Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06408-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06408-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06408-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de febrero de 2025
Radicación:11001-03-15-000-2024-06408-00
Demandante: Fidenciano Aristizábal Duque
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06408-00
Demandante: FIDENCIANO ARISTIZÁBAL DUQUE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, MUNICIPIO DE
IBAGUÉ – GESTORA URBANA, SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE
IBAGUÉ, SECRETARÍA DE GOBIERNO DE IBAGUÉ Y DIRECCIÓN
DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO DE IBAGUÉ
Temas: Tutela contra autoridad judicial y administrativa. Medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos. Requisito de
subsidiariedad cuando el proceso está en curso
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Fidenciano Aristizábal Duque1, quien actúa en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el municipio de Ibagué –
Gestora Urbana, la Secretaría de Movilidad de Ibagué, la Secretaría de Gobierno
de Ibagué y la Dirección de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El demandante mencionó que el municipio de Ibagué mediante Decretos 378 y
1069 de 2017, autorizó el aprovechamiento económico del espacio público
transitorio, por lo que se postuló ante la Gestora Urbana de la Alcaldía de Ibagué,
para participar de dicho beneficio con el cumplimiento de los requisitos
establecidos para ello.
Señaló que la autoridad competente expidió el acto administrativo por medio del
cual le otorgó la autorización para el aprovechamiento económico del espacio
público transitorio, el cual se concretó mensualmente y por el término continuo de
cinco años. Agregó que por el uso del espacio público tenía la obligación de
cancelar un canon de arrendamiento mensual.
Sostuvo que “mediante comunicaciones verbales, (…) medios de comunicación y
reuniones con la alcaldesa, director de justicia, gerente de la gestora urbana, se manifestó
de manera arbitraria a los vendedores de café de willys que NO se prorrogaba el contrato,
por que existió una medida cautelar que lo ordenaba”.
Manifestó que el 1º de noviembre de 2024, salió al punto de trabajo establecido en
donde se encontraban unos agentes de tránsito, quienes impidieron el parqueo de
los vehículos “willys”, en cumplimiento a una orden dada por la Secretaría de
Gobierno y la Secretaría de Movilidad de Ibagué, indicando que “no se podía volver
1 Presentada el 22 de noviembre de 2024.
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a desempeñar dicha labor”, toda vez que existía una medida cautelar decretada en
una acción popular, que así lo disponía.
Refirió que “No tengo otro sustento que mi puesto de comidas de allí genero mi mínimo
vital mi seguridad social, no le causo problemas a nadie yo pago mis servicios públicos
anexo la factura de la chec”. Expuso que al validar la orden emitida en la medida
cautelar constató que la misma iba dirigida al señor Marlon Aristizábal y a un
establecimiento de comercio ubicado en la plazoleta Santa Librado, a lo que
agregó que la debida interpretación de la orden judicial impide el ejercicio de su
derecho al trabajo, aun cuando cumple todos los requisitos para aprovechar el
espacio público.
Por último, aludió que “Soy de fresno Tolima cafetero de sangre, soy contador público y
comerciante de la ciudad de Ibagué, Empecé en el año 2019 con un proyecto de un jeep
willys (food truck) modificado para la venta de bebidas derivadas del café. Yo y mi familia
trabajamos y dependemos de nuestro negocio jeep willys, generamos cultura y
embellecemos el parque, hacemos aseo en el punto no tenemos problemas ni
inconvenientes con nadie y somos un punto de referencia turística. atendemos a turistas
de la mejor manera para que se lleven una buena impresión de la gente ibaguereña y se
tomen un buen café. Soy una persona de la tercera edad y por lo cual merezco mayor
protección por parte del estado, no le pido ninguna ayuda a ningún ente gubernamental, lo
único que pido es que me dejen trabajar para poder subsistir”.
2. Fundamentos de la acción
El accionante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo, debido proceso y al “principio de
presunción de legalidad”, los cuales considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Tolima, el municipio de Ibagué – Gestora Urbana, la Secretaría
de Movilidad de Ibagué, la Secretaría de Gobierno de Ibagué y la Dirección de
Espacio Público y Control Urbano de Ibagué, con la decisión que ordenó el
desalojo del espacio público en donde tenía ubicado el vehículo “willys” en el que
realizaba la venta de café, como consecuencia de la medida cautelar proferida en
el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con
radicado No. 73001-23-33-000-2023-00302-00.
Trajo a consideración el artículo 86 de la Constitución Política y citó apartes de las
sentencias de la Corte Constitucional T-607 de 2017 y T-243 de 2019, en relación
con el derecho fundamental al mínimo vital para los vendedores informales. Por
último, hizo referencia a la Ley 1988 de 2019, a la Resolución 1213 de 2020 y el
Decreto 801 de 2022.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“PRIMERA: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MÍNIMO VITAL,
DERECHO AL TRABAJO, DEBIDO PROCESO EN CONEXIDAD AL PRINCIPIO DE
PRESUNCIO[N] DE LEGALIDAD del señor FIDENCIANO ARISTIZABAL DUQUE.
SEGUNDA: como consecuencia, de lo anterior SE ORDENE a la GESTORA URBANA
suscriba nuevamente permiso de aprovechamiento económico del espacio público
transitorio del señor FIDENCIANO ARISTIZABAL DUQUE de su establecimiento
ubicado en el Parque Murillo Toro,
TERCERA: Se inste al MUNICIPIO DE IBAGUE en cabeza de su alcaldesa, para que
restablezca como autoridad Municipal los derechos del accionante,
CUARTO: Se Ordene al SECRETARIO DE GOBIERNO – DIRECTOR DE JUSTICIA
suspender Cualquier Orden de LEVANTAMIENTO, AL ACCIONANTE.
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QUINTO: Se Ordene al SECRETARIO DE MOVILIDAD – DIRECTOR OPERATIVO
suspender Cualquier Orden de LEVANTAMIENTO, AL ACCIONANTE.
SEXTO: Se ordene al HONORABLE MAGISTRADO. Para que certifique, que la medida
cautelar proferida por su despacho, mediante auto de fecha 25 de octubre de 2024,
dentro de la acción de popular con radicado 202300302 no tenía efectos vinculantes al
suscrito”.
4. Trámite procesal
Por auto del 26 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a las autoridades judicial y
administrativa accionadas -Tribunal Administrativo del Tolima, municipio de Ibagué
– Gestora Urbana, Secretaría de Movilidad de Ibagué, Secretaría de Gobierno de
Ibagué y Dirección de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué-. Así como a la
Nación – Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, y al señor Nicolás Álvarez Bernal, como
terceros interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo previsto en el
artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 299847 a
299855 del 3 de diciembre de 2024, así como las notificaciones Nos. 302916,
302917 y 302951 del 10 de diciembre de 2024, con el fin de poner en
conocimiento de las partes y terceros el contenido de la providencia2.
5. Oposición
5.1. Respuesta del municipio de Ibagué
El abogado de la entidad territorial rindió informe en el que solicitó la
desvinculación del trámite constitucional, por considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva para atender las súplicas de la demanda de
tutela.
Refirió que la vulneración alegada por el accionante recae en las actuaciones de la
Secretaría de Gobierno, quien mediante memorando No. 1500-2024-051866 del 1º
de noviembre de 2024, pidió a la Secretaría de Movilidad iniciar el procedimiento
correspondiente para la inmovilización de los vehículos que ocupan las vías de
forma irregular, en virtud de la orden emitida en el medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos identificado con radicado No. 73001-23-33-
000-2023-00302-00.
Sostuvo que en el referido medio de control se decretaron unas medidas
cautelares encaminadas a obtener la recuperación del espacio público, que se
encontraba ocupado por el comerciante Marlon Aristizábal, por carecer de las
autorizaciones para ejercer la actividad económica en la plaza Darío Echandía.
Mencionó que, frente al caso del accionante, la gestora urbana no ha otorgado el
permiso para ejercer la actividad económica de conformidad con lo establecido en
el Decreto 1000-0378 de 2017.
Por último, manifestó que la alcaldesa no es la funcionaria a cargo de conceder los
permisos para el uso y aprovechamiento del espacio público, y tampoco ha
desplegado alguna orden encaminada a retirar los vehículos derivada de una
medida cautelar.
2 Índices SAMAI 8, 9 y 10.
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5.2. Respuesta de la Secretaría de Gobierno de Ibagué
El secretario de Gobierno de Ibagué pidió que se declare improcedente la solicitud
de amparo, bajo el argumento de que no se han vulnerado las garantías
iusfundamentales del accionante, ya que la autoridad que dispone el uso y
aprovechamiento del espacio público es la Gestora Urbana de Ibagué. Así mismo,
solicitó la desvinculación del trámite constitucional porque carece de legitimación
en la causa por pasiva.
Indicó que el demandante no se encuentra facultado para desarrollar sus
actividades económicas en el espacio público, conforme lo dispone el Decreto
0378 de 2017, y agregó que, si bien el accionante afirmó presentar una solicitud
ante la autoridad administrativa, la misma carece de constancia de recibido.
Aludió que el demandante entendía que adelantar su actividad económica sin el
debido reconocimiento, va en contravía de las disposiciones normativas
establecidas para ello, y destacó que por medio de memorando No. 2024-051866
se remitió solicitud a la Secretaría de Movilidad de Ibagué con el fin de que iniciara
el procedimiento correspondiente para la inmovilización de cuatro vehículos tipo
Jeep y un vehículo motocarro, destinados a la venta de café, que se encontraban
estacionados de manera permanente en la vía pública, sin contar con la
autorización.
Refirió que se actuó en el marco de las competencias asignadas y, en
consecuencia, no ha transgredido los derechos fundamentales invocados por el
accionante, a lo que agregó que solo conoció la situación particular del
demandante hasta que se notificó la acción de tutela.
Manifestó que las decisiones administrativas adoptadas no obedecen a simples
caprichos del ente municipal, sino que están motivadas en el cumplimiento de la
orden judicial dada dentro del medio de control de los derechos e intereses
colectivos con radicado No. 73001-23-33-000-2023-00302-00.
Finalmente, aludió que la autoridad municipal no está facultada para resolver las
pretensiones propuestas en el escrito de tutela, como tampoco se le pueden
endilgar atribuciones que estarían en contravía de la normatividad constitucional y
legal.
5.3. Respuesta de la Dirección de Espacio Público y Control Urbano de
Ibagué
El director de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones de la solicitud
de amparo, en tanto no se encuentra acreditada la amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
Indicó que del escrito de tutela se evidencia que el accionante reconoce que lo
relativo al uso y aprovechamiento del espacio público está en cabeza de la gestora
urbana y que el desarrollo de la actividad económica se encuentra sujeto a lo
establecido en el Decreto 0378 de 2017. Así mismo, sostuvo que el demandante
solicitaba permisos ocasionales y transitorios para el ejercicio de su actividad,
aunado a que, según afirmó, no existió un contrato, sino unos permisos
ocasionales que se dieron en virtud de la normatividad antes señalada.
Expuso que el demandante es familiar directo del señor Marlon Aristizábal, debido
a que la dirección electrónica brindada para surtir las notificaciones es
marlonaristizabal@hotmail.com, y refirió que de conformidad con el Decreto 0280
del 26 de marzo de 2003 se adoptó el Registro Único de Vendedores Informales
de Ibagué -RUVI-, como una herramienta que permite adelantar acciones de4
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reubicación ordenadas mediante la orden judicial dada el 17 de febrero de 2000
por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que se ordenó al municipio
recuperar el goce del espacio público, así como proteger la utilización y defender
los bienes de uso público, en el perímetro urbano de Ibagué, especialmente, en el
centro de la ciudad y en las plazas de mercado.
Sostuvo que, en la referida orden judicial se ordenó, además, no permitir la
instalación o ubicación de nuevas ventas de carácter informal en ningún área que
constituyese espacio público, frente a lo cual se ha realizado un control estricto
para que ningún ciudadano que pretenda ocupar el espacio público crea que sus
actividades son jurídicamente aceptadas.
Señaló que el accionante indicó que lleva cinco años ejerciendo la labor, a pesar
de ello verificado el registro mercantil se encontró que la fecha de matrícula es de
30 de noviembre de 2018 y tiene como domicilio “Mz 32 CA 13 – Barrio Jordán
etapa III”, lo que permite establecer que cuenta con un establecimiento comercial
ubicado en un lugar completamente diferente del que afirma ejerce su actividad,
por lo que no cumple con las condiciones para ocupar y aprovechar el espacio
público de manera permanente.
Sumado a lo anterior, refirió que el permiso otorgado por la gestora urbana no era
de carácter permanente, sino como lo dispuso el artículo 3º de la Ley 1988 de
2019, en el que se indica que los vendedores informales periódicos realizan sus
actividades en días específicos de la semana o del mes y en determinadas horas.
Agregó que para el caso del actor se debe entender que no es informal, ya que
cuenta con un establecimiento de comercio y no se encuentra inscrito en el
Registro Único de Vendedores Informales de Ibagué.
5.4. El Tribunal Administrativo del Tolima y la Secretaría de Movilidad de
Ibagué, guardaron silencio a pesar de haber sido notificados en debida forma del
auto admisorio.
6. Terceros con interés
6.1. Respuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que la desvinculación
del trámite por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues
expuso que la inconformidad señalada por el accionante está relacionada con el
trámite que se ha surtido en la acción popular con radicado No. 73001-23-33-000-
2023-00302-00, sin que sea el ente ministerial quien adoptó las medidas
cautelares que, según dijo el actor, vulneraron sus derechos fundamentales.
6.2. Respuesta del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
La directora regional del Tolima se pronunció respecto a los hechos que dieron
origen a la acción de tutela y solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela,
tras indicar que el relato fáctico narrado en la demanda escapa de las
competencias asignadas a la entidad, ya que ellas radican en la Alcaldía de
Ibagué, Dirección de Espacio Público.
En relación con la acción popular con radicado No. 73001-23-33-000-2023-00302-
00, sostuvo que la regional Tolima fue vinculada toda vez que se pretende una
articulación entre la entidad, la Alcaldía de Ibagué y el Ministerio del Trabajo, para
que “se brinden capacitaciones sobre diferentes oficios que les permita generar
una mayor productividad e innovación y con ello mejorar las condiciones de vida
de los vendedores informales”.
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Refirió que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, ya que dentro
de sus competencias no se encuentra lo concerniente a la recuperación del
espacio público y debido a que las decisiones adoptadas en la acción popular han
sido proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima.
6.3. El Ministerio del Trabajo y el señor Nicolás Álvarez Bernal, no rindieron
informe en este trámite constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión preliminar
El municipio de Ibagué, la Secretaría de Gobierno de Ibagué y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo solicitaron la desvinculación de la acción de tutela,
al considerar que no han vulnerado los derechos fundamentales alegados por el
accionante y que las pretensiones no se dirigen contras esas entidades.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 2022 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de
ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala negará las solicitudes de desvinculación
debido a que se observa que las entidades actúan en calidad de demandadas en
el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos en el que
se profirió la decisión judicial que ordenó el desalojo del espacio público en donde
el accionante tenía ubicado el vehículo “willys” en el que ejercía la venta de café,
lo que permite concluir que deben hacer parte del contradictorio, como terceros
con interés, calidad en la que fueron vinculadas a esta acción constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico y solución
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Tolima, el
municipio de Ibagué – Gestora Urbana, la Secretaría de Movilidad de Ibagué, la
Secretaría de Gobierno de Ibagué y la Dirección de Espacio Público y Control
Urbano de Ibagué vulneraron los derechos fundamentales del accionante al
mínimo vital, trabajo, debido proceso y al “principio de presunción de legalidad”,
con la decisión que ordenó el desalojo del espacio público en donde tenía ubicado
el vehículo “willys” en el que realizaba la venta de café, en razón a la medida
cautelar decretada en el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos con radicado No. 73001-23-33-000-2023-00302-00.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo constitucional,
porque el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
con radicado No. 73001-23-33-000-2023-00302-00, se encuentra en curso y, por
tanto, el accionante puede formular la controversia ante el juez natural, sin que
hubiese demostrado la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional. 6
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4. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.
En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
3
2022 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar
la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el
ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la rama
judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la
utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la corrección de
4
las providencias judiciales” .
Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
5
el ordenamiento jurídico .
En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
3 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
4 Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
5 A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de
2018, M.P Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras. 7
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alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al interior del trámite
ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el amparo de dichas garantías dentro
6
del proceso .
Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de acudir
de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para ello. Esta
exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia adicional en el
trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por
7
el Legislador” .
Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.
En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del
trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes en los
8
procesos ordinarios” .
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. El señor Fidenciano Aristizábal Duque, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al mínimo
vital, trabajo, debido proceso y al “principio de presunción de legalidad”, los cuales
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima, el municipio de
Ibagué – Gestora Urbana, la Secretaría de Movilidad de Ibagué, la Secretaría de
Gobierno de Ibagué y la Dirección de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué,
con la decisión que ordenó el desalojo del espacio público en donde tenía ubicado
el vehículo “willys” en el que realizaba la venta de café, como consecuencia de la
medida cautelar decretada en el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos con radicado No. 73001-23-33-000-2023-00302-00.
5.2. De conformidad con las pruebas documentales aportadas con el escrito de
tutela, la Sala evidencia que el 18 de enero de 2023, el jefe de la Oficina Operativa
e Inmobiliaria de la Gestora Urbana de Ibagué otorgó el permiso de
aprovechamiento económico de espacio público transitorio No. 06, al accionante,
en los siguientes términos:
“1. Conforme al Decreto 1000-378 del 17 de mayo de 2017, y Decreto Nº 1000-1069
del 23 de noviembre de 2017, Artículo doce (12), se concede permiso transitorio por
(No. 16) días para el desarrollo del evento denominado EL SR CAFÉ los días, 2, 5, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30 de ENERO de 2023. La ocupación
transitoria se realizará con mobiliario de carácter totalmente removible consistente en
carro de comidas rápidas, que serán ubicadas en el PARQUE MURILLO”.
Así mismo, se observa que existió permiso No. 344 otorgado el 10 de noviembre
de 2023, por el término cinco días y solicitud con data del 1º de noviembre de
2024, elevada por el accionante ante el gerente de la Gestora Urbana de Ibagué
en la que pidió permiso de ocupación del espacio público por los días 3, 10, 17 y
6 Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
7 Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
8 Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación:11001-03-15-000-2024-06408-00
Demandante: Fidenciano Aristizábal Duque
24 de noviembre de 2024, sin constancia de recibido por parte de la autoridad
administrativa.
A su vez, se encontró copia del memorando No. 1500-2024-051866 del 1º de
noviembre de 2024, por el cual el secretario de gobierno le solicita al secretario de
movilidad, ambos de Ibagué, que inicie el procedimiento correspondiente para la
inmovilización de cuatro vehículos tipo Jeep y un vehículo motocarro, destinado a
la venta de café y estacionados de manera permanente en la vía pública sin la
debida autorización, en el marco de la acción popular con radicado No. 73001-23-
33-000-2023-00302-00 que ordenó materializar unas medidas cautelares
tendientes a la recuperación del espacio público.
5.3. Verificado el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI y el expediente digital
allegado, se observa que el señor Nicolás Álvarez Bernal el 16 de agosto de 2023
en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos presentó demanda contra el municipio de Ibagué y el Ministerio del
Trabajo, que le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Tolima, y se
identifica bajo el radicado No. 73001-23-33-000-2023-00302-00, con el fin de que
se ordenara lo siguiente:
“1. Se acojan las tesis aquí expuestas.
2. Se ordene y garantice el cumplimiento del artículo 1° de la Constitución
Política en tanto se ordene el cumplimiento efectivo de la ley 1988 de 2019.
3. Se realice la caracterización y carnetización de los vendedores ambulantes
ibaguereños.
4. Se establezca un programa que brinde microcréditos a tasas de interés bajas
para impulsar los proyectos productivos de los vendedores informales.
5. Se establezcan subsidios para que los vendedores ambulantes puedan
arrendar locales comerciales de interés social.
6. Se realice una articulación entre la alcaldía de Ibagué, el SENA y el
Ministerio del trabajo para que se brinde capacitaciones sobre diferentes oficios
que les permita generar una mayor productividad e innovación y con ello
mejorar las condiciones de vida de los vendedores ambulantes”.
La anterior demanda tuvo como fundamento que “En numerosas ocasiones los
vendedores ambulantes, quienes son sujetos de especial protección constitucional, han
sido amenazados con ser desalojados de sus espacios de trabajo por parte la alcaldía de
Ibagué, sin brindarles ningún tipo de alternativa o solución que proteja y garantice sus
derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo, vida y vida digna (…) La ley 1988 de
2019 y adoptada mediante decreto 801 de 2022, tiene por objeto establecer los
lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores
informales, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al
trabajo y a la convivencia en el espacio público”.
Por auto del 30 de agosto de 2023, la autoridad judicial resolvió admitir la
demanda y dispuso vincular al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El 24 de octubre de 2023, se llevó a cabo la audiencia especial de pacto de
cumplimiento que se declaró fallida y, en consecuencia, se fijó fecha para realizar
diligencia de inspección judicial desde la calle 10 hasta la calle 17, y de la carrera
2 hasta la carrera 5 del centro de la ciudad de Ibagué. La referida diligencia se
realizó el 3 de noviembre de 2023, en la que se ordenaron las siguientes medidas
cautelares:
“Medida Cautelar: En virtud que el empresario Marlon Aristizábal tiene
ocupación de espacio público y de bienes de uso público como la es la vía
vehicular de la calle 12 frente al inmueble con nomenclatura número 2-15 de la
ciudad de Ibagué, para la prestación de la actividad comercial consistente en la
venta de alimentos derivados del café a través de un vehículo antiguo
estacionado en plena vía pública, entendiéndose que afecta bienes que bajo 9
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ninguna circunstancia deben ser ocupados aunque se cuente con autorización
de la autoridad administrativa, bajo el agravante de encontrarse obstaculizando
vía vehicular, por lo tanto se ordenó al Alcalde- Secretario de Gobierno –
Director de Espacio Público y a la Gestora Urbana de Ibagué que retiren la
actividad comercial descrita en sus dos ubicaciones dentro del espacio público
del municipio, orden que debió ser cumplida de forma inmediata, así como la
suspensión de cualquier permiso entregado, finalmente para que se le ordene
al empresario la entrega de la documentación correspondiente al
establecimiento de comercio (permisos otorgados, actuaciones administrativas
y demás) con el propósito de compulsar copias para la respectiva investigación,
disciplinaria, penal y fiscal.
• Por otra parte al punto de llegar a la carrera 3a con calle 14 en la plazoleta
Santa Librada, se evidenció varios carros parqueados y una edificación con
cimientos permanentes para el funcionamiento de un establecimiento de
comercio que según los vendedores informales del sector y el Director de
Espacio Público se abre de forma ocasional y esporádica por lo cual el
Magistrado Conductor ordenó: al Alcalde Municipal de Ibagué, Secretario de
Gobierno, Director de Espacio Público y Gestora Urbana para que adopte de
forma inmediata las actuaciones necesarias para la recuperación del espacio
público en esta ubicación. (...)”.
En la misma diligencia se solicitó que se entregara el censo de los vendedores
informales que se ubican sobre el sector de la carrera tercera de la ciudad de
Ibagué y la gestión contractual del arrendamiento del parque Manuel Murillo Toro
para los vendedores transitorios que se ubican por temporadas.
El 5 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima requirió a la
Alcaldía Municipal de Ibagué, a la Secretaría de Gobierno y a la Dirección de
Espacio Público para que rindieran un informe sobre las órdenes dadas en la
inspección judicial realizada el 3 de noviembre de 2023.
El 5 de noviembre de 2024, se llevó a cabo audiencia de recepción y socialización
de informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas, en la
misma se dejó constancia de las actuaciones realizadas por parte de las
autoridades demandadas, con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial, que
fueron comunicadas mediante oficio No. IMB-402-RS-001094 del 10 de
septiembre de 2024 enviado por el jefe de la Oficina Operativa e Inmobiliaria de la
Gestora Urbana de Ibagué, así como se hizo relación de algunas documentales
aportadas y se requirió al demandante para que allegara información sobre el
censo de los vendedores informales.
Por auto del 13 de noviembre de 2024, la autoridad judicial accionada ordenó la
vinculación de la alcaldesa municipal, la Secretaría de Gobierno, la Gestora
Urbana y la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, todas de Ibagué.
Conforme a lo anterior, se tiene que el proceso judicial en el que se decretó la
medida cautelar objeto de tutela está en curso, en tanto aun no se ha cerrado el
periodo probatorio, no se ha corrido traslado para presentar alegatos de
conclusión y, por tanto, no cuenta con sentencia de primera instancia.
Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 472 de
1998, cualquier persona natural o jurídica podrá participar en el trámite de la
acción popular antes de que se profiera fallo de primera instancia.
Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia T-004 de 2019, mencionó
que dentro de las facultades otorgadas al juez popular esta la de garantizar “el
derecho de defensa y contradicción de terceros que no fueron demandados y que, en
virtud de un amparo con alcance ultra o extrapetita, pueden resultar eventualmente
afectados por la orden judicial”.
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Tal circunstancia permite concluir que el debate propuesto por el accionante, a
través de este mecanismo constitucional, puede ser presentado ante el juez
natural de la acción popular, en tanto tiene la oportunidad de participar dentro del
referido medio de control hasta antes de que se emita el fallo de primera instancia.
Así las cosas, al encontrar que el demandante tiene la posibilidad de dirimir su
inconformidad con la decisión por medio de la cual se ordenó adoptar las medidas
necesarias para desalojar el lugar en donde realizaba la venta de café, es claro
que se desatendió el carácter residual y subsidiario de este mecanismo de
protección constitucional.
Lo anterior, teniendo en consideración que según se valoró en la demanda de la
acción popular los fundamentos de hecho están relacionados con exigir
lineamientos para la protección de los vendedores ambulantes por parte de las
distintas autoridades administrativas por haber recibido amenazas de desalojo del
espacio donde ejercen su actividad laboral. Sumado a que existe una orden
encaminada a desalojar el espacio público derivada de la medida cautelar
decretada en el marco de la acción popular, situación que conforme lo indicó el
accionante vulnera sus derechos fundamentales. Luego, el demandante puede
intervenir en dicho asunto para debatir su inconformidad con la decisión allí
adoptada.
En este punto, cabe recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con
sustento en el artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que la acción de
tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez
que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial previstos
en el ordenamiento jurídico. En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación
sostuvo que el requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales
se puede presentar en dos escenarios: i) cuando el proceso ha concluido, o ii)
cuando se encuentra en curso, escenario último en el que “la intervención del juez
constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario”.
Por lo expuesto, la Sala observa que la acción de tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad porque se presentó encontrándose en curso otro mecanismo de
defensa judicial, esto es, el medio de control de los derechos e intereses
colectivos. Adicional a ello, se advierte que tal situación irradia a las autoridades
administrativas demandadas, quienes han actuado en cumplimiento de la medida
cautelar decretada el 3 de noviembre de 2023, por la autoridad judicial accionada.
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No obstante lo anterior, conforme con la jurisprudencia constitucional, “si bien por
regla general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el
trámite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de
defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en los
cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son idóneos ni eficaces para
superar la amenaza a los derechos fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente
la procedencia de la acción de tutela, realizando el juez constitucional una evaluación
fáctica del asunto puesto a su consideración”.
La Sala observa que el demandante no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la procedencia de la acción constitucional como
mecanismo transitorio, pues si bien aludió que ostenta la calidad de vendedor
informal y que la actuación administrativa de disponer el desalojo del lugar donde
realizaba la actividad económica vulnera sus derechos fundamentales, lo cierto es
que del material probatorio allegado se logró evidenciar que el actor no ejerce la
venta de café de manera permanente, sino que es transitoria según los permisos
9 Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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concedidos. Por ende, no se puede establecer que exista una afectación de tal
magnitud que habilite el mecanismo constitucional.
Por las razones expuestas, se declarará improcedente la solicitud de amparo
constitucional por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el municipio
de Ibagué, la Secretaría de Gobierno de Ibagué y el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Fidenciano Aristizábal Duque, quien actúa en nombre propio, por las
razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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