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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06470-01

Fecha
2 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06470-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de enero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Darlyne Patricia Coral Quenguan en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06470-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

2 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06470-01
Demandante: Darlyne Patricia Coral Quenguan
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Conteo de caducidad / Inmediatez
Decisión: Confirma lo resuelto por el a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Darlyne Patricia Coral Quenguan en
contra de la sentencia proferida el 30 de enero de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Darlyne Patricia Coral Quenguan promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 31 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle
de Cauca, en el proceso nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 76109333300220190012100.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Darlyne Patricia Coral Quenguan presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del Hospital Luis
Ablanque de la Plata E.S.E. Buenaventura, con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo con el que se negó el reconocimiento y pago de la sanción por
mora.

2.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura profirió la sentencia del 23
de septiembre de 2021 con la que accedió de manera parcial a las pretensiones de
la demanda. En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de

1 Ver índice 2 de Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06470-01
Demandante: Darlyne Patricia Coral Quenguan

apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con sentencia del 31 de agosto de
2023 revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, declaró la caducidad del medio
de control con el argumento de que se superó el término que la parte demandante
tenía para demandar.

2.4. Interpuso el recurso extraordinario de unificación, el cual fue rechazado por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con providencia del 8 de
octubre de 2024.

2.5. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto sustantivo por indebida interpretación de la normatividad aplicable, en
tanto no había lugar a exigir el agotamiento de la vía administrativa, ni aplicar el
término de caducidad, ya que a pesar de existir un acto administrativo se encontró
probado que el pago de las acreencias laborales se hizo de manera tardía,
circunstancia que no requiere ninguna formalidad especial.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales violados por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca a la señora DARLYNE PATRICIA CORAL QUENGUAN
correspondientes al debido proceso (art. 29); igualdad (art. 13); supremacía constitucional
(art. 4); confianza legítima y buena fe (art. 83); certeza del derecho (art. 228 constitucional)
y administración de justicia (art. 229 Constitucional), por vía de hecho o de acuerdo a la
SU 915/13 por la de "causales genéricas de procedibilidad", y cualquier otro del mismo
rango que se determine como violado.

2. Que se ordene al Tribunal administrativo del Valle del Cauca que profiera una nueva
sentencia que resuelva el recurso de apelación teniendo en cuenta las observaciones
hechas por el Consejo de estado en el auto interlocutorio del ocho (8) de octubre de dos
mil veinticuatro (2024), es decir, evitando la equivocación en aplicar una caducidad cuando
esta no aplica, ya que lo que opera aquí es la prescripción, la cual opera a partir del pago
tardío de la cesantía. Según la Sentencia de Unificación 00580 de 2018 del Consejo de
Estado, si la administración no resuelve la solicitud de las cesantías parciales o definitivas
o lo hace de manera tardía, el término para el computo de la sanción moratoria iniciará a
partir de la radicación de la petición correspondiente. Por lo tanto, si se ha solicitado la
sanción moratoria y se ha pagado las cesantías durante el proceso, aún se debe cobrar
la sanción moratoria si se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca evitar la equivocación al
fallar de afirmar que supuestamente existió una caducidad, cuando ni siquiera era
necesario agotar la vía gubernativa para proceder a instaurar la demanda administrativa
para el pago de la sanción moratoria. Y si no era necesario agotar la vía gubernativa
porque la simple tardanza en la operación administrativa no requería que se expidiera un
nuevo acto administrativo de reconocimiento de cesantías sino solo la entrega de las
mismas a la parte solicitante mal hace el Tribunal en exigir un requisito que no es de ley
para contabilizar una supuesta caducidad de un acto administrativo inexistente y que solo
es una operación administrativa.

4. Que se ordene pagar a la accionante los perjuicios causados por el pago tardío de las
cesantías o acreencias laborales adeudadas debidamente liquidados con el salario real
2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06470-01
Demandante: Darlyne Patricia Coral Quenguan

que tenía la señora DARLYNE PATRICIA CORAL QUENGUAN y no con el salario mínimo.
[…]» (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura2 informó acerca de las
circunstancias relacionadas con la redistribución de los expedientes y el cambio de
nomenclatura del despacho judicial que conoció inicialmente el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho objeto de análisis, sin realizar
pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

5. El Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. Buenaventura3 solicitó que se
declare improcedente el amparo por falta del requisito de relevancia constitucional,
pues los argumentos de la parte demandante ya fueron expuestos y debatidos dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de debate;
además, de que lo pretendido por la demandante es reabrir una controversia ya
resuelta en el trámite ordinario.

1.3 Sentencia de primera instancia4

6. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 27 de noviembre de 2024
declaró la improcedencia de la solicitud de tutela al considerar que no se logró
superar el requisito de inmediatez, en tanto transcurrieron más de 6 meses desde
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió la sentencia del 31 de
agosto de 2023 hasta el día en que se presentó la solicitud de amparo; respecto de
lo cual, la interposición del recurso extraordinario de unificación no justifica el término
para hacer uso de este mecanismo constitucional.

1.4. Escrito de impugnación5

7. La parte demandante impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en los
argumentos expuestos en el escrito de tutela y la inmediatez del reclamo
constitucional planteado en virtud del recurso extraordinario de unificación
interpuesto.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2 Ver índice 8 de Samai.
3 Ver índice 9 de Samai.
4 Ver índice 17 de Samai.
5 Ver índice 21 de Samai.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06470-01
Demandante: Darlyne Patricia Coral Quenguan

2.1. Competencia.

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 7, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

10. En fallo del 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-administrativo8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 9 Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

12. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06470-01
Demandante: Darlyne Patricia Coral Quenguan

13. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 12, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.

15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

16. La Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela presentada por Darlyne Patricia
Coral Quenguan satisface el requisito de procedencia general de la inmediatez?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez

17. Como presupuesto general de procedencia de la solicitud de tutela, la
jurisprudencia Constitucional ha sostenido que, debido a su naturaleza de
mecanismo de protección inminente, esta debe promoverse dentro de un plazo
razonable que justifique su utilización para conjurar una situación apremiante
amenazadora de los derechos fundamentales invocados. Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia T-032 de 2023, consideró:

«[…] Como presupuesto de procedencia la inmediatez “exige que la tutela se presente en
un plazo razonable, contado desde el momento de la supuesta vulneración o amenaza.
De esta manera, se garantiza que el amparo sea un instrumento judicial de aplicación
inmediata y urgente (artículo 86 de la Constitución)”.[55] En estos términos, quien acuda
a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un término justo y moderado, en cuanto es
un instrumento constitucional de protección inmediata de derechos fundamentales.

11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06470-01
Demandante: Darlyne Patricia Coral Quenguan

67. La jurisprudencia constitucional ha sido clara en establecer que la acción de
tutela no se puede presentar en cualquier momento, de lo contrario podría afectar la
seguridad jurídica y alterar su esencia como mecanismo de protección inminente. Por este
motivo, aunque no hay regla rigurosa y precisa del término para determinar la inmediatez,
el juez de tutela debe analizar las circunstancias particulares de cada situación y
determinar qué se entiende por plazo razonable caso a caso.[56] En esta medida, la Corte
Constitucional ha establecido algunos criterios para este fin: “(i) la diligencia del interesado
en la defensa de sus derechos; (ii) la eventual afectación de derechos de terceros; (iii) la
estabilidad jurídica; (iv) la complejidad del conflicto; (v) el equilibrio de las cargas
procesales y (vi) la existencia de circunstancias de vulnerabilidad o debilidad
manifiesta”.[57]

68. El requisito de plazo razonable en el ejercicio de la acción es fundamental para
establecer el carácter apremiante de la situación amenazadora del derecho, porque un
retraso excesivo e injustificado permite concluir que ni si quiera el titular de los derechos
reconoce la condición de urgencia de su situación, lo cual desvirtúa la urgencia de
intervención del juez constitucional y la naturaleza inmediata de la acción de tutela.[58]
[…]». (sic)

18. Así pues, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez,
como uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, « se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»14.

19. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de 2016
estableció que el juez constitucional debe valorar « (i) si el ejercicio inoportuno de la
acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó
entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de
esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el lapso que
la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por
resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes
para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso»15.

20. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo,
en sentencia del 5 de agosto de 201416 respecto al término razonable para presentar
solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:

«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
16 Expediente 110010315000201202201 01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A., M.P. Dr.

Jorge Octavio Ramírez Ramírez
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06470-01
Demandante: Darlyne Patricia Coral Quenguan

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional. […]».

2.4.2. Caso concreto

21. Darlyne Patricia Coral Quenguan acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, dejar sin efectos la
providencia proferida el 31 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 76109333300220190012100, lo cual permite concluir, que la parte
demandante acudió ante el juez constitucional (25 de noviembre de 2024) después
de haber transcurrido más de 1 año, y 2 meses de estar ejecutoriado el
pronunciamiento que puso fin al proceso, razón por la cual no se cumple con el
requisito de inmediatez.

22. Sumado a esto, debe tenerse en cuenta que la finalidad del recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia es asegurar la unidad en la interpretación del
derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los
terceros perjudicados con la providencia recurrida, de acuerdo a lo preceptuado en
el artículo 256 de la Ley 1437 de 2011.

23. De tal manera, aun cuando el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A profirió la providencia del 8 de octubre de 2024 con la que rechazó de plano el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la aquí
demandante contra la providencia del 31 de agosto de 2023, no puede afirmarse que
aquel tiene la virtualidad de justificar la razonabilidad el plazo con el que acudió al
uso de este mecanismo de amparo constitucional, en la medida en que se trató de
un recurso improcedente y, además, con una finalidad distinta a la pretendida en sede
de tutela.

24. En consecuencia, no resulta admisible efectuar el conteo de los 6 meses, fijado
en la jurisprudencia como razonable para acudir al amparo constitucional, a partir de
la providencia que se pronunció acerca de un recurso extraordinario impetrado, pues
esto implicaría revivir la oportunidad perdida, lo cual va en contra del criterio fijado
por el Consejo de Estado en cuanto a que aquellos no tienen la virtualidad de ampliar
el plazo considerado para promover la solicitud de tutela17.

25. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar cada
caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que justifiquen
el actuar tardío del demandante. Dicho ello, se observa que en el asunto bajo estudio
no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la tardanza acreditada estuvo

17Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de abril de 2019, expediente 2019-00805-00, entre otras.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06470-01
Demandante: Darlyne Patricia Coral Quenguan

supeditada a un hecho de especial consideración que permita desconocer la regla
general fijada por la jurisprudencia constitucional, de manera excepcional, pues, se
insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación urgente que demanda una
protección efectiva y actual de los derechos invocados»18.

3. Conclusión

26. De tal manera, se advierte que no se satisface el requisito de procedencia general
de la solicitud de tutela contra providencia judicial de la inmediatez; en consecuencia,
la Sala confirmará la decisión de declarar improcedente la solicitud de amparo
presentada por Darlyne Patricia Coral Quenguan en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de enero de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Primera que declaró improcedente la solicitud de tutela presentada
por Darlyne Patricia Coral Quenguan en contra del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.

8

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