Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06418-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06418-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06418-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06418-01
Demandante: Hernán Ariza Guzmán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06418-01
Demandante: HERNÁN ARIZA GUZMÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES / DEFECTO FÁCTICO – No
procede estudio de fondo porque no se reúnen los requisitos generales de procedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende utilizar la tutela como instancia adicional
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE – No prospera ante la inexistencia de analogía fáctica y jurídica entre la
controversia resuelta en las providencias invocadas y la planteada en el proceso de origen.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 18 de diciembre de 2024 por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 22 de noviembre de 20241, el señor Hernán Ariza Guzmán, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 27 de febrero
de 2024, mediante la cual revocó la providencia de 13 de junio de 2023, en la que
el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena accedió parcialmente a las
pretensiones, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
13001-33-33-007-2021-00125-01. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual):
PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de los accionantes.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia dictada en segunda instancia,
el 27 de febrero del 2024, por el Tribunal Administrativo de Bolivar dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, promovido por el
accionante y contra el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.
1 Se advierte que el 20 de febrero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06418-01
Demandante: Hernán Ariza Guzmán
TERCERO.- en consecuencia, ORDENAR que, en el término de 20 días,
contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva
decisión en la que analice de fondo los testimonios rendidos en la audiencia
de pruebas, así como los correos electrónicos, contratos de prestación de
servicios ( y demás pruebas arrimadas al expediente, a efectos de determinar
la configuración del elemento de subordinación o dependencia, con
fundamento en sentencias del Consejo de Estado que sí guarden relación con
el asunto objeto de estudio.
2. El señor Ariza Guzmán, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales el Servicio Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA, le negó
el reconocimiento de los derechos salariales y prestacionales originados en la
supuesta relación laboral encubierta tras los contratos de prestación de servicios
celebrados entre las partes.
3. Del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo de
Cartagena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
sentencia del 13 de junio de 2023, mediante la cual declaró la nulidad de los actos
demandados, reconoció la existencia de una relación laboral entre las partes y
ordenó el reconocimiento de algunos derechos prestacionales, sobre los que no
operó la prescripción.
4. Apelada la decisión, en sentencia del 27 de febrero de 20242, el Tribunal
Administrativo de Bolívar la revocó, básicamente porque consideró que no se probó
la subordinación y no se acreditó que las actividades desarrolladas fueran similares
a las ejecutadas por el personal de planta.
5. En criterio del accionante, en el proceso ordinario se demostró la existencia de
una relación laboral entre las partes, dado que se acreditaron los tres elementos
que la caracterizan, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y
la subordinación.
6. En relación con este último, señaló que en el plenario se probó que: i) se trató de
una relación prolongada en el tiempo (2013 a 2019); ii) el actor tenía a cargo el
cumplimiento de funciones propias de la entidad, las cuales desarrolló sin
autonomía; iii) cumplió un horario de trabajo en idénticas condiciones que el
personal de planta.
7. Estima que la providencia censurada incurrió en defecto fáctico, por indebida
valoración de las pruebas, ya que no dio el alcance correcto a las pruebas
2 Notificada por correo electrónico el 21 de mayo de 2024.
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Demandante: Hernán Ariza Guzmán
testimoniales (declaraciones de Cristian Alberto Zapata Calle e Isabel Nayibe Vega
Miranda) y documentales aportadas al plenario, pues, en su sentir, de ellas se colige
con claridad la existencia de la relación laboral reclamada.
8. Acotó que la autoridad judicial accionada se limitó a señalar que no se probó la
subordinación, pero no explicó por qué restaba credibilidad a los testigos, ni a la
prueba documental, incluidos los contratos de prestación de servicios, en donde se
lee que las funciones específicas que ejecutó el demandante son las mismas
desarrolladas por los instructores de planta.
9. Igualmente, estimó que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento
del precedente judicial, dado que no aplicó la sentencia de unificación proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 9 de septiembre de 2021, en
especial la primera regla que «define que el «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en
los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio
de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del
servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal u ocasional
y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia».
10. Trajo a colación la sentencia de unificación 260 de 2016, en la que el Consejo
de Estado definió que la vinculación de los docentes bajo la modalidad de prestación
de servicios, no «desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es
ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación» .
11. Mencionó la sentencia proferida el 15 de mayo de 20243, por la Subsección B
de la Sección Segunda de esta Corporación, en la que se declaró la existencia de
la relación laboral entre el SENA y una persona contratada como instructor, dado
que se encontró demostrado el elemento de subordinación, en razón al tiempo en
que se prolongó la contratación, a las actividades que tenía que realizar y al horario
que tenía que cumplir el contratante, entre otros aspectos que permitieron
determinar que la contratante (SENA) siempre le indicó al contratista las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que debía desarrollar sus labores.
12. Asimismo, invocó la sentencia emitida el 14 de marzo de 20244, por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que sostuvo que
«(…) cuando el objeto del contrato versa sobre el desempeño de funciones de
3 Radicado: 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022); M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00025-01; M.P. César Palomino Cortés.
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carácter permanente y en el proceso se demuestra que hubo subordinación y
dependencia respecto del empleador, surge el derecho al pago de prestaciones (…).
Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto del 26 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela y dispuso que se notificara a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Bolívar, como parte demandada. Como terceros con
interés, se vinculó al Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena y al SENA.
14. Concretamente, el juez Séptimo Administrativo de Cartagena señaló que no
vulneró derecho fundamental alguno en cabeza del señor Ariza Guzmán.
15. El SENA indicó que el Tribunal accionado valoró en conjunto y correctamente
las pruebas allegadas, y determinó que no se logró acreditar que el accionante
cumpliera las funciones en iguales o similares condiciones del personal de planta,
motivo por el cual no se acreditó el elemento de subordinación.
16. Concluyó que el Tribunal Administrativo de Bolívar no violó los derechos
fundamentales invocados y que, mediante la acción de tutela de la referencia, el
actor busca revivir la controversia planteada y desconocer la autonomía del juez
ordinario
17. Pese a ser debidamente notificados, los integrantes del Tribunal Administrativo
de Bolívar guardaron silencio.
Fallo impugnado
18. En sentencia del 18 de diciembre de 2024, la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por el señor Hernán Ariza
Guzmán.
19. Para el a quo la providencia censurada no incurre en el defecto fáctico alegado,
dado que, si el accionante no aportó los medios de prueba necesarios para
acreditar el elemento de la subordinación, era procedente que el Tribunal
accionado, bajo los criterios de la sana crítica, revocara la decisión del Juzgado
Séptimo Administrativo de Cartagena, que accedió parcialmente a las pretensiones.
20. Señaló que la autoridad judicial accionada no incurrió en irregularidad alguna,
toda vez que valoró las pruebas en su conjunto y determinó que los testimonios no
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ofrecieron mayor precisión sobre la labor y las formas de la prestación de los
servicios, por lo que no tenían la entidad suficiente para dar por acreditado el
elemento de subordinación, aunado al hecho de que tampoco reposaba documento
alguno que los respaldara.
21. Además, resaltó que en el proceso de origen se probó que el señor Ariza
Guzmán ejercía otras actividades de manera concomitante a las ejecutadas con el
SENA, lo que permite inferir, tal como lo efectúo el Tribunal, que el contratista no
tenía una vinculación exclusiva y dependiente con la entidad, lo cual le permitía
tener autonomía para prestar sus servicios en otras entidades.
22. En cuanto al desconocimiento del precedente, adujo que las providencias
invocadas, calendadas el 14 de marzo y 15 de mayo de 2024, no son de unificación,
por lo que carecen de fuerza vinculante. En todo caso, puntualizó que la
controversia en el proceso de origen es difiere del resuelto en dichos fallos, toda
vez que en el caso del señor Hernán Ariza Guzmán no se aportó al expediente el
manual de funciones de la entidad, y adicional a esto se probó que prestó sus
servicios para otras entidades públicas, mientras tenía una vinculación contractual
con el SENA.
Impugnación
23. Insistió en que la providencia censurada desconoció la sentencia de unificación
260 de 2016, toda vez que en esa oportunidad el Consejo de Estado estableció que
la labor docente es por naturaleza subordinada.
24. Refirió el fallo de tutela proferido el 22 de octubre de 2020 por la Sección
Primera de esta Corporación5, en el que se accedió al amparo en un caso de
contornos similares a los planteados en el proceso de origen, precisamente porque
se encontró que la autoridad accionada desconoció el precedente sentado en la SU
260 de 25 de agosto de 2016.
25. Citó las sentencias del 22 de marzo de 2012 y del 12 de mayo de 2014,
proferidas por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en la que
también se analizó un caso en el que se solicitó el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral entre el SENA y un instructor, y la autoridad judicial.
5 Radicado 11001-03-15-000-2020-03786-00.
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Demandante: Hernán Ariza Guzmán
26. Insistió en la aplicación de las reglas de unificación sentadas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de
2021, según las cuales son indicios de subordinación los siguientes: «(i) el lugar de
trabajo, el cual debe ser valorado atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta; (ii) imposición de una jornada de trabajo, que deberá ser
valorada en función del objeto contractual convenido; y (iii) la dirección y control
efectivo de las actividades a ejecutar, y que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y
cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral». Asimismo,
citó la primera regla de unificación, relacionada con el término estrictamente
indispensable para los que debes suscribirse los contratos de prestación de
servicios.
27. En la misma línea, reiteró los argumentos respecto de la sentencia de
unificación SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016, en la que se analizó un caso en
el que se solicitaba la declaración de una relación laboral, por cuanto la parte actora
había prestado sus servicios como docente de tiempo completo en una institución
educativa bajo subordinación.
28. Insistió en que, si bien en el caso concreto existe una relación que subyace a la
naturaleza de la actividad realizada por el actor (docente), lo cierto es que mediante
los testimonios de los señores Cristian Alberto Zapata e Isabel Nayibe Vega
Miranda, así como la declaración de parte del señor Hernán Ariza Guzmán, se
colige que la prestación de los servicios se llevó a cabo conforme a los horarios,
programaciones y órdenes impartidas por la entidad; además, las actividades
realizadas coinciden con la labor misional del SENA.
29. No obstante, a su juicio, el Tribunal demandado no tuvo en cuenta dichas
declaraciones y en consecuencia incurrió en el defecto fáctico «activo», dado que
de ellas se desprende, sin duda, que el demandante prestó sus servicios al SENA
como instructor desde el 2013 hasta el 2019, con el cumplimiento de un horario
estricto y bajo supeditación de los superiores.
30. Aunado a lo anterior, en torno al elemento de subordinación, indicó que las
actividades encargadas al contratista coinciden con las señaladas en el Manual
Específico de Funciones de la entidad para el cargo de instructor. Transcribió el
aparte pertinente del Decreto 986 de 2007 (vigente en los años 2012 – 2021) y de
los actos administrativos que lo adicionaron o modificaron, con el fin de mostrar la
similitud entre las funciones objeto del contrato y las establecidas para el empleo
de la planta de personal del SENA.
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31. Para el accionante, en el proceso de origen se demostró la prestación exclusiva
del servicio, dado que así se pactó en las cláusulas de los contratos suscritos con
el SENA. Asimismo, allí se estipuló el cumplimiento de un horario, entre otros
compromisos especiales, como la obligación de cumplir con la programación de
formación asignada por el líder de la especialidad.
32. Finalmente, transcribió los testimonios recaudados en el proceso de origen, a
fin de insistir en que, en su concepto, mediante ellos se demostró ampliamente la
subordinación, dado que se acreditó que en muchos aspectos el actor ejecutó sus
actividades en forma idéntica al personal de planta, en lo que atañe al cumplimiento
del horario, de la programación, de los reglamentos, solicitud de permisos,
asistencia a reuniones, etc.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
33. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se
reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneró
el derecho fundamental invocado por el señor Hernán Ariza Guzmán.
Análisis de la Sala
Caso concreto y solución del problema jurídico
34. En punto al requisito de relevancia constitucional, tiene que señalar la Sala que,
el mismo no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se
identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de
amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este
instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el
legislador.
35. En el presente caso, el actor invocó el defecto fáctico porque considera que el
Tribunal accionado incurrió en indebida valoración de las pruebas documentales
(contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes) y testimoniales
(declaraciones de Cristian Alberto Zapata Calle e Isabel Nayibe Vega Miranda), toda
vez que, a su juicio, de dichos elementos se colige sin dificultad la prestación del
servicio subordinado, necesario para configurar la relación laboral reclamada.
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36. Pese a que la parte actora señaló cuáles fueron, en su criterio, los medios de
prueba indebidamente valorados, y se ocupó de hacer extensa transcripción tanto
de las declaraciones como de los apartes del contrato que sustentan su tesis, lo
cierto es que no indicó puntualmente cuál fue el supuesto yerro en que incurrió la
autoridad judicial accionada al valorarlos.
37. De igual modo, se advierte que el señor Ariza Guzmán no revela ni demuestra
que las conclusiones de la autoridad judicial accionada sean abiertamente
antagónicas, contrastadas objetivamente con los elementos de prueba, sino que
hace una interpretación propia para enarbolar una teoría y una conclusión
diferentes a las del fallo atacado, pero sin acreditar que la decisión se adoptó con
total desconocimiento de las pruebas arrimadas.
38. Aunado a ello, sostiene que el Tribunal accionado se limitó a señalar que no se
probó la subordinación, pero no explicó por qué restaba credibilidad a los testigos,
lo cual no se ajusta a la realidad, habida consideración de que en la sentencia
censurada se realizó un análisis conjunto de los medios de prueba allegados al
plenario y se expuso exactamente cuáles eran los motivos para dar por sentada la
falta de subordinación del contratista. En efecto, en la providencia se lee:
La Sala entiende que no se demostró la subordinación dentro del presente
asunto, de conformidad con lo que se pasa a explicar.
(i) El demandante prestó sus servicios para otras entidades públicas, mientras
tenía una vinculación contractual con el SENA. En efecto, la entidad
demandada aportó varias certificaciones de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, Consorcio Canal del Dique, Consejo Comunitario de Lomas de
Matunilla y Consejo Comunitario de Puerto Badel, donde se evidencia que,
mientras estuvo vinculado con la demandada, también prestaba servicios a
las entidades ya relacionadas.
Lo anterior permite concluir que el demandante no tenía una vinculación
exclusiva y dependiente con el SENA, lo cual, le permitía tener autonomía
para prestar sus servicios en otras entidades.
(ii) No es suficiente aportar la copia de los contratos de prestación de servicios
para probar la subordinación. En recientes pronunciamientos de fecha 3 de
marzo de 202241 y 30 de junio de 202242, el Consejo de Estado ha indicado
que no basta con aportar los contratos suscritos con la entidad pública, para
vislumbrar la dependencia que tenía el contratista.
Inclusive, aun en aquellos casos donde el demandante haya desempeñado
labores relacionadas con la formación en el SENA, se ha precisado que el
actor tiene la carga de probar el poder de subordinación que ejercía la
autoridad pública frente a las obligaciones desempeñadas.
Para tales efectos, el demandante pudo haberse valido de testimonios,
intercambios de correos electrónicos, circulares, memorandos, entre otros,
para comprobar este elemento. No obstante, no obra ningún medio de
convicción que acredite que el contratista estaba obligado a cumplir horario
de trabajo. Tampoco se demostró que la realización de las actividades
contratadas se hubiera realizado con las herramientas que suministraba el
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establecimiento público, ni mucho menos, se comprobó el poder de
disciplinario que ejercía el SENA sobre el demandante, con el que se
evidenciara el deber de disponibilidad permanente del contratista.
Los únicos documentos que aportó el libelista fueron los informes que
presentó al SENA para comprobar la satisfacción de las actividades. Sin
embargo, estos informes son comunes en este tipo de acuerdos de
voluntades, ya que permiten constatar el cumplimiento del objeto contractual
al finalizar el plazo pactado. En consecuencia, los documentos en cuestión
solo permiten evidenciar la sincronización de las actividades que realizó el
contratista respecto a las directrices impartidas por la entidad contratante para
la ejecución eficiente y eficaz del contrato; aspecto muy diferente a la
subordinación que guían las auténticas relaciones laborales.
Con respecto a los testimonios recaudados a lo largo del proceso, nótese
como los declarantes no aportan mayor precisión sobre la labor y las formas
de la prestación de los servicios del actor. Bien sea porque no coincidían al
momento de realizar las labores o porque no les constó las características de
la prestación de sus servicios, lo cierto es que no permiten a la Sala
vislumbran de sus dichos la existencia de aquella relación subordinada a la
que hace referencia la jurisprudencia
(iii) La parte actora no probó que las actividades desarrolladas fueran
similares a las desempeñadas por un empleado de planta. El demandante no
aportó el manual de funciones del SENA que permitiese constatar que las
actividades contratadas, tenían alguna similitud o relación frente a las
funciones que cumplían los empleados adscritos a la planta personal del
establecimiento público
39. Obsérvese que la autoridad judicial accionada expuso tres motivos claros por
los cuales, en el caso concreto, no se demostró el elemento de subordinación, a
saber: i) el contratista prestó sus servicios simultáneamente a otras empresas, lo
que denota su autonomía; ii) de los solos contratos no se deduce la actividad
subordinada, se requerían otros medios de pruebas que en su conjunto llevaran a
la convicción sobre la ejecución de las labores en forma dependiente; y iii) no se
allegó el manual de funciones del SENA, siendo esa la documental idónea para
determinar si existía similitud con los empleados adscritos a la planta de la entidad.
40. Frente a este último ítem, se estima pertinente indicar que, si bien el accionante,
trajo a este proceso el aparte pertinente del manual de funciones del SENA que se
echó de menos en la providencia censurada, ello, evidencia aún más la falta de
actividad probatoria al interior del contencioso de origen, y su esfuerzo por hacer
valer, en esta instancia constitucional, unas pruebas que, a todas luces, no allegó
en la oportunidad correspondiente.
41. En cuanto a la valoración de los testimonios, el Tribunal señaló que no habían
tenido la suficiente contundencia para detallar las condiciones de tiempo, modo y
lugar en que el actor ejecutó la labor contratada, de manera que de ellos se pudiera
determinar la subordinación y dependencia.
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42. Para la Sala, el Tribunal Administrativo de Bolívar, conforme a las pruebas
obrantes en el expediente ordinario, las cuales valoró en su conjunto, concluyó
razonablemente que los elementos de convicción allegados no eran suficientes
para desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado, por cuanto, de ellos no
fue posible establecer la configuración del elemento de subordinación propio de la
relación laboral.
43. De lo anterior, se evidencia que, en lo que atañe al defecto fáctico invocado, la
parte actora pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. De ahí la improcedencia de la tutela en lo que a este
vicio respecta.
44. A este punto, recuérdese el precedente6 reiterado de la Corte Constitucional
que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no
puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
45. De otro lado, en lo que concierne al desconocimiento del precedente
invocado, la Sala comparte el análisis realizado por el a quo, en tanto que, las
sentencias proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación con fechas 14 de marzo y 15 de mayo de 2024 no son de unificación
y, por lo tanto, no tienen fuerza vinculante.
46. Además, tal y como señaló el fallo de primera instancia, los casos allí estudiados
por el Consejo de Estado, se diferencian del expuesto por el actor porque: i) los
contratistas no tuvieron vinculaciones simultáneas con otras empresas —como sí
las tuvo el señor Ariza Guzmán—; y ii) los demandantes sí desplegaron la actuación
probatoria necesaria para acreditar que las labores ejecutadas guardaban similitud
con las asignadas al personal de planta. Recuérdese que, en el proceso de origen,
no se aportó la copia del manual de funciones del SENA, para efectos de comparar
las labores contratadas con las asignadas al personal de planta.
6 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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47. Lo mismo sucede con las citas jurisprudenciales nuevas que se trajeron en el
escrito de impugnación7, puesto que no se emitieron en instancia de unificación y
no guardan analogía fáctica con la controversia planteada en el proceso de origen,
por las mismas razones anotadas en precedencia. En todo caso, mal haría la Sala
en realizar un análisis de fondo al respecto, cuando se trata de argumentos frente a
los que no tuvo oportunidad de pronunciarse la contraparte.
48. A lo dicho, súmese que, en estos casos, en los que se pretende desentrañar la
existencia de una relación laboral subyacente y oculta detrás de la suscripción de
contratos de prestación de servicios, el debate es meramente probatorio, por lo que
la decisión dependerá de la actividad que despliegue la parte actora para demostrar
los supuestos fácticos que invoca, pues es quien tiene la carga de la prueba, y por
ende, le corresponde acreditar que en el marco de la ejecución del contrato se
presentaron los tres elementos indispensables para que se configure la relación
laboral.
49. En cuanto a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, el 9 de septiembre de 2021, es cierto que la primera regla unificó
el alcance y significado de la expresión «término estrictamente indispensable», al
que alude el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a fin de poner un límite
a la práctica reiterada de prolongar indefinidamente la ejecución de los contratos de
prestación de servicios; pero también lo es que ese aspecto no es el único que
determina la existencia de una relación laboral subyacente, dado que la
jurisprudencia también ha sido reiterativa en señalar que para que se declare un
vínculo de esa naturaleza se deben acreditar plenamente los tres elementos propios
de la misma, lo cual no ocurrió en el proceso de origen, como lo expuso el Tribunal
accionado.
50. Respecto de la sentencia de unificación SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016
(260 de 2016), basta con señalar que el estudio allí realizado se refiere al personal
vinculado a las Secretarías de Educación (municipales, distritales o
departamentales) mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios
para desarrollar actividades propias de los docentes oficiales8, en idénticas
7 Fallo de tutela proferido el 22 de octubre de 2020 por las Sección Primera de esta Corporación ;
sentencias del 22 de marzo de 2012 y del 12 de mayo de 2014, proferidas por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado.
8 El artículo 2 del Decreto ley 2277 de 1979 define como docente a quien ejerce la profesión de
educador, es decir, “…el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación
en los distintos niveles de que trata este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes
que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e
inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de
educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación
formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos que determine el
reglamento ejecutivo”. Tomado de la SUJ2-005-16.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06418-01
Demandante: Hernán Ariza Guzmán
condiciones de tiempo, modo y lugar a los educadores escalafonados, y bajo el
entendido —porque así se debe probar— de que deben cumplir el horario y los
parámetros fijados por los reglamentos del servicio público de educación; razón por
la cual es evidente que no existe analogía fáctica y jurídica con el proceso de origen.
51. Aunado a ello, nótese que en la sentencia de unificación se descarta la actividad
coordinada de los docentes, porque se enfatiza que su labor se «cumple conforme
a las instrucciones, directrices y orientaciones de sus superiores en el centro
escolar, la secretaría de educación territorial y el Ministerio de Educación Nacional,
es decir, no bajo su propia dirección y gobierno (…)». En el proceso de origen, lo
que se evidenció fue que el señor Ariza Guzmán gozaba de autonomía e
independencia, tan es así, que pudo prestar sus servicios a otras empresas
mientras se ejecutaba los contratos suscritos con el SENA.
52. Por todo lo anterior, la Sala modificará la sentencia impugnada, a fin de declarar
improcedente la acción de tutela respecto del defecto fáctico alegado, pues no cabe
duda de que el accionante busca revivir el debate probatorio surtido en el proceso
de origen y razonablemente resuelto. En lo que atañe al desconocimiento del
precedente, se confirmará la decisión de negar el amparo, dado que, luego de
realizar el análisis pertinente, la Subsección coincide con el a quo en que la
providencia censurada no adolece de tal vicio.
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Modificar la sentencia del 18 de diciembre de 2024, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que negó el amparo en lo
que respecta al defecto fáctico invocado. En su lugar, se declara improcedente la
tutela interpuesta por el señor Hernán Ariza Guzmán contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en ese aspecto puntual, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO. Confirmar, en lo demás, la sentencia del 18 de diciembre de 2024,
proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, de
conformidad con lo razonado en la parte motiva.
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Demandante: Hernán Ariza Guzmán
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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