Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06440-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06440-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06440-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06440-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06440-00
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “C”
Temas: Tutela contra providencia judicial. medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos. Improcedencia de la acción de
tutela porque no se propone un genuino debate constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Ericsson Ernesto, quien actúa a nombre propio, contra la
Subsección “C” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón y la señora Irma Llanos Galindo
instauraron demanda, en ejercicio del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos, a un ambiente sano, al equilibrio ecológico, la
conservación de las especies animales – vegetales y la seguridad y salubridad
pública, a raíz de la desviación del curso natural del arroyo Bruno, contra la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA), Compañía
Carbones del Cerrejón Limited y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira,
en adelante Corpoguajira.
El proceso correspondió por reparto a la Subsección “C” de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en auto del 8 de agosto de 2022
admitió la demanda contra la ANLA y vinculó a la Compañía Cerrejón y
Corpoguajira. Así mismo, corrió traslado de la medida cautelar solicitada y negó el
amparo de pobreza de los demandantes.
Aseveró que la autoridad judicial accionada no tiene la “formación académica,
experiencia técnica ni la experticia necesaria para abordar conflictos
socioambientales de alta complejidad”, ni ha acudido a peritos expertos en
derecho ambiental o en materias relacionadas con los hechos que expuso en la
acción popular, omisión que, en su criterio, afecta el desarrollo y la decisión que se
vaya a adoptar en el proceso, vulnerando así su derecho fundamental al debido
proceso.
Agregó que la Subsección “C” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, no realizó una evaluación correcta de las pruebas ni “postuló”
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las necesarias e idóneas que permitieran establecer con claridad la dimensión del
daño socioambiental que pretende demostrar a través de la acción popular.
En ese sentido, aseguró que la referida autoridad no cuenta con un concepto
técnico que sustente las medidas que ha adoptado en el proceso, situación que
genera una afectación grave a los derechos colectivos.
Así mismo, sostuvo que si bien la Ley 472 de 1998 no exige “expresamente la
capacitación de los jueces en temas socioambientales, tampoco esta norma impide que
como ciudadano y accionante pueda exigir esta garantía procesal, fundamentándome en
los principios constitucionales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad y
protección de los derechos colectivos”, por lo que dicha falta de formación técnica de
los magistrados y auxiliares, afecta los derechos de las comunidades vulnerables,
tales como las poblaciones rurales, campesinos, indígenas, que dependen de los
recursos naturales.
Para finalizar, aseveró que no acudió previamente al derecho de petición, en tanto
“opera el principio de subsidiariedad”, por lo que consideró que la presente acción
de tutela es procedente, debido a que no existe otro mecanismo idóneo que
permita, de manera inmediata, suspender la vulneración de los derechos
fundamentales que invoca.
2. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la
administración de justicia y protección de los derechos colectivos, supuestamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C”, al no estar preparado ni acudir a expertos en materia
socioambiental, para fundamentar sus decisiones.
En ese orden, refirió que quienes administran justicia deben contar con los
conocimientos y capacidades para resolver los conflictos de alta complejidad,
como lo es en materia ambiental, en tanto la falta de esa formación técnica y
jurídica y la omisión de acudir a expertos técnicos vulnera los derechos de las
comunidades más vulnerables.
Para terminar, adujo que “la especialización en derecho ambiental es indispensable
para garantizar la protección del ambiente sano, reconocido como un derecho
fundamental por la Corte Constitucional”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes:
“1. Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso efectivo a la justicia, a la igualdad y a la protección de los derechos colectivos,
en el marco del proceso 25000234100020220069600 por la falta de formación técnica y
jurídica del juez y de su equipo en materia socioambiental. 2. Que se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca demostrar si, para el desarrollo de este proceso, se
adoptó la intervención de peritos técnicos especializados en conflictos
socioambientales de alta complejidad. En caso de no haberse adoptado dicha medida,
se ordene anexar las hojas de vida del juez, auxiliares y demás personal de despacho,
para verificar su formación y experiencia en materia socioambiental. 3. Se ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca presentar un informe detallado del conflicto
socioambiental demandado, incluyendo su comprensión técnica del mismo, las
medidas adoptadas para garantizar la protección de los derechos colectivos
involucrados, y su experiencia como experticia previa en la resolución de conflictos de
naturaleza similar. 4. Que, subsidiariamente, se remita el caso a una instancia judicial
con formación técnica y experiencia demostrable en la resolución de conflictos
socioambientales, a fin de garantizar una eventual revisión y la correcta administración
de justicia en el caso.
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5. Que, en el marco del proceso judicial, se requiera al despacho remitir la carpeta
digital del proceso RAD 25000234100020220069600, incluyendo todas las pruebas,
documentos, y actuaciones realizadas, para verificar las medidas adoptadas en
garantía del acceso efectivo a la justicia y el debido proceso”.
4. Trámite procesal
Por auto del 28 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de tutela y ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial
accionada, así como a la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a la Defensoría del Pueblo, a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), a la Corporación Autónoma Regional de la Guajira
(Corpoguajira), a Carbones del Cerrejón Limited y a la señora Irma Llanos
Galindo, como terceros interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo
dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
299769 a 299775 del 2 de diciembre de 2024 y 303251 del 11 del mismo mes y
año, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C”
La magistrada ponente del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos rindió informe en el que sostuvo que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, toda vez que el actor acude a ella con el fin de
convertirá en una tercera instancia, además de buscar controvertir las decisiones
adoptadas en el trámite del proceso, con la intención de reabrir debates que ya
concluyeron.
Sobre su idoneidad para conocer de la acción popular de la referencia, aseguró
que cumple con “los artículos 127 y 128.3 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, esto es, es que superé todos los requisitos del concurso de
méritos y he ejercido como magistrada desde el 18 de julio de 2018. Respecto a la
formación académica y experiencia, resalto que cuento con una experiencia profesional
relacionada de 20 años al servicio de la Rama Judicial, aproximadamente 5 años como
auxiliar judicial y 8 como jueza y 6 como magistrada, 13 de ellos en carrera judicial, es
decir, por concurso de méritos. Además, cursé especializaciones en derecho
constitucional y derechos humanos, en la Universidad Nacional y la Escuela Superior de
Administración Pública, respectivamente; y dos maestrías, en derecho administrativo y
derecho del Estado con énfasis en derecho tributario, en la Universidad Externado de
Colombia. Los estudios de pregrado y posgrado imparten formación general y específica
en todas las áreas del derecho, incluidas las acciones populares por derechos colectivos
relacionados con el medio ambiente”.
Para terminar, manifestó que los empleados judiciales que hacen parte de su
despacho cumplen con todos los requisitos legales para desempeñar sus cargos,
hojas de vida que se pueden consultar en los repositorios públicos y de la Rama
Judicial.
5.2. Respuesta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar la
improcedencia de la presente acción de tutela, debido a que lo expuesto por la
parte actora es exponer una presunta falta de experticia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, sin presentar pruebas o dictámenes periciales
que así lo demostraran.
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Indicó que en el transcurso del proceso de la acción popular, el demandante no
solicitó la práctica de las pruebas que consideraba conducentes y pertinentes, es
decir, nunca cumplió con su carga probatoria y pretende suplir ese deber procesal,
desconociendo que existen mecanismos de control judicial y si no hizo uso de
ellos en las etapas procesales dispuestas, no puede alegar una falta de idoneidad
del operador judicial.
Agregó que la solicitud consistente en que el Tribunal rinda un informe sobre su
actuación es improcedente, en razón a que el actor pudo controvertir las
decisiones a través de los recursos, de los cuales no hizo uso.
Finalmente indicó que realmente pretende el accionante “es la creación de una
jurisdicción experta en temas socio-ambientales al solicitar “se remita el caso a una
instancia judicial con formación técnica y experiencia demostrable en la resolución de
conflictos socioambientales, a fin de garantizar una eventual revisión y la correcta
administración de justicia en el caso”, lo cual implica no solo la alteración de normas de
carácter procesal que fijan las competencias sino el cambio del modelo y esencia del juez
natural”.
5.3. Respuesta de Carbones el Cerrejón Limited
Por intermedio de su representante legal, la compañía solicitó que se rechace por
improcedente el amparo solicitado por cuanto no cumple con los requisitos
generales y específicos de la acción de tutela contra providencia judicial.
Mencionó que lo único que manifiesta el accionante es la falta de formación
técnica de los magistrados y auxiliares, situación que no puede ser debatida a
través de la acción de tutela, en tanto únicamente se puede modificar el régimen
laboral administrativo de los jueces “tendrá que hacerlo a través de una reforma al
sistema de concurso de méritos, la ley 472 de 1998, al código general del proceso y al
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo que establece
las reglas procedimentales aplicables a la hora de proferir los fallos y de establecer los
factores de atribución de competencias”.
Por último, destacó que las dos acciones de tutela que ha presentado el
accionante, las cuales han sido desfavorables a sus pretensiones, demuestran
que las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca han
respetado el ordenamiento legal, las reglas procesales y judiciales.
Para finalizar, indicó que la presente tutela carece de carga argumentativa, pese a
que cuenta con experiencia procesal, debido a que ha acudido a la administración
de justicia en más de 300 oportunidades.
5.4. La señora Irma Llanos Galindo aun cuando fue debidamente notificada del
auto admisorio de la acción de tutela, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente
asunto.
2. Planteamiento del problema jurídico y solución
Le corresponde a la Sala determinar si debe acceder al amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia
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y protección de los derechos colectivos, supuestamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, al no contar
con la formación técnica y jurídica, al igual que su equipo de trabajo, ni acudir a
peritos especializados en materia socioambiental, además de no demostrar su
experticia previa en la resolución de casos de la misma naturaleza, para
fundamentar sus decisiones.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo constitucional,
debido a que el accionante no propone un debate genuino constitucional, en tanto
se limita a realizar conjeturas y apreciaciones subjetivas sobre la experticia de la
autoridad judicial accionada para conocer casos de naturaleza socioambiental.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “C”, con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia
y protección de los derechos colectivos, supuestamente vulnerados por la
autoridad judicial accionada.
Lo anterior, al considerar que la autoridad judicial accionada no tiene la
experiencia ni la experticia en materia socioambiental para llevar a cabo el medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos que radicó junto
con la señora Irma Llanos Galindo.
A lo largo del escrito de tutela, el actor insiste en que el tribunal accionado, a pesar
de tener la obligación de garantizar los derechos colectivos que invoca, no cuenta
con una formación académica que le permita analizar conflictos socioambientales
de alta complejidad, a lo que agregó, que tampoco acudió a expertos en derecho
ambiental o en las materias correlacionadas para así poder suplir su falta de
experiencia, omisión que, en su criterio, compromete la decisión judicial y vulnera
el derecho al debido proceso.
Así mismo, sostuvo que la autoridad judicial accionada no realizó una postulación
de pruebas suficientes que le permitieran establecer la magnitud del daño que
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alega, por lo que sus decisiones no tienen fundamento técnico y afecta los
derechos colectivos.
Como consecuencia de ello, aseguró que como ciudadano puede exigir garantías
procesales, en tanto, la falta de formación de los “magistrados y auxiliares de la
justicia” que resuelven conflictos socioeconómicos genera una desigualdad en el
acceso a la administración de justicia.
Bajo ese contexto, pretende que se declare la vulneración de los derechos
fundamentales que invoca, por la falta de formación técnica y jurídica de la
autoridad judicial accionada. Como consecuencia de esa declaración, solicitó que
se requiera al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que demuestre la
adopción de peritos especializados en materia socioambiental y, en caso no haber
adoptado esa medida, se le ordene anexar su hoja de vida y las de sus auxiliares
para así poder verificar su formación y experiencia.
Adicional a lo anterior, pidió que se solicite al tribunal un informe detallado de
conflicto socioambiental que demanda, en el que incluya su comprensión técnica
en la materia, las medidas que adoptó y su experiencia en resolución de conflictos
de la misma naturaleza.
Finalmente, de manera subsidiaria requirió que el caso sea remitido a una
autoridad que sí cuente con la formación técnica y experiencia demostrable en
materia de solución de conflictos socioambientales.
4.2. En el asunto bajo estudio, se tiene que el 14 de junio de 2022, los señores
Ericsson Ernesto Mena Garzón e Irma Llanos Galindo, en ejercicio del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos contra la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Carbones, el Cerrejón Limited y la
Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), solicitaron la
protección de los derechos colectivos a un ambiente sano, al equilibrio ecológico,
la conservación de las especies animales, vegetales y la seguridad y salubridad
pública, a raíz de la desviación del curso natural del arroyo Bruno.
El conocimiento del proceso correspondió a la Subsección “C” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, despacho judicial en el que
se observa como última actuación la celebración de la audiencia especial de pacto
de cumplimiento que finalizó con el decreto de pruebas.
Bajo ese contexto, la Sala precisa que en la actualidad existe un proceso que se
encuentra en curso, circunstancia que inhibe la intervención del juez
constitucional, salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable,
lo cual no ocurre en esta ocasión.
Sobre este particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que
la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en trámite,
toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial
previstos en el ordenamiento.
En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que el requisito de
subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales se puede presentar en dos
escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se encuentra en curso,
escenario en el que “la intervención del juez constitucional está vedada en principio,
toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para
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resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario” .
Este criterio ha sido acogido por la Sala2.
El demandante no allegó prueba alguna que demuestre la existencia de un
perjuicio irremediable, esto es, que sea urgente, inminente, impostergable y grave,
que habilite su estudio como mecanismo transitorio, en razón a que únicamente se
limitó a indicar que la autoridad judicial accionada no cuenta con la experticia para
llevar a cabo el proceso.
Precisado lo anterior, es dable concluir que no se cumple el requisito de
subsidiariedad, en tanto la acción de tutela se presentó cuando existe otro
mecanismo en trámite, esto es, el medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos iniciado por el demandante. No sobra recordar que esta
acción constitucional tiene una naturaleza residual, por lo que no puede erigirse de
manera simultánea a los medios previstos en el ordenamiento jurídico, es decir,
por regla general, no se puede acudir a ella cuando se encuentre en curso otro
medio de defensa.
De igual manera, la Sala observa que lo pretendido por el accionante de ninguna
manera involucra una discusión de naturaleza constitucional, en tanto lo que se
evidencia es una serie de conjeturas y apreciaciones subjetivas relacionadas con
la supuesta falta de experticia de la autoridad judicial accionada en materia
socioambiental, sin probar los argumentos que expone y sin que el proceso que
actualmente está en trámite se haya surtido en su totalidad, situación que a todas
luces desconoce que el carácter subsidiario de este mecanismo constitucional que
ha sido consagrado en la Carta Política para evitar la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la acción de tutela es de naturaleza preferente
y sumaria, cuyo objeto que ha sido destacado por la Corte Constitucional3 consiste
en “la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de
los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los
supuestos de hecho contemplados en la ley”.
Ahora bien, la acción de tutela tampoco es el mecanismo para requerir a la
autoridad judicial accionada para que demuestre si adoptó la intervención de
peritos técnicos en materia socioambiental de alta complejidad, en razón a que el
proceso judicial dispone de diferentes etapas procesales para que las partes
puedan formular dichas solicitudes.
En ese orden de ideas, para que proceda la acción de tutela el accionante debe
demostrar que existen circunstancias especiales que no le permitieron hacer uso
de los mecanismos judiciales, en tanto desconocer esos procesos ordinarios o
especiales implicaría “reconocer a los jueces de toda la jerarquía judicial, la posibilidad
de evaluar, en cada caso, la eficacia del orden judicial, lo cual implicaría no sólo el
desquiciamiento de la seguridad y confianza que informa a esas instituciones, sino, a
otorgar un poder exorbitante al juez de tutela para sustituir a la justicia ordinaria4”.
En ese sentido, la Sala advierte que el accionante no expuso ninguna situación
especial que amerite la intervención del juez constitucional, debido a que
únicamente se limitó a indicar que la autoridad judicial accionada no cuenta con la
experticia para llevar a cabo el proceso, sin aportar alguna prueba que así lo
1 Sentencia de 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
2 Sentencias de 8 de agosto de 2024 y de18 de julio de 2024, exp. 2024-02549-00 M.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto, de 31 de octubre de 2024 exp. 2024 01763-01 de 7 de noviembre de 2024, exp. 2024-02836-
01 M.P. Wilson Ramos Girón, entre otras.
3
Sentencia T-867/13 MP Alberto Rojas Ríos
4
Sentencia No. T-468/92. MP. Fabio Morón Diaz
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corrobore, ni demostró que en las etapas procesales establecidas para ello,
solicitó al juez natural de la causa las pruebas que hoy pretende se ordenen a
través de este mecanismo constitucional.
Del mismo modo, tampoco es procedente la acción de tutela para solicitar un
informe al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ni para ordenar la remisión del
expediente para que sea estudiado por otra autoridad judicial, pues lo expuesto
por el demandante no tiene ningún soporte que permita al juez constitucional
evaluar las distintas afirmaciones realizadas, en tanto, como ya se indicó, resultan
ser conjeturas y apreciaciones subjetivas que no se encuentran probadas, razón
por la cual no se demostró la urgencia, impostergabilidad y gravedad, que amerite
la intervención urgente del juez constitucional.
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, quien actúa a nombre
propio, contra la Subsección “C” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, quien actúa a nombre propio, contra la
Subsección “C” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFICAR la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
ACLARA EL VOTO
8
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