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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06430-01

Fecha
24 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06430-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06430-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06430-01
Accionante: Flor Alicia Combariza González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06430-01
Accionante: Flor Alicia Combariza González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 3

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: pensión de jubilación. Subtema 3: violación
directa de la Constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones1 y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social2 en contra de la sentencia del 16 de diciembre de 2024 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Flor Alicia Combariza González, por intermedio de su apoderado, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la
seguridad social, a la vida, y al mínimo vital, que consideró vulnerados con ocasión de
la sentencia del 22 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión núm. 3, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 15238-33-33-003-2023-00068-02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. La señora Flor Alicia Combariza González, mediante escrito del 31 de octubre de
2011, le solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL EICE) en liquidación,
el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación. Dicha institución, con oficio
UGM-DP-CE-23873-2011, le informó que la entidad competente para el
1
En adelante Colpensiones.
2
En adelante UGPP.

1

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Accionante: Flor Alicia Combariza González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

reconocimiento de la prestación era el Instituto de los Seguros Sociales (ISS), por ser
la última entidad a la cual había realizado aportes.
3. La accionante, con escrito del 6 de agosto de 2012, le pidió a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de jubilación. La entidad, a través de la Resolución GNR
130773 del 17 de junio de 2013, negó la prestación económica por no acreditar el
mínimo de semanas cotizadas al sistema general de pensiones. Contra esta decisión,
la interesada presentó recurso de reposición.
4. Colpensiones, mediante Resolución GNR 9261 del 14 de enero de 2014, reconoció
y ordenó el pago de una pensión de vejez en cuantía de $1 060 017 de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 797 de 2003.
5. La señora Flor Alicia Combariza González solicitó el reajuste de la pensión y
Colpensiones, mediante acto administrativo GNR 190911 del 28 de junio de 2016,
resolvió reliquidar la prestación, a partir del 1 de julio de 2014, con una mesada
equivalente a $1 124 805. Posteriormente, ante la inconformidad de la accionante, la
entidad emitió la Resolución VPB 34614 del 5 de septiembre de 2016, a través de la
cual dispuso reajustarla en un valor correspondiente a $1 124 955.
6. Colpensiones, por medio de auto de pruebas núm. APDIS 3213 del 18 de
septiembre de 2018, requirió a la señora Combariza González para que autorizara la
revocatoria de las resoluciones GNR 9261 del 14 de enero de 2014, GNR 190911 del
28 de junio de 2016 y VPB 34614 del 5 de septiembre de 2016, toda vez que dicha
entidad no era la competente para reconocer la pensión de vejez. Sin embargo, este
requerimiento fue desestimado por la interesada.
7. Colpensiones presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en
contra de la señora Flor Alicia Combariza González y la UGPP, con el fin de que se
dejaran sin efectos los referidos actos administrativos y, en su lugar, se ordenara a la
UGPP asumir el reconocimiento pensional de la tutelante, por ser la entidad
competente para ello. De igual manera, se dispusiera el reintegro de las sumas de
dinero que le fueran canceladas a la beneficiaria.
8. El Juzgado Tercero Administrativo de Duitama, a través de providencia del 22 de
marzo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. En este sentido: (i) ordenó
a la UGPP que procediera al reconocimiento y pago inmediato de la pensión de vejez
de la señora Combariza González; (ii) ordenó a la UGPP que en el término máximo de
1 mes adelantara las gestiones para devolver a Colpensiones los valores cancelados
a la accionante por su pensión; y (iii) ordenó a Colpensiones continuar pagando la
pensión mientras la beneficiaria era incluida en nómina y se hacía efectiva su mesada
pensional.
9. La UGPP y Colpensiones presentaron, de manera independiente, recursos de
apelación en contra la anterior decisión.
10. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 3, mediante sentencia
del 22 de octubre de 2024, revocó los numerales cuarto y sexto de la sentencia
proferida por el referido juzgado, en lo que respecta a orden dirigida a la UGPP de
efectuar el reconocimiento y pago inmediato de la pensión de vejez a favor de la señora
Flor Alicia Combariza González; y a Colpensiones, de continuar pagando la prestación

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hasta se verificara la inclusión en nómina. En lo demás, confirmó la providencia de
primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
11. La parte actora solicitó en el escrito de tutela3 lo siguiente:

[…] Por lo expuesto, muy respetuosamente solicito a su señoría:

1. DECLARAR que la PROVIDENCIA del veintidós (22) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión
003, integrada por el Magistrado DAYÁN ALBERTO BLANCO LEGUÍZAMON, violó los
derechos fundamentales de mi poderdante, menosprecio que se trata de una persona
de especial protección constitucional y se desconoció con dicha providencia el derecho
a la pensión ya reconocido con el lleno de los requisitos.

2. DEJAR SIN EFECTO la providencia fechada del veintidós (22) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado N° 15238-33-33-003-2023-
00068-02.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá, que profiera providencia de
segunda instancia, respetando los derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, al mínimo vital, seguridad social, derecho a la salud, derecho a la pensión.

4.ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá que profiera providencia donde
CONFIRME en todas sus partes la sentencia emitida por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Duitama […]4.

12. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la
sentencia del 22 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, incurrió en violación directa de la Constitución porque desconoció los
preceptos constitucionales relativos a la seguridad social, el mínimo vital y el acceso a
una pensión, previstos en los artículos 48 y 53 de la Carta Política, al revocar los
ordinales cuarto y sexto de la sentencia del 22 de marzo de 2024, expedida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Duitama, con el argumento de que Colpensiones
no era la entidad competente para reconocer la pensión sino la UGPP.
13. Para la actora, la providencia cuestionada le arrebató su derecho y la expuso a
realizar nuevamente el trámite administrativo ante la UGPP, dejándola desprovista de
su mesada pensional, pese a que cumplió y acreditó los requisitos de tiempo y edad
para acceder al reconocimiento y pago de la prestación social.
14. De esta manera, indicó que la decisión acusada vulneró sus derechos
fundamentales invocados, por cuanto desconoció que es una persona de especial
protección constitucional, pues tiene 71 años y «se encuentra enferma». Además,
afirmó que es «cabeza de hogar» y «también cubre las necesidades de su cónyuge
con la mesada pensional», por lo que someterla a iniciar los trámites para obtener el
reconocimiento y pago de la pensión ante otra entidad, es imponerle una carga que no
está en el deber de soportar.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06430-00, índice 2, certificado núm.
404D5A072D048FAD 7440E097C6034B2B EB302E21598D9972 FD71C3DC74178FA6.
4
Se transcribe incluso con errores.

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2.3. Trámite procesal
15. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante auto del 28 de
noviembre de 20245, resolvió lo siguiente: i) admitir la solicitud de amparo; ii) ordenar
la notificación al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 3; iii)
decretar la medida provisional solicitada, consistente en la suspensión de los efectos
de la sentencia del 22 de octubre de 2024 hasta que se resuelva la tutela; y iv)
comunicar el escrito de la acción constitucional al Juzgado Tercero Administrativo de
Duitama, a Colpensiones y a la UGPP, en calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo de Boyacá6 pidió que se niegue el amparo de tutela,
porque en la providencia cuestionada no se presentaron acciones u omisiones que
implicaran el desconocimiento de los derechos fundamentales de la tutelante.
17. Así pues, explicó que la providencia acusada no incurrió en defecto alguno, pues
dicha decisión desarrolló una carga argumentativa y probatoria suficiente para justificar
las razones por las cuales no era procedente prolongar el reconocimiento pensional
incorporado en los actos administrativos demandados, cuyos efectos fueron
declarados nulos. Razón por la cual, la sentencia objeto de tutela no podía validar
situaciones jurídicas fundadas en un acto ilegal.
18. El Tribunal precisó que no era procedente ordenarle a la UGPP el reconocimiento
de la pensión de la tutelante, en la medida en que una determinación de tal naturaleza
implicaba, por parte de la entidad pública, el estudio del cumplimiento de los requisitos
de edad y tiempo de servicios necesarios para definir la procedencia del derecho.
Circunstancia que hasta ese momento no se le había puesto de presente a dicha
autoridad.
19. Asimismo, resaltó que el origen de los recursos para la financiación de las
pensiones a cargo de Colpensiones y la UGPP son distintos, por lo que esta última
entidad no podía asumir el pago de la pensión de la señora Flor Alicia Combariza
González, hasta tanto definiera si la interesada acreditaba los requisitos necesarios
para ser beneficiaria de la prestación.
20. Adicionalmente, expresó que la accionante «fue asistida por una abogada quien la
representó y tenía la obligación de explicarle las eventuales consecuencias de una
sentencia desfavorable, por lo que debió adelantar las actuaciones que considerara
pertinentes en aras de obtener en legal forma el reconocimiento pensional por la
entidad pública competente y la continuación del pago de las mesadas pensionales».
21. El Juzgado Tercero Administrativo de Duitama7 manifestó que las pretensiones
de la tutela están dirigidas a cuestionar la sentencia del 22 de octubre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, sin referir la decisión adoptada por
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06430-00, índice 5, certificado núm. 60E50BD0A69CD517 ED7561FD731169CD
5F7EF8158FC9094A E85264BB8D83D825. .
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06430-00, índice 11, certificado núm. AA5E87CDE2A99442 C05EDAD7AF54F274
ED62D71177EAD979 1881DFCE9DE32B48.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06430-00, índice 13, certificado núm.
B244F559753A1F2C 2969E08DA5230141 460C4BFB62185156 82EF3F323E299E6E.

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el juzgado, razón por la cual solicitó que no se adopten órdenes de amparo en lo que
respecta al despacho.
22. Colpensiones8 solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, por
cuanto no se configura alguna de las causales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial. Además, no se acreditó por la tutelante, la vulneración a derechos
fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger
derecho alguno.
23. Por otro lado, manifestó que el Tribunal accionado procedió conforme a la ley y la
Constitución en la medida en que: (i) dio aplicación a las normas constitucionales y
legales existentes sobre la materia; (ii) aplicó la jurisprudencia respectiva; y (iv) las
actuaciones del despacho no vulneraron ni amenazaron los derechos fundamentales
de la accionante.
24. Para Colpensiones, los argumentos expuestos en el escrito de tutela constituyen
un desconocimiento de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía
e independencia judicial, comoquiera que la accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como una tercera instancia para insistir en un debate que
se surtió ante los jueces naturales y obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses particulares.
25. La UGPP guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia
26. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 16 de diciembre de 20249: (i) amparó el derecho fundamental al mínimo
vital de la accionante; (ii) dejó sin efectos la sentencia del 22 de octubre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá; (iii) ordenó a la autoridad accionada
expedir una nueva providencia; y (iv) levantó la medida provisional decretada en el
auto admisorio de la tutela.
27. Esta corporación consideró que la decisión cuestionada afectó el derecho al
mínimo vital de la actora, porque la dejó desprovista de su mesada pensional, pese a
que tenía acreditados los requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
28. En este orden, precisó que la autoridad accionada no tuvo en cuenta que el
propósito del proceso ordinario era que se anularan los actos de reconocimiento
expedidos por Colpensiones y se ordenara a la UGPP asumir la prestación. Por lo
tanto, el Tribunal Administrativo de Boyacá debió ordenarle a la UGPP que continuara
con la obligación de pagar la pensión a la señora Flor Alicia Combariza, en la medida
en que era la entidad competente para reconocer el derecho.
29. También, advirtió que en el expediente del proceso ordinario se demostró que la
accionante inicialmente acudió a CAJANAL a solicitar el reconocimiento y pago de la

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06430-00, índice 12, certificado núm.
ECFE34C6CC12BB0C E5940E50845F57F5 3B10A45AEF340937 C2AC3648E7BB57E4.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06430-00, índice 19, certificado núm. 5155F2E72E84D8AD 51D54162B7EF1412
62F90E4E95C5FAA1 15AE5E5E7D7DA890.

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pensión, pero esta entidad la remitió a Colpensiones bajo el argumento de que la
beneficiaria había hecho sus últimas cotizaciones al ISS. En esa medida, estaba
acreditado que el error no fue de la tutelante sino de CAJANAL, quien no accedió a la
petición, por lo que las inconsistencias administrativas entre las entidades no pueden
servir de excusa para dejar desprotegida a la señora Flor Alicia Combariza González.
30. En este sentido, mencionó que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
casos en los que se ha declarado la nulidad de los actos de reconocimiento de la
pensión expedidos por Colpensiones por falta de competencia, ha considerado que es
procedente ordenarle a la UGPP que asuma el pago de la prestación, lo cual implica
que Colpensiones continúe con el pago de la pensión hasta tanto la beneficiaria sea
incluida en nómina y se haga efectiva la mesada pensional por parte de la autoridad
competente.

2.6. Impugnación
31. La UGPP presentó impugnación10, en contra de la sentencia del 16 de diciembre
de 2024, al considerar que la decisión del juez de tutela de primera instancia no tuvo
en cuenta que las actuaciones de la entidad y del Tribunal Administrativo de Boyacá
se justaron a derecho y, en modo alguno, vulneraron las garantías constitucionales de
la tutelante.
32. Afirmó que la providencia expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá no
incurrió en una violación directa de la Constitución, pues en su contenido se puede
observar un análisis razonable del ordenamiento jurídico y de las pruebas aportadas
al proceso ordinario, lo que le permitió concluir que Colpensiones no podía continuar
con el pago de la mesada pensional de la tutelante, por cuanto los actos
administrativos en los que se fundamentaba dicha obligación, fueron anulados por la
autoridad judicial competente y no era posible recargar a la entidad con este deber
hasta que la UGPP le reconociera el derecho a la actora.
33. Asimismo, refirió que la UGPP tampoco podía asumir la obligación, porque no
participó en la expedición de los actos demandados.
34. De otro lado, expuso que la decisión cuestionada no vulneró el derecho a la
seguridad social de la señora Flor Alicia Combariza, puesto que ella figura como
afiliada activa del régimen contributivo de salud en calidad de cotizante de la EPS
COMPENSAR, a partir del 1 de abril de 2019, según el Registro Único de Afiliados
(RUAF), del Ministerio de Salud y Protección Social.
35. Adicionalmente, mencionó que, de acuerdo con el RUAF, la accionante se
encuentra activa en la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (COMFABOY), y en
el Fondo Nacional del Ahorro, por lo que, en su criterio, la pensión objeto de estudio
no es su única fuente de ingreso, lo cual desvirtúa, no solo la vulneración a este
derecho, sino el perjuicio irremediable alegado.
36.Por otra parte, mencionó que la solicitud de amparo es improcedente porque no
cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la tutelante dispone del recurso

10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06430-00, índice 23, certificado núm.
4A56F4CDE3AA8625 898EF929DEE64F63 5100DEE4A976938D 4A1E29B313096A2F.

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extraordinario de revisión para cuestionar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que a su juicio le resulta desfavorable.
37. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la providencia impugnada
y, en su lugar, se niegue el amparo de tutela.
38. Por su parte, Colpensiones11 también presentó escrito de impugnación en contra
de la sentencia del 16 de diciembre de 2024, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la tutela.
39. Adicionalmente, manifestó que la decisión adoptada puede afectar la
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, toda vez que la entidad estaría
obligada a efectuar el pago de una mesada pensional que no le corresponde. En
consecuencia, solicitó que se revoque la providencia impugnada y se nieguen las
pretensiones de la solicitud de amparo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 16 de
diciembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

3.2. Legitimación en la causa
41. La legitimación en la causa por activa de la señora Flor Alicia Combariza
González está acreditada porque fue la demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
42. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 3, debido a que fue la autoridad que
profirió la sentencia del 22 de octubre de 2024 objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
43. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional13.

11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06430-00, índice 24, certificado núm. 7BF51690FD8C7760 75A815C439B151EF
EC36F0FD05C0BCA9 1558244959E64D45.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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44.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes aspectos:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
45. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales14 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
46. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución15.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
47. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional16 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad en torno a las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
48. Así pues, la Corte Constitucional17 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»18 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»19;
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

8

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ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

49. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada concurrió un desconocimiento del ordenamiento jurídico sustancial que, a
su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
50. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
51. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 22 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, fue notificada el 30 de octubre de 202420, y la demanda de tutela se presentó
el 22 de noviembre de 202421, esto es, dentro del plazo de seis meses establecidos
por la jurisprudencia constitucional22 y del Consejo de Estado23 como razonable.
52. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, tan así
que el asunto superó la relevancia constitucional, y no resultaba posible que hubiera
alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque
su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación
judicial.
53. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
54. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con la causal de violación directa de la Constitución y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

20
Samai, exp. 15238-33-33-003-2023-00068-02, índice 28.
21
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06430-00, índice 1.
22
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente Nº 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).

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3.4. Problema jurídico
55. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 16 de diciembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que accedió a la solicitud
de amparo interpuesta por la señora Flor Alicia Combariza González.
56. En particular, deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró
los derechos fundamentales de la accionante e incurrió en violación directa de la
Constitución. Lo anterior, al proferir la sentencia del 22 de octubre de 2024, mediante
la cual revocó los numerales cuarto y sexto del fallo de primera instancia que le
ordenaron, respectivamente, a la UGPP reconocer y pagar la pensión de vejez a favor
de la tutelante, y a Colpensiones, que continuara con el pago de la prestación hasta
que se verificara la inclusión en nómina.
57. Para el efecto, se estudiará: (i) las generalidades de los defectos invocados; y (ii)
el caso concreto.

Generalidades de los defectos invocados
58. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en el defecto
de violación directa de la Constitución.

Violación directa de la Constitución
59. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene fundamento
en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual la Carta Política
es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y, ante cualquier
«incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de procedencia ocurre
cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un alcance insuficiente a
las reglas, principios y valores consagrados en el texto superior»24.
60. En un principio, el defecto de violación directa de la constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200525. Ahora bien,
el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura en los siguientes
eventos:

i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional;
ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;
iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución; y

24
Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.

10

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iv) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con
la Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales26.
61. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución supone
el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el artículo 4
superior que antepone, de manera preferente, la aplicación de los postulados de la
Constitución Política, sus reglas, principios y valores.

3.5 Caso concreto
62. La señora Flor Alicia Combariza González acudió a la acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida,
y al mínimo vital. En consecuencia, se deje sin efectos la sentencia del 22 de octubre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, y se ordene a la autoridad
accionada, expedir una nueva providencia en la cual se establezca que: (i) la UGPP
debe adelantar los trámites administrativos pertinentes para reconocer y pagar la
pensión de vejez a su favor, y (ii) Colpensiones debe continuar con el pago de la
prestación hasta tanto la UGPP la incluya en nómina.
63. Para la parte actora la providencia objeto de tutela vulneró sus garantías
constitucionales al revocar los ordinales cuarto y sexto de la sentencia del 22 de marzo
de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Duitama, con lo cual anuló
su derecho a recibir el pago de la pensión de vejez y la sometió a realizar nuevamente
el trámite administrativo de reconocimiento del derecho ante la UGPP, pese a que en
su momento Colpensiones le otorgó la prestación social por haber cumplido y
acreditado los requisitos de tiempo y edad.
64. De esta manera, consideró que la autoridad accionada actuó en contravía de los
derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al acceso a una pensión previstos en
los artículos 48 y 53 de la Constitución.

3.5.1 Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
65. Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que
el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó parcialmente la decisión del a quo, en
cuanto desestimó la orden dada a la UGPP para efectuar el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez a favor de la tutelante y exceptuó a Colpensiones de continuar
pagando la prestación hasta tanto la UGPP incluya en nómina a la accionante. En
punto a las órdenes dadas por el juez de primera instancia, el Tribunal desarrolló el
siguiente análisis:

136. El a quo ordenó: (1) a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) que reconociera y pagara la
pensión de vejez en favor de la señora Flor Alicia Combariza González y (2) a la
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) que hasta tanto la
demandada fuera incluida en nómina y se hiciera efectiva la mesada pensional a
reconocer por la UGPP, continuara pagando la prestación reconocida.

26
Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.

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137. La Sala considera que las decisiones adoptadas contravienen el ordenamiento
jurídico, porque:

138. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) no participó en la producción de los actos
jurídicos cuya nulidad se declaró y en esa medida resulta improcedente ordenarle que
adelante actuaciones como consecuencia de la ilegalidad las resoluciones que ordenaron
el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la señora Flor Alicia Combariza
González.

139. La declaratoria de nulidad de las Resoluciones números GNR 9261 del 14 de enero
de 2014, GNR 190911 del 28 de junio de 2016, VPB 34614 del 5 de septiembre de 2016,
tiene como efecto inmediato su extinción del mundo jurídico desde su origen, lo que
además acarrea su pérdida de obligatoriedad, por lo cual, con base en ellas no podrían
generarse nuevas situaciones jurídicas, como aquella relacionada con el pago
subsiguiente de las mesadas pensionales en favor de la señora Flor Alicia Combariza
González, porque lo contrario generaría la prolongación de los efectos de los actos
administrativos ilegales y además, inobservaría el efecto de la nulidad de los actos
administrativos27.

66. De acuerdo con lo anterior, se advierte que, para el Tribunal Administrativo de
Boyacá, el hecho de que la UGPP no haya participado en la elaboración de las
resoluciones números GNR 9261 del 14 de enero de 2014, GNR 190911 del 28 de
junio de 2016 y VPB 34614 del 5 de septiembre de 2016, cuya nulidad se declaró al
interior del proceso ordinario, impedía ordenarle a la mencionada entidad que
procediera a realizar las gestiones administrativas para reconocer y pagar la pensión
de vejez a favor de la señora Flor Alicia Combariza González.
67. Adicionalmente, la autoridad judicial accionada indicó que la nulidad de los
referidos actos administrativos tiene como efecto inmediato la extinción de la situación
jurídica reconocida por la administración, lo cual implicaba una pérdida de
obligatoriedad. En este sentido, no era posible ordenar el pago de mesadas
pensionales a favor de la señora Combariza González, dado que ello significaba
prolongar los efectos de unas decisiones administrativas ilegales.
68. Por lo anterior, el Tribunal decidió revocar los numerales cuarto y sexto de la
sentencia de primera instancia, en los cuales se ordenó: (i) a la UGPP adelantar los
trámites administrativos para efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
a favor de la tutelante, y (ii) a Colpensiones seguir pagando la prestación hasta tanto
la UGPP la incluya en nómina.

3.5.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por la actora
69. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en el
defecto expuesto por la accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar que
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se acreditó que la señora Flor
Alicia Combariza González nació el 7 de enero de 1953 y prestó sus servicios como
auxiliar administrativa en el departamento de Boyacá desde el 26 de mayo de 1978 y
hasta el 30 de junio de 200928, en cuyo período realizó sus aportes a CAJANAL.

27
Se transcribe incluso con errores.
28
Información que consta en el Formato núm. 1 certificado de información laboral del 6 de junio de 2017.

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70. Asimismo, se demostró que la señora Combariza González laboró para el
municipio de Duitama, desde 1 de julio de 2009 y hasta el 31 de julio de 201329, cuyas
cotizaciones por concepto de pensión se realizaron a Colpensiones. En este sentido,
la accionante acreditó un tiempo total de servicio de 2089 semanas y adquirió el
estatus pensional a partir del 7 de enero de 2008, al cumplir 55 años.
71. También, se acreditó que Colpensiones, mediante Resolución núm. GNR 9261 de
14 de enero de 2014, reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de
la señora Flor Alicia Combariza González, efectiva a partir del 1 de enero de 2014, de
conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Posteriormente, a través de las resoluciones
números GNR 190911 de 28 de junio y VPB 34614 de 5 de septiembre de 2016
reliquidó la prestación.
72. Más adelante, Colpensiones, al considerar que la autoridad competente para
reconocer la pensión de vejez de la señora Flor Alicia Combariza González era la
UGPP, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
tutelante y la UGPP, con la pretensión principal de obtener la anulación de los referidos
actos administrativos. Además, solicitó lo siguiente:

[…]

4. Que se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP asumir el
reconocimiento pensional de la señora Flor Alicia Combariza identificada con CC No.
23549222, como entidad competente para ello, conforme lo regulado en el artículo 4
del decreto 2196 de 12 de junio de2009 y demás normas que regulan las reglas de
competencia entre el reconocimiento de pensiones de vejez y otras prestaciones a los
afiliados de las extintas CAJANAL a julio de 2009 conforme se expone en la presente
demanda.

5. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ORDENE a LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL- UGPP a REINTEGRAR a
COLPENSIONES las sumas de dinero canceladas por COLPENSIONES a la señora
FLOR ALICIA COMBARIZA GONZÁLEZ, identificado con CC No. 23549222 por
concepto del reconocimiento y pago de una pensión de vejez, retroactivos, mesadas
pensionales, y aportes en salud a partir de la fecha de inclusión en nómina de
pensionados y las que se sigan causando, hasta que cese el pago o se declare la
suspensión provisional, en virtud a que es a la UGPP a quien le corresponde asumir
reconocimiento y pago de la Pensión de Vejez hoy demandado. […]30.

73. De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por Colpensiones no tenía por objeto discutir
la procedencia del derecho a la pensión de vejez de la señora Flor Alicia Combariza
González, pues de ninguna manera atacó los requisitos que acreditó la beneficiaria
para acceder a la prestación social.
74. En efecto, se observa que el mecanismo judicial se dirigía a controvertir,
particularmente, la competencia de la autoridad encargada de asumir el

29
Ibidem.
30
Se transcribe incluso con errores.

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reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que tenía derecho la tutelante. En
este sentido, lo que se pretendió con el ejercicio de este medio de control judicial era
trasladarle la carga de esta obligación a la UGPP, dada su condición de entidad
responsable de la prestación.
75. Al respecto, es importante destacar que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en
la providencia objeto de tutela, reconoció la competencia que le correspondía a la
UGPP para definir el derecho de la accionante en los siguientes términos:

122. Frente a este escenario, la Sala avizora que la entidad competente para definir
sobre el derecho pensional de la señora Flor Alicia Combariza González es la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), porque conforme con las reglas de competencia
establecidas en los artículos 3 del Decreto 2196 de 2009 y 6 del Decreto 5021 de
2009 era responsable del reconocimiento y pago de las pensiones de las personas
que a primero de julio de 2009 hubiesen consolidado el estatus pensional
siempre que, para el momento de consolidación del derecho pensional
estuviesen efectuando cotizaciones a la Caja Nacional de Previsión Social
(CAJANAL), supuesto fáctico que se corresponde con la situación de la demandada.

123. En ese contexto, Colpensiones al reconocer y ordenar el pago de la pensión de
vejez de la señora Combariza González y, posteriormente ordenar la reliquidación de
la misma, en el entendido de que, consolidó el estatus pensional de manera previa al
primero de julio de 2009 y que se encontraba cotizando a CAJANAL., desconoció la
regla que determina la competencia por razón de la materia para el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez y por esa razón los actos administrativos enjuiciados son
ilegales.

76. De conformidad con lo expuesto, resultaba evidente que la autoridad competente
para resolver el derecho a la pensión de vejez de la señora Flor Alicia Combariza
González era la UGPP, comoquiera que adquirió el estatus pensional el 7 de enero de
2008, esto es, con anterioridad al 1 de julio de 2009, tal y como lo plantean las reglas
de competencia previstas en los artículos 3 y 5 de los decretos 2196 y 5021 de 2009.
77. En este orden, se advierte que los actos administrativos a través de los cuales
Colpensiones reconoció y reliquidó la pensión de vejez de la señora Flor Alicia
Combariza González fueron expedidos por una autoridad sin competencia, razón por
la que se declaró su nulidad en la sentencia del 22 de marzo de 2024, proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Duitama. Situación que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá en la providencia del 22 de octubre de 2024.
78. Ante este panorama, surgía un interrogante entorno a la vigencia del derecho de
la actora y su exigibilidad, lo cual imponía efectuar una valoración integral entre los
efectos de los actos administrativos demandados y los derechos prestacionales
afectados a la titular de la pensión, pues se trataba de una persona con más de 70
años, que venía percibiendo su mesada pensional con la convicción y la confianza
legitima de que el reconocimiento se había efectuado en debida forma por la autoridad
administrativa competente.
79. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la providencia objeto de
tutela, consideró que el efecto inmediato de la nulidad declarada respecto de los actos
administrativos demandados impedía ordenarle a Colpensiones que continuara con el

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pago de la mesada pensional, pues ello implicaría prolongar la existencia de una
situación jurídica ilegal. Asimismo, afirmó que tampoco era procedente pedirle a la
UGPP que realizara las gestiones administrativas para reconocer y ordenar el pago de
la pensión de vejez a favor de la señora Flor Alicia Combariza González, toda vez que
no participó en la producción de los actos jurídicos cuya nulidad se declaró en la
actuación judicial.
80. En concreto, la decisión del Tribunal da a entender que el derecho pensional
reconocido a favor de la tutelante, a través de los actos administrativos expedidos por
Colpensiones, desapareció del mundo jurídico y, en consecuencia, la señora
Combariza González debía iniciar nuevamente los trámites pertinentes para obtener
el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.
81. En este contexto, la controversia judicial surgida entre Colpensiones y la UGPP,
para determinar la autoridad competente que debía encargarse de reconocer y pagar
la pensión de vejez a la que tiene derecho la accionante, generó una carga
administrativa que le impidió continuar recibiendo su mesada pensional.
82. Sobre el particular, es pertinente mencionar que la Corte Constitucional ha
establecido que los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital se
vulneran cuando se imponen trabas administrativas injustificadas, que impiden a los
titulares de un derecho pensional acceder oportunamente, como consecuencia de los
conflictos entre distintas entidades pensionales para establecer cuál es la competente
para asumir el reconocimiento y el pago de la prestación31.
83.
Así pues, la Corte precisó que «cualquier carga administrativa que existiera entre
Colpensiones y la UGPP, relacionada con eventuales controversias competenciales,
debía ser asumida por las entidades y no podía convertirse en un obstáculo para el
reconocimiento pensional»32. Especialmente, cuando se encuentra acreditado que «(i)
no estaba en duda la titularidad del derecho pensional, (ii) se trataba de un sujeto
de especial protección constitucional, y (iii) dependía del pago de la pensión para
satisfacer su mínimo vital y el de su núcleo familiar»33.[Negrilla fuera de texto original].
84. Así las cosas, la Subsección considera que la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá se sustentó en un criterio de legalidad en torno a los efectos
de los actos administrativos anulados por la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, para concluir que Colpensiones no tenía obligación de continuar con el
pago de la prestación y a la UGPP no le correspondía iniciar la gestión de los trámites
administrativos para el reconocimiento de la pensión de vejez de la tutelante; no
obstante, no efectuó una adecuada ponderación de los principios constitucionales que
rigen la materia en relación con el derecho pensional y los argumentos procesales
aplicados.
85. Esto, por cuanto la decisión contenida en la providencia objeto de tutela terminó
despojando a la señora Flor Alicia Combariza González de su derecho a la pensión de
vejez y, en su lugar, le impuso una carga administrativa, que no tenía el deber de
soportar, consistente en promover los trámites administrativos dirigidos a obtener el

31
Corte Constitucional, sentencias T-039 de 2017, T-371 de 2017 y T-335 de 2020.
32
Corte Constitucional, sentencia T-039 de 2017.
33
Ibidem.

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reconocimiento y pago de la prestación social, 10 años después de que Colpensiones
efectuara el reconocimiento inicial.
86. Al respecto, conviene mencionar que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B34, en un asunto de similares circunstancias fácticas, en el que se discutía
la competencia de Colpensiones y la UGPP para el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación, precisó lo siguiente:

63. Así por ejemplo, y sin el ánimo de agotar todas las posibilidades, el «a quo», puede
considerar modificar la medida cautelar de suspensión provisional solicitada y
decretada, y en su reemplazo ordenará, (i) que en el plazo máximo de 15 días hábiles,
y en virtud del principio de coordinación de que habla el artículo 3º de la Ley 1437 de
2011, COLPENSIONES y la UGPP convoquen a sesión a la «Comisión Intersectorial
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del Sistema General de
Pensiones», para definir de manera concertada, y dando aplicación a la
normatividad que regula sus competencias, la entidad encargada de continuar
pagando la pensión de la señora ZULUAGA LONDOÑO; y (ii) ordenar a la UGPP,
que en el plazo máximo de un mes, realice las actuaciones administrativas
necesarias de índole presupuestal, tendientes a provisionar ante el FOPEP los
recursos necesarios para: (a) devolver a COLPENSIONES los valores cancelados
por concepto de retroactivo y mesadas canceladas, si hubiere lugar a ello, y (b)
garantizar el pago de la mesada pensional a la señora ZULUAGA LONDOÑO
[negrilla fuera de texto].

87. En este orden, la Sala considera que la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá desconoció los preceptos constitucionales establecidos en
los artículos 48 y 53 de la Constitución relativos a la seguridad social y al mínimo vital,
de especial observancia por la autoridad accionada, en atención a lo dispuesto en el
artículo 103 del CPACA, que establece lo siguiente: «Los procesos que se adelanten
ante la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo tienen por objeto la efectividad de
los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden
jurídico. En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán
observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal» [sic] [subrayado
fuera de texto].

88. Así las cosas, la decisión de no continuar con el pago de la mesada deviene en
desproporcionada y no puede ser una carga que soporte únicamente la accionante,
como parte débil de la relación jurídica, porque para ella la prestación suprimida
constituía un ingreso cierto por sus condiciones personales derivadas de su edad, que
garantizaba su subsistencia y la de su esposo en condiciones dignas, tal y como lo
expresó en el escrito de tutela.
89. En este punto, es pertinente advertir que según el artículo 13 de la Constitución,
el Estado debe promover las medidas necesarias para garantizar una protección
especial a aquellas personas que por su situación económica, física o mental estén en
una condición de debilidad manifiesta. En este sentido, el artículo 46 superior,
establece expresamente una protección en favor de las personas de la tercera edad y
radica en cabeza de las autoridades la garantía de la seguridad social integral.

34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 7 de febrero de 2019, radicado núm. 05001-23-33-000-2018-
00976-01(5418-18). Al respecto, también se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12
de junio de 2020. Radicado núm. 88001-23-33-000-2017-00040-01(2116-18), Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 8 de junio de 2023, radicado núm. 17001-23-33-000-2020-00232-01 (2148-2022).

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Accionante: Flor Alicia Combariza González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

90. Con base en lo anterior, la jurisprudencia constitucional35 ha establecido que las
personas de la tercera edad son sujetos de especial protección por parte del Estado.
Circunstancia que se advierte en el caso de la señora Flor Alicia Combariza González,
comoquiera que está acreditado que tiene 71 años.
91. Por lo anterior, en el asunto bajo estudio, es razonable concluir que la sentencia
del 22 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 3, al revocar los numerales cuarto y sexto de la providencia del 22 de
marzo de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Duitama, afectó los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Flor Alicia Combariza
González.

IV. CONCLUSIONES
92.En virtud de lo anterior, la Subsección confirmará la sentencia del 16 de diciembre
de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
accedió a la solicitud de amparo invocada por la señora Flor Alicia Combariza
González.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

35
Corte Constitucional, sentencias T-015 de 2019, T-066 de 2020 y T-364 de 2022. En dichas providencias la Corte precisa que
«Los adultos mayores son las personas que superan los 60 años o “que, sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen” Las personas de la tercera edad son los adultos
mayores que han superado la esperanza de vida»

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06430-01
Accionante: Flor Alicia Combariza González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

18

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