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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06452-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06452-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de enero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 18 Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01 Actora: Ana María Erazo Jácome SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06452-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome
Demandada: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 30 de enero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 13 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de reparación directa identificado con el número único de

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

radicación 520012331000201100053-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, con el fin de que se declararan responsables administrativamente por los
perjuicios causados como consecuencia de la fumigación con glifosato que afectó
la producción de palma africana que había cultivado en su finca.

4. Indicó que, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia en primera
instancia, el 5 de junio de 2015, mediante la cual resolvió conceder las pretensiones
de la demanda.

5. Señaló que, las partes presentaron recurso de apelación contra la sentencia
mencionada supra, frente a lo cual, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante sentencia de 13 de marzo de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de junio de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, y en su lugar se dispone:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia. […]”.

5.1. Al respecto consideró que:

“[…] En ese sentido, comoquiera que ambas partes presentaron recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 5 de junio de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, el asunto se resolverá sin limitación alguna, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
Así pues, a continuación se analizará si el Ministerio de Defensa – Policía Nacional
es patrimonialmente responsable por la destrucción de los cultivos de palma africana
sembrados en la finca Chillalde, debido a las fumigaciones aéreas con glifosato
realizadas los días 9 de diciembre de 2009 y 10 y 11 de abril de 2010. […]”.

[…]

“[…] En conclusión, se observa que valoradas las pruebas en su conjunto, no existe
medio de convicción alguno que acredite con grado de certeza que la causa eficiente

3

Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

del daño en los cultivos de palma africana de la demandante fue por la aspersión
con glifosato realizada los días 9 de diciembre de 2009 y 10 y 11 de abril de 2010.
No está de más destacar que para la fecha de los hechos en el municipio de Tumaco
existió enfermedad de pudrición de cogollo que afectó gravemente los cultivos de
palma africana que estaban ubicados en todo el municipio.

Así las cosas, al no estar acreditado que el daño antijurídico fue ocasionado por la
Policía Nacional - esto es, el nexo causal entre el daño y la actuación de la
Administración -, fuerza es revocar la providencia proferida el 14 de febrero de 2013
por el Tribunal Administrativo de Santander, y en su lugar dispondrá negar las
pretensiones de la demanda. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela1:

“[…] Se ampare el derecho fundamental del DEBIDO PROCESO y cualquier otro
conexo del mismo rango que se determine como violado.

Se digne ordenar a la Corporación accionada, que dentro de 48 horas siguientes a la
notificación de la sentencia tutela profiera un nuevo fallo, dentro del proceso de
Reparación Directa de la presente litis o, subsidiariamente, confirmar en todas sus
partes la sentencia de primera instancia, proferida por el H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO el 5 de junio de 2015. […]”.

6.1. Como fundamento de su solicitud, la actora en su escrito de tutela señaló que
la autoridad judicial accionada incurrió en i) un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; y ii) un defecto fáctico, toda vez que, no
valoró en debida forma los documentos y dictámenes periciales allegados al
proceso, y que, a su juicio, “[…] nos llevan a determinar que no hay duda de que
existe una clara RELACIÓN DE CAUSALIDAD entre la ACCIÓN DE FUMIGACION
CON GLISOFATO realizada por la DIRECCIÓN DE ANTINARCOTICOS DE LA
POLICÍA NACIONAL – DIRAN y el DAÑO DETERMIANANTE producido a los
cultivos de PALMA AFRICANA DE ACEITE […]”.2

Actuación

7. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 28 de noviembre de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó

1 Transcripción literal del texto.
2 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

notificar a los magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado; y iii) vinculó al Tribunal Administrativo de Nariño y a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó i)
declarar la improcedencia de la solicitud de tutela por no cumplir con los requisitos
de inmediatez y relevancia constitucional o, en su lugar, ii) que se nieguen las
pretensiones de la demanda, toda vez que no se demuestra la configuración de los
defectos alegados, por las siguientes razones:

“[…] Pues bien, debe advertirse que la decisión proferida por esta Sala de Subsección
data del 13 de marzo de 2024 y fue notificada el 30 de abril de 2024. Sin embargo, la
demanda de amparo constitucional impetrada mediante apoderado judicial por Ana
María Erazo Jácome solo tuvo lugar el 25 de noviembre de 20243, de modo que
excedió el término jurisprudencial de 6 meses y, en consecuencia, la acción de tutela
adolece por completo del requisito de la inmediatez. […]”.

[…]

“[…] En este sentido, me permito advertir que los argumentos expuestos por la
accionante no satisfacen los requisitos de la relevancia constitucional arriba
señalados, de modo que lo que se pretende en el presente caso es utilizar la acción
de amparo constitucional como una tercera instancia. […]”.

[…]

“[…] Dicho de otra manera, la accionante pretende rediscutir los aspectos jurídicos y
probatorios analizados en sede ordinaria, para que ahora sea el juez constitucional el
que favorezca a la parte actora con una valoración probatoria que beneficie sus
intereses, sin que se acredite o avizore el requisito indispensable para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial por relevancia constitucional. […]”.

[…]

“[…] Al respecto, cabe precisar que la sentencia del 13 de marzo de 2024 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación no desconoció el
precedente sobre los asuntos considerados bajo el régimen objetivo y el título de
imputación de riesgo excepcional, ante lo cual se advierte, además, que la
demandante en tutela no refiere un caso similar que se hubiera fallado de manera
distinta o la existencia de un criterio uniforme y reiterado sobre otros casos de
similares condiciones fácticas y jurídicas, que el fallo del 13 de marzo de 2024 hubiera
desatendido. […]”.

3 Índices 1 y 2 Samai.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

[…]

“[…] Se reitera que la decisión acusada examinó y valoró todos los medios de
convicción obrantes en el plenario, los cuales permitieron dilucidar de forma clara y
contundente que la demandante no acreditó la imputación que hizo en contra de la
Policía Nacional mediante la acción de reparación directa, por lo cual debe negarse
igualmente el presente cargo.

Por ende, se torna evidente que el defecto alegado carece de una carga
argumentativa suficiente y que los aludidos cargos no pasan de ser afirmaciones
generales que no deben prosperar, pues son reproches vagos que lo único que
buscan es que se examine nuevamente la sentencia que no fue favorable a los
intereses de la demandante, pretendiendo que en su lugar se dicte una que sí la
beneficie. […]”.

9. La Policía Nacional solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela. Para
tal efecto manifestó que:

“[…] Al respecto de dicho planteamiento, vale la pena mencionar al Honorable
Consejero de Estado plantear la improcedencia de la acción de tutela por
inobservancia del PRINCIPIO DE INMEDIATEZ, no obstante, el Decreto 2591 de
1991, no establece como una causal de improcedencia del amparo constitucional, la
inactividad de la accionante para promover la acción de tutela en un período de tiempo
determinado, si debe destacarse que el principio de inmediatez caracteriza el amparo
constitucional, situación ante la cual no puede pretenderse dejar sin efecto a través
de este recurso de amparo de los derechos fundamentales la decisión proferida por
el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Subsección C, y notificado a la parte demandante en la fecha del 3 de mayo de 2024,
“De acuerdo al resultado de la búsqueda web - Consulta de Procesos de la Rama
Judicial, donde se revocó la decisión de primera instancia del 5 de junio de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, y la interposición de la presente
acción de tutela en la fecha del 28 de noviembre del 2024 para acudir a ésta expedita
vía de protección de los derechos fundamentales. […]”.

[…]

“[…] Por ello, pretender acudir a la acción de tutela después de SEIS (06) MESES Y
VEINTICINCO (25) DÍAS, de que han ocurrido los hechos presuntamente violatorios
de los derechos fundamentales, del 03 de mayo del 2024, cuando se notificó la
decisión del Ad-quem, a fecha de la interposición de la presente acción de tutela que
data del 28 de noviembre del 2024, generando con ello el rompimiento del principio
de inmediatez y desvirtuando el posible perjuicio irremediable. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, me permito manifestar a su señoría y según lo precitado en líneas
anteriores y el análisis realizado por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera Subsección C, es claro que la carga de la prueba se
encuentra en cabeza del accionante toda vez que este es quien debe acreditar la
veracidad de los hechos por el (sic) relatados en el medio de control de reparación
directa en cuestión, no es bien visto para esta oficina asesora las meras afirmaciones
del accionante en cuanto a la existencia de un defecto fáctico por la indebida
valoración probatoria, el Ad-quem realizo (sic) un completo y armónico análisis de los
hechos y pruebas allegadas al medio de control por consiguiente revoca la decisión
de A-quo, ya que no se puede endilgar responsabilidad a la institución policial. […]”.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

10. La Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Nariño allegaron copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con número único de radicación
520012331000201100053-01.

La sentencia impugnada

11. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 30 de
enero de 2025, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Ana María Erazo Jácome, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, por las razones
aquí expuestas. […]”.

11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En los escritos de contestación de la solicitud de amparo, la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado y la Policía Nacional indicaron que la parte
actora desatendió el requisito de la inmediatez, porque la acción de tutela fue
promovida pasados seis meses desde que se notificó la decisión objetada.

Conforme da cuenta el aplicativo del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI 4, la
sentencia del 13 de marzo de 2024 de la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado, se notificó a las partes mediante edicto desfijado el 7 de mayo de
2024, fecha a partir de la cual se verificará el cumplimiento del requisito de inmediatez.
[…]”.

[…]

“[…] Como la solicitud de amparo fue promovida el 24 de noviembre de 20245,
transcurrieron seis (6) meses y dieciséis (16) días entre el momento de la notificación
de la sentencia ordinaria y el de la interposición de la acción constitucional6, término
que excede el límite razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de
esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por la Corte
Constitucional. […]”.

[…]

“[…] En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales y la parte
actora solo manifestó que este requisito se verifica a partir del auto de obedézcase y
cúmplase. Sin embargo, la inmediatez se debe analizar desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la providencia (notificación), no desde el extremo que pretende
el demandante, pues ello desconocería que el momento en el que procesalmente se

4https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=5200123310002011000530111

00103. Índice 45.
5 Acta individual de reparto.
6 Conforme con el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021,

“2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes
al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

tiene conocimiento del sentido de lo decidido, es desde que se notificó a las partes
del respectivo proceso judicial. […]”.

La impugnación

12. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado. En ese orden de ideas manifestó lo siguiente: 7

“[…] Ahora bien, no obstante tal criterio basado en el artículo 86 norma constitucional,
la H. Corte Constitucional ha precisado que si bien es cierto no es posible instaurar
un término de caducidad para limitar este amparo constitucional también lo es que el
tiempo transcurrido no puede ser indefinido por lo que, se insiste, debe existir un
termino razonable entre la fecha de la vulneración del derecho o derechos
fundamentales y la presentación de la acción de tutela

En ese orden de ideas, es claro que debe existir un término razonable de acuerdo con
el principio de inmediatez entre estas dos fechas, dado lo cual la Corte Constitucional
ha venido considerando que en algunos eventos un plazo de SEIS MESES podría ser
suficiente para interponer la acción de tutela y en otros un término de DOS AÑOS
podría considerase razonable, esto dependiendo del análisis y evaluación que realice
el juez constitucional

Quiere esto significar, que el plazo de SEIS MESES para presentar la acción de tutela
no es una camisa de fuerza ni un requisito inamovible para el juzgador constitucional,
sino que es un término flexible que aunado a otras valoraciones determina la
razonabilidad del tiempo en que fue instaurada la tutela.

Así las cosas, es claro que la presente solicitud de amparo fue presentada luego de
transcurridos 6 meses y 16 días de haberse notificado la sentencia tutelada, como lo
refiere el a quo en su proveído y que, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó
como regla general el término de SEIS MESES previsto por la Corte Constitucional,
como plazo razonable para cumplir el requisito de inmediatez, lo cual hace que en
principio, en este asunto, se denote un posible incumplimiento del requisito de
inmediatez, pero también que dicho término no constituye un término de caducidad
que impida el ejercicio de la acción de tutela como amparo constitucional, máxime en
tratándose de flagrante violación de derechos fundamentales, como en este caso
donde ha afectado el patrimonio económico de una ciudadana de bien.

Pero no obstante, como lo ha reiterado la Corte Constitucional y el mismo Consejo de
Estado en numerosas ocasiones, ese término de seis meses no constituye per se un
término de caducidad que impida que sea ejercida la acción de tutela, máxime en los
casos, como el presente, donde se advierte con claridad meridiana la flagrante
vulneración de derechos fundamentales que ha afectado no solo moralmente sino
patrimonialmente de forma injusta a una ciudadana colombiana cabeza de familia
cuya Empresa Agrícola, único sustento para ella y su familia, de la noche a la mañana
desapareció como tal, gracias a la fumigación irresponsable, salvaje y criminal de su
plantación de palma de aceite con glifosato, realizado por la POLICIA NACIONAL.
[…]”.

[…]

“[…] Aunado a lo anterior, insistimos, que el daño ocasionado a mi poderdante la
mantiene no solo en una precariedad económica absoluta hasta la fecha sino que
7 Transcripción literal del texto.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

igualmente la ha dejado en un claro estado de indefensión, abandono e incapacidad
física y psicológica, que debe ser evaluada en esta instancia, como lo precisa la Corte
Constitucional en su pronunciamiento jurisprudencial, para que mediante este amparo
constitucional las entidades responsables reconozcan y reparen los daños causados,
pues hasta el momento no se le ha brindado por parte del Estado una solución
efectiva. […]”.

[…]

“[…] Todos sabemos que, una sentencia de segunda instancia queda ejecutoriada
cuando vence el termino para interponer recursos sin que estos se presenten o
cuando se resuelven los recursos extraordinarios y ya no hay más instancias
disponibles.

Resulta que la sentencia de segunda instancia proferida por la SECCION TERCERA
SUBSECCION C DEL CONSEJO DE ESTADO objeto de TUTELA y ahora de
impugnación, se produjo el 13 de marzo de 2024 y quedó legalmente notificada el 7
de mayo del mismo 2024.

Así las cosas, como parte actora tendríamos hasta el 7 de mayo del presente año
2025 para interponer el recurso extraordinario de REVISION contra dicha providencia,
razón por la cual la EJECUTORIA de esa sentencia se produciría solo hasta el 7 de
mayo del presente año 2025 cuando se vencería el plazo para interponer ese recurso
o, cuando interpuesto dentro de ese término sea resuelto por la Sala Plena del
Consejo de Estado, quien es el competente, de conformidad con el artículo 249 del
CPACA. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20219 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201910, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las

8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
9 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados.
Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de la inmediatez.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo
posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.

María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

18. Esta Sección adoptó12 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200513, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
13 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional16.

Acerca del requisito general de procedencia de inmediatez dentro del marco
de la acción de tutela

24. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199117 estableció
que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no
deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la
sentencia SU-961 de 199918 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.

25. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general
de procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
16 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
18 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]19.

26. Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez.

27. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho 20:

“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200821, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

28. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto

de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
20 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

30. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

22 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

31. Atendiendo a que la Corte Constitucional23 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

32. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

23 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

Análisis del caso concreto

34. La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez.

35. La actora, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 13 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 520012331000201100053-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

37. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

38.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con número único de radicación
520012331000201100053-01.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez

39. En el expediente está plenamente acreditado que i) la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado profirió la sentencia el 13 de marzo de 2024,
la cual quedó notificada el 7 de mayo de 202425; y ii) el actor presentó la acción de
tutela el 25 de noviembre de 202426, es decir que, desde el 8 de mayo de 2024 (día
en el que empezaron a correr los términos una vez surtida la notificación) a la fecha
de presentación de la acción de tutela, la actora presentó la acción de tutela por
fuera del plazo razonable.

40. Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de
la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.

41. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201727, reiteró la importancia del requisito general de procedencia de inmediatez en
la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso
hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general
como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que
consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses
después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de
tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia
que no se observa en el presente caso.

25 Edicto desfijado el 7 de mayo de 2024. Cfr. Índice 45 de SAMAI.
26 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “3ED_1ActadeRepartopng(.png) NroActua 3”. Archivo
aportado en forma digital.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

42. La Sala encuentra que, en el escrito de impugnación, la actora manifestó que
“[…] En este caso, la improcedencia de la acción de tutela por supuesta falta de
inmediatez es discutible, ya que la sentencia de segunda instancia aún no estaba
completamente ejecutoriada debido a que el plazo para interponer el recurso
extraordinario de revisión no había vencido […]”.

43. La Sala advierte que, el requisito general de procedencia de inmediatez
dentro del marco de la acción de tutela se contabiliza desde la notificación de la
última providencia que exista y ponga fin al proceso; y si bien la actora cuenta con
el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que no ha sido interpuesto, ni
mucho menos resuelto, por lo que la Sala debe tomar en cuenta la sentencia
cuestionada y no fundamentarse en recursos que, a la fecha, en el caso de la actora,
no han sido presentados.

44. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable,
teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de
los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.

Conclusiones de la Sala

45. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
30 de enero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de enero de 2025 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406452-01
Actora: Ana María Erazo Jácome

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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