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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06415-01

Fecha
7 de marzo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06415-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 23 de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-01 Demandante: Jorge Humberto Arias López SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06415-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-01
Demandante: Jorge Humberto Arias López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-01
Demandante: JORGE HUMBERTO ARIAS LÓPEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo porque no se cumplió los requisitos generales de procedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que se
pretende usar la tutela como instancia adicional al proceso ordinario /
SUBSIDIARIEDAD – No se encuentra acreditado, por cuanto para cuestionar la
legalidad de los actos administrativos expedidos por la DIAN la parte accionante
contó con el mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora, contra la sentencia
del 23 de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 22 de noviembre de 20241, el señor Jorge Humberto Arias López interpuso
acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Dirección
Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque consideró vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso. Formuló las siguientes pretensiones:

Primero. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso.
Segundo. Ordenar a quien corresponda la nulidad del acto administrativo
Resolución 102362017000001 del 27 de octubre de 2017 y restablecer a vida
jurídica la Declaración Renta año 2013 primigenia.

1 Se advierte que, el 17 de febrero de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el respectivo proyecto de sentencia.

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Demandante: Jorge Humberto Arias López

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El accionante presentó la declaración de renta por el año 2013, el 29 de agosto
de 2014, bajo el sistema ordinario, que corrigió el 11 de julio de 2016 para liquidar
el respectivo impuesto por el sistema IMAN, e incluyó en el renglón 76 los gastos
de representación exentos por valor de $314.699.000.

4. Previo requerimiento especial y respuesta al mismo, mediante la Liquidación
Oficial de Revisión 102412017000013 del 10 de mayo de 2017, la DIAN modificó la
declaración de corrección, para rechazar los gastos de representación exentos y le
impuso sanción por inexactitud de $85.267.000 – 100%. Esa Liquidación fue
confirmada mediante la Resolución 102362017000001 del 27 de octubre de 2017.

5. Por lo anterior, el señor Jorge Humberto Arias López presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Dian, a fin de que se declarara
(i) la nulidad de la comunicación 005888 2017-05-11, a través de la cual se confirma
la Liquidación Oficial Rentas Naturales – Revisión Nro. 102412017000013 del 2017-
05-10 y se niega en su totalidad los argumentos del contribuyente; (ii) la nulidad de
la Resolución 102362017000001 de octubre 27 de 2017, mediante la cual la Dian
confirma en su totalidad la Liquidación Oficial de Revisión 102412017000013, y, (iii)
se ordene a la Dian rehacer la declaración de renta, por el año gravable 2013,
conforme los parámetros que se señalen en la sentencia.

6. En sentencia del 19 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el demandante tenía la
condición de empleado en los términos de los artículos 329 del Estatuto Tributario
y 10 de la Ley 1607 de 2012, de ahí que se encontrara obligado a calcular el
impuesto sobre la renta por los sistemas ordinarios e IMAN, y se modificó el rubro
de gastos de representación exentos, por cuanto ese concepto solo ampara a
funcionarios judiciales y a docentes de universidades estatales.

7. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la apeló. En sentencia
del 9 de septiembre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la
providencia recurrida.

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8. El accionante adujo que se debió rechazar lo consignado en el renglón 75, así
como se rechazó lo declarado en el renglón 76 «siendo ello de plena
responsabilidad no solo en vía administrativa sino jurisdiccional de los funcionarios
competentes». Para tal efecto, señaló que:

Soporte legal existe para justificar o no el RENGLÓN 75, la integralidad
holística del Decreto 3032 de 2013, logra determinar desde esta normativa
reglamentaria una consecuencia directa/indirecta que nace desde quien recibe
los ingresos como contraprestación de un servicio prestado y su obligatoriedad
de hacer aportes al SGSS. Pero no solo ello, el mismo acto administrativo
Resolución 102362017000001 del 27 de octubre de 2017, admite como prueba
fehaciente lo consignado y validado por la Autoridad Tributaria a RENGLONES
47 Y 50, desde donde de manera indirecta se colige con total seguridad legal,
que esos gastos son provenientes de un ingreso como contraprestación por la
prestación de un servicio por parte de una persona natural, que no son ingresos
para beneficio personal, como lo exige el artículo 9 del Decreto 3032/2013,
cuando recurre como determinantes para liquidación/pago de apostes al SGSS
al Decreto 510/2003 (artículos 1°, parágrafo, y artículo 3°) o como lo estableció
el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 o en similar condición el Decreto
1703/2002 (artículo 23). Esta normativa citada, es lo que hace que el renglón
75 solo admita aportes que sean provenientes de ingresos de personas
naturales y exclusivos para su beneficio personal. Es decir, donde el afiliado
funge como aportante y cotizante a la vez. Lo anterior nunca ocurre en la
realidad del accionante, pero en su lugar si ocurre en la calidad de aportante y
cotizantes de sus colaboradores (empleados) RENGLÓN 47 (prueba
primigenia Renta 2013 del suscrito).

9. Argumentó que todo ese soporte normativo da cuenta de que los ingresos que se
perciban por la prestación de un servicio de manera personal y directa por parte de
una persona natural con cualquier singularidad, para ser objeto del artículo 329 del
Estatuto Tributario debe tener la connotación de estar afiliados al sistema general
de pensiones y su cotización corresponderá a los ingresos que efectivamente
perciba el afiliado, entendiéndose por aquellos los que recibe para su beneficio
personal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de
2003, por lo que, en su criterio, ese un soporte legal «que contradice sin sustento el
fallador de segunda instancia sobre la limitación de los aportes, profundizando su
nulidad absoluta (renglón 75)».

10. A su juicio, se está ante un acto administrativo nulo, desde el mandato que debe
contener legalmente el renglón 75 y incoherencia con el renglón 47, pues esas
situaciones se prueban con los pagos mensualizados de los aportes como
empleado, lo cual fue manifestado en el proceso administrativo y judicial «pero que
el renglón 47 lo da como prueba fehaciente, desde la declaración nativa año 2013,

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es decir, no representan ingresos personales o de tipo laboral para beneficio
personal, sea la condición contractual de cualquier condición y forma, tal como se
establece en el artículo 9° del Decreto 3032/2013».

11. Finalmente, manifestó que la situación jurídica sobreviniente de la aplicación
indebida del artículo 329 del Estatuto Tributario, pues no se puede aducir como
ambigua o de compleja interpretación «en su lugar es una acción legal inaplicable y
sin sujeto tributario objetivo».

Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto del 26 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador en
primera instancia admitió la presente solicitud de amparo y ordenó notificar a los
magistrados que integran la Sección Cuarta del Consejo de Estado y al director de
la DIAN, como parte demandada, y a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Caldas, como terceros en interés.

13. El Tribunal Administrativo de Caldas indicó que la tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional por cuanto las decisiones adoptadas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho estuvieron fundamentadas en la
normatividad vigente para el momento de la decisión, y lo pretendido por el actor
es promover una nueva revisión de los fallos. Asimismo, expuso que el actor no
planteó ni concretó alguno de los presupuestos específicos de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales.

14. Finalmente, precisó que al dictar la sentencia de primera instancia se limitó a
aplicar la hermenéutica de los artículos 329 del Estatuto Tributario y 10 de la Ley
1607 de 2012, según la cual bastaba que una persona natural residente en
Colombia derivara al menos el 80% de sus ingresos de la prestación de servicios
personales, sin importar la denominación del vínculo, para entrar en la categoría
tributaria de “empleado”.

15. La Sección Cuarta del Consejo de Estado indicó que el actor trajo los mismos
argumentos del recurso de apelación del proceso ordinario, los cuales fueron
decididos en forma desfavorable en la sentencia de segunda instancia, por cuanto

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los actos administrativos demandados que modificaron la declaración de renta de
2013 solo lo hicieron para rechazar los gastos de representación exentos para
jueces de la república, rectores y profesores de universidades oficiales, condición
que el actor no tenía, así como la sanción por inexactitud. Lo anterior «sin
cuestionar el sistema de depuración o cualquier otro particular, como ocurre con la
discusión que el accionante ha pretendido promover desde el juicio ordinario».

16. Esas circunstancias, en su criterio, dan cuenta que el actor pretende es abrir
una instancia adicional, situación para la cual no está prevista la acción de tutela.
Explicó, además, que la decisión cuestionada no es caprichosa ni arbitraria.

17. La Dirección de Impuestos y Aduanas Especiales manifestó que la tutela no
tiene relevancia constitucional pues los cargos señalados están desprovistos de
suficiencia argumentativa, aunado al hecho de que el actor pretende utilizar la tutela
para discutir asuntos meramente legales. Asimismo, precisó que el actor no señaló
la configuración de ningún defecto específico atribuible a la sentencia de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

Sentencia impugnada

18. En sentencia del 23 de enero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo.

19. En primer lugar, indicó que no se cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto el debate propuesto es de índole legal, económico y
pretende recabar en un debate que fue objeto de conocimiento y pronunciamiento
por el juez natural de la causa, aunado al hecho de que no indicó cuál o cuáles eran
los defectos en los que supuestamente incurrió la providencia cuestionada. Lo
anterior, por cuanto se requiere que el actor cumpla con el deber de señalar y
desarrollar los defectos y argumente el concepto de la violación a sus garantías
constitucionales, que amerite un análisis de fondo en sede de tutela.

20. Asimismo, declaró improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad frente a la inconformidad con la Resolución 102362017000001 del
27 de octubre de 2017, por cuanto ya se agotó el medio de control ordinario y existe

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un pronunciamiento por parte del juez competente respecto a la legalidad del
referido acto administrativo, el cual está contenido en la sentencia del 9 de
septiembre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Impugnación

21. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora la impugnó y argumentó que
lo que se propuso fue un debate de trasgresión de un marco normativo específico,
por haberlo ignorado.

22. Expuso que la controversia no implica devolverse al debate probatorio «más
aún cuando lo que se ha solicitado es el cumplimiento estricto del marco
reglamentario que gobierna el Sistema IMAN representado en el Decreto 3032 de
2013, que nunca se asume y aplica, para sostener por ejemplo lo consignado en el
renglón 75 de la resolución».

23. Indicó que no existe en el proceso evidencia de alguna anotación referente a la
discusión que representa el marco normativo relativo al articulado del Decreto 3032
de 2013. En cuanto al agotamiento de los medios de defensa judicial, manifestó
que lo reclamado es la vulneración al debido proceso por la inaplicabilidad
normativa que realizó la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

24. Finalmente, señaló que el eje central de la argumentación siempre ha estado
centrado en que el renglón 75 contiene un dato totalmente contrario a lo que
establece el Decreto 3032 de 2013. En su criterio, es un dato fundamental y debe
corresponder estrictamente al mandato dictado por las leyes y reglamentos.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 23 de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado. Para tal efecto, se deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y el de subsidiariedad. Solo en el evento
de que se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará

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si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales del señor
Jorge Humberto Arias López.

26. En primer lugar, se observa que si bien el señor Arias López no indicó
expresamente el defecto en el que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió,
pues argumentó que lo pretendido es que se protejan sus derechos fundamentales
ante la omisión de aplicar el marco reglamentario que gobierna el Sistema IMAN
representado en el Decreto 3032 de 2013, «que nunca se asume y aplica, para
sostener por ejemplo lo consignado en el renglón 75 de la resolución», la Sala
entiende que se trata de un defecto sustantivo por inaplicación del referido marco
normativo.

27. Entonces, en relación con la pretensión de nulidad de la Resolución
102362017000001 del 27 de octubre de 2017, al igual que el a quo, la Sala advierte
que la parte actora contaba con otro medio de defensa para la protección de los
derechos fundamentales invocados como vulnerados: el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
el cual, en efecto, ejerció pues dio lugar al proceso identificado con el radicado
17001-23-33-000-2018-00280-01 que se tramitó en primera instancia ante el
Tribunal Administrativo de Caldas y la alzada le correspondió a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.

28. En efecto, en ese proceso se tuvo la oportunidad para discutir la legalidad de la
referida resolución y no le corresponde al juez constitucional determinar si el referido
acto administrativo incurrió en las causales de nulidad que alega el actor, pues ese
asunto es competencia del juez ordinario quien en virtud de la independencia y
autonomía judicial, y luego de valorar el material probatorio que obraba en el
expediente, determinó que no se había demostrado causal de nulidad alguna que
implicara su expulsión del ordenamiento jurídico. Por lo anterior, la Sala confirmará
en ese aspecto la decisión impugnada, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

29. De otra parte, la Sala considera que tampoco se cumple con el requisito de
relevancia constitucional. En efecto, el Tribunal Administrativo de Caldas, en
sentencia del 19 de septiembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda por

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considerar que según lo dispuesto en los artículos 329 del Estatuto Tributario y 10
de la Ley 1607 de 2012, para el año 2013 el demandante tenía la condición de
empleado, por lo cual se encontraba obligado a calcular el impuesto sobre la renta
por los sistemas ordinario e IMAN con el fin de elegir aquel que representara un
mayor tributo a cargo.

30. Asimismo, por cuanto quedó acreditado que el accionante era ingeniero de
minas y para el año 2013 era interventor de Gensa, con ocasión del contrato 004-
2013 para la interventoría de suministro de carbón térmico empleado en el
funcionamiento de la central termoeléctrica de Paipa, y que vinculó personal de
apoyo para las labores de interventoría, por lo que la Dian modificó la declaración
de renta del 2013 en relación con los gastos de representación exentos, pues ese
rubro no resultaba procedente toda vez que solo amparaba a los funcionarios
judiciales y a los docentes de universidades públicas.

31. Entonces, como para esa vigencia el señor Arias López residió en el país y
obtuvo ingresos por la prestación personal de servicios como interventor en el marco
del contrato suscrito con Gensa superiores al 80% de los ingresos declarados en
ese año, y las calidades del actor fueron determinantes para la suscripción del
referido contrato, pues desarrolló una tarea intelectual en ejercicio de una profesión
liberal, y si bien vinculó personal de apoyo en diferentes áreas, ello no lo separó de
las tareas de supervisión, verificación y control propias de la interventoría, por lo
que no quedó desdibujada la prestación personal del servicio. Por lo anterior,
consideró que la modificación de la declaración de renta, exclusivamente en lo
relacionado con el rechazo de los gastos de representación exentos, eran acordes
con el ordenamiento jurídico superior.

32. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la apeló y argumentó
que el artículo 329 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1607 de 2012 es
discordante con el formulario 210 a través del cual se declara el impuesto de renta,
pues no permite el tratamiento igualitario de los ingresos entre empleados
vinculados a través de relaciones laborales, legales o reglamentarias y quienes
tienen una vinculación contractual distinta. Lo anterior, porque a los primeros que
no tienen costos asociados se les permite depurar en el sistema IMAN los beneficios
de renta exenta, mientras que a los segundos que sí incurren en esos costos no se

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les permite la deducción de esas erogaciones. En su criterio, eso da cuenta de la
incoherencia del derecho tributario, aunado al hecho de que insistir en categorizarlo
como empleado tributario bajo una interpretación literal de la norma, es abusar del
derecho.

33. Asimismo, reprochó el insuficiente análisis que realizó el tribunal para determinar
que la noción de empleado tributario incluye los contratos de prestación de servicios,
pues, en su criterio, se queda corta cuando prevalece la autonomía de la labor y la
responsabilidad por el sistema IMAN, lo que impide a quienes tienen sociedades de
hecho, depurar los costos asociados a la actividad generadora de renta.

34. Al resolver los anteriores argumentos, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en la sentencia del 9 de septiembre de 2024, manifestó que como argumento de
inconformidad en la demanda, se señaló que él no estaba obligado a tributar por el
sistema IMAN toda vez que no tenía la calidad de empleado tributario. No obstante,
luego de examinar los actos acusados, advirtió que la liquidación del referido
gravamen conforme el sistema IMAN no fue cuestionada por la Dian, sino que, por
el contrario, la entidad validó la presentación de esa declaración de corrección bajo
dicho sistema «razón por la que lo glosado se concretó en la improcedencia de
gastos de representación exentos», pues si bien el actor cumplía con ser empleado,
no tenía la condición de magistrado o juez, como tampoco era rector o profesor de
una universidad pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del
Estatuto Tributario.

35. Sostuvo que la Dian, luego de validar el sistema de depuración acogido por el
actor en la declaración de corrección del 11 de julio de 2016, registró un impuesto
a cargo liquidado por el sistema IMAN y conforme con el cual aceptó implícitamente
la categoría de empleado, «por lo que resulta inocua la discusión planteada en la
demanda y en la apelación sobre el origen de los ingresos del demandante, su
calidad de empleado y demás reproches sobre el sistema IMAN, como que no
admite la depuración de los costos y gastos asociados a la actividad productora de
renta».

36. Hizo énfasis en que la «glosa que contienen los actos administrativos
demandados» estuvo circunscrita al rechazo de gastos de representación exentos
por $314.699.000, sin que la misma fuera controvertida ni menos desvirtuada en

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sede administrativa ni judicial, por lo que, concluyó que esos actos conservan su
presunción de legalidad.

37. Por último, indicó que en relación con los reparos del apelante en cuanto a la
calidad de empleado definida en el Estatuto Tributario y en el artículo 10 de la Ley
1607 de 2012, y sus efectos en la depuración de la renta, así como el reproche en
cuanto al formulario implementado para presentar la declaración, «más allá de la
situación particular del actor, se trata de cuestionamientos frente a la ley misma y al
citado formulario, que resultan ajenos y, por ende, escapan al juicio de legalidad de
los actos acusados que, como se precisó, se concretaron al rechazo de gastos de
representación exentos, que no fue controvertido ni menos desvirtuado». Por lo
anterior, sostuvo que no eran de recibo los argumentos alusivos al abuso y
desconocimiento del derecho, pues la administración aplicó la normativa vigente al
caso.

38. Los anteriores argumentos, en criterio de la Sala, resultan razonables y no
merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, puesto que
responden adecuadamente al problema jurídico abordado tanto por el Tribunal
Administrativo de Caldas como por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El
hecho de que la parte actora no los comparta, no significa que la autoridad judicial
demandada hubiese tomado una decisión irracional, absurda o contraevidente; al
margen de las premisas normativas, de las pruebas y de la jurisprudencia aplicable.

39. Recuérdese que para que se configure el defecto sustantivo por la indebida
aplicación o interpretación de una norma se requiere que esta sea ostentosa,
arbitraria y caprichosa, y que desconozca los lineamientos constitucionales y legales
pertinentes, toda vez que no le corresponde al juez constitucional definir la forma en
el que el juez ordinario debe adoptar la decisión.

40. Por lo anterior, no es de recibo que el actor traiga al escenario de la acción de
amparo constitucional, la discusión sobre la supuesta omisión en la que incurrió la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, pues del análisis de la providencia
cuestionada, se advierte que la misma estuvo soportada en el material probatorio
que obraba en el expediente, así como en la normatividad aplicable para la
declaración de renta del periodo gravable 2013, en el cual se determinó que como
los actos administrativos demandados solo modificaron la declaración de renta para

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rechazar los gastos de representación exentos, no era dable pronunciarse sobre la
calidad de empleado y sus efectos en la depuración de renta, ni mucho menos del
formulario implementado para presentar la declaración, toda vez que se trataba de
cuestionamientos frente a la ley, que eran ajenos al debate judicial.

41. El hecho de que el señor Arias López pretenda imponer su visión particular del
caso, con el fin de que se acceda a las pretensiones y se declare la nulidad de las
resoluciones demandadas, no significa que la decisión adoptada sea arbitraria,
caprichosa o que hubiera realizado una interpretación irrazonable o
desproporcionada.

42. En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en sentir
de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela
intervenga, pues se reitera que este mecanismo de estirpe constitucional no puede
convertirse en el único y preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene
una decisión contraria a sus intereses.

43. Se insiste, el desacuerdo de la parte accionante y la disparidad de criterios en
torno a los elementos debatidos no son razones suficientes para que el juez de
tutela realice un estudio de fondo, pues este instrumento constitucional no es una
instancia adicional para imponer una interpretación única en un proceso dirigido y
decidido por los jueces naturales, tanto más si la demanda está desprovista de
razonamientos constitucionales que den cuenta de que se cumple el presupuesto
de relevancia constitucional o si, como en este caso, el asunto fue definido por una
alta corte, caso en el cual, cabe anotar, la propia Corte Constitucional ha venido
sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es necesario que la decisión
contenga una anomalía de tal forma que riña abiertamente con la Constitución y la
jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de
derechos fundamentales, circunstancias que en este caso no se advierten a simple
vista2.

44. Valga considerar que en la sentencia de unificación SU-215 de 20223 la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario

2 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
3 M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-01
Demandante: Jorge Humberto Arias López

para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, con el objetivo de impedir
que este mecanismo constitucional se convierta en instancia adicional a los
procesos o el escenario en el que se resuelvan aspectos legales, económicos o sin
trascendencia constitucional, que no son propios del juez de tutela.

45. Al examinar los criterios señalados, el presente asunto no es de aquellos en los
que exista la necesidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o darle
alcance a un derecho fundamental, ni siquiera por el hecho de que se alegue la
vulneración de uno o varios derechos fundamentales.

46. En ese orden de ideas, no cabe duda de que la autoridad judicial accionada,
como juez de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, abordó directamente los aspectos fundamentales de la cuestión litigiosa
propuesta en el recurso de apelación en torno a determinar si procedía o no el
rechazo de los gastos de representación exentos, y descartó con argumentos
fundados que, ese rubro solo procedía para los jueces de la república, rectores y
profesores de universidades oficiales, asimismo, precisó que resultaban ajenos al
debate judicial los reparos del apelante en torno a su calidad de empleado tributario
y sus efectos en la declaración de renta, así como los cuestionamientos respecto
del formulario para declarar el tributo, pues se trataba de reproches frente a la ley y
al formulario, que «escapan al juicio de legalidad de los actos acusados».

47. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró improcedente
la solicitud de amparo, por haberse acreditado el incumplimiento de los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad.

48. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 23 de enero de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

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SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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