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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06461-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06461-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Sociedad Hotelera Tequendama SA., por las razones expuestas en la motivación precedente. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-06461-00 Demandante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06461-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

6 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06461-00
Demandante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06461-00
Demandante SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Medio de control
de controversias contractuales. Defectos sustantivo, por decisión sin
motivación y por desconocimiento del precedente. Contrato de Obra.
Excepción de fondo de contrato no cumplido, artículo 1609 del Código
Civil.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.,
de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de noviembre de 20241, la Sociedad Hotelera Tequendama S.A., interpuso
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la igualdad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. CONCEDER la presente acción de tutela en amparo de los derechos constitucionales
fundamentales al Debido Proceso, Defensa y Contradicción; Acceso a la Administración
de Justicia e Igualdad.
1. (sic) REVOCAR y dejar sin efecto alguno, la sentencia proferida por CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA,
SUBSECCION C- en pronunciamiento de fecha 23 de agosto de 2024 con ponencia del
H. Magistrado JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS, mediante la cual REVOCÓ la
sentencia de primera instancia proferida el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera Sub-Sección B, de fecha junio 07 de 2018.
2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C-, que en un plazo no
superior a 48 horas, adopte las medidas para que se emita un nuevo pronunciamiento o
se modifique el proferido, haciendo expresa motivación en cuanto a las razones por las
cuales se aparta de la sentencia proferida en primera instancia, al igual que a la
prosperidad o rechazo de las excepciones previas y de mérito propuestas en la
contestación de la demanda, con especial énfasis en la excepción de mérito denominada
“DE LA EXCEPCION DEL CONTRATO NO CUMPLIDO -NON ADIMPLETI
CONTRACTUS-“, de que trata el artículo 1609 del Código Civil y la cual fue declarada
próspera en la sentencia revocada, en garantía de los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y contradicción, acceso a la administración de justicia e igualdad».

2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

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Escrito de tutela radicado al correo de tutelas en línea.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06461-00
Demandante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

2.1. La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. celebró con la sociedad Craing Ltda.
el Contrato de Obra Civil Nro. SHT SHT.210.014.48/47 el 1º de octubre de 2014,
cuyo objeto fue la realización de obras para la adecuación del SPA, cubierta
de salida del ascensor panorámico y escalera comercial del edificio
denominado Suites Tequendama a nivel del cuarto piso, por un valor de
$865.981.409, con una duración de 2 meses contados a partir de la suscripción
del acta de inicio que se suscribió el 15 de octubre de 2014.
2.2. El contrato fue adicionado por valor de $54.320.000 y el plazo de ejecución de
este se prorrogó hasta el 30 de diciembre de 2014.
El 29 de diciembre de 2014 se suscribió el acta de entrega final de la obra.
2.3. El 10 de agosto de 2015 la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. citó a la
sociedad contratista Craing Ltda. a efectos de que se suscribiera entre las
partes el acta de liquidación bilateral del contrato.
Mediante oficio del 28 de octubre de 2015 la sociedad Craing Ltda. manifestó
su desacuerdo con el contenido del acta de liquidación bilateral propuesta por
la Sociedad Hotelera Tequendama S.A., razón por la que esta última procedió
a liquidar unilateralmente el mismo mediante la Resolución Nro.
2015204000118-4 del 4 de noviembre de 2015.

La sociedad Craing Ltda., interpuso recurso de reposición contra la anterior
decisión, que fue resuelto por la Sociedad Hotelera Tequendama SA. mediante
la Resolución Nro. 2016204000009-4 del 3 de febrero de 2016 en el sentido de
confirmar la decisión inicialmente adoptada.
2.4. Por lo anterior, la sociedad Craing Ltda. en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, demandó a la Sociedad Hotelera Tequendama
SA., pretendiendo la nulidad de los actos administrativos por los que se liquidó
unilateralmente el contrato y en consecuencia, pidió que:
(i) Se efectuara la liquidación del contrato de obra civil y se reconocieran a
su favor las actas parciales de obra por valor de $121.136.073, así como
el saldo del acta de entrega y recibo del contrato por valor de
$170.902.655.
(ii) Se declarara el incumplimiento del contrato mencionado, por parte de la
Sociedad Hotelera Tequendama S.A. en concreto, frente a la obligación
de pago.
(iii) Se ordenara el reconocimiento y pago de los perjuicios sufridos, por
concepto de daño emergente y lucro cesante.
2.5. Correspondió conocer en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B (Radicación Nro. 25000-23-36-
000-2017-01007-00) que, en sentencia del 7 de junio de 2018, negó las
pretensiones de la demanda.
Al examinar la legalidad de los actos administrativos demandados, precisó que
se trataba de una decisión por la cual se liquidó unilateralmente un contrato, y
que para tal fin no se requería agotar algún procedimiento como sí se exigía
en casos de imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y cláusula
penal. Concluyó que como no se trataba de un proceso sancionatorio, no
podría hablarse ni de una violación al debido proceso ni de una desviación de
poder, pues se trató del ejercicio de la facultad de liquidar unilateralmente el
contrato.
En cuanto a la liquidación judicial del contrato, estimó que, de acuerdo con lo
probado en el proceso, el contrato ya había sido liquidado unilateralmente por

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lo que no había lugar nuevamente a ser liquidado, pues al no declararse la
nulidad de la decisión esta conservaba su presunción de legalidad y no había
lugar a liquidaciones adicionales.
Indicó que cualquier incumplimiento imputable a la entidad se desdibujaba con
el incumplimiento al contratista en la ejecución de algunas obras, por lo que se
configuraba la excepción de contrato no cumplido.

2.6. La decisión se apeló por la sociedad Craing Ltda. ante el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C que, en providencia del 23 de agosto de 2024
(notificada por correo electrónico el 18 de septiembre de 2024), revocó la decisión
del tribunal y, en su lugar, declaró el incumplimiento del contrato por parte de
la Sociedad Hotelera Tequendama SA.

Puntualizó que, según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007,
aplicable al negocio jurídico en controversia, los contratos que celebrara la
Sociedad Hotelera Tequendama SA., no estaban sujetos a las disposiciones
del régimen de contratación estatal, dada la naturaleza jurídica de sociedad
anónima de economía mixta del orden nacional vinculada al Ministerio de
Defensa Nacional, sino que se regían por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a su actividad y que, en el caso de la Sociedad
Hotelera Tequendama SA. era la explotación de la industria hotelera.

En ese sentido, dijo que tal actividad económica se desarrollaba en
competencia con el sector privado y por tanto, el régimen aplicable era el
derecho común de manera que, el contratos suscrito con la sociedad Craing
Ltda. se regía por las normas de derecho privado y su naturaleza era la de un
contrato para la confección de una obra material y en ese sentido, los actos
expedidos por la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. no eran actos
administrativos sino meros actos jurídicos que por tanto, no estaban revestidos
de presunción de legalidad, ni eran ejecutivos, no dotaban de facultades
ejecutoria a la parte demandante.

Precisado lo anterior, analizó el caso concreto y encontró que, de acuerdo con
el clausulado del contrato, la Sociedad Hotelera Tequendama SA. estaba
plenamente facultada para liquidar unilateralmente la relación negocial,
siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo
bilateralmente como en efecto había sucedido. Sin embargo, aclaró que ese
acto de liquidación en el contexto del derecho privado no estaba revestido de
los atributos de ejecutividad, obligatoriedad y presunción de legalidad propio
de los actos administrativos, por lo que la autoridad judicial lo asimiló a un corte
de cuentas con prestaciones a cargo de las partes para establecer si con la
expedición de las resoluciones se había ajustado a lo convenido y a las
obligaciones respectivas.

Partiendo de allí, dijo que más allá del nombre con el que había sido rotulada
el acta de entrega final, no veía un acto de recibo a satisfacción de la obra por
parte del interventor que, era justamente una condición exigida
contractualmente para que surgiera la obligación de pago, ya que quedaba
pendiente verificar si, en efecto, las obras entregadas habían cumplido las
condiciones adecuadas de calidad y precio, por lo que no era exigible la
obligación de pago total de la obligación.

Hizo referencia al dictamen pericial solicitado por la parte actora y concluyó
que del resultado del mismo, no era cierto que Craing Ltda. hubiera cumplido
integralmente con el objeto contractual, ya que allí se puso de presente que
hubo obras que no fueron ejecutadas o que se entregaron de manera
inconclusa, sin que pudiera ser de recibo el argumento exhibido en la experticia

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tendiente a establecer que dicha omisión había sido compensada con la mayor
ejecución de cantidades de obras en otros ítems, ya que, de un lado, carecía
el expediente de algún elemento de prueba que demostrara una autorización
en tal sentido y de otra parte, porque una de las obligaciones del contratista
era ejecutar la obra garantizando las especificaciones técnicas, de calidad,
cantidades y valores unitarios propuestos, por lo que era inadmisible que se
pretendiera derivar un cumplimiento total del contrato por el simple hecho de
haber ejecutado todo el precio pactado, con independencia de las cantidades
de obra ejecutadas.

Ahora bien, en relación con la liquidación unilateral del contrato efectuada por
la Sociedad Hotelera Tequendama SA., advirtió que en efecto, los trabajos
ejecutados por la sociedad contratista Craing Ltda. no habían sido recibidos a
satisfacción por el interventor del contrato y, por tanto, la sociedad contratante,
liquidó unilateralmente el negocio jurídico, haciendo un corte final de cuentas.

Sin embargo, advirtió que esa cuenta hecha por la Sociedad Hotelera
Tequendama SA., consistió en el descuento de las sumas que, de acuerdo con
el informe respectivo, no habían sido ejecutadas o lo habían sido de forma
defectuosa, por lo que había cobrado al contratista unas órdenes de servicio
especial realizadas con terceros y la ejecución de unas reparaciones que
según la interventoría debían hacerse.

De manera que, para la Sección Tercera, si bien la sociedad contratante
estaba facultada para descontar del precio pactado el saldo de las obras no
ejecutadas por el contratista o que hubiera ejecutado de manera defectuosa,
esto debió hacerse conforme con las cantidades, especificaciones y valores
unitarios fijados en el contrato para cada uno de los ítems y no cobrando los
valores en los que había tenido que incurrir por su cuenta para llevar a cabo
las obras no entregadas o entregadas defectuosamente por el contratista
incumplido.

En este sentido, concluyó que la Sociedad Hotelera Tequendama SA. había
incumplido su obligación contractual de pago, al expedir las resoluciones de
liquidación unilateral, con la inclusión de unos valores a su favor por concepto
de obras no ejecutadas y de obras ejecutadas deficientemente, sin que lo
hubiera calculado conforme con las cláusulas del contrato, por lo que debía
reembolsar a Craing Ltda. el monto cobrado en las actas de liquidación
unilateral.

3. Fundamentos de la acción

La sociedad accionante consideró que la sentencia del 23 de agosto de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el medio de
control de controversias contractuales (expediente 25000-23-36-000-2017-01007-
00/01), incurrió en los defectos material, decisión sin motivación y por
desconocimiento del precedente jurisprudencial.

3.1. Defecto sustantivo. Por omitir la aplicación del artículo 1609 del Código Civil
que regula la excepción de contrato no cumplido, aplicable al caso; excepción
que hizo consistir en que, ante el incumplimiento del contratista (sociedad
Craing Ltda.), evidenciado en la falta de recibo a satisfacción por el interventor,
se liberaba a la parte cumplida de dar cumplimiento a sus obligaciones
contractuales.

Se dijo textualmente:
«Evidente resulta entonces la vía de hecho en que incurrió el sentenciador de segunda
instancia pues, no obstante el reconocimiento expreso que hace del incumplimiento por parte

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del contratista CRAING LTDA de sus obligaciones contractuales, omite la aplicación de la
EXCEPCIÓN DEL CONTRATO NO CUMPLIDO-NON ADIMPLETI CONTRACTUS-
consagrada en el artículo 1609 del Código Civil, norma que libera legalmente a la parte
cumplida de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales cuando su co – contratante ha
incumplido las propias».

Dijo que tal omisión fue lo que llevó a que se condenara arbitrariamente a la
Sociedad Hotelera Tequendama S.A. al doble pago por unas obras no
ejecutadas y por otras ejecutadas parcial o defectuosamente por parte de la
sociedad Craing Ltda., al tener que contratar la entidad estatal tales obras con
terceros para el cumplimiento de su misión y de otra parte, tener que
reembolsar a la sociedad incumplida una suma a la que no accedió legalmente
y que correspondía a las obras que ejecutó parcial o defectuosamente.

Sostuvo que la excepción de contrato no cumplido fue propuesta como
excepción de fondo en la contestación de la demanda y que la sociedad Craing
Ltda. no podía exigir el pago de la totalidad del contrato de obra cuando era
evidente que no se había cumplido a cabalidad con las obras de las que era
objeto el contrato y que, si en gracia de discusión se aceptara que el
incumplimiento del contrato fuera mutuo, surgían consecuencias para las
obligaciones derivadas del contrato, pues que en los contratos bilaterales si
ambos contratantes incumplían, ninguno de los dos podía pedir perjuicios, ni
exigir la cláusula penal y de ninguno de los dos podían predicarse
consecuencias específicas sobre el riesgo sobreviniente.

Sostuvo que la sentencia del tribunal de primera instancia había encontrado
probada la excepción de contrato no cumplido al haberse demostrado con la
liquidación unilateral, acto que gozaba de presunción de legalidad, que el
contratista no había ejecutado unas obras.

Que en relación con la mencionada excepción, en la sentencia de segunda
instancia no se hizo referencia a la misma en cuanto si la declaraba probada
o la rechazaba, no obstante haber reconocido el incumplimiento del contrato
por parte de la sociedad Craing Ltda. y que, por el contrario, en el fallo se había
referido al incumplimiento contractual por parte de la sociedad actora, con el
argumento de no haber agotado en debida forma el procedimiento para
efectuar el descuento de las obras no ejecutadas parcial o defectuosamente
por la sociedad Craing Ltda., desconociendo lo dispuesto en el artículo 1609
del Código Civil en relación con el incumplimiento del contrato.

3.2. Defecto por decisión sin motivación. En relación con este defecto, indicó
que en la decisión de segunda instancia que se cuestiona, omitió pronunciarse
en relación con las razones por las que revocaba la sentencia de primera
instancia para en su lugar, declarar incumplida a la Sociedad Hotelera
Tequendama S.A. lo que era obligatorio, además de haberse referido a las
excepciones propuestas, no solo a la excepción de contrato no cumplido que
había sido declarada probada por el tribunal, sino a las demás tanto previas
como de mérito propuestas en la contestación de la demanda, lo que llevó a
que se les condenara arbitrariamente al doble pago por las obras no
ejecutadas o ejecutadas defectuosamente al contratista incumplido, entre ellos
el reembolso e insistió en la ausencia de fundamento para no declarar probada
la excepción de contrato no cumplido, como sí lo hizo el tribunal en primera
instancia.

3.3. Defecto por desconocimiento del precedente. Referido al punto de la
excepción de fondo de contrato no cumplido contemplada en el artículo 1609
del Código Civil, anunciando que pronunciamientos tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado han establecido la obligatoriedad

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de dar aplicación a la misma en contratos bilaterales. Citó las siguientes
providencias:

(i) De la Corte Constitucional: Sentencia C-269 de 1999, Sentencia T-537
de 2009 y Sentencia T-451 de 2018

(ii) Del Consejo de Estado: Sentencia de la Sección Tercera del 15 de
marzo de 2001, con ponencia del doctor Ricardo Hoyos Duque.

Sostuvo que se desconocieron sin justificación alguna los pronunciamientos
citados, en materia de la obligatoria aplicación de la excepción de contrato no
cumplido, que establecen con claridad que a una parte contratante que
incumple un deber que es primero en el tiempo, no se le puede conceder la
pretensión de incumplimiento de la otra parte, al ser contrario a la buena fe
consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política.

Estimó que la decisión de condenarla a reembolsar los saldos que le descontó
a la sociedad Craing Ltda. y que ascendían a $436.095.106, condenaba a un
doble pago por las obras, habida cuenta de la necesidad que tuvo de cumplir
con la terminación de las no ejecutadas por la contratista o que se efectuaron
parcial o defectuosamente.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 29 de noviembre de 2024, el despacho ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso
vincular como terceros con interés a la sociedad Craing Ltda. quien fue parte
demandada en el proceso ordinario y, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, autoridad judicial que emitió
la decisión de primera instancia en el medio de control de controversias
contractuales.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, se pronunció en
relación con la presente acción y, luego de hacer una síntesis de lo resuelto
en la providencia cuestionada, sostuvo puntualmente que, la razón por la que
en el fallo impugnado no se abordó la excepción de contrato no cumplido, que
entre otras, no se había abordado por la firma apelante en el recurso, radicó
en que dicha excepción solo podía ser alegada por la parte contratante que,
siendo simultáneamente acreedora y deudora, se negara a cumplir con su
prestación cuando su contraparte no hubiera cumplido con la suya, generando
una situación de mutuo incumplimiento, sin que ninguna de las partes
estuviera habilitada para reclamar perjuicios, lo que no había ocurrido en el
presente caso, ya que en el marco de la relación contractual la Sociedad
Hotelera Tequendama SA. no se negó a cumplir una obligación derivada de
este, sino que, asumiendo facultades de juez del contrato, optó por cobrar un
daño emergente en la liquidación unilateral.
Por lo anterior, consideró que no estaban configurados los defectos
propuestos por la sociedad actora y por tanto, no había lugar al estudio de la
mencionada excepción de contrato no cumplido, de acuerdo con los hechos y
los cargos del recurso de apelación que delimitaban la competencia del juez
de instancia de cierre, conforme los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B2 y la sociedad Craing Ltda., no se pronunciaron en esta
oportunidad.
2
El tribunal allegó el enlace de acceso al expediente digital ordinario. SAMAI, índice 8.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de:
(i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales;
(ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y
(iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que
esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con
la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta que, en la
sentencia, SU573 de 2017, la Corte Constitucional analizó el tercer elemento
en el acápite de relevancia constitucional.
3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

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3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

3.1. Si bien la sociedad accionante manifestó en los fundamentos de la acción que
se configuraban los defectos sustantivo, por decisión sin motivación y por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, los argumentos propuestos
están dirigidos a la ausencia de un pronunciamiento por parte de la autoridad
judicial accionada en relación con la excepción de fondo de contrato no
cumplido, figura contemplada en el artículo 1609 del Código Civil, que dice, se
declaró probada por el juez de primera instancia pero, que nada se dijo en la
sentencia de cierre al respecto, siendo condenada la sociedad al pago de unas
sumas frente a las que manifestó su desacuerdo, razón por la que la Sala
abordará de manera conjunta los defectos propuestos.

3.2. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala analizar si conforme con el escrito
de tutela y los antecedentes del caso, al proferir la sentencia del 23 de agosto
de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el
medio de control de controversias contractuales «expediente 25000-23-36-000-
2017-01007-00/01», se incurrió en los defectos propuestos al no haberse
pronunciado sobre la excepción de fondo de contrato no cumplido, pese a que
existió incumplimiento por parte de la sociedad Craing Ltda. en su calidad de
contratista y, por el contrario, se ordenó el pago de sumas a su favor.

4. Defectos sustantivo, por decisión sin motivación y por desconocimiento
del precedente jurisprudencial. Noción.

4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión4.

Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la
jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación
inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso,
sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.

4.2. En relación con el defecto de decisión sin motivación consiste en «[e]l
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional»5.

Este defecto encuentra su génesis en el derecho al debido proceso de los
usuarios de la administración de justicia en su faceta de contradicción, pues
para poder discutir o recurrir las providencias judiciales es necesario que los
jueces de la República expongan con claridad los fundamentos fácticos y
jurídicos en los que basan sus determinaciones. Adicional a lo anterior, la
exigencia de motivación de las sentencias garantiza que la decisión no se base
en el capricho del juez.

En consecuencia, el amparo de tutela por este defecto solo procederá ante
una argumentación (i) claramente defectuosa, (ii) abiertamente insuficiente o

4
Sentencia SU-159 de 2002 proferida por la Corte Constitucional.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.

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(iii) inexistente; eventos en los cuales la providencia es un mero acto de
voluntad del juez o una arbitrariedad6.

4.3. Por su parte, el precedente judicial busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se
decidan de la misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido
proceso del ciudadano.

Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia
del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la
autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por
tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial
que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante
(contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia no
presente una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.

A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.

5. Análisis del caso concreto

5.1. Con el propósito de resolver el problema jurídico, encuentra la Sala necesario
contextualizar el enfoque que la Sección Tercera, Subsección C de esta
Corporación dio al caso, pues encontró varios aspectos que vale la pena
destacar.

Lo primero que se analizó en la sentencia cuestionada fue la naturaleza
jurídica de la sociedad accionante, esto es, la Sociedad Hotelera Tequendama
S.A. y encontró que se trataba de una sociedad anónima de economía mixta
del orden nacional, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, de manera
que, dado que el giro ordinario de sus negocios era la explotación de la
industria hotelera y que esto se desarrollaba en competencia con el sector
privado, el régimen de contratación que la regía era el derecho común y no las
normas de la contratación estatal.

Dicho esto, se advierte que la decisión que se cuestiona encontró que las
razones por las que la sociedad accionante liquidó unilateralmente el contrato
no eran actos administrativos sino actos contractuales que no gozaban de
presunción de legalidad ni dotaban a la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
de poderes o facultades ejecutorias, de manera que, la Sección Tercera,
Subsección C de esta Corporación, a partir de allí, analizó si estaba o no
facultada para hacer una liquidación unilateral en la que descontara con cargo
al contrato, el saldo de obras que había omitido ejecutar la sociedad
contratante o que había hecho de forma deficiente, esto es, Craing Ltda.

Después de un extenso análisis probatorio a la luz de la situación fáctica que
rodeó el caso, encontró que el proceder de la accionante, Sociedad Hotelera
Tequendama S.A., no había sido el adecuado y que por el contrario, había
incumplido el contrato, al cobrarle a la contratista la totalidad del precio que

6
En este sentido ver la sentencia T-302 de 2008 proferida por la Corte Constitucional, en donde se reiteran las
consideraciones de la sentencia T-233 de 2007.

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tuvo que asumir para contratar con terceros las obras que quedaron faltando
y demás reparaciones a que hubo lugar por el cumplimiento parcial que tuvo
Craing Ltda. en la relación negocial, con fundamento en que, al ser un contrato
de obra de régimen privado suscrito bajo la modalidad de precios unitarios, la
parte contratante, hoy accionante, solo estaba habilitada para abstenerse de
pagar los conceptos o ítems que no habían sido entregados o cuya ejecución
había sido defectuosa, pero no para cobrar un daño emergente por haber
tenido que contratar con terceros para completar las obras no concluidas y la
reparación de instalaciones.

5.2. Tales circunstancias, cambiaban sustancialmente la forma como debía
abordarse el problema jurídico a resolver, pues el estudio que se hizo en la
instancia de cierre tuvo un enfoque distinto al del tribunal que partió del
supuesto de un contrato estatal en el que existieron unos actos administrativos
dotados de presunción de legalidad y en un régimen de contratación en el que
la parte contratante podía actuar de una manera distinta a la que se analizó
en la sentencia de cierre y, por tanto, no podía hacer un pronunciamiento en
esa misma línea, sin que esto implicara una ausencia de motivación en la
decisión o un desconocimiento de las normas o del precedente aplicable,
pues, de la revisión hecha a la decisión que se cuestiona a través de la
presente acción, se advierte una motivación suficiente que permitió llegar a la
conclusión de revocar lo resuelto por el tribunal de primera instancia y en su
lugar, declarar el incumplimiento de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
respecto a su obligación de pago, al incluir en la liquidación unilateral que
efectuó, saldos a su favor por obras no ejecutadas y obras ejecutadas
deficientemente, sin seguir el procedimiento requerido para tal efecto.

No se desconoció en la sentencia, como lo afirma la parte actora, que existió
un incumplimiento por parte de la sociedad contratista, Craing Ltda., de hecho
se indicó que de acuerdo con el informe de interventoría y demás pruebas
obrantes en el expediente, era posible determinar que unas obras no habían
sido ejecutadas y otras lo habían sido pero sin la calidad esperada y que, la
sociedad actora estaba habilitada contractualmente para descontar del precio
pactado el saldo de las obras que la sociedad contratista no había ejecutado
o lo había hecho defectuosamente, pero enfatizó la sentencia que la
imprecisión estuvo en haber hecho el descuento como lo hizo, es decir, que
se cobrara al contratista la totalidad del precio que había tenido que sufragar
para contratar con terceros mediante órdenes de servicio especial por obras
no ejecutadas o reparaciones al haberse cumplido con obras de calidad
deficiente, pues insistió la Sección Tercera, Subsección C de la Corporación,
que esto debió realizarse de conformidad con las cantidades, especificaciones
y valores unitarios fijados en el contrato para cada uno de los ítems.

Dijo la sentencia en algunos de sus aspectos relevantes, lo siguiente:
«3.13. A partir de lo expuesto, la Sala encuentra demostrado que los trabajos realizados por
Craing Ltda. nunca fueron recibidos a satisfacción por parte del interventor, pese a que aquel
se había comprometido a entregarlos, puesto que hubo algunas obras que no fueron
ejecutadas (ítem 1 “obra civil para la construcción de la escalera” e ítem 7 “obras de vidrios y
accesorios de acero inoxidable para el cerramiento de las escaleras y reparación de
divisiones”) y otras que se ejecutaron sin la calidad requerida (los demás ítems referidos en
el párrafo inmediatamente anterior).
Además, que con base en el contenido del “informe final de supervisión”, la SHT liquidó
unilateralmente el negocio jurídico, vale decir, hizo un corte final de cuentas, con descuento
de las sumas que de acuerdo con el informe referido no habían sido ejecutadas o fueron
ejecutadas defectuosamente. Descuento que, en principio, había sido autorizado
contractualmente y que tiene naturaleza compensatoria de las prestaciones no honradas por
del contratista.
No obstante, llama la atención de la Sala, que el monto de los descuentos realizados se
fundamentó en las ordenes de servicio especial realizadas, en las cuales se contrataron con

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terceros, no solo las obras dejadas de ejecutar por Craing Ltda. sino, también, las
reparaciones que, en concepto de la interventoría, debían realizarse.
3.14. Bajo este contexto, esta Sala denota que si bien la SHT al realizar la liquidación unilateral
del contrato, en efecto, se encontraba habilitada para descontar del precio pactado el saldo
de las obras que Craing Ltda. no ejecutó o lo hizo de forma deficiente, pues este
incumplimiento fue advertido por la interventoría en su informe final, lo cierto es que este no
podía realizar este descuento de la forma como lo hizo: cobrándole al contratista la totalidad
del precio que sufragó para contratar con terceros, mediante ordenes de servicio especial, las
obra que no se ejecutaron o las reparaciones que se requirieron por obras con calidad
deficiente, pues esto debió realizarse de conformidad con “las cantidades, especificaciones y
valores unitarios”, fijados en el contrato para cada uno de los ítems.
Proceder que guarda estrecha consonancia con el artículo 2056 del CC que regula el
procedimiento para reclamar la indemnización de perjuicios en los contratos para la
confección de una obra material —como el que se estudia en esta oportunidad—, al disponer
que en el caso de que “no se haya ejecutado lo convenido, o se haya retardado su ejecución
[…] el que encargó la obra […] podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos,
y dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiera podido ganar”.
En consecuencia, forzoso resulta concluir en el sub lite está plenamente demostrado que la
SHT incumplió su obligación contractual de pago, al expedir las denominadas resoluciones
2015204000118-4 de 2015 y 2016204000009-4 de 2016, con la inclusión de unos saldos a su
favor por concepto de obras no ejecutadas y de obras ejecutadas deficientemente, sin que lo
hubiere calculado de conformidad con las cláusulas del contrato».

5.3. De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que la controversia se resolvió
conforme a una situación concreta que fue la forma como la sociedad actora
liquidó de manera unilateral el contrato de obra regido por el derecho común
y, de acuerdo con los argumentos que fueron presentados por la parte
recurrente que, en el caso fue la sociedad Craing Ltda., sin que allí se hiciera
referencia a la excepción de contrato no cumplido que dice la actora haber
presentado al momento de contestar la demanda, pues como bien lo indica la
Sección Tercera en el informe rendido en la presente instancia, la competencia
del juez estaba delimitada a los cargos del recurso de apelación conforme lo
dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.
De manera que, no era posible dar aplicación a la figura de la mora en los
contratos bilaterales contemplada en el artículo 1609 del Código Civil y que la
sociedad insiste, debió analizarse como excepción de contrato no cumplido,
así como tampoco a pronunciarse en relación con las demás excepciones y
argumentos que estuvieran por fuera del contexto en el que se presentó el
recurso de alzada, con la salvedad sí, de la posibilidad contemplada
justamente en el artículo 328 del Código General del Proceso citado, en
cuanto a la posibilidad de pronunciamientos de oficio por parte del juez bajo
determinadas circunstancias.
6. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda
de tutela, al no encontrar configurados los defectos sustantivo, por decisión sin
motivación y por desconocimiento del precedente en los términos propuestos por la
parte actora.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Sociedad
Hotelera Tequendama SA., por las razones expuestas en la motivación
precedente.

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2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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