Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06437-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06437-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06437-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406437-00
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ericsson Ernesto Mena Garzón
contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1.El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio,
con ocasión a las “[…] graves irregularidades relacionadas con la atención y tramite
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
(sic) […]” del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación
250002341000202300074-00, vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.
Presupuestos fácticos
2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3.Manifestó que, en “[…] el marco del proceso de acción popular radicado bajo el
número 25000234100020230007400, asignado por competencia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, proceso en el cual el suscrito es accionante, se
evidenciaron graves irregularidades relacionadas con la atención y tramite del caso
[…]”.
4. Adujo que “[…] mencionado tribunal, a pesar de su obligación de garantizar la
protección efectiva de los derechos colectivos, no cuenta con la formación
académica, experiencia técnica ni la experticia necesaria para abordar conflictos
socioambientales de alta complejidad […]”.
5.Señaló que “[…] No se ha presentado evidencia de que se haya acudido a peritos
expertos en derecho ambiental o en materias técnicas pertinentes para suplir la falta
de experticia en estos litigios por parte del juez. Esta omisión compromete
gravemente la calidad de la decisión judicial y, por ende, vulnera el derecho al
debido proceso (Art. 29, C.P.) […]”.
6.Expresó que “[…] El mencionado tribunal tampoco realizó una evaluación
adecuada ni postuló pruebas suficientes que permitieran establecer con precisión la
magnitud del daño socioambiental en el caso si no lo dejo a su libre albedrío,
dejando sin fundamento técnico las medidas adoptadas y generando una afectación
grave a los derechos colectivos […]”.
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
La solicitud de tutela
Pretensiones
7.El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la justicia, a la igualdad y a la protección de los
derechos colectivos, en el marco del proceso 25000234100020230007400 por la
falta de formación técnica y jurídica del juez y de su equipo en materia
socioambiental.
Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca demostrar si, para el
desarrollo de este proceso, se adoptó la intervención de peritos técnicos
especializados en conflictos socioambientales de alta complejidad. En caso de no
haberse adoptado dicha medida, se ordene anexar las hojas de vida del juez,
auxiliares y demás personal de despacho, para verificar su formación y experiencia
en materia socioambiental.
Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca presentar un informe
detallado del conflicto socioambiental demandado, incluyendo su comprensión
técnica del mismo, las medidas adoptadas para garantizar la protección de los
derechos colectivos involucrados, y su experiencia como experticia previa en la
resolución de conflictos de naturaleza similar.
Que, subsidiariamente, se remita el caso a una instancia judicial con formación
técnica y experiencia demostrable en la resolución de conflictos socioambientales,
a fin de garantizar una eventual revisión y la correcta administración de justicia en
el caso […]”.
8.Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que:
“[…] Aunque la Ley 472 de 1998 no exige expresamente la capacitación de los
jueces en temas socioambientales, tampoco esta norma impide que como
ciudadano y accionante pueda exigir esta garantía procesal, fundamentándome en
los principios constitucionales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad y
protección de los derechos colectivos.
6. La falta de formación técnica de los magistrados y auxiliares que atienden
conflictos socioambientales no solo vulnera el debido proceso, sino que también
genera desigualdad en el acceso a la justicia (Art. 13, C.P.). Esto afecta
especialmente a las comunidades vulnerables, como las poblaciones rurales,
indígenas, campesinas como ciudadanos del común, que dependen directamente
de los recursos naturales y cuyos derechos colectivos son objeto de protección en
este tipo de litigios.
7. En el caso concreto no se acudió al derecho de petición previo, pues opera el
principio de subsidiariedad. La acción de tutela es procedente, ya que no existe otro
mecanismo judicial o administrativo idóneo que pueda corregir, de manera
inmediata, la vulneración de los derechos fundamentales aquí alegados […]”.
[…]
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
“[…] Acceso Efectivo a la Justicia (Art. 229, C.P.):
La administración de justicia no se limita al acceso formal, sino que debe ser
efectiva. Esto implica que quienes administran justicia cuenten con los
conocimientos y capacidades necesarias para resolver conflictos de alta
complejidad, especialmente en materia ambiental.
Debido Proceso (Art. 29, C.P.):
La falta de formación técnica y jurídica del juez vulnera el debido proceso, ya que
no se garantizó la valoración adecuada de las pruebas ni se recurrió a expertos para
suplir esta falencia.
Derecho a la Igualdad (Art. 13, C.P.):
La falta de capacitación técnica y jurídica en temas socioambientales afecta de
manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, como las
poblaciones rurales, indígenas y campesinas, que dependen directamente de los
recursos naturales. Estas comunidades quedan en desventaja frente a procesos
judiciales que requieren conocimientos especializados, perpetuando una brecha de
desigualdad estructural.
Protección de los Derechos Colectivos (Art. 88, C.P.):
La especialización en derecho ambiental es indispensable para garantizar la
protección del ambiente sano, reconocido como un derecho fundamental por la
Corte Constitucional […]”.
Actuación
9.El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó a Irma
Llanos Galindo, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles un
término de tres (3) días para que rindieran informes sobre el particular.
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
10.La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que:
“[…] De lo expuesto, se puede observar que no ha existido vulneración alguna a los
derechos fundamentales del señor Ericsson Mena. Adicionalmente que, las
pretensiones planteadas en la presente acción desbordan el ámbito de la tutela, pues
la misma está dirigida a controvertir providencias judiciales, la cual en el presente asunto
se han ajustado a la normatividad aplicable a las Acciones Populares.
En conclusión se solicita despachar desfavorablemente la pretensiones de la demanda
en lo que a esta Judicatura se refiere, en consideración a que no se configura ninguno
de los presupuestos para declarar la procedibilidad genérica ni especifica de la presente
acción de tutela para la protección de los derechos del Debido Proceso y Defensa, por
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cuanto los mismos no han sido conculcados en ningún momento en la providencia
judicial proferida por el Despacho 04 de la Sección Primera Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el día 31 de agosto de 2023 […]”.
11.Irma Llanos Galindo guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20212 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 3, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
14.Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de la subsidiariedad.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
15.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; procediendo
posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
16.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
17.Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20056, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
18.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
19.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.
20.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
21.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
22.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad.
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales
23.La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86
superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 9, indica que la
solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
24.En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos
mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.
25.Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional10:
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200911 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
9 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
10 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el
mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.
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En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o
están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii)
la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
26.En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra providencias
judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y extraordinarios.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
27.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
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28.Atendiendo a que, la Corte Constitucional12 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
29.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
30.Atendiendo a que, la Corte Constitucional13 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
12 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
13 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
31.El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio,
con ocasión a las “[…] graves irregularidades relacionadas con la atención y tramite
(sic) […]” del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación
250002341000202300074-00, vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.
32.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
33.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico planteado en la acción
de tutela.
Acervo y análisis probatorios
34.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
34.1.Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número único
de radicación 250002341000202300074-00.
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Solución del caso concreto
35.Dentro del expediente encontramos lo siguiente:
35.1.Copia de la acción popular presentada por el actor contra la “[…]
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE, MINISTERIO AGRICULTURA, FEDEGAN Y
MINISTERIO DEL INTERIOR […]”.
35.2.Copia del auto de 6 de julio de 2023 proferido por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual resolvió
lo siguiente:
“[…] PRIMERO. - INADMITIR la demanda presentada por Ericsson Ernesto Mejía
Garzón e Irma Llanos Galindo, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente providencia.
SEGUNDO. - CONCEDER a la parte actora el término improrrogable de tres (03)
días siguientes a la notificación de esta decisión para que subsane los defectos
indicados, so pena de rechazo de la demanda […]”.
35.3.Copia del memorial “[…] SUBSANACION de la presente demanda de acción
popular […]” suscrito por el actor y presentado ante la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
35.4.Copia del auto de 27 de julio de 2023 proferido por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. – RECHAZAR la demanda presentada por Ericsson Ernesto Mena
Garzón e Irma Llanos Galindo, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente providencia.
SEGUNDO: DEVUÉLVANSE los anexos sin necesidad de desglose
TERCERO: En FIRME esta providencia, archívese el expediente […]”.
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
35.5.Copia del recurso de reposición interpuesto por el actor contra el auto de 27 de
julio de 2023 proferido por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
35.6.Copia del auto de 31 de agosto de 2023 proferido por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. – CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 2023-07-353 AP de 27
de julio de 2023, que rechazó la demanda por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO. - En firme esta providencia archívese el expediente […]”.
36.Ahora bien, el actor en su escrito de tutela solicitó lo siguiente:
“[…] Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la justicia, a la igualdad y a la protección de los
derechos colectivos, en el marco del proceso 25000234100020230007400 por la
falta de formación técnica y jurídica del juez y de su equipo en materia
socioambiental.
Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca demostrar si, para el
desarrollo de este proceso, se adoptó la intervención de peritos técnicos
especializados en conflictos socioambientales de alta complejidad. En caso de no
haberse adoptado dicha medida, se ordene anexar las hojas de vida del juez,
auxiliares y demás personal de despacho, para verificar su formación y experiencia
en materia socioambiental.
Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca presentar un informe
detallado del conflicto socioambiental demandado, incluyendo su comprensión
técnica del mismo, las medidas adoptadas para garantizar la protección de los
derechos colectivos involucrados, y su experiencia como experticia previa en la
resolución de conflictos de naturaleza similar.
Que, subsidiariamente, se remita el caso a una instancia judicial con formación
técnica y experiencia demostrable en la resolución de conflictos socioambientales,
a fin de garantizar una eventual revisión y la correcta administración de justicia en
el caso […]”.
37.Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que:
“[…] Aunque la Ley 472 de 1998 no exige expresamente la capacitación de los
jueces en temas socioambientales, tampoco esta norma impide que como
ciudadano y accionante pueda exigir esta garantía procesal, fundamentándome en
los principios constitucionales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad y
protección de los derechos colectivos.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406437-00
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
6. La falta de formación técnica de los magistrados y auxiliares que atienden
conflictos socioambientales no solo vulnera el debido proceso, sino que también
genera desigualdad en el acceso a la justicia (Art. 13, C.P.). Esto afecta
especialmente a las comunidades vulnerables, como las poblaciones rurales,
indígenas, campesinas como ciudadanos del común, que dependen directamente
de los recursos naturales y cuyos derechos colectivos son objeto de protección en
este tipo de litigios.
7. En el caso concreto no se acudió al derecho de petición previo, pues opera el
principio de subsidiariedad. La acción de tutela es procedente, ya que no existe otro
mecanismo judicial o administrativo idóneo que pueda corregir, de manera
inmediata, la vulneración de los derechos fundamentales aquí alegados […]”.
[…]
“[…] Acceso Efectivo a la Justicia (Art. 229, C.P.):
La administración de justicia no se limita al acceso formal, sino que debe ser
efectiva. Esto implica que quienes administran justicia cuenten con los
conocimientos y capacidades necesarias para resolver conflictos de alta
complejidad, especialmente en materia ambiental.
Debido Proceso (Art. 29, C.P.):
La falta de formación técnica y jurídica del juez vulnera el debido proceso, ya que
no se garantizó la valoración adecuada de las pruebas ni se recurrió a expertos para
suplir esta falencia.
Derecho a la Igualdad (Art. 13, C.P.):
La falta de capacitación técnica y jurídica en temas socioambientales afecta de
manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, como las
poblaciones rurales, indígenas y campesinas, que dependen directamente de los
recursos naturales. Estas comunidades quedan en desventaja frente a procesos
judiciales que requieren conocimientos especializados, perpetuando una brecha de
desigualdad estructural.
Protección de los Derechos Colectivos (Art. 88, C.P.):
La especialización en derecho ambiental es indispensable para garantizar la
protección del ambiente sano, reconocido como un derecho fundamental por la
Corte Constitucional […]”.
38.La Sala considera que, la solicitud de tutela no cumple con el requisito general
de procedencia de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en la
medida en que, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente,
se observa que, de conformidad con la Ley 472 de 5 de agosto de 199814 y el
Código General del Proceso, el actor contaba, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, con los medios legales de defensa para controvertir lo planteado
en la presente acción de tutela.
14 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”.
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
39.En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la ley, existe
en el caso sub examine otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la
protección de los derechos fundamentales del actor, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, para poner en conocimiento del juez natural sus inconformidades
planteadas en el presente escrito de tutela, como lo fueron las posibles
irregularidades en que incurrió el Tribunal.
40.En ese orden de ideas, la Sala evidencia que el actor planteó en su escrito de
tutela argumentos nuevos que no fueron planteados ante el juez natural dentro del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado
con el número único de radicación 250002341000202300074-00, utilizando la tutela
como una tercera instancia.
Análisis del perjuicio irremediable
41.Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
42.Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela, la Corte Constitucional15 ha considerado que:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”16[…]”.
43.En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
44.La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para
lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros
recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los
afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable que en el presente caso no se configuró.
Conclusiones de la Sala
45.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó el actor
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Salva voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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