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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06458-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06458-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. DECLARAR IMPROCEDENTES las acciones de tutela interpuestas por el señor Wilson Yesid Suárez Manrique en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», dados los argumentos expuestos en la parte considerativa que antecede. Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06458-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06458-00
(Acumulada 11001-03-15-000-2024-06590-00)
Demandante: Wilson Yesid Suárez Manrique

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06458-00 (Acumulada 11001-03-15-000-
2024-06590-00)
Demandante: Wilson Yesid Suárez Manrique
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla»

Temas: Tutela contra actos administrativos proferidos en el marco de la
Convocatoria 27. Incumplimiento de requisito de procedibilidad.
Subsidiariedad de la acción. Ausencia de perjuicio irremediable.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Decide la Sala las acciones de tutela 11001-03-15-000-2024-06458-00
(Acumulada 11001-03-15-000-2024-06590-00) presentadas por el señor Wilson Yesid
Suárez Manrique en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla».

1. ANTECEDENTES

1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Wilson Yesid Suárez Manrique, quien actúa en nombre propio, solicitó
a través de las acciones de tutela de la referencia lo siguiente:

11001-03-15-000-2024-06458-00 11001-03-15-000-2024-06590-00
1. Se declare que LA ESCUELA JUDICIAL 1. Se declare que LA ESCUELA JUDICIAL
RODRIGO LARA BONILLA ha vulnerado mi RODRIGO LARA BONILLA ha vulnerado mi
derecho fundamental de petición, el debido derecho fundamental de petición, el debido
proceso administrativo, confianza legítima, y proceso administrativo, confianza legítima, y
el acceso a cargos administrativos, y se el acceso a cargos administrativos, y se
tutelen dichas prerrogativas. tutelen dichas prerrogativas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06458-00
(Acumulada 11001-03-15-000-2024-06590-00)
Demandante: Wilson Yesid Suárez Manrique

2. Como consecuencia, se ordene a LA 2. Como consecuencia, se a LA ESCUELA
ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA que, dentro
que, dentro de las 48 horas siguientes a la de las 48 horas siguientes a la notificación
notificación del fallo de tutela, dé respuesta del fallo de tutela, dé respuesta de fondo en
de fondo en cuanto a la objeción presentada cuanto a la objeción presentada contra la
contra la pregunta 83 del Módulo de pregunta 41 del Módulo de Habilidades
Filosofía del Derecho, del examen humanas, del examen practicado el 19 de
practicado el 2 de junio de 2024 en la mayo de 2024 en la jornada de la mañana,
jornada de la tarde. en el sentido que argumenté, pues es
evidente, craso y literal, el error de la
3. Que, conforme con la respuesta masiva Escuela al confundir la definición de
del 15 de julio de 2024 y dado que en el «desarrollo» con el concepto de
presente asunto es evidente, de bulto, «codesarrollo».
diáfano, que la respuesta «b y a» es igual
(en sentido y extensión) a la respuesta «a y 3. Que, como consecuencia, proceda a
b», y que no se altera la coherencia textual, recalificar mi puntaje obtenido y otorgarme
de forma sintáctica, semántica ni la calificación de 801,5 puntos y el estado de
pragmática, se me recalifique la pregunta 83 aprobado en el examen referido.
referida.

4. Como consecuencia, proceda a recalificar
mi puntaje obtenido y otorgarme la
calificación de 805 puntos y el estado de
aprobado en el examen referido.

1.3. Los hechos

3. El actor señala que participó en la Convocatoria 27, adoptada mediante el
Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 «Por medio del cual se adelanta el
proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial», conformada por las etapas de selección
y clasificación, la primera, dividida en tres fases con carácter eliminatorio y, la segunda,
compuesta por la calificación de diferentes factores con carácter clasificatorio.

4. Superó las fases I y II de la primera etapa, correspondiente a la prueba de
aptitudes y conocimientos, y de verificación de requisitos mínimos, y siguió a la fase III
de la primera etapa, correspondiente al adelantamiento del «IX Curso de Formación
Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República
en todas las especialidades, Promoción 2020-2021», conformada, a su vez, por las
subfases general y especializada.

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5. Así, dentro de la fase III de la primera etapa, la Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla» expidió la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 —corregida por la
Resolución EJR24-317 de 28 de junio de 2024— mediante la cual dio a conocer los
resultados de las evaluaciones aplicadas para la subfase general, en la cual obtuvo un
puntaje no satisfactorio.

6. El 26 de julio de 2024, interpuso recurso de reposición en contra de la anterior
decisión, objetando la mayoría de las preguntas, empero, de manera específica, para
el asunto de la referencia, las preguntas 83 y 41.

7. A través de la Resolución EJR24-776 del 1° de noviembre de 2024 —corregida
por la Resolución EJR24-1824 del 18 de noviembre de 2024—, la Escuela Judicial
ajustó la calificación de la evaluación de la subfase general, reconociéndole un
resultado de 799 puntos, es decir, 1 punto menos del requerido para continuar a la
subfase especializada.

1.4. Sustento de la vulneración

8. En la Resolución EJR24-776 del 1° de noviembre de 2024 —corregida por la
Resolución EJR24-1824 del 18 de noviembre siguiente—, la Escuela Judicial se
pronunció de manera genérica respecto de las objeciones presentadas en torno de las
preguntas 83 del módulo de Filosofía, practicado el 2 de junio de 2024 en la jornada
de la tarde, y 41 del módulo de Habilidades humanas, efectuado el 19 de mayo de
2024.

1.4.1. Respecto de la pregunta «83» cuestionada en el proceso 11001-03-15-000-
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9. La pregunta 83, perteneciente al módulo de filosofía del derecho, correspondía
a una actividad de arrastrar las palabras correctas dentro de una frase con espacios.
El enunciado de la pregunta establecía: «a partir del texto anterior arrastre las palabras
al lugar correcto: en el resto de las cuestiones los jueces solo aplican las normas
jurídicas, sin necesidad de realizar ____________ ni___________.»

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10. Para la Escuela, la respuesta correcta era la de arrastrar en estos dos últimos
espacios las palabras «valoraciones» y «elecciones discrecionales», respectivamente;
sin embargo, la respuesta que seleccionó en su examen fue la inversa, esto es,
«elecciones discrecionales» y «valoraciones».

11. Sobre el particular, objetó que el cambio del orden de las palabras no alteraba
el sentido de la oración ni de forma sintáctica, ni semántica, ni pragmática, pues es
igual afirmar que el sujeto «J» no tiene permitido realizar las acciones «a y b», a decir
que el sujeto «J» no tiene permitido realizar las acciones «b y a».

12. La Escuela Judicial no dio una respuesta coherente en torno de dicha objeción,
cuando era su deber explicar y argumentar por qué se cambiaba el sentido del texto si
se marcaba la opción «b y a», máxime cuando en la respuesta masiva del 15 de julio
de 2024, indicó: «en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener
opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta
de doble clave».

1.4.2. Respecto de la pregunta «41» discutida en el proceso 11001-03-15-000-
2024-06590-00

13. La pregunta 41, del módulo de habilidades humanas, consistía en asociar las
palabras «auto desarrollo dirigido», «intencionalidad», «codesarrollo» y «coaching»
con sus definiciones. La pregunta valía 10 puntos, por lo que cada definición tenía un
valor individual de 2.5 puntos.

14. En su examen, la Escuela consideró correctas las definiciones de
«intencionalidad» y «coaching», pero erróneas las de «codesarrollo» y «autodesarrollo
dirigido», por lo que su calificación fue de 5 puntos.

15. En su escrito de reposición, objetó la definición de «codesarrollo»
argumentando que la respuesta de la Escuela era incorrecta y contradecía el texto en
el que se basaba, ya que emparejó la definición de «codesarrollo», con la que la autora
el libro planteó para «desarrollo».

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(Acumulada 11001-03-15-000-2024-06590-00)
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16. El texto en el que se basó la pregunta fue el siguiente: (ALLES, Martha. (2005).
Desarrollo del talento humano basado en competencias. Buenos Aires: Granica), se
indicó: «¿por qué llamar a esta práctica codesarrollo? Hemos explicado el término
“desarrollo” en el capítulo 2, definiéndolo como “las acciones tendientes a alcanzar el
grado de madurez o perfección deseado en función del puesto de trabajo que la
persona ocupa en el presente o se prevé que ocupe más adelante”. Antepuesto a un
sustantivo o adjetivo, el prefijo “co” significa, según el Diccionario español actual: que
es justamente con otros (s) lo que el nombre o adjetivo indica. “Co” es un prefijo latino
que significa unión o compañía. Ejemplos: coligarse, coadyuvar, coautor. En síntesis,
codesarrollo son las acciones que de manera conjunta realiza el sujeto que asiste a
una actividad de formación guiado por su instructor para el desarrollo de sus
competencias».

17. La Escuela Judicial no respondió de fondo a su objeción, pues no se pronunció
sobre su argumento claro y contundente de que la definición que trajo a colación para
«codesarrollo» es la que trae el libro de Marta Halles para «desarrollo». Además, debe
tenerse en cuenta que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 la Escuela indicó:
«en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que
conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave.
Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido,
se tendría como respuesta correcta».

1.5. Actuación procesal

1.5.1. En el proceso 11001-03-15-000-2024-06458-00

18. El 4 de diciembre de 2024, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia,
se ordenó notificar del proveído al Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla», como demandado, remitiéndole copia de la solicitud de tutela
para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia,
ejerciera su derecho de defensa, si a bien lo tenía, y a rendir el respectivo informe; y
se requirió al Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara

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(Acumulada 11001-03-15-000-2024-06590-00)
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Bonilla», para que enviara copia del expediente administrativo vinculado con la
Resoluciones EJR24-298 de 21 de junio de 2024 «por medio de la cual se publican los
resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial», corregida
por la Resolución EJR24- 317 de 28 de junio de 2024.

19. El 24 de enero de 2024, se requirió el proceso con radicado 11001-03-15-000-
2024-06590-00, asignado al consejero de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez, a
efectos de analizar su posible acumulación.

20. El 6 de febrero de 2025, se acumuló el expediente 11001-03-15-000-2024-
06590-00 al proceso 11001-03-15-000-2024-06458-00, demandante Wilson Yesid
Suárez Manrique, y en consecuencia, se ordenó a la Secretaría General del Consejo
de Estado incorporar las piezas procesales del expediente 2024-06590-00 al proceso
2024-06458-00, y cumplido lo anterior, se archivará el expediente 2024-06590-00.

1.5.2. En el proceso 11001-03-15-000-2024-06590-00

21. El 20 de enero de 2005, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se
ordenó notificar del proveído al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
a la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», a la Unión Temporal Formación Judicial
2019, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a la Sociedad E.
Distribución S. A. S., como demandados, remitiéndoles copia de la solicitud de tutela
para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia,
contestaran la acción de tutela y allegaran los documentos que pretendieran hacer
valer como pruebas; se ordenó comunicar por el medio más expedito y eficaz la
iniciación del trámite de tutela a todos los discentes del IX Curso de Formación Judicial,
como terceros interesados, para que, dentro del término de los tres (3) días siguientes
a la comunicación, manifestaran lo que consideraran pertinente; y se tuvieron como
pruebas los documentos aportados con la solicitud de amparo, con el valor probatorio
que les correspondiera según la ley.

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(Acumulada 11001-03-15-000-2024-06590-00)
Demandante: Wilson Yesid Suárez Manrique

22. El 31 de enero de 2025, el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez remitió el
expediente al despacho del togado Luis Eduardo Mesa Nieves, en encargo, para
analizar su posible acumulación con el proceso 11001-03-15-000-2024-06458-00.

23. El 10 de febrero de 2025, la Secretaría General del Consejo de Estado dio
finalización al proceso por haberse acumulado con el proceso de tutela 11001-03-15-
000-2024-06458-00.

1.6. Informes

1.6.1. En los procesos 11001-03-15-000-2024-06458-00 y 11001-03-15-000-2024-
06590-00

24. El Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla». La directora de la entidad solicitó declarar improcedente la acción y/o en su
lugar, negar el amparo deprecado. Indicó que lo pretendido por el accionante es usar
la acción tutela como un nuevo recurso frente a la resolución que resolvió su recurso
de reposición, lo cual va en contravía de la naturaleza del recurso de amparo. Por
tanto, le corresponde hacer uso de los medios de control dispuestos por la Ley 1437
de 2011 para atacar la Resolución EJR24-776 del 1° de noviembre de 2024,
verbigracia, a través del medio de control de acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el cual existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares que pueden
ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, inclusive, de urgencia,
las cuales tienen un trámite más expedito y ágil. Pero que, en todo caso, si se
considera que la acción se torna procedente, es de señalar que en la respectiva
resolución se analizaron los motivos de inconformidad tanto de aspectos generales
como específicos, se argumentó el contexto de la pregunta, los elementos
psicométricos, la coherencia y cohesión de los ítems, los componentes de formación
integral, las fuentes de cada una de estas preguntas y la conclusión de la elaboración
de cada ítem, ultimando con la retroalimentación de cada opción de respuesta, en aras
de valorar integralmente la solicitud.

1.6.2. En el proceso 11001-03-15-000-2024-06590-00

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(Acumulada 11001-03-15-000-2024-06590-00)
Demandante: Wilson Yesid Suárez Manrique

25. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ). En este trámite la entidad solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la DEAJ y, por ende, ordenar su desvinculación
del trámite de tutela, al carecer de competencia para pronunciarse sobre lo debatido
en el proceso.

26. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera
Judicial. La directora de esta dependencia solicitó desvincular a la entidad por falta
de legitimación en la causa por pasiva, al no tener competencia ni injerencia para emitir
pronunciamientos sobre lo pretendido por el accionante o, en su defecto, negar la
acción de tutela por inexistencia de la vulneración endilgada, en tanto las
inconformidades relacionadas con la evaluación de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial y los actos administrativos cuestionados no fueron emitidos
por la Unidad de Carrera.

27. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). La
Dirección Jurídica de la universidad señaló que la fase III de la etapa de selección del
Concurso de Méritos n°. 27 se desarrolla a través del Contrato CO1.PCCNTR.1240112
de 2019, con numeración interna 221 de 2019, suscrito entre el Consejo Superior de
la Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, por lo que esta última
entidad la que debe emitir respuesta a la acción de tutela. En todo caso, advirtió que
en el caso no se evidencia vulneración al debido proceso, toda vez que la Unión
Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» han actuado con observancia de las normas de orden
constitucional y legal que regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial; y los actos
administrativos proferidos en el marco de la actuación ―Acuerdos Pedagógicos
PCSJA18- 11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de

2019 y PCSJA19-11405 de 2019 y posteriores comunicados― han sido sustentados y
difundidos ampliamente a todos los discentes del IX Curso de Formación Judicial
Inicial, garantizando la posibilidad de controvertirlos en ejercicio de su derecho a la
defensa y corrigiendo las falencias detectadas en las distintas fases del curso-
concurso.

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28. La Unión Temporal Formación Judicial 2019. El representante legal suplente,
Hernán Felipe Wilson Martínez, solicitó desvincular a la entidad del trámite de tutela,
al no ser la competente para conocer de las pretensiones del accionante. Ello, por
cuanto actúa exclusivamente como un aliado estratégico de la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» para el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial, y en tal
sentido, carece de potestades administrativas para tramitar y/o resolver solicitudes del
accionante.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia
interpuesta por el señor Wilson Yesid Suárez Manrique en contra del Consejo Superior
de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla».

30. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991,1 2.2.3.1.2.1., numeral 8,2 del
Decreto 1069 de 2015 ―modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021―,
y 13 del Acuerdo 80 de 20193

1 ARTÍCULO 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención,

los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre
las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible>. De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios
de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar.
2 ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del

Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren
sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
[…] 8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte
Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o
Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4
del presente decreto. […]
3 ARTÍCULO 13.- Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los

asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Las acciones de tutela que
sean de competencia del Consejo de Estado.

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2.2. Problema jurídico

31. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, la
documental aportada al plenario y los informes rendidos tanto por la autoridad
accionada como por los terceros con interés en las resultas del proceso, esta Sala
plantea como problema jurídico a resolver el siguiente:

32. ¿Dilucidar si la presente acción cumple con los requisitos de procedibilidad para
conocer el acto administrativo cuestionado por el accionante —adoptado dentro de la
Convocatoria 27—, y en caso afirmativo, analizar si con la decisión se vulneraron los
derechos fundamentales invocados?

33. Para resolver los interrogantes planteados se analizarán los siguientes ítems: i)
Sobre la acción de tutela dirigida a controvertir actos administrativos adoptados en el
marco de un concurso público, y ii) caso concreto

2.3. Sobre la acción de tutela dirigida a controvertir actos administrativos
adoptados en el marco de un concurso público

34. En la sentencia SU-553 de 2015, la Corte Constitucional recogió la
jurisprudencia en torno a la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos que regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, señalando
que, por regla general, el mecanismo de amparo es improcedente contra actos
administrativos que se profieran en el marco de un concurso de méritos, pero que
procederá, excepcionalmente, i) cuando se demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual el juez concederá la protección transitoria mientras la
jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto, y/o ii)
cuando a pesar de que existe un medio defensa judicial, este resulta ineficaz para
conjurar la violación del derecho fundamental invocado.

35. Y, posteriormente, en la Sentencia SU-067 de 2022, varió las excepciones a la
regla general de improcedencia en el campo específico de los concursos de mérito, en
el siguiente sentido: «Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas

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actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente
alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental infringido,4 ii) configuración
de un perjuicio irremediable5 y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez administrativo»6.

36. En virtud de lo anterior, la presente Sala de decisión considera que la
procedibilidad de las acciones de tutela en las que se invoca la vulneración de los
derechos fundamentales al interior de un concurso de méritos debe analizarse en cada
caso concreto, configurándose solo en casos en que se avizore que los medios de
control dispuestos por el ordenamiento jurídico no garantizan la inmediatez de las
medidas que se llegaren a necesitar para conjurar el daño ocasionado a los intereses
de quien acude al mecanismo de amparo, por cuanto las etapas del concurso de
méritos se desarrollan de manera ágil y pronta.

2.5. Caso concreto

37. Se controvierte en el caso la vulneración de los derechos fundamentales de
petición, debido proceso administrativo, confianza legítima y acceso a cargos públicos
por parte de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», con ocasión de lo resuelto en
la Resolución EJR24-776 del 1° de noviembre de 2024 —corregida por la Resolución
EJR24-1824 del 18 de noviembre de 2024—, respecto de las objeciones presentadas

4 Se basa en el reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del

derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En estos casos, la solicitud de
amparo resulta procedente por cuanto la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de
tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran. Habida cuenta de esta circunstancia, la acción de tutela actúa como
mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos
fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo
Contencioso Administrativo.
5 Este supuesto de hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto,

es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente
afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción.
6 Se basa en la especial índole que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio

expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean controversias
que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos, las
pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos
expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de
estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales».

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(Acumulada 11001-03-15-000-2024-06590-00)
Demandante: Wilson Yesid Suárez Manrique

en torno de las preguntas 83 del módulo de Filosofía, practicado el 2 de junio de 2024
en la jornada de la tarde, y 41 del módulo de Habilidades humanas, efectuado el 19 de
mayo de 2024.

38. De manera particular, se alega que en la referida resolución la Escuela Judicial
no dio una respuesta de fondo a las objeciones presentadas, y que ello ocasionó que
en la calificación de la evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial se le haya reconocido un resultado de 799 puntos, es decir, 1 punto
menos del requerido para continuar a la subfase especializada; por lo que es del caso
ordenar a la autoridad accionada que resuelva de fondo las objeciones y, en
consecuencia, que recalifique su puntaje y que le otorgue el estado de aprobado en el
examen referido.

39. Pues bien, es de advertir que aunque en el caso se cuestiona una vulneración
del derecho fundamental de petición por cuanto en la Resolución EJR24-776 del 1° de
noviembre de 2024 —corregida por la Resolución EJR24-1824 del 18 de noviembre de
2024—, no se dio una respuesta de fondo a las objeciones presentadas, lo cierto es
que dicho acto administrativo no se profirió como consecuencia a la contestación de
un derecho de petición sino resolviendo el recurso de reposición interpuesto en contra
de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 —corregida por la Resolución
EJR24-317 de 28 de junio de 2024— mediante la cual se dieron a conocer los
resultados de las evaluaciones aplicadas para la subfase general, en la cual el
accionante obtuvo un puntaje no satisfactorio, agotando con ello la vía administrativa.

40. En tal sentido, es diáfano que la Resolución EJR24-776 del 1° de noviembre de
2024 —corregida por la Resolución EJR24-1824 del 18 de noviembre de 2024— puede
ser demandada ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138
del CPACA, por tratarse de un acto administrativo de carácter definitivo7 que contiene la

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 9 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-03-15-000-2021-05927-01 AC.

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(Acumulada 11001-03-15-000-2024-06590-00)
Demandante: Wilson Yesid Suárez Manrique

manifestación plena y acabada de la voluntad de la entidad en torno a la calificación
obtenida por el actor en la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

41. Además, en el referido medio de control se otorga a la parte demandante la
posibilidad de solicitar la medida cautelar preventiva, conservativa, anticipativa o de
suspensión, en términos de lo dispuesto en el artículo 230 del CPACA, y que conforme
al artículo 233 ibidem, se puede pedir desde la presentación de la demanda y en
cualquier estado del proceso, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
Incluso, también es posible solicitar la medida cautelar de urgencia, desde la
presentación de la solicitud y sin previa notificación de la otra, según lo prevé el artículo
234 ibid.

42. En el caso, la decisión de la entidad accionada comprende para el accionante
la definición de su situación jurídica respecto de la calificación obtenida en la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, por lo que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz para
precaver el perjuicio irrogado. En consecuencia, ante la ausencia de una vulneración
palmaria, se desvirtúa la urgencia alegada, con fundamento en la cual se pretende que
el juez de tutela realice un pronunciamiento en torno de lo resuelto en el acto
administrativo cuestionado.

43. Así las cosas, se concluye que la presente acción de tutela se encuentra
afectada por la causal de improcedencia descrita en el numeral 1° del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, que dispone que el mecanismo de amparo no procederá:
«cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales».

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

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(Acumulada 11001-03-15-000-2024-06590-00)
Demandante: Wilson Yesid Suárez Manrique

3. F A L L A:

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTES las acciones de tutela interpuestas por el
señor Wilson Yesid Suárez Manrique en contra del Consejo Superior de la Judicatura,
Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», dados los argumentos expuestos en la parte
considerativa que antecede.

Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

YASM

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