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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06388-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06388-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Daniel Alberto Benavides Escobar en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06388-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06388-00
Accionante: DANIEL ALBERTO BENAVIDES ESCOBAR
Accionado: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo definitivo proferido por la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla dentro del curso concurso IX de formación
judicial. || Improcedencia en el caso concreto, ante la existencia de otros medios de
protección judicial idóneos para controvertir la calificación otorgada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Daniel Alberto Benavides Escobar, de conformidad con lo consagrado
en el Decreto 333 del 20211.

I. A N T E C E D E N T E S
La demanda

1. El 20 de noviembre de 20242, el señor Daniel Alberto Benavides Escobar, en
nombre propio, presentó acción de tutela en contra de la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso en concurso de méritos e igualdad para acceder a cargos públicos,
entre otros.

Hechos relevantes

2. La parte accionante es discente del IX Curso de formación Judicial (Convocatoria
27) encaminado a la provisión de cargos de funcionarios de la Rama judicial y cuyo
adelantamiento se encuentra a cargo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
de conformidad con el Acuerdo PCSJA19-11400 de 20193.

1
Que ingresó para fallo el 5 de diciembre de 2024.
2
Cabe advertir que, la solicitud de tutela inicialmente fue radicada en los Juzgados Administrativos
del Circuito de Pasto – Nariño, sin embargo, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto
– Nariño a través de auto del 20 de noviembre de 2024, remitió al Consejo de Estado y declaró la
falta de competencia para conocer sobre la misma.
3
“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial
para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
Promoción 2020-2021”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06388-00
Accionante: Daniel Alberto Benavides Escobar
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3. Los resultados de las evaluaciones de la sub-fase general fueron publicados en
el anexo de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, mediante la cual se
indicó que la parte actora había sido reprobada al obtener un resultado de 785
puntos.

4. La parte accionante participó en las jornadas de exhibición de los exámenes, las
cuales se realizaron el 7 y 14 de julio de 2024.

5. Inconforme con el puntaje que le fue otorgado interpuso el recurso de reposición
en contra de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, en el cual manifestó
las inconformidades de algunas de las preguntas y sus respectivas calificaciones.

6. Mediante la Resolución N° EJR24-1207 la cual fue notificada por correo
electrónico el 8 de noviembre de 2024, se dispuso reponer parcialmente la
Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, al subir la calificación de la
evaluación a 795 puntos la cual, en todo caso, no resultaba aprobatoria.

Pretensiones

7. El señor Daniel Alberto Benavides Escobar solicitó lo siguiente:

“TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza
legítima, la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada
que en un término improrrogable de 48 horas:

-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las
respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos octavo, noveno
y décimo de la presente acción, así como realizar la corrección pertinente en lo
que se refiere a la puntuación de las preguntas referidas y la asignación del
puntaje total señalado en la Resolución N° EJR24-1207. ii) DISPONGA mi
inclusión definitiva en la subfase especializada del curso concurso de formación
judicial (IX curso de formación judicial).

Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que
se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso
concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un
juez ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los
resultados de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.”

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La parte accionante argumentó que diversas preguntas del examen de la parte
general presentaban múltiples respuestas posibles, lo que contradecía los objetivos
establecidos en el acuerdo pedagógico que rige el IX curso de formación judicial.
Además, señaló que, aunque se realizó un ajuste en la puntuación, no se
especificaron las razones de dicha modificación, es decir, no se presentó una
justificación adecuada. Incluso, el recurso interpuesto no fue resuelto de manera
coherente y resultó evidente el uso de inteligencia artificial en algunas respuestas.
Esta situación contrasta con lo dispuesto en la sentencia T-323 de 2024 de la Corte

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06388-00
Accionante: Daniel Alberto Benavides Escobar
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Constitucional, que estableció límites y reglas claras para garantizar que el juez
natural sea humano.

9. Asimismo, sostuvo que se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la
confianza legítima, a la igualdad y otros derechos fundamentales al no calificar
correctamente algunas preguntas en contravención de los parámetros establecidos.
Según la parte accionante, debía prevalecer el mérito y las evaluaciones debían
realizarse respetando las normas del procedimiento, con la debida motivación de
las decisiones para evitar incurrir en ilegalidades, como se expone en la sentencia
T-405 de 2022. Adicionalmente, destacó que, si la calificación se hubiera realizado
de acuerdo con los criterios correctos, habría superado los 800 puntos y continuado
participando en el curso y en la Convocatoria 27.

10. Hizo alusión a otra acción de tutela4 en la que, supuestamente, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ordenó a la EJRLB responder a un participante
para aclarar cuántos concursantes contestaron correcta o incorrectamente cada
pregunta del examen. En particular, se solicitó información sobre el cargo de Juez
Civil Municipal – Juez de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple – Juez Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias. El objetivo era garantizar la aplicación del
principio de igualdad, estableciendo que 11.25 puntos serían suficientes para
superar el umbral requerido para aprobar la fase general.

11. En cuanto a la procedencia formal de la acción de tutela, sostuvo que, según lo
establecido en la Sentencia SU-067 de 2022, la Sala Plena de la Corte ha señalado
que, en casos excepcionales, el recurso constitucional de amparo es procedente
cuando se compromete la idoneidad del procedimiento.

12. Por último, en el mismo escrito de tutela solicitó una medida provisional
manifestando que existe una vocación aparente de viabilidad porque i) superó el
puntaje mínimo requerido para aprobar las pruebas de conocimientos y aptitudes
realizadas y así avanzar a la siguiente etapa del concurso de méritos; ii) realizó la
subfase general del IX curso de formación judicial; iii) se puso en controversia el
hecho de que la accionada se había apartado del acuerdo pedagógico que rige el
“IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as
y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021” y del
Documento Maestro del IX Curso de Formación Judicial” y iv) La accionada no se
pronunció congruentemente sobre los argumentos puntuales planteados en el
recurso contra los resultados de la evaluación de la subfase general del IX curso de
formación judicial.

Trámite de la acción de tutela

13. A través de auto del 25 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia, negó la medida provisional solicitada; ordenó notificar a la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” como accionada y a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura y a la Unión Temporal Formación Judicial de
2019 como terceros interesados en las resultas del proceso. También ordenó a la

4
No precisó el radicado de la acción de tutela.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06388-00
Accionante: Daniel Alberto Benavides Escobar
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y al Consejo Superior de la Judicatura para
que i) publicara la providencia en su página web y ii) remitiera a las direcciones de
correo electrónico de los discentes inscritos en la (Convocatoria 27) reglamentada
en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 “IX Curso de Formación
Judicial Inicial – Unidad 1 y 2 Proceso Formativo Subfase Especializada” la copia
de la demanda junto con sus anexos, así como de la providencia que admite la
tutela, con la finalidad de permitir la participación de las personas que tuvieran
interés para actuar en el proceso.

Intervenciones

14. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” a través de memorial de 29 de
noviembre de 20245, respondió el escrito de tutela solicitando se declare
improcedente el amparo invocado pues no satisface el requisito de subsidiariedad,
pues existen otros medios judiciales para solicitar la protección de los derechos
invocados, además no existe un perjuicio irremediable, y en últimas no se advierte
la conculcación de los derechos constitucionales.

15. Asimismo, adujo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional6 y el mismo
Consejo de Estado ha indicado que, por regla, en un concurso de méritos, las
decisiones de las autoridades administrativas se controvierten a través de los
medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011, y solo excepcionalmente, ante
perjuicios irremediables, resulta procedente la acción de tutela. En el caso concreto,
estimó, no se presenta un perjuicio irremediable y tampoco se presentó vulneración
a derecho constitucional alguno, pues, sus peticiones y recursos fueron resueltos
conforme a las normas reglamentarias que regulan el curso de formación judicial
para esta ocasión

16. Por otro lado, indicó que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no hizo uso de
la inteligencia artificial para el análisis y expedición de las resoluciones relacionadas
con los discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial, debido a que fueron
atendidas de manera individual de acuerdo con la razonabilidad y juicio profesional
del equipo de la unidad correspondiente del Consejo Superior, sin embargo, aclaró
que las inconformidades se resolvieron con los insumos proporcionados por la “UT”
quien era el aliado estratégico de los aspectos técnicos de las pruebas. Sumado a
que, trajo a colación la sentencia T-323 de 2024 en la que se estableció que el uso
de la herramienta se debía entender como un apoyo a la gestión judicial pero que
con esta no se sustituya la labor humana el desarrollo y análisis de los casos.

17. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)7 indicó que
era una institución de educación superior con personería jurídica independiente a la
de la Unión Temporal Formación Judicial, además de que el desarrollo del curso de
formación judicial se lleva a cabo de acuerdo con la planeación y formalidades
exigidas por este, siendo conformada por la Sociedad E-Distribution S.A.S. y tal
universidad.

5
Ver índice 10 de samai.
6
Hizo mención a algunas sentencias como la T-425 de 2019, T-260 de 2018, entre otras.
7
Ver índice 11 de Samai.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06388-00
Accionante: Daniel Alberto Benavides Escobar
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

18. Expresó que, la acción de tutela es improcedente pues se presentó una carencia
actual del objeto8, sumado a que no se dio cumplimiento al requisito de
subsidiariedad y no se demuestra la conculcación de los derechos fundamentales
invocadas, pues la parte accionada ha actuado en lo de su competencia o
participación del desarrollo del objeto de la Unión Temporal Formación Judicial
2019. Tampoco se evidenció un perjuicio de carácter irremediable, tal como se
analizó en la sentencia T-554 de 2019 de la Corte Constitucional.

19. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura9 y la Unión
Temporal Formación Judicial 201910 no intervinieron en el trámite procesal, a
pesar de haber sido vinculados.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

20. La Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en
concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

2. Problema jurídico

21. En primer lugar, la Sala debe establecer si la acción de tutela es procedente
para cuestionar los actos administrativos proferidos dentro del curso-concurso de
formación judicial en la Convocatoria No. IX, puntualmente, precisar las hipótesis en
las que, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la acción de amparo supera
el requisito de subsidiariedad, toda vez que la entidad accionada sostiene que, en
el caso concreto, proceden los medios ordinarios de defensa, puesto que los
mismos, prevén medidas cautelares.

22. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, la sala reiterará el precedente
constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos
administrativos dentro de cursos-concursos de formación judicial. En caso de
responder afirmativamente la primera cuestión, como segundo problema jurídico
debe examinarse si se presentaron las vulneraciones alegadas por el accionante.

3. Procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos
administrativos dentro del IX curso concurso de formación judicial.

23. El artículo 86 superior señala que la acción de tutela es un medio judicial
subsidiario de protección de los derechos fundamentales, en esa medida no es

8
No hizo referencia específica a este punto.
9
El 27 de noviembre de 2024 fue notificado a los correos electrónicos
convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
10
El 27 de noviembre de 2024 fue notificado a los correos electrónicos
info@cendoj.ramajudicial.gov.co; ixcursoformacionji@cendoj.ramajudicial.gov.co;
fwilson@edistribution.co;presidencia@edistribution.co; notificaciones.judiciales@uptc.edu.co.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06388-00
Accionante: Daniel Alberto Benavides Escobar
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

principal ni procede directamente ante cualquier amenaza o violación, toda vez que,
los medios ordinarios de defensa, también son instrumentos procesales idóneos
para la protección de las garantías constitucionales11.

24. En desarrollo de lo anterior el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, precisó que
la acción de tutela es improcedente cuando en el caso concreto, sea posible acudir
a un medio de defensa judicial ordinario o extraordinario, el cual, en el caso concreto
sea idóneo y eficaz. En consecuencia, la acción de tutela es procedente cuando no
existe medio de defensa, o este, aplicado al caso concreto, es inidóneo o ineficaz.
Hipótesis en la cual, de manera excepcional el juez de tutela desplaza al juez
ordinario y, en sede de tutela, puede resolver definitivamente la solicitud de
protección.

25. Una segunda hipótesis de procedencia se funda en el hecho que, en un caso
concreto puede existir un mecanismo de defensa judicial, ordinario o extraordinario,
y el mismo se idóneo y eficaz, pero se presenta un perjuicio irremediable sobre el
ejercicio de un derecho fundamental, lo cual, impide esperar el desarrollo y
conclusión de un procedimiento judicial ordinario. En esos eventos, conocidos como
la procedencia transitoria por presentarse un perjuicio irremediable, la Corte ha
indicado que, el juez de tutela puede proferir un fallo temporal que ampare los
derechos constitucionales invocados, y además imponer la obligación al actor para
que acuda al juez ordinario, y sea dicha autoridad judicial la que tome una
determinación definitiva.

26. En punto al IX curso concurso de formación judicial, la Corte Constitucional ha
indicado que, en principio resultan improcedentes las acciones de tutela que se
dirigen a cuestionar decisiones administrativas definitivas, pues las mismos cuentan
con los medios de defensa judicial previstos en la Ley 1437 de 2011, con su abanico
amplio de medidas provisionales. En efecto, en la SU-067 de 2022 se precisó:

“(…) el legislador ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el control judicial de los
actos administrativos.

Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario natural para la
reivindicación de los derechos fundamentales conculcados en este contexto.
Allí, los interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los derechos
fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares que
ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían prevenir la consumación
de un daño definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran la
idoneidad de los aludidos medios de control en este campo.”12

27. La SU-067 de 2022 reiteró el precedente constitucional conforme al cual, la
acción de tutela resulta improcedente contra los actos administrativos proferidos en
el marco de concursos de méritos, pues, insistió, los medios de defensa judicial en
cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa son mecanismos adecuados y

11
“Ello significa que la totalidad de acciones y recursos del sistema jurídico, sean de naturaleza
administrativa o judicial, están dispuestos para asegurar la protección de los derechos
fundamentales” SU-067 de 2022
12
Cfr. SU-067 de 2022 (M.P. Paola Meneses Mosquera)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06388-00
Accionante: Daniel Alberto Benavides Escobar
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

eficaces de protección. Situación diferente es de aquellos actos administrativos que,
por expresa definición del legislador no son objeto de control judicial. Es el caso de
los actos administrativos de trámite, los cuales, conforme la Ley 1437 de 2011 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado no son objeto de control judicial autónomo,
sino en el momento en que se controla el acto definitivo.

28. En la aludida sentencia, la Corte Constitucional resolvió varias acciones de
tutela en la que discentes del IX curso concurso de formación judicial atacaban un
acto de trámite el cual, por disposición legal del CPACA, no podía ser atacado
directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa. En la decisión de
unificación, la Sala Plena explicó que, en razón de la inexistencia de instrumentos
que permitan su control judicial, es posible emplear la acción de tutela como
mecanismo principal y definitivo de protección de los derechos fundamentales. Se
aclaró que, en todo caso, no todo acto administrativo de trámite es pasible de acción
de tutela, pues por su carácter, la procedencia general de la acción de tutela contra
actos administrativos de trámite implicaría obstruir el avance de la administración.
En esa medida, incluso la acción de tutela contra actos de trámite resulta
excepcional. Consideró la Sala Plena:

“En cualquier caso, esta facultad no ha de ser interpretada de modo que
obstruya el avance y la conclusión de las actuaciones administrativas, pues
«de ninguna manera se trata de extender la tutela a los actos de trámite o
preparatorios, hasta el extremo que se haga un uso abusivo de ella, con el
propósito de impedir que la Administración cumpla con la obligación legal
que tiene de adelantar los trámites y actuaciones administrativas». De ahí
que esta corporación afirme que la acción de tutela instaurada contra actos
de trámite, aprobados con ocasión de un concurso de méritos, «solo procede
de manera excepcional, cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de
definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación
administrativa»”.

La procedencia indiscriminada de la acción de tutela contra los actos
administrativos de trámite comprometería gravemente el desarrollo y la
culminación oportuna de las actuaciones administrativas.”

29. La Corte Constitucional verificó que en el caso concreto (cuatro tutelas
acumuladas), se estaba atacando un acto administrativo de trámite, puntualmente,
la Resolución CJR20-020213. Dicha resolución corrigió una actuación administrativa
“desde la citación a las pruebas de conocimiento generales y específicas, de
aptitudes y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho”. En consecuencia,
dicha sentencia de unificación, en punto a la procedencia formal de la acción de
tutela se refiere a actos administrativos de trámite, dentro del concurso. En aquella
tutela no se examinaron actos administrativos definitivos de carácter particular, pues
la providencia indicó que la acción de tutela no es procedente para ese tipo de
actuaciones.

30. Aclarada la situación del precedente constitucional invocado por el accionante,
puntualmente la hipótesis fáctica resuelta en la SU-067 de 2022, corresponde ahora

13
Fundamento Jurídico No. 100: “Las acciones de tutela interpuestas por los demandantes se
enmarcan en el primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución CJR20-0202 es un
acto administrativo de trámite, motivo por el cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.”

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06388-00
Accionante: Daniel Alberto Benavides Escobar
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

examinar el precedente constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela
contra actos administrativos concretos y definitivos producidos como parte de un
concurso de méritos para proveer cargos públicos.

31. En la sentencia T-425 de 201914, la Sala Primera de Revisión resolvió una
petición de amparo, relacionada con la determinación de una autoridad pública que
omitió conservar los puntajes de dos aspirantes en un concurso de méritos. En la
decisión, la Corte reiteró su regla conforme a la cual, respecto del requisito de
subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente, salvo que se acredite un
perjuicio irremediable. Se concluyó que “en asuntos relativos a concursos de méritos
los participantes pueden cuestionar las actuaciones surtidas en el marco de la
convocatoria en ejercicio de los medios de control pertinentes ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo. Por tanto, la intervención del juez constitucional se
restringe, de ser el caso, “a conjurar un perjuicio irremediable”.

32. Se indicó que, los accionantes podían debatir la pretensión formulada ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, y, en este escenario judicial, exigir el decreto
de medidas cautelares. Además, de los hechos que dieron lugar a la solicitud de
amparo no era posible inferir la configuración de un supuesto de perjuicio
irremediable, en relación con ninguno de los intereses y derechos fundamentales
cuya protección solicitaron.

33. Posteriormente, en la Sentencia T-081 de 202215, una sala de revisión de la
Corte resolvió una acción de tutela formulada por un aspirante en un concurso
público de méritos con el fin de proveer cargos de docentes en la planta pública del
sistema de educación. En aquella oportunidad la Corte reiteró que la acción de tutela
es por improcedente, en dichas hipótesis, pues el juez administrativo cuenta con
medidas cautelares en el seno de los procesos contencioso administrativos.
Excepciones a ello, es el evento en que se discuten actos administrativos dentro de
concursos públicos para cargos con un período legal fijo. Esto pues, dado que el
cargo tiene un periodo limitado, no resulta razonable ni proporcionado exigir que un
aspirante agote un proceso judicial que concluirá cuando ya haya fenecido el
periodo del cargo para el que aspira. Situación diferente se da cuando el concurso
público es para proveer un cargo que no tiene periodo limitado, pues en atención a
que no existe un límite temporal, el medio de defensa judicial deviene en idóneo y
eficaz. En la providencia que se menciona la Corte tuvo oportunidad de precisar la
procedencia excepcional:

“En conclusión, la acción de tutela no es, por regla general, el mecanismo
judicial dispuesto para resolver las controversias que se derivan del trámite
de los concursos de méritos, cuando ya se han dictado actos administrativos
susceptibles de control por parte del juez de lo contencioso administrativo,
en especial, cuando ya existe una lista de elegibles. Sin embargo, el juez de
tutela deberá valorar si, atendiendo a las circunstancias del caso concreto,
los medios de control ante la justicia administrativa son eficaces para
resolver el problema jurídico propuesto, atendiendo a las subreglas (…), esto
es, (i) si el empleo ofertado cuenta con un periodo fijo determinado por la

14
M.P. Carlos Bernal Pulido.
15
M.P. Alejandro Linares.

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Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Constitución o por la ley; (ii) si se imponen trabas para nombrar en el cargo
a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles; (iii) si el caso tiene una
marcada relevancia constitucional; y (iv) si resulta desproporcionado acudir
al mecanismo ordinario, en respuesta a las condiciones particulares del
accionante”.

5. Examen de procedibilidad formal en el caso concreto

34. En el caso concreto, la Sala debe determinar, en primer lugar, si la acción de
tutela es procedente conforme a lo anteriormente anotado.

35. Lo primero que corresponde concluir es que la SU-067 de 2022 no es
precedente para el caso concreto, pues como se dejó indicado en el acápite de
consideraciones, la providencia de unificación era procedente formalmente, pues se
resolvían varias acciones de tutelas acumuladas dirigidas contra un acto de trámite
dentro de IX curso-concurso de formación judicial, etapa de formación de la
Convocatoria No. 27. Como se precisó más arriba, el ataque de los actores en
aquella oportunidad se dirigía contra un acto administrativo que, por mandato legal
se encuentra explícitamente excluido del control judicial por parte del juez
administrativo.

36. Examinado desde el precedente proferido por la Corte Constitucional en casos
de acciones de tutela dirigidas contra actos particulares definitivos, se ha indicado
que por regla general la acción de tutela es improcedente, salvo que se esté ante;
(i) un perjuicio irremediable; (ii) si el empleo ofertado cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley; (iii) si se imponen trabas para nombrar
en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles; (iv) si el caso tiene
una marcada relevancia constitucional; y (v) si resulta desproporcionado acudir al
mecanismo ordinario, en respuesta a las condiciones particulares del accionante.

37. Respecto de la primera hipótesis, en el caso concreto, esta subsección
considera que existe un medio de defensa judicial ordinaria idóneo y eficaz que
permite cuestionar los actos administrativos atacados por la parte actora, y en cuyo
marco se pueden ejercer medidas cautelares innominadas; (ii) estos medios de
defensa son idóneos y eficaces, especialmente en atención a que, el cargo al que
aspira no tiene un periodo fijo, razón por la cual, incluso en la hipótesis en la que,
las autoridades judiciales tomen el tiempo previsto en los códigos procesales para
expedir los fallos ordinarios, y estos le den la razón, pues las decisiones judiciales
serán oportunas en atención a que el cargo público al que aspira, estará disponible.

38. Los argumentos presentados por la parte accionante son, a juicio de la Sala,
razones que atacan la legalidad del proceso de selección y que se encuentran
relacionadas con las presuntas inconsistencias en las opciones de respuestas a
varias preguntas del examen, al ajuste injustificado en el puntaje inicialmente
otorgado, a la utilización de herramientas de inteligencia artificial, entre otras. Cada
una de ellas pueden ser encausadas bajo la cuerda procesal correspondiente a los
medios ordinarios de defensa judicial (nulidad y restablecimiento del derecho), a lo
cual se suma que no es el primero en una lista de aspirantes, por lo que no se
configura ninguna de las hipótesis que jurisprudencialmente habilitan a que el juez
de tutela intervenga en el marco de un proceso de concurso de méritos.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06388-00
Accionante: Daniel Alberto Benavides Escobar
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

39. La Sala verifica que, en el expediente no se ofrecen razones que lleven a
concluir que es desproporcionado que la parte interesada acuda al juez
administrativo para cuestionar las decisiones que estima se profirieron en contra del
ordenamiento jurídico superior. Ello pues no se ofrecen situaciones concretas de su
situación socioeconómica o de eventuales situaciones vulnerabilidades que hagan
procedente la flexibilización del requisito de subsidiariedad.

40. Finalmente, respecto a la eventual configuración de un perjuicio irremediable, el
artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “aun cuando el afectado disponga
de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. La jurisprudencia
ha definido el perjuicio irremediable como “el riesgo de consumación de un daño o
afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que
debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia”16.

41. Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar
el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que (i) el
perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera posibilidad
de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que
implicaría, en consecuencia, un daño de intensidad sobre la persona afectada; (iii)
las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la
acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por
inoportuna17.

42. En el sub lite, no se configura un perjuicio irremediable, pues no se avizora un
hecho que afecte gravemente los derechos fundamentales de la parte actora. Más
allá que no continuará en la fase especializada, además de que no se verifica que
dicha situación afecte sus garantías constitucionales. Especialmente, dado que,
como ya se indicó, los reparos que presenta contra los actos administrativos
proferidos por la Escuela Judicial pueden ser tramitados por los medios defensa
ordinarios, en los que se pueden ejercer medidas cautelares.

43. Puesto que no se verifica alguna de las hipótesis de procedencia de la tutela
contra actos administrativos proferidos dentro de concursos públicos, se declarará
improcedente el medio de amparo por incumplir el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

16
T-003 de 2022 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar)
17
SU-508 de 2020 (M.P. Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06388-00
Accionante: Daniel Alberto Benavides Escobar
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Daniel Alberto
Benavides Escobar en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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