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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06439-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06439-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Juan Alberto Mora González, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06439-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06439-00
Demandante: Juan Alberto Mora González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06439-00
Demandante: JUAN ALBERTO MORA GONZÁLEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C, Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se acreditan los presupuestos especiales de procedencia de tutela contra
fallo de tutela / TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA – Por regla general no procede
tutela contra sentencia de tutela, salvo que se presenten circunstancias excepcionalísimas
como la existencia de un fraude, hecho que, en este caso, ni siquiera fue alegado /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica
suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la
autoridad judicial accionada.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Alberto Mora
González contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia.

I. A N T E C E D E N T E S

Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 25 de noviembre de 20241, el señor Juan Alberto Mora González interpuso
acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de

1 Se advierte que, el 11 de diciembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06439-00
Demandante: Juan Alberto Mora González

Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, con el objeto de que se le amparen sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo y al debido proceso, los cuales
estima vulnerados por la actuación disciplinaria adelantada con radicado 05001
11 02 000 2019 00893 01, a cargo de las autoridades disciplinarias demandadas.
El accionante formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

PRIMERA PETICIÓN: Honorables Magistrados muy respetuosamente
solicitamos que Tutele a mi favor, los siguientes derechos fundamentales
vulnerados: El derecho fundamental a la Vida, derecho a la Salud que
garantiza la Constitución – Preámbulo y Artículos 1, 2, 11, 12 y 49. –
Derecho al Trabajo Articulo 25. Derecho al Debido Proceso Artículo 29. Del
principió de Favorabilidad Artículo 7. Artículo 16. Aplicación de Principios e
Integración Normativa. Ley 1123 de 2007.

SEGUNDA PETICIÓN: Muy respetuosamente y de manera definitiva,
sírvase ORDENAR la suspensión de las medidas impartidas por la
COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL. M.P. Dr. Juan Carlos
Granados Becerra con fecha Veintiocho (28) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024) Radicado Nro. 05001 11 02 000 2019 00893 01.
Aprobado según Acta de Sala Nro. 013 de la misma fecha. (…).

TERCERA PETICIÓN: Suspender definitivamente la orden impartida por la
COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL – SANCIONADOS -
sancionadoscndj@cndj.gov.co

“Citación notificación mandamiento de pago: Con el fin de notificarle el
mandamiento de pago mediante resolución DEAJGCC24-13454 DEL
23/10/2024 “por medio del cual se emite un mandamiento de pago”, le
solicito acercarse a las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial ubicada en la calle 18 N. 32 – 90 Piso 3 de la cuidad
de Bogotá D.C. Para el efecto dispone de un término de diez (10) días,
contados a partir de la fecha de recibido de esta comunicación”, con data 11
de noviembre de 2024.

2. Como medida provisional, solicitó:

(…) A fin de evitar un perjuicio irremediable al suscrito accionante, se solicita
muy respetuosamente y de manera provisional, sírvase ORDENAR la
suspensión de las medidas impartidas por la COMISION NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL. M.P. Dr. Juan Carlos Granados Becerra con fecha
Veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Radicado Nro.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06439-00
Demandante: Juan Alberto Mora González

05001 11 02 000 2019 00893 01. Aprobado según Acta de Sala Nro. 013 de
la misma fecha. Lo anterior a fin de que no me sigan re - victimizando y
vulnerando mis derechos fundamentales al derecho fundamental a la vida, a
la salud, al trabajo, al debido proceso, al principio de favorabilidad. Al
Principio Indubio Pro Operario. (…).

3. Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos
fácticos jurídicamente relevantes:

4. El 8 de octubre de 2022, el accionante fue operado de una hemorragia subdural
traumática y a partir de su diagnóstico sufrió quebrantos de salud que
desmejoraron su calidad de vida, lo que, a la postre, lo obligó a renunciar a varios
procesos en los que ejercía como apoderado judicial.

5. El 31 de agosto de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia profirió fallo disciplinario en contra del abogado aquí demandante,
mediante el cual lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el
término de 4 meses y multa de 3 SMLMV, por haber inobservado su deber de
mesura, ponderación y respeto en el trato debido a un servidor público (juez
segundo promiscuo municipal de Guarne – Antioquia).

6. Inconforme con la decisión, el disciplinado interpuso el recurso de apelación,
que fue decidido desfavorablemente por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, mediante fallo del 28 de febrero de 2024.

7. A través de memoriales del 30 de abril y del 20 de mayo de 2024, el señor Mora
González alegó que había operado la prescripción de la acción disciplinaria, de
acuerdo con el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, e insistió en que «desde el día
de la consumación de la falta disciplinaria (29 de abril de 2019) hasta la fecha de
la notificación del fallo de segunda instancia, es decir, el 26 de abril de 2024,
transcurrieron más de 5 años», solicitudes que fueron negadas mediante los autos

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Demandante: Juan Alberto Mora González

del 14 de mayo y del 17 de junio de 2024, por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial .

8. Con similares argumentos, instauró demanda de tutela contra la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, con el objeto de que se ampararan sus derechos fundamentales a la vida,
a la salud, al trabajo y al debido proceso, a su juicio, vulnerados porque las
autoridades disciplinarias lo sancionaron sin tener en cuenta que operó el
fenómeno de la prescripción.

9. En providencia del 6 de agosto de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso de la
parte accionante. Decisión que fue impugnada oportunamente por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

10. Mediante fallo del 5 de noviembre de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión y, en su lugar, negó el amparo
solicitado por el tutelante.

11. Inconforme con lo allí resuelto, el señor Mora González ejerció una nueva
acción de tutela, que hoy ocupa la atención de la Sala, en la que hizo énfasis en
su estado de salud y la necesidad de renunciar a los poderes en distintos
procesos, a raíz de sus padecimientos.

12. Como argumentos se limitó a señalar que transcurrieron más de dos años
desde la notificación del fallo disciplinario de primera instancia y la fecha en que se
notificó la decisión de segunda instancia, por lo que ocurrió el fenómeno
prescriptivo que invalida la decisión sancionatoria en su contra, cuestión que no
consideró la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

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Demandante: Juan Alberto Mora González

Trámite impartido e intervenciones

13. Mediante auto del 29 de noviembre de 2024 se admitió la acción de tutela y se
ordenó que se notificara a los magistrados que integran la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, como
accionados. En calidad de terceros con interés, se ordenó notificar al director de
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por ser la
dependencia encargada de registrar la sanción impuesta en el proceso
disciplinario 05001-1102000-2019-00893-01 y al titular del Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Guarne (Antioquia).

14. Igualmente, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

15. El magistrado Nicolás Yepes Corrales solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, teniendo en cuenta que el accionante en
oportunidad anterior formuló solicitud de la misma naturaleza, por hechos
similares a los aquí ventilados contra los fallos disciplinarios proferidos por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.

16. Agregó que esa acción fue decidida en primera instancia el 6 de agosto de
2024 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y en
segunda instancia por la Subsección C de la Sección Tercera de la misma
Corporación, con fallo del 5 de noviembre siguiente.

17. Acotó que, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-627 de 2015, la acción de tutela contra sentencias de tutela es

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improcedente, salvo que se presenten unas situaciones específicas, entre ellas,
que exista cosa juzgada fraudulenta, que «se predica de un proceso que ha
cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en
esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un
perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad».

18. Sostuvo que, en este caso, el accionante no expuso argumentos que
satisfagan la condición fraus omnia corrumpit, puesto que, aunque en la solicitud
de amparo hizo mención al fallo de tutela del 5 de noviembre de 2024, lo cierto es
que no lo cuestionó y tampoco explicó la forma en que la decisión lesionó sus
garantías fundamentales. Por el contrario, sus alegaciones se encaminaron a
insistir en la prescripción de la acción disciplinaria, argumentos que sustentaron la
anterior solicitud de amparo.

19. El magistrado Juan Carlos Granados Becerra, ponente de la decisión
cuestionada proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, planteó que
el actor incurrió en una conducta temeraria, en razón a que en oportunidad
anterior presentó solicitud de amparo con las mismas pretensiones, similares
hechos y fundamentos de derecho que los esgrimidos en la acción de la
referencia.

20. Adujo que la conducta temeraria es evidente y supone un abuso del derecho
que atenta contra la buena fe procesal y la eficiencia de la administración de
justicia, por lo tanto, solicitó que se tomen las medidas pertinentes.

21. El juez Segundo Promiscuo Municipal de Guarne (Antioquia) señaló que
las reiteradas acciones interpuestas por el señor Juan Alberto Mora González
contra las decisiones proferidas por las autoridades disciplinarias suponen un
abuso del derecho y, además, atentan contra sus derechos como funcionario
judicial, dado que precisamente le compulsó copias al accionante por las

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afirmaciones temerarias que lanzó en su contra, al acusarlo de la destrucción de
material probatorio, inculpaciones en las que persiste a través de sus diversas
quejas y solicitudes.

22. Por lo anterior, solicitó negar el amparo, ante la ausencia de vulneración a los
derechos fundamentales invocados.

23. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Problema Jurídico

24. Si bien es cierto las pretensiones se encaminan a dejar sin efectos el fallo
disciplinario proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del
radicado 05001 11 02 000 2019 00893 01, también lo es que, de los hechos y
fundamentos de la acción se colige que en realidad el señor Juan Alberto Mora
González reprocha la sentencia de tutela emitida en segunda instancia por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación dentro de la acción de
tutela 11001-03-15-000-2024-03354-01, razón por la cual la Sala abordará el
análisis en aras de verificar si cumple los requisitos establecidos por la
jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción constitucional
promovida contra un fallo dictado en otro proceso de tutela.

Análisis de la Sala

De la procedencia de la acción de tutela contra una sentencia dictada en otro
proceso de la misma naturaleza

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Demandante: Juan Alberto Mora González

27. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, unificó el criterio en
relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o
actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su
revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.

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28. De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción
de tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de
tutela:

➢ Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la
decisión adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista
otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

➢ Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que
puede consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a
los terceros que serían afectados con la decisión.

➢ Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite
del incidente de desacato o de la impugnación al fallo de tutela2.

29. Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

30. Como quedó sentado en los antecedentes, el señor Juan Alberto Mora
González alegó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
vulneró sus derechos fundamentales, al proferir el fallo de tutela del 5 de
noviembre de 20243, porque desconoció que en el trámite disciplinario con

2 Esta última hipótesis es aceptada en la sentencia T-162 de 1997 y reiterada en diferentes
ocasiones, entre otras, en la SU-627 de 2015 y la SU-387 de 2022.
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radicado 05001-11-02-000-2019-00893-00/01 ocurrió la prescripción de la acción,
de conformidad con lo regulado en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019.

31. De entrada, en lo que atañe a los cargos planteados contra la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Sala advierte que deviene
improcedente.

32. En efecto, la parte actora tenía que sustentar que la decisión adoptada fue
producto de una situación de fraude, a fin de justificar la procedencia excepcional
de la acción, conforme a lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-627 de 2015; sin embargo, no lo hizo. Simplemente se limitó a expresar su
inconformidad porque no se declaró la prescripción por alegada, lo que denota su
intención de reabrir un debate constitucional ya zanjado.

33. En este sentido, la Sala trae a colación la sentencia T-093 de 20184, a través
de la cual la Corte Constitucional aclaró que «la acción de tutela no puede
utilizarse para reabrir un debate probatorio o sustantivo concluido por los jueces
constitucionales en un trámite de amparo anterior».

34. No se puede perder de vista que el juez de tutela no puede sustituir la labor de
las partes y estudiar argumentos que no sean propuestos en debida forma por el
interesado. El ejercicio de este mecanismo constitucional no es una oportunidad
más para que otra autoridad judicial revise una decisión o se obtenga una
aprobación a la posición o visión particular que se tiene dentro de un litigio. Todo
lo contrario, este tipo de tutelas deben estar revestidas de seriedad en la
argumentación y de un estudio preliminar y detallado de las decisiones que se
atacan en una perspectiva eminentemente constitucional.

4 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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35. En conclusión, la decisión adoptada en el trámite de la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2024-03354-01 no puede ser considerada por la Sala
como una situación de fraude que atente contra el ideal de justicia. Se trata, pues,
de afirmaciones que pretenden revivir una discusión ya finalizada y que bajo
ninguna circunstancia permiten concluir que los magistrados de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado actuaron de forma parcializada y en
contravía de los principios de autonomía e independencia judicial.

36. Así, pues, la acción de tutela se torna improcedente porque en ella no se
ofrece una carga argumentativa mínima y suficiente respecto a una situación de
fraude.

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Juan Alberto Mora González, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la

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Demandante: Juan Alberto Mora González

integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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