Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06462-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06462-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06462-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 17 de enero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06462-00
Demandante: Edward Leonardo Silva Sandoval
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Derechos al
trabajo e igualdad – Ampara
Síntesis del caso: La parte actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales,
de cara a la suspensión de su tarjeta profesional provisional, en el marco del examen de
Estado para el ejercicio de la profesión de abogado (Ley 1905 de 2018).
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Edward Leonardo
Silva Sandoval contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 25 de noviembre de 2024, Edward Leonardo Silva Sandoval
presentó una acción de tutela contra la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) del Consejo Superior de la
Judicatura, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
trabajo, igualdad, mínimo vital y dignidad humana, con ocasión de la
suspensión de su tarjeta profesional de abogado, de carácter provisional.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1) Se amparen mis derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, igualdad
y dignidad humana que están siendo fracturados por el CONSEJO SUPERIOR DE
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06462-00
Demandante: Edward Leonardo Silva Sandoval
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES
DE LA JUSTICIA.
2) Solicito respetuosamente se ORDENE AL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA, expedir mi tarjeta profesional No. 425.326 de forma definitiva y
permanente, sin anotación provisional.
3) Se ordene a Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior
de la Judicatura, eliminar toda anotación de vigencia provisional en las actas
de registro de mi tarjeta profesional de abogado, certificados de vigencia y/o
de cualquier otro documento o sistema que de acuerdo con los trámites
administrativos tenga la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura para el registro y expedición de tarjeta profesional de
abogado.
4) De ser jurídica y físicamente imposible conceder la tarjeta profesional de
forma definitiva, subsidiariamente solicito SE ORDENE a CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES
DE LA JUSTICIA, para que tenga a bien realizar los actos jurídicos que en
derecho corresponda, para que se habilite en el Registro Nacional de
abogados, la tarjeta profesional del suscrito firmante del presente escrito, de
forma provisional, hasta la fecha en que quede en firme el acto administrativo
con los resultados de la prueba II del examen de la Ley 1905/2018.”
3. Como hechos relevantes a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Edward Leonardo Silva Sandoval inició sus estudios profesionales en
el programa de derecho de la Corporación Universitaria Remington, sede
Bucaramanga, para el calendario académico de 2019-I.
5. 2) El 29 de noviembre de 2023, terminó sus estudios y, el 23 de enero
de 2024, realizó la inscripción para la presentación del examen de Estado
previsto en la Ley 1905 de 2018.
6. 3) Mediante la Resolución No. URNAR24-18 de 16 de febrero de 2024,
se publicó la lista de admitidos e inadmitidos, en la cual Edward Leonardo
Silva Sandoval fue inadmitido por no ser abogado.
7. 4) El señor Silva Sandoval formuló recurso de reposición contra el
anterior acto administrativo, con fundamento en que el 29 de febrero de
2024 obtuvo el respectivo título universitario; sin embargo, dicho recurso fue
resuelto desfavorablemente.
8. 5) El 8 de marzo de 2024, el accionante solicitó la tarjeta profesional
de abogado, la cual fue expedida el 15 de marzo de 2024, con la
denominación de provisional.
9. 6) El 9 de abril de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024, en cuyo artículo 11 dispuso que las tarjetas
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profesionales de abogado que contenían la denominación provisional
tendrían vigencia (se trascribe) “hasta la publicación final de los resultados
de la prueba aplicada el 26 de mayo de 2024”.
10. 7) Frente a lo anterior, el accionante solicitó que no se suspendiera la
vigencia de su tarjeta profesional, hasta que quedara en firme el acto
administrativo que publicó los resultados de la prueba II de 2024, pero, la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura negó tal petición y, mediante la
Resolución No. URNAR24-158 de 30 de agosto de 2024, suspendió tarjetas
profesionales provisionales, ente ellas, la del accionante.
11. 8) El 20 de octubre de 2024, Edward Leonardo Silva Sandoval presentó
el examen II, cuya exhibición de resultados fue el 24 de noviembre de 2024.
Allí una persona le informó de la existencia de la Sentencia de tutela de 12
de julio de 2024, con rad. 11001-03-15-000-2024-02970-01, en la cual se
ampararon los derechos respecto de la vigencia de la tarjeta profesional y,
por ende, solicitó que se tuviera en cuenta en su caso.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que con
la pérdida de vigencia de su tarjeta profesional se restringió de manera
injustificada la libertad de ejercer la profesión y se transgredieron no solo sus
derechos sino también los de sus clientes, en especial, el de acceso a la
administración de justicia, junto con los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima.
13. Puso de presente que ha tenido que negar la prestación de sus
servicios profesionales como abogado, para no incurrir en una falta
disciplinara por el ejercicio ilegal de la profesión. Igualmente, cuestionó por
qué él no podía mantener su tarjeta profesional, al igual que los demás
profesionales del derecho que presentaron la prueba I-2024, situación que
calificó de desproporcional e irrazonable.
1.2. Posición de la parte accionada2
14. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
(URNA) del Consejo Superior de la Judicatura, luego de hacer un recuento
normativo y fáctico, puso de presente que la acción de tutela de la
referencia era improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que el actor pudo acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo para cuestionar la legalidad del acto
2 Mediante Auto de 26 de noviembre de 2024, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la acción de
tutela de la referencia, (2) tener como demandada a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura y (3) negar la medida provisional solicitada.
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administrativo por medio del cual se suspendió la vigencia de su tarjeta
profesional con anotación provisional. Adicionalmente, indicó que no se
acreditó un perjuicio irremediable que hiciere procedente la acción como
mecanismo transitorio.
15. Frente a la pretensión de expedición de la tarjeta profesional con
vigencia definitiva, precisó que el accionante debía aprobar el examen de
Estado, por ser destinatario de la Ley 1905 de 2018. En relación con la
pretensión de extensión de la vigencia de la tarjeta profesional, indicó, con
fundamento jurisprudencial3, que no tenía competencia para regular,
expedir y/o extender la tarjeta profesional con vigencia provisional y que, en
todo caso, la Resolución URNAR24-158 de 30 de agosto de 2024, obedeció
a la materialización de lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-
12162 de 2024 sobre su vigencia (se trascribe) “hasta la publicación final de
los resultados de la prueba aplicada el 26 de mayo de 2024”, por tanto,
señaló que desde el momento en que el accionante solicitó la expedición
de dicho documento, conocía que su vigencia estaba condicionada.
16. Respecto de la presunta vulneración del derecho al trabajo, enfatizó
en que la Ley 1905 de 2018 guardaba estrecha relación con el ejercicio de
la profesión, única y exclusivamente en lo referente a la representación de
terceros, por lo que no podía predicarse la vulneración generalizada del
aludido derecho, ya que (se trascribe) “existe un campo amplio que el
accionante puede desarrollar como inscrito en el Registro Nacional de
Abogados, calidad que ostenta desde el 15 de marzo de 2024 (…)”.
17. Por lo anterior, adujo que no existía vulneración de los derechos
fundamentales del señor Silva Sandoval y que el precedente referido por él
tenía efectos inter partes y, por ende, no podía extendérsele. En
consecuencia, solicitó que se negara el amparo solicitado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela
18. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales4 al trabajo, igualdad, mínimo
vital y dignidad humana. Edward Leonardo Silva Sandoval es el titular de los
3 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección C, Rad. 11001-03-15-000-2024-02108-01; Sección Segunda,
Subsección B, Rad. 11001-03-15-000-2022-03874-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2024.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
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derechos invocados como violados, por lo cual, se tiene por acreditada la
legitimación activa en la causa5.
19. De igual forma, la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura cuenta con legitimación
pasiva en la causa6, porque de esta se predica la presunta vulneración.
20. Respecto del requisito de subsidiariedad7, la Sala lo dará por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera al accionante alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados.
21. En relación con el requisito de inmediatez8, la Sala lo tendrá por
cumplido, en la medida en que entre el acto que le suspendió la tarjeta
profesional provisional (30/8/2024) y la radicación de la acción de tutela
(25/11/2024), hubo un plazo razonable.
2.2. Fijación de la controversia
22. Establecer si la autoridad accionada vulneró los derechos
fundamentales al trabajo, igualdad, mínimo vital y dignidad humana de
Edward Leonardo Silva Sandoval, con la suspensión de su tarjeta profesional
provisional, en el marco del examen de Estado, previsto en la Ley 1905 de
2018.
2.3. Verificación de la vulneración alegada
23. La Sala concederá el amparo solicitado, con fundamento en lo
siguiente:
24. De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente digital,
se tiene por demostrado que (1) Edward Leonardo Silva Sandoval inició sus
estudios de pregrado en el programa de derecho de la Corporación
Universitaria Remington, Seccional Bucaramanga, el 1 de marzo de 20199;
(2) recibió su título profesional de abogado, el 29 de febrero de 2024; (3)
solicitó ante la URNA la expedición de su tarjeta profesional, el 8 de marzo
de 2024; (4) se le expidió la tarjeta profesional No. 425.376, de carácter
provisional, y fue inscrito en el Registro Nacional de Abogados, mediante el
Acta No. 32223 de 15 de marzo de 2024; (5) realizó su inscripción para el
5 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
6 Ídem.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)
9 Información obtenida del reporte de graduados que remitió la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Corporación Universitaria Remington al correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, el 5 de marzo de
2024.
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examen de Estado (Aplicación 2024-II), el 4 de julio de 2024. De igual
manera, se tiene que (6) la URNA, por medio de la Resolución No. URNAR24-
158 de 30 de agosto de 2024, suspendió la vigencia de las tarjetas
profesionales de los abogados con anotación provisional, entre ellas, la del
accionante.
25. Sobre estos supuestos fácticos, es preciso recordar que la Ley 1905 de
2018 estableció que, para el ejercicio de la profesión de abogado, además
de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado debía
acreditar certificación de aprobación del examen de Estado que para el
efecto realizara el Consejo Superior de la Judicatura (artículo 1). Dicha
certificación, a su turno, sería requisito para la expedición de la respectiva
tarjeta profesional de abogado (parágrafo 2, artículo 1). Exigencia que
aplicaría a quienes iniciaron la carrera de derecho luego de la
promulgación de la aludida ley, es decir, del 28 de junio de 2018 (artículo
2)10.
26. Mediante el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, el
Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, fijó reglas sobre la expedición
de las tarjetas profesionales de abogados y, concretamente, sobre las
personas destinatarias de la Ley 1905 de 2018 señaló (se trascribe):
“Parágrafo transitorio 1. Mientras se desarrollan las fases necesarias para la
implementación del Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 de 2018,
podrán solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del examen,
su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la Tarjeta
Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la publicación
de los resultados de la primera prueba.
Parágrafo transitorio 2. Las Tarjetas Profesionales de Abogados que se expidan
bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la denominación
“Provisional”.
Parágrafo transitorio 3. Quienes obtengan la Tarjeta Profesional de Abogado
con vigencia provisional, en los términos del presente Acuerdo, una vez sea
dispuesta la aplicación del Examen del Estado, deberán presentarlo y acreditar
su aprobación, para efectos de que les sean expedidas las respectivas tarjetas
profesionales de abogado.”
27. Luego, a través del Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de diciembre de
2023, se dio apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del
examen de Estado señalado en la Ley 1905 de 2018 (Aplicación 2024-I). En
dicho reglamento se indicó que los interesados en la aplicación de la
respectiva prueba debían cumplir alguno de los siguientes requisitos (se
trascribe):
10 Esta Ley superó el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, tal como lo dispone las Sentencias
C-138 de 2019 y C-549 de 2019.
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“a) Abogados graduados de una institución de educación superior reconocida
oficialmente, que iniciaron sus estudios de derecho después del 28 de junio de
2018.
b) Abogados que cuentan con tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional, en los términos del Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de
2022.
c) Abogados cuyo título haya sido otorgado por institución de educación
superior extranjera, que hayan iniciado su carrera después del 28 de junio de
2018. Para inscribirse deberán contar con la resolución de convalidación, como
abogado, del Ministerio de Educación Nacional.”
28. Aunado a ello, fijó como fechas de inicio y cierre de la etapa de
inscripción el 26 de diciembre de 2023 y el 23 de enero de 2024.
29. Con los Acuerdos PCSJA24-1216211 y PCSJA24-12163 de 9 de abril de
202412, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que (1) el abogado
destinatario de la Ley 1905 de 2018 podía solicitar, sin acreditar la
aprobación del examen de estado, el registro y expedición de la tarjeta
profesional provisional, cuya vigencia iría hasta la publicación final de los
resultados de la prueba aplicada el 26 de mayo de 202413; y (2) para el 2024,
se realizarían 2 aplicaciones del examen de Estado: una el 26 de mayo y la
otra el 20 de octubre14.
30. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-128 de 2024,
sobre la aplicación y exigibilidad de examen de Estado como requisito para
obtener la tarjeta profesional de abogado, indicó (se trascribe):
“246. En consecuencia, la Sala ordenará al C. S. de la J. expedirle a los
accionantes la tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y sin la
exigencia de aprobación del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de
2018. Mientras el C. S. de la J. expide las tarjetas profesionales definitivas a los
accionantes y las personas cobijadas con los efectos inter pares de esta
providencia, se entenderá que las tarjetas profesionales provisionales que
actualmente portan tienen carácter de permanentes. Lo anterior, bajo el
entendido de que para estas personas, como ya se advirtió, los requisitos
eficaces y factibles de satisfacer al momento de hacer la solicitud de su tarjeta
profesional de abogados eran los previstos con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 1905 de 2018. En esta medida, cuando dichas personas
solicitaron su tarjeta profesional satisfacían todos los requisitos aplicables en ese
momento para obtener su tarjeta profesional de abogados con carácter
permanente. Esta decisión respeta, además, el acceso a la administración de
justicia y la confianza legítima de los ciudadanos que han sido o están siendo
representados por estos abogados.
247. Además, la Sala, con el fin de proteger el derecho a la igualdad, otorgará
efectos inter pares a esta decisión, y en virtud de ellos dispondrá que estas
11 “Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, expedición de la
tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones”.
12 “Por el cual se establece el reglamento para la presentación del Examen de Estado para Abogados señalado
en la Ley 1905 de 2018”.
13 Acuerdo PCSJA24-12162, artículo 11 transitorio.
14 Acuerdo PCSJA24-12163, artículo 14.
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mismas órdenes deberán cumplirse frente a: (i) todas aquellas personas
graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 a
quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta
profesional provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las cero
horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió
las inscripciones para la primera aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas
las personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905
de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero
horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los
demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta profesional.”
31. Lo anterior, da cuenta de que la Corte ordenó la expedición de tarjetas
profesionales de carácter definitivo, sin necesidad del requisito del examen
de Estado de la Ley 1905 de 2018, únicamente a aquellos que presentaron
la solicitud para obtener la tarjeta profesional antes del 26 de diciembre de
2023. Debe aclararse que la motivación de tal decisión fue la de evitar que
se restringiera el ejercicio de la profesión de manera indefinida a los
graduados del pregrado de derecho, por no haber presentado un examen
que aún no había sido implementado y del que no se tenía fecha para su
realización, con lo cual, la medida se estaba convirtiendo en una restricción
injustificada a la libertad de ejercer la profesión.
32. Asimismo, respecto de los efectos de la decisión, la Corte fue clara en
indicar que la expedición del reglamento de la prueba, concretamente, lo
relativo a la etapa de inscripciones y la fecha de aplicación de la prueba,
daban pie a que fuera exigible el requisito en comento (se trascribe):
“248. Para extender los efectos de la decisión a las personas señaladas, la Corte
tiene en cuenta que estas, al igual que los accionantes, al momento de
graduarse del pregrado en Derecho y presentar su solicitud de tarjeta
profesional, estaban imposibilitadas para satisfacer el requisito de aprobación
del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, pero acreditaban todos
los demás requisitos vigentes. En efecto, como ya se indicó, antes del 26 de
diciembre de 2023, el C. S. de la J. no había habilitado la inscripción para la
primera prueba del examen, lo que implica que materialmente el requisito de
aprobación del mencionado examen era imposible de cumplir y, en esa
medida, inexigible, en aplicación del principio general del derecho según el
cual nadie está obligado a lo imposible.
249. La Sala encuentra que la situación es distinta, en cambio, frente a las
personas destinatarias de la Ley 1905 que presentaron la solicitud de tarjeta
profesional a partir del 26 de diciembre de 2023. Para la Corte, la habilitación
que el Consejo Superior de la Judicatura hizo de las inscripciones para la
primera convocatoria del examen, acompañada de la indicación de una
fecha determinada para la realización de esa primera aplicación de la prueba
(26 de mayo de 2024), activó la posibilidad del cumplimiento del requisito y,
con ello, su eficacia jurídica y exigibilidad. Eso explica por qué la Corte, en
principio, no extenderá a estas personas los efectos inter pares de esta
decisión.”
33. Mediante el Acuerdo PCSJA24-12188 de 30 de mayo de 2024, se dio
apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del examen de
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Estado señalado en la Ley 1905 de 2018 (aplicación 2024-II – prueba de 20
de octubre de 2024). De este reglamento es importante resaltar que (1)
amplió el espectro de posibles aspirantes a examen, pues dio cabida a
egresados no graduados que hubieran culminado y aprobado
satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios del programa de
derecho, (2) fijó como periodo de inscripción, del 6 de junio al 4 de julio de
2024, y (3) previó la posibilidad de que quienes no superaron el puntaje de
la media nacional en la aplicación 2024-I, podían volver a inscribirse, esta
vez para la aplicación 2024-II, entre el 19 y el 25 de julio de 2024.
34. Bajo ese entendido, la Sala advierte que Edward Leonardo Silva
Sandoval es destinatario de la Ley 1905 de 2018 y, en consecuencia, le son
exigibles tanto la aprobación del examen de Estado como su certificación
para la expedición de una tarjeta profesional de abogado. Es menester
indicar que, para la fecha en el que la parte actora obtuvo el título de
abogado (29 de febrero de 2024) ya había cerrado la etapa de
inscripciones para la aplicación 2024-I (23 de enero de 2024), por lo que no
fue admitido al mismo y, por ende, tuvo que inscribirse para la aplicación
2024-II que finalizó el 4 de julio de 2024.
35. En concordancia con lo anterior, cabe advertir que el señor Silva
Sandoval está en una situación fáctica disímil a la estudiada en la Sentencia
SU-128 de 2024 por la Corte Constitucional, pues al momento de solicitar la
expedición de su tarjeta profesional de abogado ya existía el reglamento
que permitía la exigibilidad de la prueba. Es decir, nada lo exime del
cumplimiento del requisito para obtener la tarjeta profesional definitiva y mal
sería reprocharle a la URNA el hecho de haberle expedido una provisional.
36. El punto que se presenta problemático es la vigencia con la que
aquella tarjeta provisional fue concedida. De conformidad con los acuerdos
antes referenciados, la vigencia de las tarjetas provisionales sería hasta (se
trascribe) “la publicación de los resultados de la primera prueba”. Esto es,
una fecha que no fue definida en aquellos actos administrativos.
37. Por tal razón, mantener la vigencia hasta los resultados de la primera
prueba resulta ser desproporcionado, si se tiene en cuenta que el señor Silva
Sandoval no tuvo la posibilidad de presentarse a la misma, dados los
requisitos que se previeron para aquella en el Acuerdo PCSJA23-12127 de 22
de diciembre de 2023, esto es, haber obtenido el título previo cierre de
inscripciones (23 de enero de 2024). Fue solo hasta el 29 de febrero de 2024
que cumplió el requisito y que, por ende, tuvo que presentarse a la
aplicación 2024-II del examen de Estado. Además, se destaca que el
accionante elevó la solicitud de tarjeta profesional con posterioridad al
cierre de inscripciones de la prueba I (8 de marzo de 2024).
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06462-00
Demandante: Edward Leonardo Silva Sandoval
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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38. En esas condiciones, para esta Subsección no es acertado que, si el
Consejo Superior de la Judicatura a través de la URNA decidió otorgarle
tarjeta profesional de abogado de manera temporal a Edward Leonardo
Silva Sandoval, supeditara su vigencia a la publicación de resultados para
la prueba de 26 de mayo de 2024, cuando ello era ajeno al accionante, ya
que, para ese momento, él no pudo inscribirse para el periodo 2024-I, por
falta del título profesional de abogado.
39. Aunque la continuidad en el ejercicio de la abogacía por parte del
señor Silva Sandoval depende del resultado de la evaluación, la Sala
concederá el amparo solicitado, pero no para que se le otorgue la tarjeta
profesional definitiva, sino para que se extienda la vigencia de la tarjeta
provisional No. 425.376 a él otorgada hasta el momento en que queden en
firme los resultados del examen de Estado correspondiente al periodo 2024-
II, momento a partir del cual la protección aquí concedida dejará de surtir
efectos.
2.4. Conclusión
40. Al constatar la vulneración de los derechos al trabajo e igualdad del
accionante, la Sala concederá el amparo solicitado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo e igualdad de
Edward Leonardo Silva Sandoval. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contado a partir de la notificación de esta providencia, proceda a
modificar la vigencia de la tarjeta profesional del señor Silva Sandoval, a fin
de que su carácter provisional se extienda hasta la firmeza de los resultados
del examen de Estado correspondiente al periodo 2024-II que fue aplicado
el 20 de octubre de 2024.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06462-00
Demandante: Edward Leonardo Silva Sandoval
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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