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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06420-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06420-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Hernando Falla Duque en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y del Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06420-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de enero de 2025

1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06420-00
Accionante: Hernando Falla Duque

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06420-00
Accionante: Hernando Falla Duque
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro

Temas: Acción de tutela en contra de providencias judiciales, emitidas en
un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Incumplimiento del requisito general de subsidiariedad y ausencia
de un perjuicio irremediable.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Hernando Falla Duque en
contra del Tribunal Administrativo del Tolima y del Consejo de Estado, Sección
Primera.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Hernando Falla Duque promovió demanda en orden a que se tutelen sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
a la propiedad y a la doble instancia, los cuales, en su criterio, fueron vulnerados por
«la acción u omisión del trámite y fallo proferido [el 29 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Tolima] en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 73001-23-33-000-2019-00323-00/01» y el auto del 24 de mayo

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de 2024, mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Primera, resolvió un recurso
de queja.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 29 de julio
de 2021, para, en su lugar, ordenarle al Tribunal Administrativo del Tolima adecuar el
proceso precitado a la normativa aplicable desde el auto admisorio de la demanda.

1.1.2. Los hechos

La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) El 26 de julio de 2019, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del municipio de Ibagué (Tolima), con el fin de obtener la nulidad de las
resoluciones núm. 1000-0204 del 20 de noviembre de 2018, por medio de la cual se
ordenó la expropiación por vía judicial de un bien inmueble, y 1000-0017 del 31 de
enero de 2019, mediante la cual se resolvió de manera desfavorable el recurso de
reposición formulado contra el anterior acto administrativo.

ii) El 18 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda
para ser tramitada en única instancia, de conformidad con lo establecido en el ordinal
8.° del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, numeral que fue derogado por la Ley 2080
de 2021, lo que modificó el procedimiento, pasando a tener dos instancias.

iii) El 29 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones
de la demanda y, adicionalmente, lo condenó en costas y fijó como agencias en
derecho el equivalente al 1 % de las súplicas denegadas.

iv) Por intermedio de su apoderado judicial, interpuso recurso de apelación en contra
de la anterior decisión, el cual se centró en la controversia sobre el avalúo, cuestión
que ya había sido dirimida en gran medida en sede administrativa, lo que demuestra,
en su criterio, el desconocimiento del trámite de la nulidad y restablecimiento del
derecho, en el cual la discusión se enfoca en la existencia de una de las causales
previstas en el artículo 137 y, por extensión, el artículo 138 del CPACA. Además,
resaltó que en dicho recurso se aclaró «tangencialmente» que el inmueble era de
carácter rural.

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v) El 30 de agosto de 2021, la corporación judicial referida rechazó por improcedente
el recurso de alzada, con fundamento en el ordinal 8.° del artículo 151 de la Ley 1437
de 2011, a pesar de que al momento de emitirse la sentencia ya se había derogado
dicho numeral.

vi) Por lo anterior, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de queja. El 27 de
septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima no repuso su anterior
decisión y, en consecuencia, concedió el recurso de queja.

vi) El 24 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, consideró bien
negado el recurso de apelación, por lo que adquirió firmeza el fallo del 29 de julio de
2021.

1.1.3. Fundamentos de derecho

El accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de
Estado, Sección Primera, con ocasión de la expedición de las providencias del 29 de
julio de 2021 y del 24 de mayo de 2024, respectivamente, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
propiedad y a la doble instancia. Para el efecto, afirmó que aquellas autoridades
incurrieron en los siguientes defectos:

1. Defecto sustantivo, debido a que, por un lado, se aplicó de forma inadecuada el
ordinal 8.° del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que no se analizó, a
pesar de estar debidamente probado, que el inmueble era rural no urbano, situación
que era clara tanto para el municipio allí demandado como para el aquí accionante, y,
en esa medida, el desarrollo de esas zonas está regido por la Ley 160 de 1994; y, por
el otro, no se tuvo en cuenta el numeral mencionado que fue derogado expresamente
por la Ley 2080 de 2021, a pesar de diferirse su desaparición.

2. Defecto fáctico, puesto que el Tribunal Administrativo del Tolima no valoró las
pruebas que demostraban el carácter rural del inmueble, concretamente, el certificado
de tradición y libertad, los dictámenes y avalúos que obran en el expediente, las

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declaraciones rendidas y la certificación del uso del suelo expedida por el municipio de
Ibagué.

3. Defecto procedimental absoluto, por clasificarse el proceso como de única instancia,
al haber sido ubicado dentro del marco normativo de la reforma urbana, conforme a lo
establecido en el entonces numeral 8.° del artículo 151 de la ley 1437, norma que no
era aplicable, ya que el predio en cuestión era de carácter rural.

4. Decisión sin motivación, comoquiera que no se analizaron de fondo los actos
administrativos demandados a la luz de cada una de las causales de nulidad previstas
en los artículos 137 y 138 del CPACA.

5. Violación directa de la Constitución Política, dado que la decisión de no conceder el
recurso de apelación contra la sentencia, a pesar de que el legislador había cambiado
su criterio sobre el trámite de única instancia, vulnera directamente el principio de
aplicación inmediata de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la doble
instancia. Además, manifestó que tiene un impacto directo en derechos como el de
propiedad, acceso a la justicia e igualdad, ya que la ley 2080, sin justificación válida,
generó un trato diferencial frente a una situación idéntica.

1.2. Actuación procesal

El 29 de noviembre de 2024, el despacho del magistrado sustanciador de la presente
decisión (i) admitió la acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo del
Tolima y del Consejo de Estado, Sección Primera; (ii) vinculó al municipio de Ibagué
(Tolima), como tercero interesado en los resultados del proceso; y (iii) requirió a la
primera autoridad judicial mencionada para que remitiera copia digital del expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-23-33-000-2019-00323-
00/01.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Consejo de Estado, Sección Primera.

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El consejero Hernando Sánchez Sánchez afirmó que en la providencia del 24 de mayo
de 2024 no se configuró ninguna de las causales específicas invocadas por la parte
accionante. Al respecto, en relación con el defecto sustantivo, explicó que analizó las
normas aplicables al caso sub examine, considerando que la competencia le
correspondía en única instancia al Tribunal Administrativo del Tolima, en la medida en
que la demanda fue presentada el 24 de julio de 2019, esto es, en vigencia de la Ley
1437 de 2011.

Además, precisó que la competencia para conocer ese asunto en segunda instancia
no correspondía a esa Corporación, dado que no se ajustaba a los supuestos
establecidos en la Ley 2080 de 2021, comoquiera que el artículo 86 de la referida
disposición estableció que esta «rige a partir de su publicación, con excepción de las
normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos
y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que
se presenten un año después de publicada esta ley».

Adicionalmente, frente al defecto procedimental absoluto, indicó que tuvo en cuenta la
normativa procesal aplicable al caso concreto, en relación con la naturaleza del
proceso y la competencia del Tribunal Administrativo, en única instancia, prevista en
el artículo 151 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de vigencia y transición normativa
prevista en el artículo 86 de la Ley 2080. Asimismo, manifestó que no se presentó una
decisión sin motivación puesto que en la providencia referida se señalaron las normas
jurídicas y los criterios jurisprudenciales para adoptar la decisión.

De igual forma, aseguró que no incurrió en defecto sustantivo ni en violación directa
de la Constitución Política por falta de carga argumentativa. En ese orden de ideas,
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al no gozar de relevancia
constitucional, o, en su defecto, negar las pretensiones formuladas por la parte
accionante.

1.3.2. Municipio de Ibagué (Tolima)

La profesional del derecho Leidy Yamile Meneses Camargo aseveró que la acción de
tutela es improcedente, puesto que no se cumplen los requisitos establecidos en el
Decreto 2591 de 1991 y por vía jurisprudencial para su procedencia, particularmente,

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el de relevancia constitucional. Además, señaló que no se configuró ninguna vía de
hecho, comoquiera que las decisiones adoptadas por las autoridades accionadas no
fueron caprichosas, sino que estuvieron soportadas en el precedente jurisprudencial
sobre la finalidad y naturaleza del proceso.

De otra parte, adujo que su representada carece de legitimación en la causa por
pasiva, ya que resulta jurídica y administrativamente imposible para esa entidad
proceder favorablemente frente a las pretensiones del accionante, máxime cuando el
objeto de protección señalado se limita a impugnar una decisión judicial que se ajusta
a los principios propios de su naturaleza.

En consecuencia, solicitó (i) declarar que las autoridades judiciales accionadas no
vulneraron los derechos fundamentales reclamados; (ii) la desvinculación de su
representada del presente trámite constitucional; y (iii) ordenar la expedición de copia
auténtica del fallo de tutela, con su respectiva constancia de ejecutoria, una vez se
emita la referida providencia y finalice el término de impugnación otorgado a las partes.

1.3.3. El Tribunal Administrativo del Tolima remitió, por correo electrónico, el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-23-33-000-2019-00323-
00/01, sin rendir el informe solicitado en el auto admisorio de la acción de la referencia.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

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Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular, el de subsidiariedad
para controvertir las providencias emitidas el 29 de julio de 2021 y el 24 de mayo de
2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima y por el Consejo de Estado, Sección
Primera, respectivamente, en el medio de control con radicado 73001-23-33-000-2019-
00323-00/01.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de
2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez,
contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere
alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi)

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un
examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra
providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 73001-23-33-000-2019-00323-00/01, la
Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. El señor Hernando Falla Duque, por conducto de su apoderado judicial, instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Ibagué,
con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones núm. 1000-0204 del 20 de
noviembre de 2018, por medio de la cual se ordenó la expropiación por vía judicial de
un bien inmueble, y 1000-0017 del 31 de enero de 2019, mediante la cual no se repuso
el anterior acto administrativo.

2.4.2. El 18 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la
demanda en única instancia, conforme a lo dispuesto en el numeral 8.° del artículo 151
del CPACA.

2.4.3. El 1.° de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Tolima (i) fijó el litigio,
(ii) no advirtió la existencia de alguna irregularidad que debiera subsanarse; (iii)
consideró que no se tipificó ninguna excepción previa; (iv) incorporó las pruebas
documentales allegadas con la demanda y, adicionalmente, concedió y negó otras
pruebas solicitadas; y (v) fijó para el 20 de octubre de 2020 la audiencia de pruebas.

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2.4.4. El 8 de igual mes y anualidad, la parte demandante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la anterior decisión, con respecto
a las pruebas que le fueron negadas.

2.4.5. El 27 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Tolima repuso
parcialmente la providencia recurrida y, en consecuencia, decretó e incorporó algunas
de las pruebas solicitadas por la parte demandante.

2.4.6. El 20 y 27 de abril de 2021, la corporación judicial celebró la audiencia de
pruebas. En la última diligencia, cerró el período probatorio y concedió el término de
10 días para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión.

2.4.7. El 29 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima (i) negó las
pretensiones de la demanda, (ii) condenó en costas a la parte demandante, por lo que
fijó como agencias en derecho el 1 % de las súplicas denegadas; y (iii) remitió copias
a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para que se investigaran las gestiones
y las conductas desplegadas por la apoderada judicial del municipio de Ibagué.

2.4.8. El 17 de agosto de 2021, el demandante interpuso recurso de apelación en
contra de la anterior decisión, para lo cual expuso lo siguiente:

«[…] Procede el recurso de apelación de acuerdo al (sic) numeral 13 del artículo 151 del
CPACA, conforme a las pruebas aportadas al proceso por parte de la Alcaldía de Ibagué
de acuerdo al (sic) oficio 59048 del 13 de octubre de 2016 expedida por la directora del
Grupo de Ordenamiento Territorial de Ibagué.

Es decir que como quiera (sic) que no se encutra ejecutado el plan parcial que integre el
predio “La Pista” al entorno urbano de Ibagué, este debe considerarse como agrario según
lo manifestado por la Secretaria (sic) de Planeación Municipal a más de ello certifica en el
mismo sentido el oficio emitido por Planeación Municipal […] al señor José Manuel Roa
Torres en donde manifiesta que “según la cartografía que hace parte integral del Decreto
1000-0823 de 2014 “por medio del cual se adopotó la revisión y ajuste del POT” el predio
de la referencia se UBICA EN ZONA DE EXPANSIÓN URBANA (60% aproximado) y
ÁREA DE PRODUCCIÓN AGRICOLA ALTA MECANIZADA -PAM- GANADERÍA DE
DOBLE PROPÓSITO, PRODUCCIÓN AGRICOLA ALTA (40% aproximado) según plano
U2 del suelo urbano y R2 uso del suelo rural” […]

De esta manera procede el recurso de APELACIÓN, pues existe la prueba, que no ha
sido tachada de falsa, que contiene un acto administrativo en donde certifica el estado del
inmueble, por lo que tiene una presunción de legalidad. […]

El art. 232 del C.G.P. habla de que todo dictamen debe tener claridad, exhaustividad,
precisión y calidad de los fundamentos de los peritazgos, para el caso en concreto, el error

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que contiene el dictamen presentado por la Alcaldía es protuberante, además de la falta
de ubicación del inmueble y del metodo comparativo utilizado con bienes del municipio de
San Luis y Valle de San Juan, olvidaron que la Ley 9 de 1989, su Decreto Reglamentario
1420 de 1998, leyes aplicables al presente caso, determina: “artículo 3. La determinación
del valor comercial de los inmuebles, la harán a través de un avaluo el IGAC, la entidad
que haga sus veces LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE CARÁCTER
PRIVADO REGISTRADAS Y AUTORIZADAS POR LAS LONJAS DE PROPIEDAD
RAÍZ DEL LUGAR DONDE SE UBICAN LOS BIENES OBJETO DE VALORACIÓN”.

Así las cosas, he resaltado que la alcaldía (sic) contrató la lonja de Neiva-Huila, los cuales
de acuerdo con el artículo citado no tienen competencia para avaluar los bienes de la
ciudad de Ibagué.

La condición antes resaltada, se debe a que no conocen el departamento ni cada uno de
sus municipios menos aún la ciudad de Ibagué, como sucedió en el dictamen presentado
por la alcaldía (sic) de Ibagué, para eso se arrimó el interrogatorio que se hizo en la
audiencia en donde los peritos huilenses manifestaron la desubicación del inmueble pues
lo ubicaron en las goteras de Payandé, manifestando en el mismo que el método utilizado
en el dictamen lo hicieron teniendo en cuenta fincas en el Valle de San Juan, Payandé y
San Luis, asegurando en el mismo informe que estos municipios, veredas y corregimientos
hacen parte del municipio de Ibagué, acto que constituye una plena falsedad, por cuanto
por sabido (sic) se tiene que el corregimiento de Payandé, pertenece al municipio de San
Luis, y el Valle de San Juan es un municipio y no una vereda como lo trataron de hacer
ver. Payandé y Valle de San Juan son municipios de cultivo secano, por cuanto carecen
de riego, mientras que el lote, materia de la expropiación, está ubicado por la carretera
hacia el aeropuerto dentro de la zona de expansión del municipio de ibagué. […] De otra
parte, el lote cuenta con canales de riego y agua asignada por Cortolima para lo mismo,
lo que nuca fue avaluado […]

Mientras el avaluo ejecutado por la lonja del Tolima explica por qué paso a paso, lo más
indignante es que el Municipio ni siquiera solicitó un nuevo avaluo dentro del proceso, a
pesar de su evidente yerro, pues ni el litraje que Cortolima adjudico (sic) al inmueble para
la siembra de arroz fue tenido en cuenta.

En resumen: (1) Ubica el inmueble donde no existen, sus coordenadas no concuerdan
con los inmuebles tomados como comparativos o iguales. (2) Ubicó el Municipio de Valle
de San Juan y Payandé (San Luis) como barrios conlindantes del predio y de acuerdo al
avalúo en estos Municipios se determinó el valor de la hectárea, cuando no son afines,
parecido o iguales. Lo que lo lleva a afirmar imprecisiones, vulnerar la normatovidad
vigente, abandonar el tecnisimos propio de este dictamen […]

Como quiera (sic) que es manifiesta la contradicción del Acuerdo Municipal entre la
Constitución y la Ley que regula el procedimiento de expropiación, le solicito inaplique el
acuerdo municipal 024 del 27 de diciembre de 2017 […]

Como puede darse cuenta honorable magistrrado, el acuerdo municipal 024 de diciembre
de 2017, es un acto particular y concreto, pues se determinó en él que se expropiaría el
bien en cabeza de los señalados en los artículos 1 y 2 del mencionado acuerdo, pero todo
indica que sin facultades ordenó la expropiación de los predios de Hernando Falla Duque,
por tal razón (sic) inaplicable al caso el presente acuerdo y deberá revocarse la sentencia.

En los folios anotados en el acápite de la procedencia del recurso, se hace referencia a
que los terrenos expropiados deberán tenerse como rurales de acuerdo (sic) a las normas
allí señaladas, es evidente que la ley 60 de 1993, el decreto 2666 de 1994, em su artículo
1 radica la competencia para la expropiación de bienes urbanos en el INCODER, y que
excepcionalmente los municipios podrán realizar la expropiación solo cuando el Ministerio

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de Agricultura e Incoder así lo determine, por esta sencilla razón están viciados de nulidad
todos los actos administrativos proferidos por el señor Alcalde (sic) en expropiación contra
el predio “La Pista” de la ciudad de Ibagué […]».

2.4.9. El 30 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima rechazó por
improcedente el recurso de apelación, toda vez que, en atención a lo dispuesto en el
numeral 8.° del artículo 151 del CPACA, la sentencia objeto del recurso se profirió en
el curso de la única instancia.

2.4.10. El 8 de septiembre de 2021, la parte demandante formuló recurso de reposición
y, en subsidio, de queja, el cual fundamentó en que en el expediente obraba prueba
de que el inmueble sobre el cual se ordenó la expropiación, objeto de discusión en ese
medio de control, está ubicado en la zona rural del municipio de Ibagué, por lo que el
trámite del asunto debe ceñirse a lo establecido en el numeral 13 del artículo 152 del
CPACA, de ahí que la sentencia se profirió en sede de primera instancia.

2.4.11. El 27 de septiembre de 2021, la corporación judicial referida resolvió (i) no
reponer su decisión; y (ii) concedió el recurso de queja. Para el efecto, afirmó que los
argumentos expuestos en el escrito de reposición no son admisibles, ya que, como lo
explicó en la sentencia del 29 de julio de 2021, el predio «La Pista», de acuerdo con la
cartografía que hace parte integral del Decreto 1000-0823 de 2013, por medio del cual
se adopta la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, está ubicado en la
zona de expansión urbana del municipio de Ibagué y, en esa medida, el medio de
control se adelantó en sede de única instancia, en virtud de lo dispuesto en el numeral
8.° del artículo 151 del CPACA.

2.4.12. El 24 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró bien
denegado el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la
sentencia del 29 de julio de 2021, con fundamento en lo siguiente:

«[…] 15. Vistos: i) el artículo 151 de la Ley 1437, sobre la competencia de los Tribunales
Administrativos en única instancia, en especial, el numeral 8; ii) el artículo 243 ibidem,
sobre providencias no susceptibles de recurso ordinarios, en especial, numeral 1; iii) el
artículo 22 de la Ley 9a. de 1998, de la competencia de los Tribunales Administrativos
en única instancia en asuntos de expropiación judicial.

16. De conformidad con el numeral 1 del artículo 243A, las sentencias proferidas en el
curso de la única o segunda instancia, no son susceptibles de los recursos ordinarios
[…]

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19. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados
supra y atendiendo a que, en el caso sub examine: i) la parte demandante interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de 29 de julio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que resolvió negar las pretensiones de la demanda; y ii) el
Despacho Sustanciador del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto de 30 de
agosto de 2021, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto.

20. Este Despacho considera que la sentencia de 29 de julio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual resolvió negar las pretensiones de la
demanda no es susceptible del recurso de apelación, por cuanto es una sentencia
proferida dentro de un proceso de expropiación judicial que le compete adelantar a los
Tribunales Administrativos en única instancia y, por ende, esta clase de providencias no
son susceptibles del recurso de apelación […]».

2.5. Caso concreto.

2.5.1. Principio de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción,
ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se
encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello el artículo 6.º numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de
improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo procede cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

3 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.

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También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.5.2. Análisis de la Sala

El señor Hernando Falla Duque solicitó la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la propiedad y a la doble
instancia, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima y
el Consejo de Estado, Sección Primera, con ocasión de la expedición de las
providencias del 29 de julio de 2021 y del 24 de mayo de 2024, respectivamente.

Para el efecto, afirmó que las autoridades judiciales referidas incurrieron en (i) defecto
sustantivo, por aplicar de manera equivocada el ordinal 8.° del artículo 151 de la Ley
1437 de 2011, puesto que no se analizó, a pesar de estar debidamente probado, que
el inmueble era rural no urbano; (ii) defecto fáctico, porque el Tribunal accionado no
valoró el certificado de tradición y libertad, los dictámenes y avalúos que obran en el
expediente, las declaraciones rendidas y la certificación del uso del suelo expedida por
el municipio de Ibagué, con las cuales se demostraba el carácter rural del inmueble; y
(iii) defecto procedimental absoluto, comoquiera que el proceso se clasificó como de
única instancia, al haber sido ubicado dentro del marco normativo de la reforma
urbana, conforme a lo establecido en el numeral precitado, sin considerarse que el
predio era rural.

Pues bien, previo a emitir un pronunciamiento de fondo sobre el anterior desacuerdo,
la Sala considera necesario determinar si se encuentra satisfecho el requisito general
de subsidiariedad. Así, del recuento efectuado en el acápite de hechos probados, se
advierte que el 18 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima aceptó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y determinó explícitamente que el
procedimiento a seguir sería el de única instancia, de conformidad con lo establecido
en el numeral 8.° del artículo 151 del CPACA.

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En esa medida, se concluye que el accionante, desde el auto admisorio, tenía
conocimiento de que el proceso se tramitaría en única instancia y, por tanto, si no se
encontraba de acuerdo con esta determinación, podía discutirla a través de otro
mecanismo de defensa judicial, como lo es, el recurso de reposición, previsto en el
artículo 242 del CPACA; sin embargo, el peticionario se abstuvo de emplear dicha
herramienta judicial. Adicionalmente, se advierte que aquel intervino en varias
ocasiones en el proceso sin plantear la supuesta irregularidad mencionada, sino hasta
luego de haberse dictado sentencia.

En consecuencia, se colige que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, pues la parte accionante no agotó el medio de defensa judicial
definido en la ley como idóneo para ventilar la controversia expuesta en esta sede
constitucional.

Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela, por su carácter residual,
únicamente procede cuando se han utilizado los demás recursos previstos por el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos invocados, por lo que no le es
dable al juez constitucional emitir un pronunciamiento de fondo sobre el particular,
pues ello implicaría desconocer las competencias que le fueron atribuidas al juez
natural de la causa.

Ahora, se advierte que el señor Hernando Falla Duque también discutió que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos (i) sustantivo, porque no
se tuvo en cuenta que el ordinal 8.° del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011 fue
derogado expresamente por la Ley 2080 de 2021, a pesar de diferirse su desaparición;
y (ii) violación directa de la Constitución Política, comoquiera que la decisión de no
conceder el recurso de apelación contra la sentencia, a pesar de que el legislador
había cambiado su criterio sobre el trámite de única instancia, vulnera directamente el
principio de aplicación inmediata de los derechos fundamentales, incluyendo el
derecho a la doble instancia.

Sin embargo, se repara en que las anteriores inconformidades no fueron expuestas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en la oportunidad
concedida para ello. En efecto, nótese que el accionante en el recurso de reposición

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y, en subsidio, de queja, formulado en contra del auto que rechazó por improcedente
la apelación, no planteó ningún argumento tendiente a que el Consejo de Estado
estudiara estos desacuerdos, sino que se centró en discutir que el asunto debía ceñirse
a lo establecido en el numeral 13 del artículo 152 del CPACA, toda vez que el inmueble
sobre el cual se ordenó la expropiación está ubicado en la zona rural del municipio de
Ibagué.

En ese orden de ideas, no es factible, como lo pretende el peticionario del amparo, que
en esta instancia se examine y se realice un pronunciamiento sobre dichas
inconformidades, cuando al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho no la alegó, pues, en principio, el demandante se encuentra obligado a
dirimir los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales que
reclama, a través de las vías ordinarias previstas por la ley procesal con el fin de que
la autoridad judicial emita un pronunciamiento en torno a ello, situación que en el sub
lite no ocurrió, en la medida en que la falta de proposición de ese disenso impidió que
el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, Sección Primera, se
pronunciaran sobre ello.

Esclarecido lo anterior, es relevante precisar que la acción de tutela no puede utilizarse
para subsanar los errores cometidos en la defensa de las partes procesales o para
revivir instancias procesales que se encuentran debidamente resueltas, al no haber
ejercido su defensa en debida forma, ya sea por negligencia o descuido de quien
solicita el amparo constitucional, porque de ser así, se vulneraría el derecho al debido
proceso de los demás intervinientes en el proceso y se desnaturalizaría el carácter
excepcional y subsidiario de esta acción.

Ahora, corresponde al juez constitucional determinar si procede la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Al
respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que el perjuicio debe reunir varias
características, que deben ser identificadas por la autoridad judicial para poder conocer
el fondo del asunto, estas son: (i) una afectación inminente del derecho fundamental,
es decir que se trate de una amenaza que está por concretarse; (ii) la gravedad del
perjuicio, esto es, que el daño material o moral en la persona sea de gran intensidad;
(iii) la urgencia de las medidas que se requieren para prevenir o remediar el perjuicio

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irremediable; y finalmente, (iv) carácter impostergable de las medidas para la efectiva
protección de derechos fundamentales en riesgo. 4

Así, una vez revisado el escrito de tutela, se repara en que el accionante no demostró
la existencia de un perjuicio irremediable. Igualmente, se advierte que, de las pruebas
obrantes dentro del expediente, no es posible determinar la existencia de una
circunstancia de vulnerabilidad que haga necesaria y urgente la intervención del juez
constitucional. Adicional a lo expuesto, se resalta que la parte actora no explicó por
qué no esgrimió esos desacuerdos en la oportunidad legal prevista para ese efecto, lo
que imposibilita a este juez constitucional efectuar algún análisis sobre el particular.

Por tanto, al no cumplirse con la exigencia de subsidiariedad, como requisito general
de procedibilidad para acudir al presente trámite, y no haberse demostrado la probable
ocurrencia de un perjuicio irremediable, se declarará improcedente la acción de tutela
formulada por el señor Hernando Falla Duque.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que en el presente asunto no se superó la exigencia general de
subsidiariedad y, en tal sentido, declarará improcedente la acción de tutela instaurada
por el señor Hernando Falla Duque en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y
del Consejo de Estado, Sección Primera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

4 Corte Constitucional. Sentencias SU-712 de 2013 y T-071 de 2021, entre otras.

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F A L L A:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Hernando Falla Duque en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y del Consejo
de Estado, Sección Primera, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte motiva de la presente providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

A. R. F.

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