Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06418-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06418-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06418-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
18 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-06418-001
Demandante : Hernán Ariza Guzmán
Demandado : Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1
Vinculados : Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso y acceso a la administración de justicia
Tema : Tutela contra providencia, contrato realidad
Decisión : Sentencia de primera instancia – niega
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Hernán Ariza Guzmán contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
de Decisión 1 por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
Hernán Ariza Guzmán, quien actúa en nombre propio, interpuso el presente recurso
de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1.
1
Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06418-00
Demandante: Hernán Ariza Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 27 de febrero de 2024,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 12
revocó la providencia de 13 de junio de 2023, en la que el Juzgado Séptimo (7°)
Administrativo de Cartagena accedió parcialmente a las pretensiones formuladas
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) [expediente 13001-33-33-007-2021-
00125-01], para negarlas. En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad
accionada emitir una nueva decisión en la que se acceda a las súplicas del aludido
asunto ordinario.
Hechos3.
Relata el accionante que, trabajó como instructor en el área ambiental y de recursos
naturales en la sede regional Bolívar del SENA desde el 2013 hasta el 2019, en el
horario impuesto por dicha entidad y con funciones similares a las del personal de
planta, sin embargo, fue vinculado a través de contratos de prestación de servicios,
pese a que ello no procedía en su caso, razón por la cual el 26 de enero de 2021
solicitó declarar la existencia de la relación laboral y el pago de todos los salarios y
prestaciones a que hubiere lugar durante ese lapso, lo que le fue negado con oficio
13-2-2021-00350 de 12 de febrero de ese año.
Que, por lo anterior, acudió ante la jurisdicción contencioso administrativa en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
SENA (expediente 13001-33-33-007-2021-00125-01), del que conoció el Juzgado
Séptimo (7º) Administrativo de Cartagena que, con providencia de 13 de junio de
2023, accedió parcialmente4 a las pretensiones formuladas, al considerar que en
su vínculo contractual concurrían los presupuestos de una relación de trabajo.
Aduce que inconforme con esa decisión, la entidad demandada interpuso recurso
de apelación, desatado el 27 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 1, en el sentido de revocarla, al estimar que “no se
encuentra demostrado el elemento de la subordinación en el presente asunto en
tanto (i) los testimonios rendidos no ofrecen mayor claridad sobre la forma como
[…] prestó sus servicios; (ii) […] tuvo otras vinculaciones con otras entidades
2
M. P. Óscar Iván Castañeda Daza.
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
4
Toda vez que declaró la prescripción trienal extintiva de los derechos prestacionales en los periodos en los que se ejecutaron
los contratos No. 000218 de 2013 y No. 000352 de 2014, y negó la condena en costas solicitada.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06418-00
Demandante: Hernán Ariza Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1
públicas, al tiempo que prestaba sus servicios a la accionada”.
Sostiene que la providencia censurada incurre en (i) defecto fáctico, puesto que no
valoró los elementos probatorios obrantes dentro del proceso, especialmente, los
testimonios de los señores Cristian Alberto Zapata Calle e Isabel Nayibe Vega
Miranda, que daban cuenta de la concurrencia de los elementos constitutivos de la
relación laboral, en particular, el de la subordinación; y (ii) desconocimiento del
precedente, al inobservar las sentencias de 14 de marzo 5 y 15 de mayo6 de 2024,
en las que, en un asunto similar al suyo, se accedió a las pretensiones.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 26 de
noviembre de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1; y (ii)
dispuso vincular al Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y al Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), en los términos del artículo 13 del Decreto 2591
de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 SENA7. Pidió que se niegue el amparo deprecado, comoquiera que “lo que
pretende el accionante por la vía constitucional, es […] reabrir y cuestionar lo
ya decidido por el juez de segunda instancia”.
2.1.2 Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena8. Se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, dado que
“no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, quien lo que persigue
es una tercera instancia en este proceso”.
1.2.3 Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1. Guardó silencio en
la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
5
Expediente 20001-23-33-000-2019-00025-01 (3550-2023), C. P. César Palomino Cortés.
6
Expediente 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022), C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
7
Índices 00010 y 00011 de Samai.
8
Índices 00012 y 00013 de Samai.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06418-00
Demandante: Hernán Ariza Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 27
de febrero de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
de Decisión 1 revocó la providencia de 13 de junio de 2023, en la que el Juzgado
Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena accedió parcialmente a las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por el tutelante contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) [expediente
13001-33-33-007-2021-00125-01], para negarlas; y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06418-00
Demandante: Hernán Ariza Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
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Demandante: Hernán Ariza Guzmán
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trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii) Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv)
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que
esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
6
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Demandante: Hernán Ariza Guzmán
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afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201210, en el sentido de disponer que la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos11.
3.5 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso
alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de
las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda
vez que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 28 de mayo de 202412 y la
solicitud de amparo se presentó el 22 de noviembre siguiente, es decir, dentro de
un término prudencial (5 meses y 25 días); y (v) el fallo acusado no es una sentencia
de tutela.
9
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
10
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
11
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
12
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 21 de mayo de 2024, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 23 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
7
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Demandante: Hernán Ariza Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente invocadas por el accionante.
3.5.1 Defecto fáctico.
Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, “surge cuando carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”13.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para
ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude
a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos
en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente
material probatorio que lo demuestra14.
En el presente caso el demandante sostiene que la decisión reprochada incurre en
defecto fáctico, porque no valoró los elementos probatorios obrantes dentro del
proceso, especialmente, los testimonios de Cristian Alberto Zapata Calle e Isabel
Nayibe Vega Miranda, que daban cuenta de la concurrencia de los elementos
constitutivos de la relación laboral, en particular, el de la subordinación.
Con el propósito de dilucidar si el referido reproche tiene o no asidero jurídico, vale
la pena recordar que el contrato de prestación de servicios es el celebrado por los
entes estatales para desarrollar actividades relacionadas con su administración o
funcionamiento y sus condiciones están dadas, entre otras normas, por el artículo
3215, numeral 316, de la Ley 80 de 199317, es decir, por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
15
“DE LOS CONTRATOS ESTATALES”.
16
“<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES>Son contratos de prestación de servicios los que celebren
las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de
planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable”.
17
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
8
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desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que
no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe
actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de
la ley contractual.
Sin embargo, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación
laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
5318 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas acerca de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.19
Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
La Sala entiende que no se demostró la subordinación dentro del presente asunto, de
conformidad con lo que se pasa a explicar.
(i) El demandante prestó sus servicios para otras entidades públicas, mientras
tenía una vinculación contractual con el SENA. En efecto, la entidad demandada
aportó varias certificaciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia 20,
Consorcio Canal del Dique21, Consejo Comunitario de Lomas de Matunilla22 y Consejo
18
“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.
19
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero
de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10).
20
Folio 84 del archivo 09 del expediente digitalizado.
21
Folio 85 del archivo 09 del expediente digitalizado.
22
Folio 87 del archivo 09 del expediente digitalizado.
9
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Demandante: Hernán Ariza Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1
Comunitario de Puerto Badel23, donde se evidencia que, mientras estuvo vinculado con
la demandada, también prestaba servicios a las entidades ya relacionadas.
Lo anterior permite concluir que el demandante no tenía una vinculación exclusiva y
dependiente con el SENA, lo cual, le permitía tener autonomía para prestar sus
servicios en otras entidades.
(ii) No es suficiente aportar la copia de los contratos de prestación de servicios
para probar la subordinación. En recientes pronunciamientos de fecha 3 de marzo
de 202224 y 30 de junio de 202225, el Consejo de Estado ha indicado que no basta con
aportar los contratos suscritos con la entidad pública, para vislumbrar la dependencia
que tenía el contratista.
Inclusive, aun en aquellos casos donde el demandante haya desempeñado labores
relacionadas con la formación en el SENA, se ha precisado que el actor tiene la carga
de probar el poder de subordinación que ejercía la autoridad pública frente a las
obligaciones desempeñadas.
Para tales efectos, el demandante pudo haberse valido de testimonios, intercambios
de correos electrónicos, circulares, memorandos, entre otros, para comprobar este
elemento. No obstante, no obra ningún medio de convicción que acredite que el
contratista estaba obligado a cumplir horario de trabajo. Tampoco se demostró que la
realización de las actividades contratadas se hubiera realizado con las herramientas
que suministraba el establecimiento público, ni mucho menos, se comprobó el poder
de disciplinario que ejercía el SENA sobre el demandante, con el que se evidenciara el
deber de disponibilidad permanente del contratista.
Los únicos documentos que aportó el libelista fueron los informes que presentó al
SENA para comprobar la satisfacción de las actividades. Sin embargo, estos informes
son comunes en este tipo de acuerdos de voluntades, ya que permiten constatar el
cumplimiento del objeto contractual al finalizar el plazo pactado. En consecuencia, los
documentos en cuestión solo permiten evidenciar la sincronización de las actividades
que realizó el contratista respecto a las directrices impartidas por la entidad contratante
para la ejecución eficiente y eficaz del contrato; aspecto muy diferente a la
subordinación que guían las auténticas relaciones laborales 26.
Con respecto a los testimonios recaudados a lo largo del proceso, nótese como los
declarantes no aportan mayor precisión sobre la labor y las formas de la prestación de
los servicios del actor. Bien sea porque no coincidían al momento de realizar las labores
o porque no les constó las características de la prestación de sus servicios, lo cierto es
que no permiten a la Sala vislumbrar de sus dichos la existencia de aquella relación
subordinada a la que hace referencia la jurisprudencia.
(iii) La parte actora no probó que las actividades desarrolladas fueran similares
a las desempeñadas por un empleado de planta. El demandante no aportó el manual
de funciones del SENA que permitiese constatar que las actividades contratadas,
23
Folio 87 del archivo 09 del expediente digitalizado.
24
“En ese orden de ideas, se precisa que los plazos u horas contratadas en el sub lite, de acuerdo con los contratos de
prestación de servicios, no permiten inferir el desarrollo de actividades de forma permanente y dependiente en los períodos
reclamados, pues se insiste que las copias de los contratos de prestación ser servicios, no son suficientes para inferir que
hubo subordinación y, por ende, una verdadera relación laboral.” (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P.
Gabriel Valbuena Hernández, Rad. No. 25000-2342-000-2013-06886-01 (4927-2015), Sentencia del 3 de marzo de 2022).
25
“Finalmente, pese a que el instructor tutor cumple las mismas funciones que el instructor de planta, como así lo señaló en
la demanda, no por ello tiene que considerarse como una actividad sujeta a subordinación o dependencia. En efecto, esta
Subsección ha sido consistente en señalar que, en el caso de los formadores del SENA vinculados a través de contratos de
prestación de servicios, los mismos tienen la carga probatoria de demostrar que se encontraban bajo una continua
subordinación y dependencia respecto de los funcionarios de la entidad.” (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, C.P. William Hernández Gómez, Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00237-01 (2266-2019), Sentencia del 30 de junio de
2022).
26
“Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación de servicios, consiste en la sincronización
de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz
del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce
control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito. // Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer del servicio de
aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo,
modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le
asista ningún tipo de independencia.” (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter,
Rad No. 05001-23-33-000-2015-02027-01 (280-2022), Sentencia del 22 de septiembre de 2022).
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Demandante: Hernán Ariza Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1
tenían alguna similitud o relación frente a las funciones que cumplían los empleados
adscritos a la planta personal del establecimiento público.
Además, debe tenerse en cuenta la sentencia del 21 de junio de 2023, en la que se
explicó que las interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles, permiten deducir
que “los contratos dependían directamente de la necesidad del servicio y no estaba
siendo utilizado con el propósito suplir una falencia en la planta de personal de la
entidad”27. En este orden de ideas, se entiende que el apoderado del demandante
incumplió el deber de probar los supuestos de hecho que pretendía hacer valer,
arriesgándose a que el resultado del proceso fuese adverso a sus intereses.
Por lo anterior, la Sala estima que no se dan los presupuestos para la declaratoria de
la figura de contrato realidad y, como consecuencia, revocará la decisión de origen,
negando las pretensiones de la demanda.
De lo trascrito se colige que como el accionante no aportó los medios de prueba
necesarios para acreditar el elemento de la subordinación, requisito esencial para
determinar la existencia de la relación laboral, era dable que el tribunal accionado,
bajo los criterios de la sana crítica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 176 del
Código General del Proceso (CGP), revocara la decisión del Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo de Cartagena de acceder parcialmente a las pretensiones, para
negarlas.
Ahora bien, en la solicitud de amparo el tutelante alega que se realizó una
valoración irracional y caprichosa de los testimonios de Cristian Alberto Zapata
Calle e Isabel Nayibe Vega Miranda, sin embargo, para la Sala la sentencia
acusada no incurre en tal irregularidad, toda vez que, por el contrario, en esta se
concluyó que aquellos no aportaron mayor precisión sobre la labor y las formas de
la prestación de los servicios, por lo que no tenían la entidad suficiente para dar por
acreditado el elemento de subordinación, aunado al hecho de que tampoco
reposaba documento alguno que los respaldara.
No sobra advertir que dentro del proceso ordinario el SENA aportó certificaciones
del Consejo Comunitario Afrodescendiente “Lomas de Matunilla” y del Consejo
Comunitario de Puerto Badel, con las cuales se desvirtúa el requisito de la
subordinación, toda vez que con dichas pruebas se acredita que el señor HERNAN
ARIZA GUZMAN ejercía otras actividades de manera concomitante a las
ejecutadas con el Servicio Nacional de Aprendizaje, lo que permite inferir, tal como
lo efectúo el Tribunal que el acá demandante “no tenía una vinculación exclusiva y
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, Rad No. 19001-23-33-000-2018-00253-
01 (2943-2022), Sentencia del 21 de junio de 2023.
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dependiente con el SENA, lo cual, le permitía tener autonomía para prestar sus
servicios en otras entidades”
Cabe advertir que el hecho que el tribunal demandado no hayan valorado las
pruebas en el sentido que pretendía el accionante, no involucra la causal específica
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada
defecto fáctico, pues en ejercicio de sus competencias jurisdiccionales tiene la
potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de esos medios de
convicción, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo
haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció
en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca de la
configuración o no de una relación laboral dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, están precedidas de una valoración objetiva, integral
y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de tutela
cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías superiores
del ordenamiento jurídico, supuesto que no se da en el sub lite. Al respecto, la Corte
Constitucional28 sostuvo:
“Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e
independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez
de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario,
que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,
y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].
Ahora bien, resulta oportuno indicar que la subordinación es el elemento esencial
de la relación laboral, de manera que su falta de acreditación impide la
configuración de lo que se ha denominado contrato realidad (que conlleva el
reconocimiento de prestaciones sociales), por cuanto es el instrumento
28
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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diferenciador de aquel con el vínculo contractual de prestación de servicios, tal
como lo explicó esta Corporación29, en los siguientes términos:
“[…] el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del
contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la
norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que
se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el
servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de
horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con
derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente”.
De acuerdo con lo anotado, al carecer el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de pruebas que dieran certeza de que en el vínculo contractual del actor
con la aludida entidad concurrían los presupuestos de una relación laboral, en
particular, lo relacionado con el elemento de subordinación, era dable, como lo
determinó la autoridad accionada, no acceder a las pretensiones formuladas en la
demanda ordinaria (expediente 13001-33-33-007-2021-00125-01), situación de la
que se concluye que no se incurrió en el defecto fáctico alegado.
3.5.2 Desconocimiento del precedente.
Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene
su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia30, y la segunda
hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente
horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la
29
Sección segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 3001-23-33-000-2013-
00260-01.
30
Sentencia T-360 de 2014: “En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que
la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
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providencia adolece de un defecto sustantivo31 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe32.
En el presente caso el demandante sostiene que la decisión reprochada incurre en
desconocimiento del precedente, al inobservar las sentencias de 14 de marzo33 y
15 de mayo34 de 2024, en las que, en un asunto similar al suyo, se accedió a las
pretensiones.
Sobre el particular, se advierte que las aludidas providencias, que se aducen como
desconocidas, no son de unificación, por lo que, carecen de fuerza vinculante; no
obstante, se evidencia que el presente asunto difiere del resuelto en dichos fallos,
toda vez que, en el caso del señor Hernán Ariza Guzmán no se aportó al expediente
el manual de funciones de la entidad, y adicional a esto, se reitera, en el expediente
se probó que “prestó sus servicios para otras entidades públicas, mientras tenía
una vinculación contractual con el SENA”.
Así las cosas, la providencia cuestionada no incurre en desconocimiento del
precedente.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el
accionante no acreditó que la providencia de 27 de febrero de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1, hubiere incurrido en
defecto fáctico y desconocimiento del precedente. Por tal motivo, se negará la
solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
31
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
32
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
33
Expediente 20001-23-33-000-2019-00025-01 (3550-2023), C. P. César Palomino Cortés.
34
Expediente 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022), C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06418-00
Demandante: Hernán Ariza Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia invocados por Hernán Ariza Guzmán, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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