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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06426-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06426-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, de acuerdo a lo indicado en la parte considerativa. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Yohan Manuel Buitrago Vargas contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por no cumplir con el requisito de subsidiaridad. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Yohan Manuel Buitrago Vargas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y Otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-06426-00 CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06426-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

23 de enero de 2025

Demandante: Yohan Manuel Buitrago Vargas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06426-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06426-00
Demandante: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, ESCUELA
JUDICIAL LARA BONILLA Y OTROS

Tema: Tutela contra acto administrativo. Declara la improcedencia de
la solicitud de amparo, dado que el accionante cuenta con
otros mecanismos judiciales de defensa.

SENTENCIA DE PRIMERA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591
de 1991, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

El señor Yohan Manuel Buitrago Vargas por intermedio de su apoderado judicial,
promovió acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en lo sucesivo EJRLB, con
la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, «a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político» y de
confianza legítima.

Para el accionante, la transgresión de sus garantías constitucionales se materializó
con ocasión de la conducta desplegada por parte de la EJRLB, según la cual, omitió

1 Índice de Samai 2. el asunto fue repartido al Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Tunja,

autoridad que por auto del 22 de noviembre de 2024, en aplicación de las reglas de reparto del
Decreto 1069 de 2015, remitió el asunto a esta Corporación para su conocimiento.
1
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Demandante: Yohan Manuel Buitrago Vargas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06426-00

realizar la corrección del puntaje final establecido en la Resolución EJR24-1451 del
6 de noviembre de 2024 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición
contra la Resolución EJR24- 298 del 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución
EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024», pues, desde su punto de vista, obtuvo el puntaje
mínimo establecido de 800 puntos y, como consecuencia de lo anterior, debió
permitírsele continuar a la Subfase Especializada del IX Curso de Formación
Judicial Inicial para Jueces y Magistrados.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora planteó las siguientes pretensiones:

[…]

3.2. INVALIDAR Y DECLARAR QUE CARECE DE EFECTO, la Resolución Nro.
EJR24 - 1451 del 6 de Noviembre de 2024 (notificada electrónicamente el8 de
noviembre de 2024), suscrita por la Dra. GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ,
en su condición de Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, por medio de la
cual se dispuso REPONER PARCIALMENTE la RESOLUCIÓN NRO EJR24 – 298
del 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución Nro. EJR24 – 317 del 28 de
junio de 2024 y MODIFICAR su anexo declarando REPROBADO a mi poderdante
así:

[…]

3.3. ORDÉNESE a la Dra. GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ, en su
condición de Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, para que dentro del
término de 48 horas y en observancia y aplicación de lo normado en el artículo 4
superior que proceda a expedir un acto administrativo en el que se RECONOZCAN
Y CALIFIQUEN como acertadas las preguntas impugnadas por el discente YOHAN
MANUEL BUITRAGO VARGAS, persona mayor de edad y vecino de Tunja
(Boyacá), identificado con la C.C. Nro. 7.176.361 de Tunja (Boyacá), especialmente
las consignadas en EL HECHO 2.14 (POR DOBLE CLAVE DE RESPUESTA), EL
HECHO 2.15. (POR CLAVE ERRONEA) y EL HECHO 2.16., otorgándole un puntaje
de OCHOCIENTOS VEINTIUNO PUNTO SESENTA Y SEIS (821,66) PUNTOS Y
LA CONDICIÓN DE APROBADO.

3.4. ORDÉNESE a la Dra. GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ, en su
condición de Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, para que dentro del
término de 48 horas y en observancia y aplicación de lo normado en el artículo 4
superior que proceda a expedir un acto administrativo en el que se inscriba al
discente YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS, persona mayor de edad y vecino
de Tunja (Boyacá), identificado con la C.C. Nro. 7.176.361 de Tunja (Boyacá), en la
SUB FASE ESPECIALIZADA DEL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL,
en virtud de su inscripción al CARGO DE MAGISTRADO DE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO.2

Subsidiariamente requirió:

[…] 3.7. SUSPENDER PROVISIONALMENTE la Resolución Nro. EJR24 - 1451 del
6 de Noviembre de 2024 (notificada electrónicamente el8 de noviembre de 2024),

2Transcripción original del texto con posibles errores.

2
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suscrita por la Dra. GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ, en su condición de
Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, por medio de la cual se dispuso
REPONER PARCIALMENTE la RESOLUCIÓN NRO EJR24 – 298 del 21 de junio
de 2024, corregida por la Resolución Nro. EJR24 – 317 del 28 de junio de 2024 y
MODIFICAR su anexo declarando REPROBADO a mi poderdante así:

3.8. ORDÉNESE a la Dra. GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ, en su
condición de Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, para que dentro del
término de 48 horas y en observancia y aplicación de lo normado en el artículo 4
superior que proceda a expedir un acto administrativo en el que se inscriba
PROVISIONALMENTE al discente YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS,
persona mayor de edad y vecino de Tunja (Boyacá), identificado con la C.C. Nro.
7.176.361 de Tunja (Boyacá), en la SUB FASE ESPECIALIZADA DEL IX CURSO
DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL, en virtud de su inscripción al CARGO DE
MAGISTRADO DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable y mientras la jurisdicción contenciosa
administrativa resuelve el medio de control que para el efecto el tutelante debe
interponer dentro de los 4 meses siguientes a la fecha en que se profiera la sentencia
que resuelva esta acción constitucional.

3.9. Que se señale al funcionario accionado las consecuencias derivadas del
incumplimiento a la orden judicial proferida dentro del presente proceso.3

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Yohan Manuel Buitrago Vargas se encuentra participando en la
Convocatoria 27 del proceso de selección para jueces y magistrados de la
República, en el que, luego de haber superado la prueba de aptitudes y
conocimientos, ingresó al IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y
Magistrados4.

Dicho curso, a su turno, se encuentra dividido en dos etapas, la primera denominada
Subfase General5 y la siguiente llamada Subfase Especial6, por lo que el primero es
prerrequisito del segundo, y los cuales son de carácter eliminatorio.

3 Transcripción original del texto con posibles errores.
4 El IX Curso de Formación Judicial inicial para Jueces y Magistrados hace parte del programa de

ingreso del Plan de Formación de la Rama Judicial y fue diseñado a partir del modelo pedagógico y
conforme al enfoque curricular de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
5 Dirigida a todos los aspirantes, está integrada por ejes temáticos y módulos de aplicación práctica,

transversales a todas las especialidades, que pretenden fortalecer el desarrollo de las competencias
del Saber, Saber hacer, y Saber ser, dentro del perfil de un servidor judicial idóneo, capaz de trabajar
en equipo, dirigir el talento humano con liderazgo asertivo, administrar los recursos físicos y
tecnológicos de un despacho judicial, así como los procesos judiciales que le sean asignados
mediante la aplicación de técnicas de trabajo colaborativo, que le permitan decidir con eficiencia y
eficacia los litigios puestos a su consideración bajo los principios de transparencia, probidad y altos
estándares de ética judicial.
6 Dirigida a los aspirantes que aprueben la subfase general como prerrequisito para cursar la subfase

especializada. Esta subfase se fundamenta en el desarrollo de ejes temáticos concretos, acorde con
la especialidad del cargo para el cual haya optado el concursante, encaminada a fortalecer las
competencias del Saber, Saber hacer, y Saber ser, y de los conocimientos en las áreas específicas
del derecho.
3
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La EJRLB profirió la Resolución Nro. EJR 24 – 298 del 21 de junio de 20247, «Por
medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial», en la que se determinó que el señor Yohan Manuel Buitrago Vargas
había obtenido un puntaje final de 780.850 y, en consecuencia, quedaba reprobado.

Contra la anterior decisión, se interpuso recurso de reposición el cual fue decidido
por la EJRLB mediante Resolución Nro. EJR 1451 del 6 de noviembre de 2024, en
el que se accedió parcialmente al reclamo realizado, dado que se modificó el puntaje
pasando de 780.850 a 790 y, por ende, conservando el estado de reprobado.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El accionante manifiesta que, en el examen se plantearon preguntas con doble
clave de respuesta, en el marco de la interpretación jurisprudencial y de los
denominados talleres virtuales, las cuales aritméticamente le otorgaban un puntaje
superior a ochocientos (800) puntos y, por consecuencia el derecho a obtener la
condición de aprobado.

Aunado a lo anterior, manifestó que el acto administrativo por medio del cual se
resolvió el recurso adelantado, constituía una vía de hecho administrativa violatoria
de sus derechos fundamentales, dado que, «se dejó de sumar al tutelante los uno punto
veinticinco (1,25) puntos asignados a la pregunta 23 del módulo de gestión judicial y
tecnología de la información y las telecomunicaciones, pues tal y como allí se indicó (página
58), se identificó como un caso tipo 2, alerta de doble clave por lo que se optó por reconocer
el punto a los discentes».8

Finalmente, a folio 9 al 25 del escrito de tutela, realizó un análisis de cada una de
las preguntas impugnadas a fin de resaltar que las respuestas seleccionadas eran
acertadas y las cuales, debían tenerse en cuenta para la sumatoria de la calificación
total.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 5 de diciembre de 2024 la magistrada ponente avocó el conocimiento
de la solicitud de amparo, ordenó la notificación de la accionada, vinculó como
tercero con interés a la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 y negó la
medida provisional solicitada con el escrito introductorio9.

La anterior decisión se notificó por conducto de la Secretaría General mediante
Oficios 302256 a 302261 del 09 de diciembre de 202410.

7 Corregida mediante la Resolución Nro. EJR24 – 317 del 28 de junio de 2024.
8 Transcripción original del texto con posibles errores.

– UPTC y la empresa E.
9 Integrada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Distribución S.A.S.
10
Remitidos a los siguientes correos electrónicos:
ybuitrago249@hotmail.com;info@calderonabogados.com.co; carlosbuitrago09@hotmail.com.co;
ybuitrago249@hotmail.com, escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co,
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1.6. Intervenciones

1.6.1. Unión Temporal Formación Judicial 201911

Por medio de memorial remitido el 10 de diciembre de 2024, el representante legal
suplente manifestó que la entidad no ha vulnerado los derechos constitucionales del
accionante, toda vez que ha actuado de conformidad con lo previsto en la ley y las
atribuciones establecidas para el desarrollo de las etapas del IX Curso de Formación
Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de la República.

Indicó que la Unión Temporal Formación Judicial 2019 no es la competente para
expedir un acto administrativo para invalidar y declarar que carece de efecto la
Resolución Nro. EJR1451 del 6 de noviembre de 2024, reconocer como acertadas
las respuestas que señala el accionante dio a las preguntas referidas en los
argumentos del escrito de tutela y disponer sobre su inclusión en la Subfase
especializada del IX Curso de Formación Judicial, debido a que, de conformidad
con lo señalado en el numeral 9 capítulo VII del Acuerdo Pedagógico, la competente
es la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Por lo anterior, precisó que no le asiste legitimación en la causa por pasiva dentro
del proceso de la referencia.

Finalmente argumentó, que la Unión Temporal Formación Judicial 2019 actúa
exclusivamente como un aliado estratégico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla para el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial, careciendo de
potestades administrativas para emitir actos o adoptar decisiones en torno a dichas
solicitudes.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial12

Mediante escrito del 10 de diciembre de 2024 la directora de la Unidad
Administración de Carrera Judicial argumentó que carece de legitimación en la
causa por pasiva toda vez que la acción constitucional gira respecto de actuaciones
adelantadas por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

A su vez, especificó que no se ha vulnerado los derechos fundamentales del
accionante, por cuanto las inconformidades relacionadas con la evaluación de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial y los actos
administrativos cuestionados no fueron emitidos por la Unidad, así como que, los
recursos interpuestos fueron radicados ante la Escuela Judicial "Rodrigo Lara

presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co,
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co,
fwilson@edistribution.co; coordinacion@ixcursoformacionjudicial.com
11Índice 9 de Samai.
12 índice 11 de Samai.

5
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Bonilla", por cuanto en estos se cuestionan asuntos que no están dentro del ámbito
de competencia o injerencia de la unidad, razón, por la que argumentó que no puede
emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones planteadas en la acción de
la referencia.

1.6.3 Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”13

La directora del EJRLB mediante memorial radicado el 12 de diciembre de 2024
consideró que la acción constitucional no es procedente por cuanto el accionante
ostenta con otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para velar por la defensa de los
derechos que estima comprometidos y no existe una amenaza de un perjuicio
irremediable.

Citó las sentencias T-425 de 2019 y T-059 de 2019 de la Corte Constitucional para
indicar que, en los casos relativos a concursos de méritos, los participantes pueden
cuestionar las actuaciones que se realizan en el marco de la convocatoria, en
ejercicio de los medios de control pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, situación que limita la eventual intervención del juez constitucional a
remediar un perjuicio irremediable.

Reiteró que no se configura un perjuicio irremediable para el participante ni una
vulneración flagrante a sus derechos constitucionales, por cuanto, tuvo la
oportunidad de adelantar los recursos pertinentes contras las decisiones adoptadas
en relación con la convocatoria No. 27, y los cuales fueron atendidos y resueltos de
conformidad con la ley, el Acuerdo de Convocatoria y el Acuerdo Pedagógico.

Por lo anterior, indicó que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del
accionante por cuanto ha actuado de conformidad a derecho teniendo en cuenta
sus derechos y garantías, en atención a la ley y los acuerdos referidos, que gozan
de legalidad y son vinculantes tanto para los discentes como para la administración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
constitucional promovida por la accionante, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 14, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

13 índice 12 de Samai.
14 8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte
Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o
Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4 del presente decreto.
6
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2.2. Cuestión previa

La Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Unión Temporal Formación
Judicial 2019 en sus escritos de intervención indicaron que no gozan de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto el amparo constitucional se contrae a reprochar
la decisión que adoptó la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Al respecto, la Sala estima que no les asiste la razón a dichas entidades, por cuanto,
según los hechos narrados por el actor pueden tener algún tipo de participación en
lo pretendido, por lo cual, se negará la solicitud de vinculación presentada.

2.3. Problema jurídico

Con base en los hechos expuestos en la solicitud de amparo, los medios de prueba
aportados al proceso y las intervenciones presentadas, le corresponde a la Sala
resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿La EJRLB vulneró los derechos fundamentales del señor Yohan Manuel
Buitrago Vargas, con ocasión de la Resolución Nro. EJR24 - 1451 del 6 de
noviembre de 2024, que decidió el recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución Nro. EJR24 – 298 del 21 de junio de 2024, por cuanto lo
reprobó y, en consecuencia, no pudo pasar a la Subfase especializada del IX
Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados?

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario del mecanismo
constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos
susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo, y (iii) el análisis del
caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable15.

15 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

7
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2.5. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del
Decreto Ley 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia16.

El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de
donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores
judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad,
de constitucionalidad y de legalidad.

Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a
la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de
los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201117.

16 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución

y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
17 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias
del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-
8
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Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el
núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de
amparo se torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la
afectación de las garantías superiores.

No obstante, la Corte Constitucional, vía jurisprudencia, ha establecido escenarios
en los que el amparo constitucional tiene cabida respecto a los actos administrativos
proferidos en el marco de una convocatoria pública para la provisión de cargos, tales
casos son los siguientes:

i) El empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley18

ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar
en la lista de elegibles19

iii) el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de
lo contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia
constitucional17 y, por último,

iv) cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de
salud, condición social, entre otras), al demandante le resulta
desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.

2.6. Caso concreto20

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo promovida por
el señor Yohan Manuel Buitrago Vargas, por cuanto, conforme quedó expuesto en

23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-
000-2016-00293-01.
18 Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015,

T-551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019.
19 Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005,

T-521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras.
20 La Sección Quinta del Consejo de Estado ha proferido múltiples decisiones en las que se ha

indicado que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para cuestionar los actos administrativos
que se profieren en el marco de la Convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de la
Rama Judicial. En ese sentido, se tienen, entre otras, las siguientes: i) sentencia del 31 de octubre
de 2024, 11001-03-15-000-2024-02350-01, MP Omar Joaquín Barreto Suárez; ii) sentencia del 24
de octubre de 2024, 11001-03-15-000-2024-03547-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil; iii) sentencia
del 10 de octubre de 2024, 11001-03-15-000-2024-04988-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra; iv)
sentencia del 12 de septiembre de 2024, 11001-03-15-000-2024-02725-01, MP Luis Alberto Álvarez
Parra; v) sentencia del 12 de septiembre de 2024, 11001-03-15-000-2024-03697-00, MP Gloria
María Gómez Montoya; v) sentencia del 4 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-
02307-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil; y vi) sentencia del 18 de enero de 2024, expediente 11001-
03-15-000-2023-07159-00, MP Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Demandante: Yohan Manuel Buitrago Vargas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06426-00

precedencia, se advierte que la persona cuenta con un mecanismo judicial idóneo
a través del cual puede ventilar sus reparos contra la Resolución Nro. EJR24 - 1451
del 6 de noviembre de 2024. En ese sentido, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
dispone lo siguiente:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante
o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando
la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la
notificación de aquel.

Asimismo, al interior del mencionado proceso es factible que el actor solicite ante el
juez natural del asunto la suspensión provisional del acto administrativo objeto de la
demanda, atendiendo los parámetros que para tal efecto dispone el artículo 231 que
indica lo siguiente:

Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional
de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la
demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación
surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la
indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia
de los mismos.

[…]

Lo anterior, por cuanto, los reparos que formula el accionante giran en torno a la
legalidad de los actos administrativos mencionados, toda vez que su inconformidad
se relaciona con la respuesta emitida por EJRLB, debido que, en su consideración
se debió realizar la corrección de su puntaje final, dado que, las respuestas
seleccionadas en las preguntas impugnadas fueron acertadas, lo que le otorgaba el
puntaje necesario para continuar a la Subfase Especializada del IX Curso de
Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados.

Ello, reafirma la existencia de un mecanismo judicial idóneo para debatir estas
problemáticas, el cual es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Así, corresponde al juez natural de lo contencioso administrativo analizar,
de manera integral, las inconformidades del accionante en cuanto al proceso
formativo y evaluativo que derivó en la decisión administrativa objeto de reproche.

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Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó ninguna de
las circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas
para superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es así porque:

a) Los cargos ofertados en la convocatoria No 27 no son aquellos de periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley.

b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el
primer lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa etapa
de la convocatoria cuestionada, además que no es el objeto de esta acción.

c) No se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos fundamentales
del concursante y no hay evidencia de que los argumentos de las pretensiones y la
afectación puedan escapar del control del juez de lo contencioso administrativo.

d) La parte actora no demostró ni en el proceso constitucional se observó que esta
se encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de salud, condición
social u otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al
mecanismo ordinario ante los jueces administrativos.

En conclusión, se tiene que las pretensiones elevadas por el señor Yohan Manuel
Buitrago Vargas no son procedentes vía acción de tutela, ante la existencia de un
mecanismo judicial idóneo y eficaz.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, de
acuerdo a lo indicado en la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Yohan
Manuel Buitrago Vargas contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por no
cumplir con el requisito de subsidiaridad.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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