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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06461-01

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06461-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 6 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 29 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 30 Ibidem. 31 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 19 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06461-01 Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06461-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

24 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06461-01
Accionante: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN C
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con los requisitos generales de procedencia de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
6 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 23 de agosto de 2024,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro
del medio de control de controversias contractuales con radicado número 25000-
23-36-000-2017-01007-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que celebró contrato de obra civil núm. SHT.210.014.48/47 de 1.º de
octubre de 2014 con la sociedad Craing Ltda. para llevar a cabo la adecuación del
SPA del edificio denominado suites Tequendama.

2.2. Adujo que el contrato fue adicionado por valor de $54.320.000 y se prorrogó el
plazo hasta el 30 de diciembre de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

2.3. Relató que el 29 de diciembre de 2014 se suscribió el acta de entrega final de la
obra y el 10 de agosto de 2015 se citó a la sociedad Craing Ltda., a efectos de
suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato.

2.4. Señaló
que la sociedad Craing Ltda., a través de oficio del 28 de octubre,
manifestó su desacuerdo con el contenido del acta de liquidación bilateral, razón
por la cual procedió a liquidarlo unilateralmente mediante la Resolución núm.
2015204000118-4 de 4 de noviembre de 2015.

2.5. Refirió que la sociedad Craing Ltda. interpuso recurso de reposición contra el
acto referido y mediante la Resolución núm. 2016204000009-4 de 3 de febrero de
2016 se dispuso no reponer el acto recurrido.

2.6. Expresóque la sociedad Craing Ltda. promovió el medio de control de
controversias contractuales núm. 25000-23-36-000-2017-01007-00/01 en su contra
para que se le declarara la nulidad de las resoluciones 2015204000118-4 de 2015
y 2016204000009-4 de 2016.

2.7. Informó que el conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial
que mediante sentencia de 7 de junio de 2018, negó las pretensiones de la
demanda.

2.8. Señaló que la sociedad Craing Ltda. apeló la anterior decisión y que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió, a través de la
sentencia de 23 de agosto de 2024, revocar el fallo de primera instancia y acceder
a las pretensiones de la demanda.

2.9. Precisó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad por
incurrir en un defecto sustantivo, en una decisión sin motivación y en un
desconocimiento del precedente judicial.

2.10. Frente al defecto sustantivo indicó que se omitió aplicar el artículo 1609 del
Código Civil que regula la excepción de contrato no cumplido, lo que conllevó a
condenarla arbitrariamente al doble pago por unas obras no ejecutadas y por otras
ejecutadas parcial y defectuosamente.

2.11. Mencionó que la “[…] ausencia de motivación por parte del Consejo de Estado,
para desvirtuar la prosperidad de las excepciones previas y de mérito propuestas
en el escrito de contestación de demanda, entre ellas, la EXCEPCION DEL
CONTRATO NO CUMPLIDO - NON ADIMPLETI CONTRACTUS- reconocida
próspera en la sentencia de primera instancia, constituye una vía de hecho que
genera necesariamente el amparo constitucional, ausencia de motivación que
resulta ser violatoria al derecho constitucional fundamental de la Sociedad Hotelera
Tequendama S.A. al debido proceso, defensa y contradicción, al omitir sin ninguna

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Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

justificación las razones por las cuales se aparta de la sentencia de primer grado y
en consecuencia, la obligatoria motivación respecto a las razones por las cuales
rechaza las excepciones previas y de mérito propuestas en el escrito de
contestación de demanda, para luego si, con fundamento en tal argumentación,
proceder a la revocatoria de la sentencia de primera instancia […]”.

2.12. Respecto de la decisión sin motivación señaló que se la autoridad accionada
omitió pronunciarse sobre las razones por las que revocaba la sentencia de primera
instancia y las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, lo que
llevó a que se les condenara arbitrariamente al pago de obras no ejecutadas o
ejecutadas defectuosamente.

2.13. Sobre el desconocimiento del precedente, adujo que la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció el alcance del artículo 1609 del
Código Civil, que respalda la obligatoria aplicación de la “[…] a EXCEPCION DEL
CONTRATO NO CUMPLIDO -NON ADIMPLETI CONTRACTUS- […]”.

2.14. Agregó que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido la
obligatoriedad de aplicar el artículo 1609 del Código Civil, haciendo referencia de
las siguientes sentencias “[…] (i) SENTENCIA C269 DE 1999 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL; (ii) SENTENCIA T-537 DE 2009 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL; (iii) SENTENCIA T-451 DE 2018 - H. CORTE
CONSTITUCIONAL y (iv) SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, DE FECHA MARZO
15 DE 2001 […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. CONCEDER la presente acción de tutela en amparo de los derechos
constitucionales fundamentales al Debido Proceso, Defensa y Contradicción;
Acceso a la Administración de Justicia e Igualdad.

1. REVOCAR y dejar sin efecto alguno, la sentencia proferida por CONSEJO
DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
TERCERA, SUBSECCION C- en pronunciamiento de fecha 23 de agosto de
2024 con ponencia del H. Magistrado JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS,
mediante la cual REVOCÓ la sentencia de primera instancia proferida el
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Sub-
Sección B, de fecha junio 07 de 2018.

2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C-, que en un plazo
no superior a 48 horas, adopte las medidas para que se emita un nuevo
pronunciamiento o se modifique el proferido, haciendo expresa motivación en
cuanto a las razones por las cuales se aparta de la sentencia proferida en
primera instancia, al igual que a la prosperidad o rechazo de las excepciones
previas y de mérito propuestas en la contestación de la demanda, con especial
énfasis en la excepción de mérito denominada “DE LA EXCEPCION DEL

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Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

CONTRATO NO CUMPLIDO -NON ADIMPLETI CONTRACTUS-“, de que trata
el artículo 1609 del Código Civil y la cual fue declarada próspera en la sentencia
revocada, en garantía de los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción, acceso a la administración de justicia e igualdad […]”.
[Mayúscula y negrilla original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 29 de noviembre de 2024, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso a la sociedad Craing Ltda. y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:

5.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que
la excepción de contrato no cumplido solo podía ser alegada por la parte
contratante que siendo simultáneamente acreedora y deudora se niega a cumplir
con su prestación cuando su contraparte no ha cumplido con la suya, generando
una situación de mutuo incumplimiento, sin que ninguna de las partes esté
habilitada para reclamar perjuicios.

5.2. Indicó que no están configurados los defectos propuestos por la accionante
porque no hay lugar al estudio de la mencionada excepción en razón a los hechos
y cargos expuestos en el recurso de apelación, conforme los artículos 320 y 328 de
la Ley 1564 de 12 de julio de 20121.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 6 de marzo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, con base en lo siguiente:

“[…] Lo primero que se analizó en la sentencia cuestionada fue la naturaleza
jurídica de la sociedad accionante, esto es, la Sociedad Hotelera Tequendama
S.A. y encontró que se trataba de una sociedad anónima de economía mixta
del orden nacional, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, de manera
que, dado que el giro ordinario de sus negocios era la explotación de la industria
hotelera y que esto se desarrollaba en competencia con el sector privado, el
régimen de contratación que la regía era el derecho común y no las normas de
la contratación estatal.

Dicho esto, se advierte que la decisión que se cuestiona encontró que las
razones por las que la sociedad accionante liquidó unilateralmente el contrato

1
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

5

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Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

no eran actos administrativos sino actos contractuales que no gozaban de
presunción de legalidad ni dotaban a la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
de poderes o facultades ejecutorias, de manera que, la Sección Tercera,
Subsección C de esta Corporación, a partir de allí, analizó si estaba o no
facultada para hacer una liquidación unilateral en la que descontara con cargo
al contrato, el saldo de obras que había omitido ejecutar la sociedad contratante
o que había hecho de forma deficiente, esto es, Craing Ltda.

Después de un extenso análisis probatorio a la luz de la situación fáctica que
rodeó el caso, encontró que el proceder de la accionante, Sociedad Hotelera
Tequendama S.A., no había sido el adecuado y que por el contrario, había
incumplido el contrato, al cobrarle a la contratista la totalidad del precio que
tuvo que asumir para contratar con terceros las obras que quedaron faltando y
demás reparaciones a que hubo lugar por el cumplimiento parcial que tuvo
Craing Ltda. en la relación negocial, con fundamento en que, al ser un contrato
de obra de régimen privado suscrito bajo la modalidad de precios unitarios, la
parte contratante, hoy accionante, solo estaba habilitada para abstenerse de
pagar los conceptos o ítems que no habían sido entregados o cuya ejecución
había sido defectuosa, pero no para cobrar un daño emergente por haber
tenido que contratar con terceros para completar las obras no concluidas y la
reparación de instalaciones.

Tales circunstancias, cambiaban sustancialmente la forma como debía
abordarse el problema jurídico a resolver, pues el estudio que se hizo en la
instancia de cierre tuvo un enfoque distinto al del tribunal que partió del
supuesto de un contrato estatal en el que existieron unos actos administrativos
dotados de presunción de legalidad y en un régimen de contratación en el que
la parte contratante podía actuar de una manera distinta a la que se analizó en
la sentencia de cierre y, por tanto, no podía hacer un pronunciamiento en esa
misma línea, sin que esto implicara una ausencia de motivación en la decisión
o un desconocimiento de las normas o del precedente aplicable, pues, de la
revisión hecha a la decisión que se cuestiona a través de la presente acción,
se advierte una motivación suficiente que permitió llegar a la conclusión de
revocar lo resuelto por el tribunal de primera instancia y en su lugar, declarar el
incumplimiento de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. respecto a su
obligación de pago, al incluir en la liquidación unilateral que efectuó, saldos a
su favor por obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin seguir
el procedimiento requerido para tal efecto.

No se desconoció en la sentencia, como lo afirma la parte actora, que existió
un incumplimiento por parte de la sociedad contratista, Craing Ltda., de hecho
se indicó que de acuerdo con el informe de interventoría y demás pruebas
obrantes en el expediente, era posible determinar que unas obras no habían
sido ejecutadas y otras lo habían sido pero sin la calidad esperada y que, la
sociedad actora estaba habilitada contractualmente para descontar del precio
pactado el saldo de las obras que la sociedad contratista no había ejecutado o
lo había hecho defectuosamente, pero enfatizó la sentencia que la imprecisión
estuvo en haber hecho el descuento como lo hizo, es decir, que se cobrara al
contratista la totalidad del precio que había tenido que sufragar para contratar
con terceros mediante órdenes de servicio especial por obras no ejecutadas o
reparaciones al haberse cumplido con obras de calidad deficiente, pues insistió
la Sección Tercera, Subsección C de la Corporación, que esto debió realizarse
de conformidad con las cantidades, especificaciones y valores unitarios fijados
en el contrato para cada uno de los ítems.

[…]

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06461-01
Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que la controversia se resolvió
conforme a una situación concreta que fue la forma como la sociedad actora
liquidó de manera unilateral el contrato de obra regido por el derecho común y,
de acuerdo con los argumentos que fueron presentados por la parte recurrente
que, en el caso fue la sociedad Craing Ltda., sin que allí se hiciera referencia a
la excepción de contrato no cumplido que dice la actora haber presentado al
momento de contestar la demanda, pues como bien lo indica la Sección
Tercera en el informe rendido en la presente instancia, la competencia del juez
estaba delimitada a los cargos del recurso de apelación conforme lo dispuesto
en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.

De manera que, no era posible dar aplicación a la figura de la mora en los
contratos bilaterales contemplada en el artículo 1609 del Código Civil y que la
sociedad insiste, debió analizarse como excepción de contrato no cumplido, así
como tampoco a pronunciarse en relación con las demás excepciones y
argumentos que estuvieran por fuera del contexto en el que se presentó el
recurso de alzada, con la salvedad sí, de la posibilidad contemplada justamente
en el artículo 328 del Código General del Proceso citado, en cuanto a la
posibilidad de pronunciamientos de oficio por parte del juez bajo determinadas
circunstancias. […]”. [Negrilla original del texto].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La parte accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia, reiterando
en términos generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

8. Insistióen que la sentencia objeto de tutela incurrió en una decisión sin
motivación, por cuanto no fundamentó debidamente el motivo por el cual se
revocaba la sentencia apelada, especialmente, la excepción del contrato no
cumplido, y por emitir un fallo extra petita, en desconocimiento del principio de
justicia rogada que rige en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

9. Asimismo, reiteró que la sentencia tutelada desconoció el precedente judicial
relacionado con la aplicación de la excepción de contrato no cumplido -non
adimpleti contractus-, la cual fue propuesta como excepción de mérito y que fue
declarada próspera en la sentencia de primera instancia.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

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Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo, en una decisión sin motivación y
en un desconocimiento del precedente judicial.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los

4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 23 de agosto de 2024,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro
del medio de control de controversias contractuales con radicado número 25000-
23-36-000-2017-01007-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad

22. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

23. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”.

24. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal “[…] acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza […]”11, lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer
en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

25. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

11
Corte Constitucional, Sala Plena, auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06461-01
Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”12.

26. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”13.

27. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

28. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

29. Se observa del escrito de tutela y la impugnación que la accionante alega que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales por incurrir en
una decisión sin motivación y proferir un fallo extra petita.

30. Al respecto se indicó en la tutela:

“[…] Bajando lo expuesto al caso que nos ocupa, incurre el Consejo de Estado
en su pronunciamiento de segunda instancia dentro de la causa en referencia,
en una evidente vía de hecho al omitir en su sentencia adentrarse en la
motivación detallada y específica respecto a las excepciones propuestas por el
demandado, lo que conllevó a la revocatoria de la sentencia de primera
instancia para entrar a condenar a la demandada SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A., como en efecto lo hace.
12
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06461-01
Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Mal puede aceptarse como motivación de la revocatoria de la sentencia de
primera instancia los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, toda
vez que estos se limitan a concluir que la demandada SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A. no agotó en debida forma el procedimiento de liquidación
del contrato, cuando su deber legal era el de motivar en detalle las razones por
las cuales desechaba todas las excepciones propuestas en la contestación de
la demanda, previas y de mérito, en especial la EXCEPCION DEL CONTRATO
NO CUMPLIDO -NON ADIMPLETI CONTRACTUS- consagrada en el artículo
1609 del Código Civil, siendo esta la que al prosperar generó la sentencia de
primera instancia contraria a las pretensiones demandatorias,
independientemente que ante la prosperidad de esta excepción, el A Quo se
hubiera abstenido de pronunciarse respecto a las demás excepcionas
propuestas en la contestación de la demanda.

La total ausencia de motivación por parte del Consejo de Estado, para
desvirtuar la prosperidad de las excepciones previas y de mérito propuestas en
el escrito de contestación de demanda, entre ellas, la EXCEPCION DEL
CONTRATO NO CUMPLIDO NON ADIMPLETI CONTRACTUS- reconocida
próspera en la sentencia de primera instancia, constituye una vía de hecho que
genera necesariamente el amparo constitucional, ausencia de motivación que
resulta ser violatoria al derecho constitucional fundamental de la Sociedad
Hotelera Tequendama S.A. al debido proceso, defensa y contradicción, al omitir
sin ninguna justificación las razones por las cuales se aparta de la sentencia de
primer grado y en consecuencia, la obligatoria motivación respecto a las
razones por las cuales rechaza las excepciones previas y de mérito propuestas
en el escrito de contestación de demanda, para luego si, con fundamento en tal
argumentación, proceder a la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

Así mismo, la inexcusable omisión de la accionada en la motivación de los
argumentos que le conllevaron a apartarse de la sentencia de primera instancia
y en consecuencia, la obligatoria motivación respecto a las razones por las
cuales rechaza las excepciones previas y de mérito propuestas en el escrito de
contestación de demanda, también resulta lesiva a los derechos
constitucionales fundamentales al acceso a la administración de justicia e
igualdad, al conceder a la incumplida sociedad contratista CRAING LTDA la
pretensión demandatoria de declarar el incumplimiento por parte de la
Sociedad Hotelera Tequendama S.A., máxime si se tiene en cuenta que tal
motivación se hacía más exigente por resultar tal pretensión legalmente
improcedente, al encontrarse la demandante en situación de flagrante y
evidente incumplimiento frente a sus obligaciones contractuales. […]”.

31. En el escrito de impugnación la accionante reiteró que se incurrió en una
decisión sin motivación: “[…] AL OMITIR LA OBLIGATORIA MOTIVACIÓN
SOBRE LA CUAL FUNDAMENTA SU DECISIÓN DE REVOCAR LA SENTENCIA
DE PRIMERA INSTANCIA RESPECTO A LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y DE
MÉRITO PRESENTADAS EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, EN
ESPECIAL RESPECTO A LA EXCEPCION DEL CONTRATO NO CUMPLIDO
NON ADIMPLETI CONTRACTUS- PROPUESTA COMO EXCEPCIÓN DE
MÉRITO Y QUE FUE DECLARADA PRÓSPERA EN LA SENTENCIA DE
PRIMERA INSTANCIA ADEMAS DE INCURRIR EN UN FALLO EXTRA PETITA
CUANDO LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HACE
PARTE DE LA JUSTICIA ROGADA […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].

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Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

32. En criterio de la Sala, el argumento relacionado con la presunta transgresión de
los derechos del accionante por decisión sin motivación busca cuestionar un
presunto desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia de segunda
instancia, porque la autoridad judicial presuntamente no se habría pronunciado
sobre todos los puntos de la litis.

33. Ene se sentido, se observa que el accionante sostuvo tanto en la tutela como en
la impugnación que “[…] al omitir en su sentencia adentrarse en la motivación
detallada y específica respecto a las excepciones propuestas por el demandado
[…]”.

34. Esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión,
amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo para controvertir la falta de
congruencia externa y/o interna de la sentencia. Al respecto se dijo en el fallo de 16
de febrero de 202314:

“[…] De la revisión del contenido de los argumentos planteados en esta acción
de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta en que la
sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y la garantía
constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo los
planteamientos que se efectuaron contra la decisión de primera instancia.

39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de tutela
está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una nulidad por
desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en tanto que el juez
contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar los argumentos
señalados en el recurso de apelación.

40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:

[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se traduce
en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto es, la
parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como la
coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es una
garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar de
la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y al
examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para que, según su
análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra pertinente, la confirme, de
acuerdo con el artículo 320 armonizado con el 281, ambos del CGP [...].

41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que
se atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de

2023. Exp. N° 11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06461-01
Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad […]”. [Negrilla fuera del texto].

35. En ese orden de ideas, la Sala considera que el argumento mencionado es
susceptible de plantearse a través de otro mecanismo de defensa judicial y,
además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable15.

VIII.4.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

36. Elrequisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental16 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal
o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones17.

37. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales18, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces19.

38. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación20, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

15 Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como
consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez
producido, es irreversible y por tanto no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio
irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá
indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar
el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es, que una vez que aquel se
haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad
determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
16
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
17
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
18
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
19
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
20
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

14

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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

39. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202221 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06461-01
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entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

40. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202322.

41. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales23.

42. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

43. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales por incurrir en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente judicial.

44. Frente al defecto sustantivo indicó que el que se omitió aplicar el artículo 1609
del Código Civil que regula la excepción de contrato no cumplido, lo que conllevó a
condenarla arbitrariamente al doble pago por unas obras no ejecutadas y por otras
ejecutadas parcial y defectuosamente.

45. Sobreel desconocimiento del precedente, adujo que la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció el alcance del artículo 1609 del

22
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

16

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Código Civil, que respalda la obligatoria aplicación de la “[…] a EXCEPCION DEL
CONTRATO NO CUMPLIDO -NON ADIMPLETI CONTRACTUS- […]”.

46. Agregó que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido la
obligatoriedad de aplicar el artículo 1609 del Código Civil, haciendo referencia de
las siguientes sentencias “[…] (i) SENTENCIA C269 DE 1999 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL; (ii) SENTENCIA T-537 DE 2009 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL; (iii) SENTENCIA T-451 DE 2018 - H. CORTE
CONSTITUCIONAL y (iv) SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, DE FECHA MARZO
15 DE 2001 […]”.

47. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.

48. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

49. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez de segunda
instancia revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar accedió a las
pretensiones de la demanda.

50. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la providencia cuestionada:

“[…] A partir de lo expuesto, la Sala encuentra demostrado que los trabajos
realizados por Craing Ltda. nunca fueron recibidos a satisfacción por parte del
interventor, pese a que aquel se había comprometido a entregarlos24 , puesto
que hubo algunas obras que no fueron ejecutadas (ítem 1 “obra civil para la
construcción de la escalera” e ítem 7 “obras de vidrios y accesorios de acero
inoxidable para el cerramiento de las escaleras y reparación de divisiones”) y
otras que se ejecutaron sin la calidad requerida (los demás ítems referidos en
el párrafo inmediatamente anterior). Además, que con base en el contenido del
“informe final de supervisión”, la SHT liquidó unilateralmente el negocio jurídico,
vale decir, hizo un corte final de cuentas, con descuento de las sumas que de
acuerdo con el informe referido no habían sido ejecutadas o fueron ejecutadas
defectuosamente25. Descuento que, en principio, había sido autorizado

24
Apartado 3.12.2.1.
25
Apartado 3.9.

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contractualmente26 y que tiene naturaleza compensatoria de las prestaciones
no honradas por del contratista. No obstante, llama la atención de la Sala, que
el monto de los descuentos realizados se fundamentó en las ordenes de
servicio especial realizadas27, en las cuales se contrataron con terceros, no solo
las obras dejadas de ejecutar por Craing Ltda. sino, también, las reparaciones
que, en concepto de la interventoría, debían realizarse.

Bajo este contexto, esta Sala denota que si bien la SHT al realizar la liquidación
unilateral del contrato28, en efecto, se encontraba habilitada para descontar del
precio pactado el saldo de las obras que Craing Ltda. no ejecutó o lo hizo de
forma deficiente, pues este incumplimiento fue advertido por la interventoría en
su informe final, lo cierto es que este no podía realizar este descuento de la
forma como lo hizo: cobrándole al contratista la totalidad del precio que sufragó
para contratar con terceros, mediante ordenes de servicio especial, las obra
que no se ejecutaron o las reparaciones que se requirieron por obras con
calidad deficiente, pues esto debió realizarse de conformidad con “las
cantidades, especificaciones y valores unitarios”, fijados en el contrato para
cada uno de los ítems.

Proceder que guarda estrecha consonancia con el artículo 2056 del CC que
regula el procedimiento para reclamar la indemnización de perjuicios en los
contratos para la confección de una obra material —como el que se estudia en
esta oportunidad—, al disponer que que en el caso de que “no se haya
ejecutado lo convenido, o se haya retardado su ejecución […] el que encargó
la obra […] podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos, y
dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiera podido ganar”.

En consecuencia, forzoso resulta concluir en el sub lite está plenamente
demostrado que la SHT incumplió su obligación contractual de pago, al expedir
las denominadas resoluciones 2015204000118-4 de 201581 y
2016204000009-4 de 201682, con la inclusión de unos saldos a su favor por
concepto de obras no ejecutadas y de obras ejecutadas deficientemente, sin
que lo hubiere calculado de conformidad con las cláusulas del contrato.
Así las cosas, la SHT deberá reembolsar a Craing Ltda. el monto cobrado en
las actas de liquidación unilateral, monto que asciende a doscientos setenta y
cuatro millones ciento ochenta y siete mil ciento setenta y dos pesos
($274.187,172). Monto que será actualizado a partir de la fecha en que se
notificó el acto contractual que liquidó definitivamente el contrato (Resolución
2016204000009-4 de 2016), esto es, el doce (12) de febrero de dos mil
dieciséis (2016)83 hasta el momento en que se profiera el presente fallo,
conforme […]”.

[…]

En consecuencia, se revocará la sentencia de primer grado y, en cambio, se
declarará el incumplimiento de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.,
respecto de su obligación de pago y, consecuencialmente, se le condenará a
pagar la suma de cuatrocientos treinta y seis millones noventa y cinco mil ciento
seis pesos con ochenta y cuatro centavos ($436.095.106,84) […]”.

26
Apartado 3.7.6.
27
Folios 360 a 396 del cuaderno 1. Al plenario fueron aportados por la SHT las ordenes de servicio especial con las cuales
se contrataron las obras dejadas de ejecutar por el contratista y las reparaciones en los ítems que con cumplieron con la
calidad exigida.
28
Apartado 3.7.6.

18

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51. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la autoridad contenciosa administrativa y no se
observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

52. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”29.

53. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”30. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”31.

54. Con fundamento en lo anterior, esta Sección revocará el fallo impugnado y en
su lugar declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad, como se dispondrá en la parte resolutiva
de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 6 de marzo de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE
la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
30
Ibidem.
31
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

19

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06461-01
Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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