencia
argumentativa del mencionado cargo y, en tal sentido, no se abordará su estudio de fondo

5.6. Así las cosas, se modificará el fallo de primera instancia que negó la solicitud de
tutela, y en su lugar, se declarará improcedente la acción por no superar que requisito de
relevancia constitucional.

26 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
27 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

19

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06386-01
Accionante: Eduardo Jiménez Álvarez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 5 de marzo de 2025 proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Eduardo Jiménez Álvarez por no
superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS

20

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